Ramón Anaya Ramírez
Expediente 838/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2019
Partes del expediente
- Ramón Anaya Ramírez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, cinco de julio de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de la Juez Tercero Civil de Tenango del Valle, México, por medio del cual desahoga el requerimiento de veintiséis de junio del año en curso. Téngase por satisfecho el requerimiento y se deja sin efectos el apercibimiento decretado. DESECHAMIENTO Ahora, previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, del análisis íntegro al escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama: La orden de salida del domicilio ubicado en ***, ordenada en la segunda audiencia de avenencia de quince de marzo de dos mil diecinueve, misma que se mandó a hacer efectivo en el proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ***/2018, del índice del Juzgado Tercero Civil de Distrito Judicial de Tenango, México, de la cual aduce tuvo conocimiento en diligencia de trece de junio de dos mil diecinueve. Acotado lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XVIII y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda por su manifiesta e indudable improcedencia, en atención a las siguientes consideraciones. La fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)--------XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". Para que se actualice esta causa de improcedencia es necesario que concurran las siguientes hipótesis: Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. El requisito señalado en el inciso a) se encuentra satisfecho, dado que el acto reclamado lo emitió el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México. Respecto al inciso b), c) y d), también se encuentran satisfechos, dado que en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, específicamente en el artículo 5.75, disponen la procedencia del recurso de revocación, de la siguiente manera: "De la revocación en audiencia Artículo 5.75.- En audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra de: I. El auto que resuelva excepciones procesales; II. El que inadmita pruebas; III. El auto que declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes; y IV. El que resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. Los demás decretos y autos dictados en audiencia serán irrecurribles. La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y dictará resolución." Como consecuencia de lo anterior, el acto reclamado en la presente instancia constitucional no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo indirecto, toda vez que respecto del citado acto impugnado, previo a la promoción del juicio de amparo se debió interponer el recurso de revocación ante la autoridad que emitió el acto reclamado, tal como lo establece el ordinal 5.75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, pues atendiendo a las consideraciones que expone el peticionario del amparo, el acto que combate en esta vía reviste la característica de ser una determinación emitida en la audiencia de avenencia que se llevó a cabo ante el Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, México, susceptible de ser modificado por esa propia autoridad, en el curso de la referida audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1ª./J.44/2012, publicada en la página 729, X julio de 2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Asimismo, este órgano jurisdiccional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". La interpretación del precepto legal, parcialmente descrito, permite establecer que el motivo de improcedencia descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación de la demanda de amparo, puesto que al ser un acto consentido tácitamente por la parte quejosa; es decir, no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17, primer párrafo y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos transcritos se sigue, que el plazo general para la promoción del juicio constitucional será de quince días, el cual se computará de acuerdo con tres supuestos distintos: 1. A partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado; 2. A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, y 3. A partir del día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de tales actos, salvo lo establecido en la fracción I del artículo 17, relativo a las normas de carácter general autoaplicativo o el procedimiento de extradición. En este orden, es posible afirmar que en el presente juicio nos encontramos en el primer supuesto previsto por el precepto legal citado, es decir, que el plazo para acudir al amparo empieza transcurrir a partir del día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamado, esto es, la segunda audiencia de avenencia de quince de marzo de dos mil diecinueve, realizada en el expediente ***/2018. Lo anterior es así, pues de las constancias que integran el expediente de origen ***/2018, se obtiene que la diligencia de quince de marzo de dos mil diecinueve, fue notificada a la quejosa en la misma audiencia, la cual surtió efectos ese mismo día, en términos del código de procedimientos civiles del Estado de México. Sin que en el caso sea procedente atender a la manifestación de la impetrante por la cual aduce haber tenido conocimiento del acto reclamado hasta la diligencia de trece de junio de dos mil diecinueve, pues de las actuaciones del juicio de origen se advierte que compareció a la audiencia de avenencia en la que se dictó la medida provisional que constituye el acto reclamado. En consecuencia, el plazo para presentar la demanda de amparo transcurrió del diecinueve de marzo al nueve de abril, ambos de dos mil diecinueve (sin contar días inhábiles). Por tanto, tomando en consideración que la quejosa la presentó el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, es incuestionable que la demanda de amparo que se presenta resulta por exceso extemporánea. Máxime, que el quejoso no reclama por vicios propios la orden de salida del domicilio ubicado en ***, ordenada en la segunda audiencia de avenencia de quince de marzo de dos mil diecinueve, ya que de una lectura de los conceptos de violación de planteo, se desprende que estos son tendentes a combatir la imposición de la medida provisional; sin embargo, como se vio, contra la misma no se interpuso recurso de revocación, ni fue presentado el juicio de amparo indirecto en los plazos establecidos por la ley de la materia. En esa tesitura, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XVIII y XIV, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de julio de dos mil diecinueve. Intégrese el escrito signado por la parte quejosa, a través del cual pretende desahogar los requerimientos formulados en proveído de veintiséis de junio del año en curso; sin embargo, se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto, el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, remita la información y constancias requeridas en el acuerdo en mención.
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