Ramón Daniel Rojo Nava
Expediente 1477/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1477/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/11/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ramón Daniel Rojo Nava
Actuaciones
- Principal
MESA III B Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que en la especie, en proveído de seis de octubre del año en curso (fojas 8-13), se desechó la demanda de garantías promovida por RAMÓN DANIEL ROJO NAVA, el cual se le notificó el veinticuatro de octubre pasado (foja 32 vuelta); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA III B Agréguese la comunicación del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Miahuatloán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante la cual devuelve diligenciado el despacho 16972015 del índice de este Juzgado. dese de baja en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA IV B "...Vistos; se advierte que por auto de diecinueve de marzo pasado (foja 108), se tuvo al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la ciudad de México, Distrito Federal, aceptando la competencia e informando que continuaba el conocimiento del juicio de amparo promovido por LUDWIN GESTIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cual registró con el número 5771/2014 de su índice. En ese contexto, archívese el asunto como concluido. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."
- Principal
MESA III "...Vista la demanda de amparo promovida por RAMÓN DANIEL ROJO NAVA, contra actos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por conducto del Coordinador General de Centros Federales, con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal y otra autoridad; presentada hoy tanto en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, como ante el Secretario de Guardia de este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1477/2015. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho procede, el artículo 66 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia." Del artículo transcrito se advierte que las cuestiones que surjan en el juicio de amparo se tramitarán vía incidental, a petición de parte o de oficio, ya sea porque expresamente lo establezca la Ley o que por su naturaleza amerite ese tratamiento. Asimismo, que el órgano jurisdiccional, atendiendo a las circunstancias de cada caso, determinará: a) Si resuelve de plano; b) Si amerita un especial pronunciamiento; o, c) Si se reserva para resolverlo en la sentencia. En cuanto a la separación de autos, si bien es cierto no está prevista expresamente en la Ley de Amparo; también lo es que se puede advertir de la interpretación a contrario sentido de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquélla. Además, cabe precisar que al decretar la separación de juicios, en gran medida se logra un mejor análisis de los expedientes de los que emanan los actos que en esta vía se combaten, a la vez que se evita el pronunciamiento de sentencias de amparo complicadas y tal vez confusas en su comprensión, no sólo para los efectos propios de esas resoluciones que, en su caso, se pronuncien concediendo el amparo, así como para lograr su debido cumplimiento, sino también en lo que atañe en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Orienta la consideración anterior, la tesis I.3º.C.72 K (10ª), pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2356, Tomo III, Mayo de 2015, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. AUN CUANDO DICHA FIGURA JURÍDICA NO ESTÉ PREVISTA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE, NO HAY IMPEDIMENTO PARA DECRETARLA CUANDO LOS JUICIOS NO GUARDAN RELACIÓN ENTRE SÍ. La figura de la separación de juicios de amparo fue instaurada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 76/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 118, de rubro: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA.", a partir de una institución jurídica distinta, como es la acumulación de los procedimientos constitucionales, establecida en el artículo 57 de la Ley de Amparo abrogada; figura que no prevé la vigente. No obstante, ello no impide que conforme a este último ordenamiento se decrete la separación de los juicios de amparo cuando el quejoso reclame actos distintos atribuidos a autoridades diferentes. Lo anterior, porque aun cuando la figura de la acumulación no tenga sustento en la Ley de Amparo, sí lo tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente (artículo 72, primer párrafo). En este sentido, la regla contenida en dicho numeral, leída en sentido negativo, consiste en que cuando dos o más juicios no tienen una relación jurídica derivada en todo o en parte del mismo hecho, no existe justificación para tramitarlos conjuntamente; en consecuencia, debe decretarse su separación, porque, aun cuando en la ley de la materia, publicada el 2 de abril de 2013, no se encuentre expresamente prevista la figura de la acumulación de juicios, ello no puede llevar a concluir que dos juicios constitucionales derivados de actos reclamados atribuidos a autoridades diferentes deban sustanciarse en un mismo procedimiento, cuando no guardan relación entre sí." En el caso, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°; se advierte lo siguiente: El quejoso RAMÓN DANIEL ROJO NAVA señala como actos reclamados destacados: 1) La emisión y ejecución de la orden de traslado llevada a cabo el veinte de septiembre de dos mil once, del CERESO Estatal de Aquiles Serdán, Chihuahua, al CEFERESO Norte Número Nueve; y, 2) La emisión y ejecución de la orden de traslado llevada a cabo el veintiuno de marzo de dos mil catorce, del CEFERESO Norte Número Nueve de Chihuahua, al CEFERESO Número Trece, CPS Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En consecuencia, debido a que se reclaman dos actos reclamados ejecutados en diversa época, cuyo cómputo para la oportunidad se rige por dos sistemas normativos distintos, a saber, la Ley de Amparo en vigor, y Ley de Amparo abrogada mediante decreto de uno de abril de dos mil trece; por tanto, para emitir una sentencia conforme a derecho, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, se resuelve de plano la separación de que se trata y se ordena dividir el presente juicio; separación que resulta necesaria, a fin de estudiar el asunto, por cada una de los traslados reclamados; de ahí que: a) En este juicio de amparo 1477/2015 se analizará únicamente el acto reclamado consistente en la emisión y ejecución de la orden de traslado llevada a cabo el veintiuno de marzo de dos mil catorce, del CEFERESO Norte Número Nueve de Chihuahua, al CEFERESO Número