Ramon Cervantes Verastegui

Expediente 241/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 28 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
241/2019
Año
2019
Actuaciones
28
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Ramon Cervantes Verastegui
  • Jueza Primero del Ramo Familiar del Primer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad en contra del auto de diecinueve de octubre del año en curso, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo, asimismo, que en el libro de recibo de correspondencia oficial que se lleva en este juzgado, no obra registrada promoción mediante la cual se interponga dicho recurso; en consecuencia, se declara consentido el acuerdo de referencia. Por otro lado, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que mediante sentencia de quince de mayo de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, misma que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, por resolución de veintiocho de mayo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el citado punto, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado aquél primer plazo, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hecho lo anterior, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. De igual manera y en virtud de que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el que se concedió la medida cautelar solicitada; en consecuencia, glósese el cuaderno original de dicho incidente, mismo que también es susceptible de depuración. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse una vez que transcurra el plazo de tres años conforme a lo previsto en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo cual deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento (tres años); conservándose, de conformidad con lo dispuesto en dicho normativo, por lo que se refiere a los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; así como, de ser el caso, los demás documentos que se consideren necesarios, justificación de esto último que deberá hacerse constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Asimismo, terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del aludido expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora bien, archívese por separado el duplicado del incidente y con fundamento en el punto artículo 20 del citado Acuerdo General, se declara que el mismo es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá una vez que se cumplan seis meses contados a partir de su archivo como asunto concluido, lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes de haberse actualizado el plazo en comento, y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Glósese copia autorizada del presente proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa, exhibió en el expediente principal del presente asunto, un documento que por sus características es susceptibles de devolución, por tanto, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado con copia simple del mismo a efecto de que se realice su cotejo y compulsa para que obre en autos, previo a su devolución, debiendo levantarse la razón de recibo correspondiente, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dicha documental podrá ser destruida junto con el expediente. Para lo cual deberá presentarse en este órgano jurisdiccional haciendo uso del proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 15 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese; y por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Agréguense los escritos de cuenta signados por la tercera interesada, en los que manifiesta su conformidad con el acuerdo dictado por la Juez Primero de lo Familiar, en el juicio de origen, y en el segundo de los de cuenta, además, con el que aclara que su nombre completo y correcto es *, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Luego, visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba y manifestaciones que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. En primer término, es menester precisar que el quince de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en auxilio de este juzgado, dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para: "Que la Juez Primero de lo Familiar de San Luis Potosí, ... Inconforme con tal determinación, la parte quejosa por conducto de su abogado autorizado en términos amplios, así como la parte tercera interesada interpusieron el recurso revisión y de revisión adhesiva, respectivamente, respecto de los cuales tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el cual mediante fallo de veintiocho de mayo del presente año, confirmó el aludido fallo, declarando infundado el recurso de revisión adhesiva; y concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Testimonio el anterior, que se recibió con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, ordenándose requerir a la autoridad responsable para que informara el cumplimiento respectivo. En virtud de lo anterior, mediante oficio recibido en este juzgado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la Juez Primero de lo Familiar, transcribió la determinación emitida el veinticinco del mismo mes y año, dentro del juicio ordinario civil por reconocimiento judicial de paternidad 1034/2018, en la que, en lo conducente, dijo: "En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, SE DEJA INSUBSISTENTE la determinación de 28 veintiocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve, únicamente por lo que hace a la admisión de la prueba pericial de ácido desoxirribonucleico (ADN), ordenada sobre ; por tanto, en base a (sic) los lineamientos establecidos en el fallo protector, se emite otra determinación en los términos siguientes: 'San Luis Potosí, S.L.P., a 28 veintiocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve. .Ahora bien, respecto a la prueba pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico (ADN), con fundamento en los artículos 270, 280 fracción VII, 282, 284, 341, 342 y 373 BIS, del Código de Procedimientos Civiles, en relación con los numerales 229 y 234 del Código Familiar, se admite y califica de legal, al ser pertinente y estar relacionada con los puntos controvertidos, en este caso, con el derecho de la actora a investigar su identidad biológica, de forma indirecta, es decir, a través de su progenitora, y de quienes asevera, son sus abuelos paternos, , pues