Ramiro Luviano Salinas

Expediente 629/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
629/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • Ramiro Luviano Salinas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y anexo que acompaña; en consecuencia, se tiene por recibido el testimonio de la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja civil 262/2019, en la que se resuelve: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja". Ahora bien, archívese como asunto concluido el presente expediente. Por otra parte, este asunto es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental.

  2. Principal

    TRIBUNAL COLEGIADO ADMITE RECURSO DE QUEJA

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el escrito de cuenta signando por el quejoso Ramiro Luviano Salinas, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase informe, manifestando que es cierto el auto recurrido, toda vez que este órgano judicial, en la fecha indicada, emitió el proveído a que hace alusión el promovente. Ahora bien, con fundamento en el artículo 100 de la ley en mención, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en Turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el expediente en que se actúa. Finalmente, mediante atento oficio que al efecto se gire a la Superioridad en comento, envíese el escrito original del recurso interpuesto y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción e infórmese sobre la materia de la queja. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Ramiro Luviano Salinas, por su propio derecho, contra actos del Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, que estima es violatorio de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 14 y 17 de la Constitución General de la República, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 629/2019-IV. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es necesario precisar el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. Ello mediante el análisis integral de la demanda de amparo y sus escritos aclaratorios a efecto de determinar la intención de la parte quejosa, en términos del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 55/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Igualmente debe tenerse en cuenta que tal determinación ha de realizarse prescindiendo de los calificativos y apreciaciones valorativas que la quejosa les atribuya, pues esto último corresponde a la evaluación de los actos reclamados que dicha parte interesada efectuó, a la cual -por consiguiente- no se encuentra vinculado el juez de amparo, en tanto que su función jurisdiccional implica efectuar -precisamente- el análisis correspondiente. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio contenido en la jurisprudencia 9 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima época, tomo VI, Apéndice 2000, página 11, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama en esta instancia constitucional: - El proveído que le fue notificado el veintinueve de mayo de dos mi diecinueve, a través del cual el Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, desechó el recurso de queja interpuesto en contra del acuerdo pronunciado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, por el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, en autos del juicio hipotecario 1081/2018 de su índice, a través del cual negó la admisión de la denuncia del juicio a terceros. Ahora, de las manifestaciones formuladas por el quejoso en su ocurso de demanda, bajo protesta de decir verdad, se desprenden como antecedentes de dicho acto los siguientes: a) Liliana Guadalupe Rivera Leyva, apoderada general para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, demandó en juicio hipotecario al aquí quejoso, tocando conocer de dicho asunto al Juzgado Tercero del Ramo Civil en esta ciudad, quien lo radicó bajo el número 1081/2018. b) Mediante proveído de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez A quo determinó la no admisión de la denuncia del juico a terceros. c) Inconforme con dicha determinación, el aquí quejoso interpuso en su contra recurso de queja. d) Así, mediante proveído que le fue notificado el veintinueve de mayo de dos mi diecinueve, el Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, desechó el aludido recurso impugnación. La anterior determinación constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. En el caso particular, por lo que se refiere al referido acto reclamado, el suscrito considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Dichos preceptos en su orden previenen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Una interpretación en sentido contrario de la referida fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, conduce a la conclusión de que el juicio de amparo será improcedente cuando se reclamen actos en un juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución irreparable, es decir, aquellos que se refieran a cuestiones procesales que no afecten materialmente un derecho sustantivo particular. Cabe destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), sustentada al resolver la contradicción de tesis 377/2013, adujó que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Que derivado de lo anterior, puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que en la especie el quejoso reclama el proveído que le fue notificado el veintinueve de mayo de dos mi diecinueve, a través del cual el Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, desechó el recurso de queja interpuesto en contra del acuerdo pronunciado el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, por el Juez Tercero del Ramo Civil de esta ciudad, en autos del juicio hipotecario 1081/2018 de su