Trece, CPS Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. b) En otro juicio de amparo se analizara la emisión y ejecución de la orden de traslado llevada a cabo el veinte de septiembre de dos mil once, del CERESO Estatal de Aquiles Serdán, Chihuahua, al CEFERESO Norte Número Nueve. Con copia certificada del presente expediente, envíese por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, como UN NUEVO ASUNTO para que dicha unidad administrativa, los turne a este propio Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, como juicio distinto. Lo anterior, en cumplimiento a la Circular CON/5/2015, signada por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial y Creación de Nuevo Órganos, que en lo que interesa, transcribe el sentido del resolutivo primero de la consulta 6/2015-XIII, que dice: "1. Es procedente que la oficina de correspondencia común turne al mismo órgano jurisdiccional aquellos asuntos derivados de la separación de juicios que le sean remitidos por el titular conforme lo dispuesto en la presente consulta." En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo , procede examinar si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia. Así, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo. En efecto, la interpretación de los numerales invocados, arroja que el término para promover la demanda de amparo es de quince días, que comenzará a contar a partir del siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley que rige la materia, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso, como se dijo, en este juicio de amparo se analizará únicamente el acto reclamado consistente en la emisión y ejecución de la orden de traslado llevada a cabo el veintiuno de marzo de dos mil catorce, del CEFERESO Norte Número Nueve de Chihuahua, al CEFERESO Número Trece, CPS Oaxaca, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Lo que pone de relieve que desde el día en que se materializó la orden traslado, veintiuno de marzo de dos mil catorce, el quejoso tuvo conocimiento de ella. En virtud de lo anterior, es inconcuso que el aquí solicitante de amparo conoció de la existencia del acto reclamado desde el veintiuno de marzo de dos mil catorce, data en que se ejecutó en su perjuicio la orden de traslado que aquí reclama y se analiza. De ahí, que desde el día siguiente a esa fecha, es decir, veinticuatro de marzo de dos mil catorce, comenzó a correr el plazo de quince días, a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo para acudir ante esta instancia constitucional. Por las razones que la informan es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 115/2010, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y contenido siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Además, es importante mencionar que al haberse ejecutado el acto reclamado, el día veintiuno de marzo de dos mil catorce, es claro, que el mismo se rige conforme al plazo previsto en la Ley de Amparo vigente. En esas condiciones, es inconcuso, que el acto reclamado escapa al supuesto previsto por la jurisprudencia P./J. 45/2014, la cual estableció que los actos privativos de la libertad personal, dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, y que al entrar en vigor la Nueva Ley aún no habían sido combatidos, son impugnables en cualquier tiempo. El criterio de que se trata es del tenor siguiente: "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate" . Luego, si no nos encontramos en el caso de excepción, es dable concluir que el término para acudir a esta instancia constitucional es de quince días contados a partir, en el caso, desde que el quejoso conoció la existencia del acto reclamado. Entonces, si el veintiuno de marzo de dos mil catorce, se llevó a cabo el traslado del peticionario -el acto reclamado-, resulta claro que el plazo para hacer valer el juicio de amparo indirecto, inició a partir del día siguiente, es decir el veinticuatro de marzo de dos mil catorce y concluyó el once de abril del mismo año, descontándose los días sábados y domingos, por ser inhábiles; de ahí, que si la demanda de amparo se presentó el veintinueve de septiembre de dos mil quince, ante el Servicio Postal Mexicano, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, de conformidad con el artículo 23 de la ley de la materia, a esa data ya había fenecido el término ordinario de quince días señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa pudiera interponer la demanda de amparo. En conclusión, la presentación de la demanda de amparo ante el Servicio Postal Mexicano, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, hasta el veintinueve de septiembre de dos mil quince, resulta extemporánea, puesto que ya había transcurrido el plazo que la parte quejosa tenía para tal efecto, y al ser esto así, se estima consentido tácitamente el acto reclamado; por lo que, al no encontrarnos en los casos de excepción que prevé el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, se actualiza la causa de improcedencia analizada. En consecuencia, con apoyo además en el diverso 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de amparo. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Se ordena a la Secretaria correspondiente que en caso de que las autoridades responsables reproduzcan sus comunicaciones, sin diverso acuerdo, realizando únicamente la certificación respectiva, deberán glosarse a los autos. Como el quejoso RAMÓN DANIEL ROJO NAVA, se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número Trece, CPS-OAXACA, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; con apoyo en los artículos 210-A, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, 47 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese atento despacho al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Miahuatlán, Oaxaca, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que se constituya en dicho Centro Penitenciario y haga la búsqueda del directo agraviado, le notifique este acuerdo en su integridad. No obstante lo anterior, si por cuestiones de seguridad no es dable para la autoridad judicial que corresponda entregar la copia relacionada con el acuerdo que al quejoso se notifica por parte de este Juzgado, requiérasele para que, por los medios que se estime convenientes, la ponga a disposición del quejoso a fin de que éste pueda conocer efectivamente lo que se le notifica, y esté en condiciones de ejercer los derechos que a sus intereses convenga. En caso de no poder practicar la notificación personal al quejoso citado, explique el motivo que le impidió realizarla. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo..."
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