ante la imposibilidad de realizar la prueba de mérito a quien afirma fue su padre, debido a que éste ya falleció, es que resulta pertinente el desahogo de la pericial en comento, pues ello permitirá establecer y verificar el vínculo de parentesco por consanguinidad entre los presuntos abuelos paternos y su nieta, se insiste, ante la ausencia de la persona a quien la actora atribuye la paternidad, partiendo de la base de que, en cualquier persona, la mitad del genoma procede del padre y la otra mitad de la madre, por lo que, si un hijo hereda la mitad de su ADN de uno de sus padres y la otra mitad del otro, se debería encontrar cada una de esas mitades en el ADN que contienen las parejas de abuelos de cada rama familiar, en este caso, la de los progenitores del presunto padre ausente. .Ahora bien, tomando en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 81/2002- PS, estableció que el auto que ordena el desahogo de la prueba pericial en genética debe ser considerado como un acto de imposible reparación, que puede afectar los derechos fundamentales del individuo, ya que para desahogarla es necesario la toma de muestras de tejido celular a partir del cual es posible determinar la huella de identificación genética, lo cual permitirá establecer no sólo la existencia de un vínculo de parentesco, sino otras características genéticas inherentes a la persona, que pueden poner al descubierto otro tipo de condición genética hereditaria que pertenezca a la más absoluta intimidad del ser humano; asimismo, determinó que permitir que se practique la prueba pericial genética en una persona, sin ninguna restricción, podría traducirse en invasión a su intimidad como ser humano; una intromisión a su individualidad, poniendo al descubierto aspectos o características genéticas ajenas a la litis sobre los derechos de paternidad que en su caso se ventilen, pero que puedan quedar de manifiesto a través de dictámenes periciales que en su momento se rindan, y obrar en autos, donde todo aquel que tenga acceso al expediente podrá imponerse de su contenido, con lo cual se vería burlado el derecho a la intimidad y, en alguna medida, el derecho a la libertad y a la integridad física, se hace necesario dejar establecido lo siguiente: 1. El desahogo de la prueba pericial de mérito deberá constreñirse, exclusivamente, a la comparación de las características en la huella genética de la oferente de la prueba, la madre de ésta, y los presuntos abuelos paternos, para encontrar si existe o no coincidencia ostensible en las huellas genéticas sujetas a verificación y análisis. 2. Queda prohibido al especialista que realice el dictamen, bajo pena de responsabilidad, poner al descubierto cualquier aspecto, característica o condición genética u hormonal, relacionada con aspectos patológicos, hereditarios o algunas tendencias o proclividad a determinadas conductas, que no tengan relación con los extremos precisados en el punto anterior y que pertenezcan a la más absoluta intimidad del ser humano, pero que puedan quedar de manifiesto a través del examen de la huella genética de los individuos sujetos a examen. 3. Las muestras de material biológico que deberán ser tomadas a las personas a examinar para determinar la huella de identificación genética, deberá llevarse a cabo mediante recolección de saliva, dado que este método se considera mínimamente invasivo e indoloro, ello, a efecto de salvaguardar su derecho a la intimidad y, en alguna medida, el derecho a su libertad y a su integridad física.". De lo anterior se desprende que, la responsable, en principio (i) dejó insubsistente la determinación de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en dicho juicio, únicamente por lo que hace a la admisión de la prueba pericial de ácido desoxirribonucleico (ADN) y que, en su lugar, y siguiendo los lineamientos marcados en la sentencia de amparo, determinó con plenitud de jurisdicción admitir la prueba aludida, fundamentando y motivando la misma, (ii) al exponer las razones por las que se admitía la misma, (iii) explicando por qué debía practicarse en el quejoso, (iv) limitando su objetivo, sólo para verificar la existencia del vínculo materia de la litis y además, (v) precisando qué muestras son las que se debían tomar en las personas sujetas a dicha probanza. Ante tal situación, este juzgado considera que con el actuar de la autoridad responsable se obtiene el cumplimiento del fallo protector, pues es evidente que se restituyó al disconforme en el goce de sus derechos infringidos; motivo por el que, con apoyo en lo establecido por el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede declararlo cumplido. Resulta aplicable, la Jurisprudencia publicada con la clave 2ª./CXIV/97, en la página 414, del Tomo VI, octubre de 1997, Novena Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y personalmente a las partes.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguense los escritos de cuenta signados por la tercera interesada, en los que manifiesta su conformidad con el acuerdo dictado por la Juez Primero de lo Familiar, en el juicio de origen, y en el segundo de los de cuenta, además, con el que aclara que su nombre completo y correcto es *, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Luego, visto el estado que guardan los autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y tomando en consideración los elementos de prueba y manifestaciones que obran en este expediente, este Juzgado procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. En primer término, es menester precisar que el quince de mayo de dos mil diecinueve, el Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Mazatlán, Sinaloa, en auxilio de este juzgado, dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para: "Que la Juez Primero de lo Familiar de San Luis Potosí, ... Inconforme con tal determinación, la parte quejosa por conducto de su abogado autorizado en términos amplios, así como la parte tercera interesada interpusieron el recurso revisión y de revisión adhesiva, respectivamente, respecto de los cuales tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el cual mediante fallo de veintiocho de mayo del presente año, confirmó el aludido fallo, declarando infundado el recurso de revisión adhesiva; y concediendo el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Testimonio el anterior, que se recibió con