Ramón del Carmen Coronado Córdova
Expediente 439/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Ramón del Carmen Coronado Córdova
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, siete de julio de dos mil veintitrés. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado a dicha resolución. II. Relación de constancias. Consta en autos que el nueve de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que en parte sobreseyó y por otra parte se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado; y el veintiocho de junio del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió a las autoridades responsables, para que dentro del ámbito de sus atribuciones realizaran lo siguiente: "*Provean los mecanismos para la respuesta definitiva inmediata en relación con el trámite dado a la solicitud de pensión por jubilación de que se trata y se le notifique debidamente al aquí solicitante de amparo. III. Constancias exhibidas por la responsable. En contestación a dicho requerimiento la jefa del Departamento de Pensiones y Jubilaciones y el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, remitieron el oficio EJ-SPJP-2681-2023 recibido en este Juzgado el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual informaron el cumplimiento de la ejecutoria, remitiendo al respecto copia certificada de diversas documentales, entre otras, el dictamen de pensión por jubilación a nombre del quejoso Ramón del Carmen Coronado Córdova, así como copia certificada correspondiente a la constancia de notificación del quejoso. IV. Vista cumplimiento. Con ese oficio y sus anexos, en el propio acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro de un plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación del acuerdo, se manifestara en relación con el cumplimiento de ejecutoria; asimismo, se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, se resolvería lo conducente, con base en los elementos existentes en autos y los datos aportados por las autoridades responsables; lo que le fue notificado debidamente, sin embargo, no realizó manifestación alguna al respecto. V. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues la autoridad responsable remitió copia certificada del dictamen de pensión por jubilación a nombre del quejoso Ramón del Carmen Coronado Córdova, así como copia certificada correspondiente a la constancia de notificación del quejoso, actos que fueron precisamente los efectos para los que se emitió la sentencia concesoria. VI. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. VII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días naturales, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 20, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Háganse las anotaciones correspondientes. Recepción de oficios. Agréguense sin mayor determinación los oficios remitidos por el director general de lo Contencioso de la Secretaria de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, en representación del gobernador Constitucional del Estado, y por el asesor de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora en virtud de lo acordado con antelación. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de junio de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitido por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante el cual informa respecto del cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo y exhibe las constancias correspondientes. Atento a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga; bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo indicado, este juzgador se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elemento existentes en autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que en parte sobreseyó y en otra parte concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dén cumplimiento a la ejecutoria de amparo, o bien, informen las gestiones y trámites efectuados para tal fin; en el entendido que los efectos para los cuales se emitió la sentencia concesoria, fue para lo siguiente: "Provean los mecanismos para la respuesta definitiva inmediata en relación con el tramite dado a la solicitud de pensión por ******************** de que se trata y se le notifique debidamente al aquí solicitante de amparo." Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de sus puestos y consignación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis IX.1o.6K, consultable en la página 883, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, de la Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." Al efecto, es menester acotar, que si bien la tutela protectora alcanzó a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación, orden de expedición y publicación de la ley combatida (gobernador del Estado de Sonora), ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector, sino a aquélla que fue señalada como responsable ejecutora de la norma, por lo que únicamente se les hace del conocimiento esta determinación para los efectos legales conducentes. