Ramón Daniel Rodríguez Treviño

Expediente 967/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 29 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
967/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
17/04/2023

Partes del expediente

  • Ramón Daniel Rodríguez Treviño

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    1. Estado procesal. De los autos del incidente de suspensión que deriva del expediente en que se actúa, se advierte que la parte quejosa garantizó la suspensión definitiva de los actos reclamados, mediante el billete de depósito número N 888975, valioso por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. 1.1 Acuerdo. Toda vez que éste asunto se encuentra concluido y no se está en el supuesto a que refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, resulta innecesaria la retención del citado documento. 1.2 Devolución. Por lo tanto, dígasele a la parte quejosa, que queda a su disposición el billete de depósito número N 888975, valioso por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, previa identificación, toma de razón y firma de recibo que se deje en autos. 1.3. Apercibimiento. En el entendido que de no acudir a solicitar la devolución del referido billete de depósito dentro del plazo de dos años a que se refieren los artículos 29 y 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se decretará la prescripción del citado valor a favor del Fisco Federal, plazo que se contará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído.

  2. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza por ministerio de ley del Juzgado Segunda de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa en relación al cumplimiento al fallo protector dictado en este juicio de amparo. 1.1 Acuerdo. Sin necesidad de proveer al respecto, toda vez que mediante proveído veintiocho de febrero del año en curso, se tuvo por cumplido el fallo protector y se ordenó el archivo de este asunto como concluido.

  3. Principal

    1. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que las autoridades responsables Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande y Director Registrador del Registro Público, ambas con sede en esta ciudad, han dado a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento con base a las constancias que obran en el juicio. 2. Fijación de actos y protección constitucional. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: Las actuaciones y la sentencia definitiva dictada dentro del juicio ejecutivo oral mercantil 9/2022, del índice de la responsable, y su ejecución, respecto al embargo del inmueble ubicado en la calle Coronel Fructuoso García, número 1001, fraccionamiento La Hacienda, Lote número 13, manzana 14, en esta ciudad; así como del vehículo marca Mazda 6, línea Mazda 6, modelo 2010, color azul rey, cuatro puertas, con placas de circulación 789-RCJ-6 y número de serie 1YVHZ8BH8A5M21196. La protección constitucional se concedió para los efectos siguientes: Efectos de la concesión de amparo. Se concede la protección constitucional a la parte quejosa Ramón Daniel Rodríguez Treviño, es para el efecto de que la autoridad responsable Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil de Distrito Judicial de Río Grande, con sede en esta ciudad, haga lo siguiente: i) Deje insubsistente la orden de embargo respecto al inmueble ubicado en la calle Coronel Fructuoso García, número 1001, fraccionamiento La Hacienda, lote número 13, manzana 14, en esta ciudad, inscrito en el Registro Público de esta ciudad, el nueve de abril de dos mil trece, bajo la partida 42141, libro 422, sección I, así como todas sus consecuencias como sería su remate, y adjudicación a favor de un tercero, esto, dentro del juicio ejecutivo oral mercantil 9/2022, promovido por Abel Salazar Grimaldo, en su carácter de apoderado jurídico de la empresa Máquinas Diesel Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Susana Alderete González. ii) En lo sucesivo, en el citado juicio se respete el derecho de propiedad y posesión de la parte quejosa, respecto del bien inmueble detallado en este fallo. Sin que ello implique que se llame al quejoso al juicio de origen, porque como se dijo no es parte, tampoco conlleva a declarar la nulidad de todo lo actuado en el juicio natural, sino únicamente, las actuaciones mencionadas a efecto de que se respete la propiedad y posesión de la parte quejosa sobre el bien inmueble descrito con antelación. iii) La autoridad responsable ordenadora deberá dejar insubsistente de igual forma, los actos derivados de dicho inmueble, tales como, la inscripción de su embargo en el Registro Público, con sede en esta ciudad. iv) Protección que se hace extensiva al acto atribuido a los Actuarios adscritos al Juzgado responsable, y al Director Registrador del Registro Público, con sede en esta ciudad, en vía de consecuencia. 3. Análisis del cumplimiento. Atento a lo anterior, la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande y Director Registrador del Registro Público, ambas con sede en esta ciudad, remitieron constancias relacionadas con el cumplimiento de la sentencia constitucional; documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º. Con ello, mediante proveídos de tres y diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes para que en el plazo de tres días expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieran señalado nada al respecto. 3.1 Primer efecto. En cumplimiento al fallo protector, la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, mediante auto de uno de febrero de dos mil veintidós, dejó insubsistente la orden de embargo respecto al inmueble ubicado en la calle Coronel Fructuoso García, número 1001, fraccionamiento La Hacienda, lote número 13, manzana 14, en esta ciudad, inscrito en el Registro Público de esta ciudad, el nueve de abril de dos mil trece, bajo la partida 42141, libro 422, sección I, así como todas sus consecuencias como sería su remate, y adjudicación a favor de un tercero, esto, dentro del juicio ejecutivo oral mercantil 9/2022, promovido por Abel Salazar Grimaldo, en su carácter de apoderado jurídico de la empresa Máquinas Diesel Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Susana Alderete González. 3.2 Segundo efecto. De igual forma, la citada autoridad responsable, procedió en lo sucesivo, en el citado juicio respetar el derecho de propiedad y posesión de la parte quejosa, respecto del bien inmueble detallado en este fallo. 3.3 Tercer efecto. Asimismo, la mencionada autoridad responsable dejó insubsistente los actos derivados de dicho inmueble, tales como, la inscripción de su embargo en el Registro Público, con sede en esta ciudad. A su vez, el Director Registrador del Registro Público, con sede en esta ciudad, en cumplimiento al fallo protector remitió certificado de libertad de gravamen sobre el inmueble ubicado en calle Coronel Fructuoso García, número 1001, fraccionamiento La Hacienda, lote número 13, manzana 14, bajo la partida 42141, libro 422, sección I. 4. Decisión. Del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que las responsables atendieron los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 5.1 Valoración. Toda vez que se sobreseyó y concedió la protección constitucional en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 5.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5.3 Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial. 5.4 Incidente de suspensión. Toda vez que, en el presente se formó por separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el mismo. 5.5 Devolución de constancias. Finalmente, hágase devolución a la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad, del anexo que se formó con las constancias que adjuntó al rendir su informe justificado.

  4. Incidental

    1. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 2. Valoración. Toda vez que se concedió la suspensión definitiva en el original del presente incidente de suspensión, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), fracción I del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 3. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

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