Ramón Eduardo González Perla
Expediente 727/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ramón Eduardo González Perla
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de junio de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese; y, personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Hiram Leyva Gómez, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, seis de junio de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito y anexos de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de juzgado relativo a "Registro de Juicios de Amparo". 2. Se desecha demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Ramón Eduardo González Perla, contra los actos atribuidos al agente del Ministerio Público del Fuero Común, titular de la Agencia Primera del Ministerio Público Especializada en Delitos de Querella de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que en el caso se actualiza de manera clara, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 3, 5 y 6, todos de la Ley de Amparo, ante la falta de voluntad para accionar la demanda, toda vez que la persona que se ostenta como directo agraviado en la demanda de derechos, no plasmó su firma autógrafa en dicho escrito. La causa de improcedencia aludida versa en el sentido de no permitir que se promueva un juicio de amparo, sin externar la voluntad de la persona que peticiona el amparo y la protección de la Justicia de la Nación, o de la que promueve en su representación, a través de la firma respectiva, por lo que al tratarse de una acción constitucional, continúa estando sujeta su promoción a la expresión de la voluntad que al respecto realice la persona que suscribe la demanda de garantías, ya sea en nombre propio o en representación de otra; por lo que de no realizarse, no es dable jurídicamente tramitar el procedimiento relativo. Efectivamente, debe señalarse que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades, que de conformidad con lo que establece la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Así, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, o por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente, y sólo podrá pedirse por el agraviado y por su representante legal o por su defensor. Lo cual al advertirse que la demanda de amparo que nos ocupa, no contiene la firma autógrafa original, ni electrónica del directo quejoso, ni que se trate de su defensor, pues el acto reclamado no deriva de un proceso penal, carece de una formalidad indispensable para dar curso a la misma, ya que la ausencia de ésta equivale a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo. Si bien del ocurso de derechos que se atiende, se desprende que quien se ostenta como quejoso Ramón Eduardo González Perla en este juicio de derechos, dicha demanda fue presentada vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por conducto de Juan Carlos Navarrete Cruz, como su autorizado legal, por lo que se autentifica la voluntad únicamente del autorizado en términos del artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por lo que con la evidencia criptográfica anexa al escrito de demanda resulta insuficiente para autenticar cualquier otra plasmada de manera digitalizada por el supuesto apoderado del quejoso en comento, sin que pase por alto el hecho de que no anexan documento alguno con el que acredite su representación. Consideraciones anteriores que encuentran sustento en la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), que dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano." Así como los criterios sustentados por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA." y "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, IMPROCEDENCIA POR FALTA DE." Sin que la parte quejosa se encuentre excluida de cumplir con el requisito de suscribir autógrafamente la demanda que presentó y en forma escrita, ya que el acto reclamado no es de los comprendidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo; de ahí que no sea aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo 3 de la ley de la materia. En atención a las relatadas condiciones, al quedar evidenciada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, con apoyo en el artículo 113 de la citada legislación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo y, una vez que cause estado este proveído, archívese este asunto como concluido. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, requiérase a las autoridades responsables para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se tiene a la parte quejosa señalando para tal efecto el correo electrónico: navarrete75@hotmail.com. 5. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 55, 56, 57 y 60 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el uso de medios electrónicos a la parte quejosa, con nombre de usuario "NECTAR", para los efectos solicitados, así como para que se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales que se emitan en el presente juicio de derechos. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." En esta apartado, debe precisarse que no se soslaya el señalamiento de la promovente de domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, al haber señalado el nombre de usuario "NECTAR", pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Además, atendiendo a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 subsiste como un peligro para la salud de todas y todos, se toman en cuenta las diversas medidas de sana distancia establecidas en el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender dicha emergencia sanitaria, emitido por la Secretaria de Salud y publicado por el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, razón por la cual debe privilegiarse la actuación vía electrónica, a fin de evitar el contacto persona-persona, lo que implica, entre otras cuestiones, la sana distancia entre los intervinientes, con el fin de mitigar el brote y propagación del virus. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 10. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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