Ramón Daniel Rojo Nava

Expediente 1480/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 6 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1480/2015
Año
2015
Actuaciones
1
Última actuación
06/10/2015

Partes del expediente

  • Ramón Daniel Rojo Nava

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV "...Vista la copia certificada del juicio de amparo 1477/2015 del índice de este Juzgado, promovido por RAMÓN DANIEL ROJO NAVA, donde se decretó la separación de autos y se ordenó que en un diverso juicio de amparo se analizara el acto reclamado consistente en la emisión y ejecución de la orden de traslado llevada a cabo el veinte de septiembre de dos mil once, del CERESO Estatal de Aquiles Serdán, Chihuahua, al CEFERESO Norte Número Nueve; presentada hoy tanto en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, como ante el Secretario de Guardia de este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1480/2015. Ahora bien, en relación con la competencia de los jueces de Distrito para conocer del juicio de garantías, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda.- Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del citado numeral se obtienen tres reglas que deben observarse para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Que de las dos primeras reglas competenciales, se aprecia que requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, a diferencia de la tercera que no la requiere, por ello, si el acto reclamado es una orden de traslado, se entiende que estamos ante un acto que por su naturaleza sí requiere de ejecución material, que lo constituye propiamente el traslado que materialmente se realiza del reo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido en qué consiste una orden de traslado y los momentos que comprende, para considerarla un acto de tracto sucesivo. Asimismo, sostuvo que la palabra traslado deriva del verbo trasladar, procedente del latín tardío traslato, -are, frecuentativo-intensivo de transfero,- re (supino translatum) "transferir", propiamente "llevar al otro lado", compuesto de trans -"a través, al otro lado" y fero re "llevar". De esa manera la palabra "traslado", entre otras acepciones, tiene la consistente en acción y efecto de trasladar a una persona de un puesto o cargo a otro; implica por tanto variación a lugar distinto de donde se encuentra la persona. Que aplicando tal concepto de traslado al acto reclamado en el juicio de amparo, se puede definir que es un acto de autoridad por medio del cual se autoriza el cambio de ubicación física del reo de un establecimiento de reclusión a uno diverso, con carácter definitivo. Que para que se lleve a cabo lo ordenado por la autoridad, se dispone de tres momentos que comprende dicha orden: el primero, consiste en la emisión de la orden y su ejecución inicial que se traduce en extraer al reo del lugar de donde está recluido; el segundo, consiste propiamente en el traslado material del reo, a un lugar distinto y el tercer momento es aquel por el cual se ingresa al reo al nuevo centro de reclusión, etapa ésta en la que culmina la ejecución de la orden. Luego, si en el juicio de amparo se reclama como acto una orden de traslado de un centro penitenciario a otro y dicho acto comenzó a ejecutarse en un Distrito y continúa ejecutándose en otro, es de concluirse que el mencionado acto es de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de amparo lo es el juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno. Sentado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la emisión y ejecución de la orden de traslado llevada a cabo el veinte de septiembre de dos mil once del CERESO Estatal de Aquiles Serdán, Chihuahua al CEFERESO Norte Número Nueve, con sede en ciudad Juárez, Chihuahua. Pues bien, como se advierte, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del asunto que nos ocupa, habida cuenta que la orden de traslado que reclama el solicitante de amparo tuvo ejecución en el Estado de Chihuahua, dado que tanto el penal estatal, en el que refiere el quejoso se encontraba originalmente recluido, así como el CEFERESO Norte Número Nueve, al que señala fue traslado el veinte de septiembre de dos mil once, se encuentran ubicados en el Estado de Chihuahua; el penal estatal se encuentra ubicado en el municipio de Aquiles Serdán y el aludido CEFERESO en el diverso municipio de Juárez, Chihuahua. De donde se sigue que el acto reclamado por el quejoso tuvo ejecución en aquellos lugares, esto es, tanto en el municipio de Aquiles Serdán, como en el municipio de Juárez, ambos en el Estado de Chihuahua. Sin que se advierta que el acto aquí reclamado haya tenido ejecución en territorio donde este órgano jurisdiccional ejerce competencia. En las relatadas circunstancias, conforme a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, se declina la competencia a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad de Chihuahua; al efecto, remítase al citado Juzgado el expediente en que se actúa, para que dentro del término de ley manifieste si acepta o no el conocimiento del presente asunto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Por último, es importante señalar que no es dable proveer sobre la suspensión del acto reclamado, habida cuenta que no se está en los supuestos que señala el artículo 15 de la Ley de Amparo, y además que tal medida cautelar no fue solicitada por la parte quejosa. Como el quejoso RAMÓN DANIEL ROJO NAVA, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, CPS-OAXACA, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con apoyo en los artículos 210-A, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 47 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que se constituya en dicho Centro Penitenciario y haga la búsqueda del directo agraviado, le notifique este acuerdo en su integridad. No obstante lo anterior, si por cuestiones de seguridad no es dable para la autoridad judicial que corresponda entregar la copia relacionada con el acuerdo que al quejoso se notifica por parte de este Juzgado, requiérasele para que, por los medios que se estime convenientes, la ponga a disposición del quejoso a fin de que éste pueda conocer efectivamente lo que se le notifica, y esté en condiciones de ejercer los derechos que a sus intereses convenga. En caso de no poder practicar la notificación personal al quejoso citado, explique el motivo que le impidió realizarla. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo..."

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