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P. CXXXVII/96, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, página 135, Novena Época, con registro digital 200006, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." También sirve de apoyo, en lo conducente, lo anterior, la tesis aislada 2a. CXV/972, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto que se transcriben a continuación: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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Juicio de amparo 439/2023 Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del nueve de junio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de María Guadalupe Noriega Vega, secretaria con quien actúa, declaró abierta en el juicio 439/2023 A-II, la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo; sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, la secretaria da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes ?autoridades responsables, quejoso y representación social de la adscripción-, la demanda de derechos y los informes justificados rendidos por algunas de las autoridades responsables. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de derechos. Por otra parte, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Abierta la etapa de pruebas, la secretaria da cuenta con las pruebas documentales aportadas por el quejoso; además, la confesional expresa, presuncional en su triple aspecto (legal, lógico y humano), instrumental de actuaciones, así como las documentales exhibidas por el encargado del despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para realizarlos. Acto seguido, se cierra el periodo de alegatos y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 439/2023-A-II, promovido por Ramón del Carmen Coronado Córdova, contra actos atribuidos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el veintisiete de marzo posterior a este Juzgado de Distrito, Ramón del Carmen Coronado Córdova, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se radicó y admitió la demanda en este Juzgado bajo el orden 439/2023 A-II; se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados; se dio a la representación social de la adscripción la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los siguientes considerandos. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto omisivo; asimismo, la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, circunstancias que lo dotan de competencia. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados y autoridades responsables (acorde a sus competencias) se hace consistir en los siguientes: A) Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores y las autoridades responsables adscritas al Instituto en cita: ? La omisión de emitir dictamen en torno a la solicitud de otorgamiento de la pensión por jubilación, presentada por el quejoso el veinte de enero de dos mil veintidós. B) Del gobernador Constitucional del Estado de Sonora: ? El incumplimiento de revisar y resolver en definitiva acerca de la solicitud de pensión que presentó el quejoso; ello, en relación con los efectos que indica el numeral 108, en relación con el 59 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. III. Inexistencia de un acto. En relación con el acto reclamado precisado en considerando II, inciso B), el gobernador del Estado de Sonora, por conducto del director general del Contencioso de la Secretaría de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Sonora, negó la existencia del reclamo que le formuló el quejoso, sin que éste aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Es así, pues respecto del reclamo que le efectúa a esta autoridad el peticionario solo ofreció como prueba las documentales que adjuntó a su demanda, consistentes en copia simple de solicitud de pensión, de la que se advierte sello y fecha de recepción (20 de enero de 2022), así como copia de credencial la cual revela que el quejoso tiene la calidad de derechohabiente del ISSSTESON; sin embargo, tales documentos no son aptos para probar el acto reclamado que nos ocupa, pues a lo sumo, dichos documentos proporcionan presunción de que el quejoso presentó una solicitud de pensión por jubilación. En esa medida, en anuencia con lo expuesto por la responsable en su informe justificado, el gobernador solo tiene intervención en relación con el reclamo del quejoso hasta en tanto, el ISSSTESON, resuelva la solicitud de pensión, siendo entonces cuando el ejecutivo ejerce la facultad de resolver en definitiva sobre lo determinado por el Instituto, en términos de lo establecido en el artículo 108 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; de ahí, prevalece la negativa de la responsable y al respecto se determine sobreseer, con apoyo en lo establecido en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, aplica la tesis VI.2o.A.4 K8, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". IV. Existencia del acto reclamado. Es cierto el reclamo que efectúa el quejoso al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como a las diversas autoridades responsables pertenecientes al organismo en cita . Se estima lo anterior, en atención a las propias manifestaciones expuestas por el jefe de la Unidad Jurídica del ISSSTESON y encargado del despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto en cita, de las cuales se advierte la veracidad del acto consistente en la omisión de emitir el dictamen en relación con la solicitud de pensión por jubilación que formuló el quejoso a dicho Instituto a través de su director general. Además, lo anterior, se encuentra acreditado con la documental relativa al formato de solicitud exhibido con la demanda, en donde se hace constar que la petición se presentó ante el Instituto responsable el veinte de enero de dos mil veintidós, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo, existiera constancia alguna que acreditara que las responsables hubieran atendido de manera objetiva tal petición; aunado a que de las documentales exhibidas por el quejoso conjuntamente con su demanda de derechos, evidencia que presentó la solicitud de que se trata y pretende justificar la existencia de una respuesta (lo cual será objeto de análisis en este asunto); de ahí, que resulte cierto el reclamo constitucional. En esa medida, no obstante que el jefe de la Unidad Jurídica del consabido Instituto, hubiera negado la existencia del reclamo, éste se tiene por cierto, dado las funciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora que preside conforme a su jerarquía y atribuciones, según se evidencia del contenido del artículo 96, en su fracción IV, de la Ley del ISSSTESON, que refiere: "Artículo 96. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora tendrá las siguientes funciones: (.) Otorgar jubilaciones y pensiones;" De dicho numeral, se desprende que el ISSSTESON, es el encargado de otorgar las pensiones correspondientes; por tanto, tiene mayor jerarquía que las áreas en que se divide dicho Instituto, del cual es responsable su director, en términos del artículo 109, fracciones I, V, de la Ley del ISSSTESON, (quien también representa a la Junta Directiva de esa entidad, mismo a quien se dirigió la solicitud de pensión), por lo que tiene injerencia en la respuesta que debe dársele al justiciable solicitante de una pensión por jubilación. Por su parte, el jefe del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, omitió rendir informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificado para ello; en ese sentido, procede la presunción de certeza a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo. V. Causales de improcedencia. En este apartado debe examinarse si existe alguna causal que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, el encargado del despacho de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones, del Instituto responsable, al rendir su informe justificado, hace valer la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, basándose en afirmar que la solicitud de pensión cuya falta de respuesta reclama el quejoso ya se encuentra en trámite, pero que conlleva varias etapas, de lo cual ya se le ha informado, por lo que considera que han cesado los efectos de dicho acto. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Dicha causa de improcedencia se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si el acto no hubiese irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no dejó huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos del acto reclamado, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; b) Por sustitución El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Ante dicha tesitura, atendiendo a lo que sostiene la autoridad responsable de referencia, se obtiene que en la especie no se actualiza la citada causa de improcedencia. Esto es así, dado que el hecho de encontrarse en trámite la solicitud de pensión del quejoso a virtud de que para ello se contemplan varias etapas, en forma alguna los efectos del acto reclamado se han destruido total e incondicionalmente, pues la única manera para que ello acontezca y vuelvan las cosas al estado anterior de la violación de garantías, es precisamente que se cumpla lo solicitado por el quejoso en relación con culminar el trámite de solicitud de pensión. De igual manera, tampoco se está en una cesación de efectos por sustitución, ya que no existe hasta este momento por acreditado que se haya emitido una resolución que así lo establezca. Por tanto, es infundada la citada causa de improcedencia delatada por la autoridad responsable en mención. En consecuencia, al no haberse invocado una diversa causa de improcedencia, además, tampoco se advierte una causa de improcedencia de manera oficiosa, se procede a efectuar el análisis de fondo del asunto. VI. Consideraciones jurídicas Son fundados los argumentos expuestos a manera de conceptos de violación, suplidos en su deficiencia en la medida necesaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en razón de que el peticionario tiene el carácter de trabajador solicitante de una pensión por jubilación ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Se cita al respecto, la tesis XVIII.2o.P.A.7 A (10a.), Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5179, Undécima Época, con registro digital 2023242, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. OPERA NO SÓLO EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS, SINO TAMBIÉN DE QUIENES ASPIRAN A TENER RECONOCIDA ESA CALIDAD. Hechos: De la demanda de amparo directo se advierte que el quejoso pretende que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) le reconozca el carácter de pensionado, sin que haya obtenido resolución favorable en la vía administrativa ni en el juicio de nulidad. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo opera no sólo en favor de los pensionados, sino también de quienes aspiran a tener reconocida esa calidad. Justificación: El espectro normativo protector creado en el ámbito del juicio de amparo en materia de trabajo, los diversos criterios que con sentido social ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el marco jurídico sobre derechos humanos resguardado por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirven de sustento para llevar a cabo una interpretación extensiva del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo y concluir que la procedencia de la suplencia de la queja deficiente opera para quienes pretenden que se les reconozca el derecho a una pensión y no únicamente para los que ya lo tienen adquirido." En esa medida, al reclamarse derechos laborales, es obligación del órgano constitucional suplir la deficiencia en la queja del impetrante y para atender con adecuada información el problema planteado, es pertinente destacar, a título de antecedentes, que en la demanda de amparo se desprende lo siguiente: En el caso particular, el quejoso aduce que la autoridad responsable viola el derecho tutelado en su favor por el artículo 17 Constitucional, pues no se le ha administrado justicia en los plazos que fija la ley, concretamente el artículo 59 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y, con ello también aduce que se viola en su perjuicio el contenido del artículo 123 Constitucional, pues la pensión por jubilación es un derecho humano al cual ya es merecedor por el tiempo como trabajador activo, por lo cual pide se le otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal. Con el fin de centrar la Litis en lo fundado del reclamo; y, en consideración de que los derechos que exige el quejoso corresponden, por su finalidad, a derechos laborales de los cuales goza dicho peticionario; por tanto, teniendo en consideración de que corresponde a este juzgador suplir la queja deficiente en la medida necesaria en materia laboral; por tanto, se precisa que el motivo de inconformidad se traduce en una violación al derecho de pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, en virtud de que, desde la fecha en que el solicitante inició el trámite para el pago de la indemnización global, éste aún no concluye, pues al respecto, no se le ha otorgado una respuesta objetiva positiva definitiva o negativa a su petición por parte del Instituto responsable, en relación con la emisión del dictamen de pensión por jubilación. El referido precepto constitucional atiende la garantía de acceso a la tutela jurisdiccional, y al efecto establece que debe ser pronta y completa, y acoge el principio de ejecución de las sentencias; de ahí, que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar el cumplimiento de esta última, ya que de no hacerlo así se haría nugatoria la primera. Luego, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la debida ejecución de las determinaciones que resulten favorables, con la certeza de que lo obtenido no quede sólo en una actuación de buena fe del Estado esperando la realización voluntaria del pago por parte del deudor, sino que, con dicha garantía, sea capaz de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de una determinación, ésta realmente se vea materializada. Por ende, las autoridades correspondientes ineludiblemente deben llevar a cabo los mecanismos jurídicos necesarios a efecto de lograr la eficaz e inmediata ejecución de las determinaciones que hayan adquirido la calidad de cosa juzgada, precisamente en respeto a esta última institución. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia P.J/113/2001, del rubro siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.". También, sustenta lo afirmado la jurisprudencia 2a./J.192/2007, cuyo rubro es: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Ahora, si bien de la lectura del precepto constitucional examinado, se advierte que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de las subgarantías mencionadas son todas aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales. Es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales o bien sólo materialmente jurisdiccionales, lo cierto es, que la prerrogativa de acceso a la justicia pronta, también es exigible a aquellos procesos administrativos en los que no existe como tal una controversia entre partes. Lo anterior, toda vez que la interpretación del referido artículo constitucional, en concordancia con las disposiciones internacionales que el Estado Mexicano se encuentra constreñido a acatar, permite concluir que en los procedimientos administrativos a cargo de autoridades administrativas que no diriman una controversia, sino que determinen la procedencia de un derecho, también debe regir el principio de acceso a la impartición de justicia pronta. Es así, toda vez que el artículo 8, párrafo primero, de la Convención Americana de Derechos Humanos, relativo a las garantías judiciales refuerza el derecho fundamental al que se ha hecho referencia en el sentido de que los asuntos a cargo de las autoridades del Estado deben resolverse dentro de un plazo razonable; lo que concuerda con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal -justicia pronta-. Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en interpretación de dicha disposición, ha señalado que cualquier órgano del Estado cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas, está obligado a observar el derecho humano al debido proceso, tal como se confirma con la sentencia dictada en el caso Barbani Duarte y otros contra Uruguay. Además, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país sostuvo en la tesis 2a. LI/2002, que en los recursos administrativos rige, en lo esencial, el derecho fundamental analizado, lo que implica que los principios que conforman ese derecho deben adecuarse a las diversas finalidades de esos medios de defensa. Asimismo, recientemente, sustentó en la tesis 2a. CXXVIII/2017 (10a.), que en una evolución en la interpretación del artículo 17 de la Constitución Federal, se concluía que el ámbito de aplicación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva no se limita a los juicios o procesos tramitados ante las autoridades que desempeñan funciones materialmente jurisdiccionales, sino también a la actuación de las autoridades que realizan actos materialmente administrativos. De ahí que, los principios de tal derecho fundamental, además de que debían adecuarse a la naturaleza de interés público de los recursos establecidos en sede administrativa, también eran aplicables a la actuación de las autoridades administrativas, principalmente por lo que se refiere a los plazos establecidos por el legislador y que rigen su actuación. Por lo que, respecto del derecho a la justicia pronta, cuando se establece un plazo en un procedimiento tramitado ante una autoridad administrativa, es porque se considera necesario sujetar a un límite temporal su actuación, ya que de otra forma no se entendería el porqué de su establecimiento. Por ejemplo: El artículo 59, párrafo tercero, de la Ley del ISSSTESON, impone que el instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente; y, en su último párrafo, prescribe que. una vez presentada una solicitud de jubilación o pensión, el área correspondiente del Instituto contará con un plazo de cinco días naturales, para realizar el análisis de los expedientes de los solicitantes, a efecto de verificar que la documentación necesaria para su trámite se encuentre en orden y sin inconsistencia o imprecisión. En caso de encontrarse estas, se dará aviso al interesado para que realice las correcciones necesarias." Así las cosas, como se observa, el actuar de las responsables se encuentra regulado en la propia ley, pues los trámites y plazos no pueden dejarse a la voluntad de las autoridades, pues dicha circunstancia se contrapondría precisamente con la garantía de justicia pronta y expedita. No obstante, en el caso particular, es importante destacar que si bien la Ley del ISSSTESON no regula concretamente el plazo que lleva a las autoridades administrativas tramitar la solicitud de pensión o jubilación; lo cierto es que, a la luz de las consideraciones abordadas a lo largo de esta sentencia, tal procedimiento no puede quedar exento de ser regulado bajo dichos parámetros. Lo anterior, tiene asidero legal en los artículos 17 y 18 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora, en los cuales se establece lo siguiente: "Artículo 17. Las autoridades administrativas implementarán medidas para facilitar a los particulares el cumplimiento de los trámites que se ventilen ante las mismas. Para ello procurarán incorporar los adelantos computacionales, de comunicación e informática para el eficaz desahogo de las gestiones que efectúen los interesados. Lo anterior, sin menoscabo del debido cumplimiento de los requisitos que contemplen los ordenamientos administrativos aplicables.". "Artículo 18. Salvo que las leyes específicas establezcan otro plazo, no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles el tiempo para que la autoridad administrativa resuelva, según corresponda, lo solicitado por el interesado. En el caso de procedimientos que se substancien por nulidad o anulabilidad, la autoridad competente deberá resolver en un término de 15 días hábiles, contado a partir de la interposición del escrito respectivo." (El texto subrayado en negrita es propio). En los preceptos transcritos se regula la actuación de las autoridades administrativas respecto de los trámites que estén a su cargo y, para lograr su efectivo desarrollo se les faculta para implementar los mecanismos necesarios. Asimismo, en el segundo de los artículos referidos se establece que cuando el trámite no se encuentre regulado en otro ordenamiento, la autoridad deberá resolver lo peticionado por los gobernados en un lapso no