Ramón Cruz Leija

Expediente 1360/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1360/2016
Año
2016
Actuaciones
11
Última actuación
12/12/2016

Partes del expediente

  • Ramón Cruz Leija
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    ...Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental. Por último, devuélvanse a la responsable, las constancias que remitió a este juicio...

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 1360/2016; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado el seis de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnado en esa fecha a este órgano jurisdiccional; Ramón Cruz Leija por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Segundo. Trámite de la demanda. Por auto de siete de septiembre de dos mil dieciséis, este juzgado registró y admitió la demanda bajo el número 1360/2016, solicitó informe justificado; dio intervención al Ministerio Público Federal y, señaló fecha para celebrar la audiencia constitucional, la que se desahogó al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, constitucionales; 33, fracción IV, y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 55 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman una omisión actos de autoridades que tienen residencia dentro del territorio en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, la omisión en que ha incurrido al no emitir el laudo correspondiente al expediente obrero J.3/373/2013, de su índice. Tercero. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado, negó el acto reclamado, sin embargo, de sus manifestaciones se obtiene la existencia de la omisión reclamada. Se estima aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la responsable como complemento de su informe justificado, consistentes en copias certificadas del expediente J.3/373/2016, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se advierte de oficio que han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, aplicable al caso, que textualmente señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la interpretación que se realiza de la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto [por revocación], se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica y patrimonial. El segundo supuesto [por sustitución], se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso o proceso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente. Cabe precisar que la cesación de efectos se da cuando el acto queda destruido en su totalidad, porque la autoridad en forma unilateral lo revocó y la situación jurídica del particular se restablece como si ese acto jamás hubiera existido, porque los efectos que pudo haber provocado en la esfera jurídica del gobernado quedaron destruidos. En ese caso, los efectos de la determinación recurrida cesan al haber sido sustituido por una nueva resolución, o por haber surgido una de esta clase, que es la que rige el procedimiento correspondiente. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, pues el acto de autoridad por el que se acudió a la presente instancia consiste en la falta de emisión de laudo en el expediente J.3/373/2016. En efecto, en el caso ha sobrevenido una cesación ante la determinación que la responsable emitió el dieciséis de agosto del año en curso, consistente en el laudo correspondiente al expediente laboral referido, la cual se notificó a las partes el veintidós y veintisiete de septiembre siguiente, esto es, con posterioridad a la interposición del juicio de amparo en que se actúa. De lo expuesto, se obtiene que con la actuación de la responsable (notificación del laudo), posterior a la presentación de la demanda, se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, pues no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales circunstancias y encontrándose plenamente acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer el presente juicio de garantías con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el diverso 61, fracción XXI. Al caso, por analogía jurídica sirve de apoyo a este criterio la tesis 2ª./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En mérito de lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, fracción XVI, 63, fracción V, así como 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Ramón Cruz Leija, respecto del acto reclamado a la autoridad que precisados quedaron en el resultando primero y en términos del considerando último de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, quien actúa asistido del Secretario Luis Alberto Castro Velázquez, que da fe. El Juez El Secretario 28074 EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL DÍA VIENTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EL ACTUARIO DEL JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN MATERIAS DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICÓ EN LA LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, LA RESOLUCIÓN O ACUERDO QUE ANTECEDE, CON LO CUAL QUEDAN NOTIFICADAS DE ELLO LAS PARTES EN ESTE JUICIO DE GARANTÍAS, HECHA EXCEPCIÓN DE LAS QUE DEBAN NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR OFICIO, SE ASIENTA LA PRESENTE RAZÓN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 24, 26, FRACCIÓN III, Y 29, DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE. ACTUARIO JUDICIAL.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; tres de noviembre de dos mil dieciséis.Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por oficio SEADS/1277/2016, que suscribe el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la adscripción a este Juzgado Federal al suscrito Juez Alberto Roldán Olvera, quien a partir del uno de noviembre de dos mil dieciséis, es Titular del mismo; por lo que, con fundamento en el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dése vista a las partes para los efectos legales procedentes.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro siguiente:"SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." (9ª Época, S.J.F. y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, página 312)Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca quien actúa asistido con el licenciado Yamín Dávalos Rosas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Visto el estado procesal de autos del que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para las diez horas con cuarenta minutos del treinta y uno de octubre del presente año; sin embargo, tomando en consideración lo establecido en la circular 29/2016, de veintiséis de octubre del año en curso, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la se acordó declarar como días no laborables, entre otros, para los Juzgados de Distrito, el lunes treinta y uno de octubre, martes uno y miércoles dos, ambos de noviembre de la presente anualidad, desde este momento se difiere anticipadamente la audiencia constitucional y se señalan las once horas con veinticinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, para su celebración.Lo anterior, de conformidad con lo sustentado en la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuitos, con número de registro 2002712, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es al tenor siguiente:"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU DIFERIMIENTO ANTICIPADO OFICIOSAMENTE NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL EN PERJUICIO DE LAS PARTES. Si con motivo de diversas constancias enviadas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el Juez de Distrito, oficiosamente y antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, dejó sin efectos dicho señalamiento y fijó nuevas fecha y hora para esos fines, tal proceder es legal si con ello se concede otra vez el término de ocho días previsto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de las constancias remitidas por la autoridad responsable y, por ello, cuentan con la oportunidad suficiente, en términos del artículo 151 del mismo ordenamiento, para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes para desvirtuar el informe justificado y las constancias correspondientes. Por ello, el diferimiento anticipado de la audiencia constitucional no constituye una violación procesal en perjuicio de las partes, máxime que el propósito de tal aplazamiento se traduce en que éstas cuenten con todo el término y la oportunidad de rendir sus pruebas, de manera que sería inútil esperar los días faltantes para la celebración de la primera audiencia, si el juzgador de Distrito ya observó que a la llegada de ese día deberá marcar nueva hora y día para la respectiva celebración. De esa manera, con tal proceder el Juez Federal impide una probable reposición del procedimiento y genera un mayor beneficio al reiniciar el tiempo en que las partes pueden conocer los términos del informe justificado, preparar y ofrecer las pruebas que estimen pertinentes; lo cual es acorde con el derecho fundamental de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, y con los fines del artículo 157 de la Ley de Amparo, el cual prevé que los Jueces de Distrito cuidarán que los juicios respectivos no queden paralizados." (Décima Época, T. C. C.; S. J. F. y su Gaceta, Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo II, Materia Común)"Asimismo son aplicables las tesis cuyos rubros son los siguientes:"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POTESTAD DEL JUEZ PARA DIFERIRLA O SUSPENDERLA." (Octava Época, 1ª Sala; Apéndice 1995; Tomo VI, S. J. F. y su Gaceta, Pág. 58)""AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NOTIFICACION POR LISTA DEL ACUERDO QUE DIFIERE DE OFICIO LA." (Novena Época, T. C. C; S. J. F. y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Pág. 887. Materia Común)".Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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