Ramón Cruz Ordoñez Coronado

Expediente 355/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
355/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Ramón Cruz Ordoñez Coronado

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra el auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de garantías; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 2.1 Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 2.2 Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 2.3 Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.

  2. Principal

    El día de hoy queda debidamente notificada la parte promovente por medio de lista de acuerdos del auto de veintiocho de abril del año en curso, lo anterior, por no acudir a notificarse de manera personal. ACUERDO 28 DE ABRIL DE 2021.- 1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Instituto Nacional del Suelo Sustentable Delegación Coahuila, con residencia en Torreón, Coahuila de Zaragoza (antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra "CORETT"). 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 355/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Exhortación a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción I y 28 párrafo segundo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 4. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General. 5. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.1 De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.2 Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa reclama a la autoridad responsable denominada Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT), la omisión de resolver el trámite relativo a la solicitud de contratación de siete de junio de dos mil diecisiete, con folio COA0002448, relativo a la regularización y escrituración de un predio ubicado en la zona 01, manzana 03, lote 02, en Balcones en el municipio de Jiménez, Coahuila de Zaragoza, con una superficie de dos mil catorce metros cuadrados. Ahora bien, este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5, fracción II, de la ley de la materia3. En ese sentido, el artículo 1, fracción I, de la citada legislación, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquella la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: i. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; ii. Esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; iii. Emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, iv. Para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior, conforme a la tesis 2a./J.164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4. En ese orden de ideas y considerando además el actual marco legal, es autoridad responsable la que -con independencia de su naturaleza formaldicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Es importante destacar que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa; es decir, aquellos que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación.5 4 De ahí que sea oportuno distinguir entre las relaciones de: i) supra a subordinación; ii) supraordinación y iii) de coordinación. i. Las relaciones de supra a subordinación: son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizaba por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual suponía la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, vencieran cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Aunque con el nuevo marco legal serían aquellas que con su actuación crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien por la omisión del acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ii. Las relaciones de supraordinación: son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, dentro de los cuales pueden mencionarse las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. iii. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. De lo anterior se colige, que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que el quejoso manifestó que derivado del decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de junio de dos mil catorce, se expropiaron veintinueve hectáreas, noventa y siete áreas, setenta y nueve centiáreas, de terreno de riego de uso común del Ejido *** en favor de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, quien los destinó para su regularización y titulación legal mediante venta. Por tal razón, el siete de junio de dos mil diecisiete, inició el trámite ante el ahora Instituto Nacional del Suelo Sustentable, para regularizar y escriturar el predio de su propiedad, mediante formato OR.3, con número de folio ***, el cual concluyó el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el pago de $30,151.26 (treinta mil ciento cincuenta y uno pesos 26/100 moneda nacional) Ahora bien, el dicho de la parte quejosa realizado bajo protesta de decir verdad (el cual opera en su perjuicio en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo, y que por tanto, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del código procesal aludido. En ese sentido, se está en el entendido de que dicho acto jurídico, es un acuerdo de voluntades de derecho privado, celebrado por dos personas, en términos del artículo 1794 del Código Civil Federal6. Corrobora lo anterior que en la ejecutoria de la contradicción de tesis 38/001-PS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las cédulas de contratación celebradas por la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, no pueden ser consideradas como una mera notificación del inicio de un trámite administrativo, ya que su naturaleza jurídica es la de un contrato, pues se advierte el consentimiento de las partes, el cual produce inmediatamente derechos y obligaciones para éstos. En efecto, no todo acto emitido por un organismo público (en este caso descentralizado), constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad que excluya una relación contractual de carácter privado, como en la especie sí es la invocada en el presente juicio. Sobre esa premisa, resulta que la decisión de no cumplir con un hacer (relativo al trámite de escrituración), correspondiente al trámite de regulación del predio de su propiedad identificado con el folio C***, está inmerso en el marco de una relación de coordinación y no de supra a subordinación. En tales condiciones, resulta claro que la omisión de cumplir con la regularización y escrituración del predio que se reclama de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, hoy llamada Instituto Nacional del Suelo Sustentable en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia de Torreón, no tiene el carácter de acto u omisión de autoridad para efectos del amparo, al derivar de una relación de coordinación entre aquélla y la parte quejosa (que en todo caso daría origen a un incumplimiento de lo contratado y eventualmente responsabilidad civil). En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes mencionados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada. 5.1 Criterio legal. Sobre el tema se emitieron las Jurisprudencias 1a./J. 30/20027 y 1ª./J. 202/20058, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia. 6. Domicilio y Autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle *** Asimismo, se tienen como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados *** En términos restringidos del citado numeral a ***, por así haberlo solicitado. 7. Consulta electrónica. Se tiene a la parte quejosa solicitando que se autorice la consulta electrónica a nombre de los usuarios "****"; por lo que se autoriza la consulta por dicho medio. En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que los usuarios proporcionados correspondan efectivamente a los profesionistas mencionados en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 7.1 Instrucción a Secretaría de trámite. Se instruye a la Secretaría encargada de la mesa de trámite, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 8. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 9. Reproducción electrónica y entrega de copias. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, y previa solicitud por escrito, se autoriza su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 10. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 11. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 12. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y el Secretario hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición; las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 13. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, además de los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que el trámite de este juicio se publique sin supresión de datos. 14. Promoción. Glósese al sumario el escrito electrónico enviado por el licenciado ****, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en torno a su escrito de demanda y solicita se provea respecto a su admisión. 14.1 Acuerdo. Atento a su contenido, deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden en el presente proveído.

  3. Principal

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