fecha siete de septiembre de dos mil veinte, ordenándose requerir a la autoridad responsable para que informara el cumplimiento respectivo. En virtud de lo anterior, mediante oficio recibido en este juzgado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, la Juez Primero de lo Familiar, transcribió la determinación emitida el veinticinco del mismo mes y año, dentro del juicio ordinario civil por reconocimiento judicial de paternidad 1034/2018, en la que, en lo conducente, dijo: "En esas condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, SE DEJA INSUBSISTENTE la determinación de 28 veintiocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve, únicamente por lo que hace a la admisión de la prueba pericial de ácido desoxirribonucleico (ADN), ordenada sobre ; por tanto, en base a (sic) los lineamientos establecidos en el fallo protector, se emite otra determinación en los términos siguientes: 'San Luis Potosí, S.L.P., a 28 veintiocho de febrero de 2019 dos mil diecinueve. .Ahora bien, respecto a la prueba pericial en genética molecular del ácido desoxirribonucleico (ADN), con fundamento en los artículos 270, 280 fracción VII, 282, 284, 341, 342 y 373 BIS, del Código de Procedimientos Civiles, en relación con los numerales 229 y 234 del Código Familiar, se admite y califica de legal, al ser pertinente y estar relacionada con los puntos controvertidos, en este caso, con el derecho de la actora a investigar su identidad biológica, de forma indirecta, es decir, a través de su progenitora, y de quienes asevera, son sus abuelos paternos, , pues ante la imposibilidad de realizar la prueba de mérito a quien afirma fue su padre, debido a que éste ya falleció, es que resulta pertinente el desahogo de la pericial en comento, pues ello permitirá establecer y verificar el vínculo de parentesco por consanguinidad entre los presuntos abuelos paternos y su nieta, se insiste, ante la ausencia de la persona a quien la actora atribuye la paternidad, partiendo de la base de que, en cualquier persona, la mitad del genoma procede del padre y la otra mitad de la madre, por lo que, si un hijo hereda la mitad de su ADN de uno de sus padres y la otra mitad del otro, se debería encontrar cada una de esas mitades en el ADN que contienen las parejas de abuelos de cada rama familiar, en este caso, la de los progenitores del presunto padre ausente. .Ahora bien, tomando en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 81/2002- PS, estableció que el auto que ordena el desahogo de la prueba pericial en genética debe ser considerado como un acto de imposible reparación, que puede afectar los derechos fundamentales del individuo, ya que para desahogarla es necesario la toma de muestras de tejido celular a partir del cual es posible determinar la huella de identificación genética, lo cual permitirá establecer no sólo la existencia de un vínculo de parentesco, sino otras características genéticas inherentes a la persona, que pueden poner al descubierto otro tipo de condición genética hereditaria que pertenezca a la más absoluta intimidad del ser humano; asimismo, determinó que permitir que se practique la prueba pericial genética en una persona, sin ninguna restricción, podría traducirse en invasión a su intimidad como ser humano; una intromisión a su individualidad, poniendo al descubierto aspectos o características genéticas ajenas a la litis sobre los derechos de paternidad que en su caso se ventilen, pero que puedan quedar de manifiesto a través de dictámenes periciales que en su momento se rindan, y obrar en autos, donde todo aquel que tenga acceso al expediente podrá imponerse de su contenido, con lo cual se vería burlado el derecho a la intimidad y, en alguna medida, el derecho a la libertad y a la integridad física, se hace necesario dejar establecido lo siguiente: 1. El desahogo de la prueba pericial de mérito deberá constreñirse, exclusivamente, a la comparación de las características en la huella genética de la oferente de la prueba, la madre de ésta, y los presuntos abuelos paternos, para encontrar si existe o no coincidencia ostensible en las huellas genéticas sujetas a verificación y análisis. 2. Queda prohibido al especialista que realice el dictamen, bajo pena de responsabilidad, poner al descubierto cualquier aspecto, característica o condición genética u hormonal, relacionada con aspectos patológicos, hereditarios o algunas tendencias o proclividad a determinadas conductas, que no tengan relación con los extremos precisados en el punto anterior y que pertenezcan a la más absoluta intimidad del ser humano, pero que puedan quedar de manifiesto a través del examen de la huella genética de los individuos sujetos a examen. 3. Las muestras de material biológico que deberán ser tomadas a las personas a examinar para determinar la huella de identificación genética, deberá llevarse a cabo mediante recolección de saliva, dado que este método se considera mínimamente invasivo e indoloro, ello, a efecto de salvaguardar su derecho a la intimidad y, en alguna medida, el derecho a su libertad y a su integridad física.". De lo anterior se desprende que, la responsable, en principio (i) dejó insubsistente la determinación de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada en dicho juicio, únicamente por lo que hace a la admisión de la prueba pericial de ácido desoxirribonucleico (ADN) y que, en su lugar, y siguiendo los lineamientos marcados en la sentencia de amparo, determinó con plenitud de jurisdicción admitir la prueba aludida, fundamentando y motivando la misma, (ii) al exponer las razones por las que se admitía la misma, (iii) explicando por qué debía practicarse en el quejoso, (iv) limitando su objetivo, sólo para verificar la existencia del vínculo materia de la litis y además, (v) precisando qué muestras son las que se debían tomar en las personas sujetas a dicha probanza.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de octubre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Primero del Ramo Familiar de esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dése vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga, corriéndoles traslado con copia del oficio de que se trata; en la inteligencia de que transcurrido dicho término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Notifíquese personalmente.

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