mayor a los cuarenta y cinco días hábiles. Ese plazo es el máximo al cual la autoridad responsable debe ajustar sus trámites y procedimientos, siempre y cuando la ley no lo establezca. De ahí que, en el caso se actualiza la violación al derecho fundamental señalado -justicia pronta-, porque la responsable no ha tomado las medidas necesarias para concluir con el trámite de la solicitud relativa a la pensión del quejoso, a través del área correspondiente, y tampoco ha dado contestación en sentido indistinto a dicha petición opuesta por el aquí quejoso dentro del apuntado plazo de cuarenta y cinco días, en relación con la solicitud del solicitante de otorgamiento de su pensión por jubilación, así como tampoco le hizo saber de la existencia de alguna inconsistencia o imprecisión en el expediente del solicitante, dentro del plazo de cinco días, que establece el último párrafo del señalado artículo 59, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por lo que ni siquiera se tiene noticia de que el expediente esté debidamente integrado. Es así, pues de las manifestaciones contenidas en la demanda, realizadas por el impetrante bajo protesta de decir verdad, se advierte que la solicitud del trámite correspondiente la presentó ante el Instituto responsable desde el veinte de enero de dos mil veintidós, en la que formuló por medio del área correspondiente, su pensión por jubilación y, sin que a la fecha haya constancia alguna de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, le hubiere dado una respuesta definitiva en los plazos apuntados con antelación. Lo anterior, evidencia que la omisión por parte de la autoridad responsable colisiona con el artículo 17 constitucional, pues desde el inicio de la solicitud de pensión, a la fecha en que se resuelve, han transcurrido más de un año y cuatro meses, sin que exista una respuesta objetiva del director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora al quejoso, en relación con el trámite de pensión por jubilación; hecho que evidentemente le depara perjuicio, dado que su solicitud de trámite jubilatorio se encuentra paralizado. Sin que resulte óbice a lo anterior, que en su informe justificado, la autoridad responsable jefe de la unidad jurídica del ISSSTESON en representación del director general del consabido Instituto, haya manifestado que la solicitud de pensión por jubilación del quejoso, intervienen varias autoridades a través de un procedimiento específico. Es relación con lo anterior, se debe de tomar en consideración que, todas y cada una de las unidades administrativas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, corresponden evidentemente a la estructura organizacional de la autoridad responsable como rectora de ese organismo, en el caso, director general del ISSSTESON; y, en esa medida, se encuentran constreñidas a dar respuesta a las peticiones y trámites efectuadas por sus derechohabientes dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable; de ahí, que la solicitud del quejoso merece la atención de una respuesta dentro de los plazos que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal medida, no puede permitirse a la responsable que cuente con un plazo indeterminado para que le otorgue a la solicitante una resolución definitiva en sentido positivo o negativo en torno a su solicitud de pensión; pues de hacerlo así, quedaría a discreción y al arbitrio de la autoridad dar la respuesta al justiciable en un plazo indefinido, trastocando con ello derechos humanos de una pronta aplicación de justicia, según lo tratado y acorde con los principios que tutela el artículo 17 Constitucional. VII. Decisión: En consecuencia, al ser violatorio de derechos el actuar de la dependencia, se concede la protección constitucional solicitada por el quejoso. VIII. Efectos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se concede al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal, para efectos de que las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, realicen lo siguiente: ?Provean los mecanismos para la respuesta definitiva inmediata en relación con el trámite dado a la solicitud de pensión por jubilación de que se trata y se le notifique debidamente al aquí solicitante de amparo. En la inteligencia de que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades responsables que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: IX. Resuelve Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Ramón del Carmen Coronado Córdova, en relación con el acto y autoridad precisada en el considerando II, inciso B), de esta sentencia, por las consideraciones, fundamentos y motivos tratados en el considerando III de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Ramón del Carmen Coronado Córdova, respecto del reclamo y autoridades responsables precisados en los considerando II, inciso A), por las consideraciones, fundamentos, motivos y para los efectos señalados en los apartados VI y VIII de este fallo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y mediante lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Noriega
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