índice, a través del cual negó la admisión de la denuncia del juicio a terceros; juicio en el cual no se ha dictado sentencia definitiva o resolución que ponga fin a dicho procedimiento jurisdiccional. De lo hasta aquí expuesto se deduce que el juicio de amparo que se intenta es improcedente, toda vez que las consecuencias del acto reclamado, por el momento no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, puesto que la determinación combatida no afecta de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos del quejoso. Se afirma lo anterior, pues dicha determinación reclamada que desechó el recurso de queja interpuesto por el quejoso en contra de proveído emitido en el juicio de origen cuya consecuencia se traduce en la negativa a llamar a juico a un tercero, a efecto de que en un momento dado le perjudique la sentencia que en él se dicte, solo tiene por efecto, precisamente, continuar con el procedimiento jurisdiccional de origen en contra de quienes se les reconoció el carácter de demandados; de modo que aquella sola circunstancia (desechamiento del recurso de queja) no afecta materialmente derechos sustantivos como son la vida, la libertad o sus posesiones, sino que la violación que en su caso produjera tiene efectos formales o intraprocesales, pues como se señaló, únicamente tiene como consecuencia inmediata continuar con el juicio de origen en contra de la parte demandada, hasta el dictado de una sentencia en la que se decida en lo principal, de donde deviene evidente que ello únicamente implica infracciones a derechos adjetivos que producen efectos meramente intraprocesales. De ahí la improcedencia del amparo indirecto que se promueve en su contra, toda vez que en el caso de que el juicio de donde deriva el acto reclamado se resuelva de manera favorable a los intereses de la parte quejosa, la violación de la que ahora se duele desaparecería de la realidad sin dejar huella en su esfera jurídica, y en caso contrario, sería susceptible de impugnarse a través del medio de defensa correspondiente, que en su caso se interponga contra el fallo respectivo, e inclusive, mediante el juicio de amparo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, en la cual podrá hacer valer como violación procesal la negativa a llamar a juicio a terceros, siempre que se hayan reunido las condiciones para ello, previstas en el artículo 171 de la Ley de Amparo; razón por la cual, no puede establecerse que el acto reclamado afecte en forma inmediata y material derechos sustantivos de la parte solicitante del amparo. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 370/2017, en sesión de treinta de octubre de dos mil dieciocho, que dice: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza." Cabe precisar que de acuerdo con el engrose oficial de dicha contradicción de tesis, consultable en la página de internet "http://mxscjnbiblio.scjn.pjf.gob.mx/Tematica/Detalle.aspx?AsuntoID=225175", se desprenden las siguientes consideraciones: "Atendiendo a lo anterior, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte colige que el acto emitido por la autoridad jurisdiccional que niega llamar a juicio a un tercero, no es de "imposible reparación" para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es así, pues si bien al resolverse la contradicción de tesis 86/2008-PS, bajo la Ley de Amparo abrogada -de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 102/2008-, la Primera Sala sostuvo que el auto o resolución que no admite la denuncia del juicio a terceros "violenta la garantía a la administración de justicia pronta", pues "cuando un órgano jurisdiccional se abstiene de admitir y dar trámite a una promoción o solicitud de las partes, afecta de manera cierta, directa e inmediata el derecho a la jurisdicción", y, por ende, la negativa a admitir y dar trámite a una denuncia del juicio a terceros "no constituye una violación procesal susceptible de desaparecer cuando se emita sentencia definitiva, en virtud de que el tiempo transcurrido sin que el juzgador actúe no podrá ser objeto de restitución posterior". Lo cierto es que la referida afectación no tiene el alcance de hacer procedente el juicio de amparo indirecto, en tanto que dicha lesión no reviste de la naturaleza "material" necesaria para ser considerada como un verdadero acto de imposible reparación, en términos del precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente. En efecto, el mero hecho de que algún acto u omisión por parte de un órgano jurisdiccional afecte la prontitud o celeridad con la que deben llevarse a cabo los juicios, no implica de suyo, que se está frente a un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, salvo casos verdaderamente excepcionales. Es así, pues debe recordarse que, tal y como lo sostuvo este Alto Tribunal al resolver la referida contradicción de tesis 377/2013, si una de las motivaciones de la reforma constitucional fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, "debe estimarse que la interpretación más acorde con este propósito, es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional", de tal suerte que "sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza", en espera de que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo. Por ende, si el legislador federal, en uso de su facultad configurativa, decidió "acotar" la noción de los actos de imposible reparación, a fin de que sólo en casos verdaderamente excepcionales los gobernados puedan combatir mediante el juicio de amparo indirecto actos intraprocesales, resulta inconcuso que, por regla general, la sola afectación a la celeridad o prontitud de los procedimientos jurisdiccionales es insuficiente para actualizar la hipótesis contenida en el precepto 107, fracción V, de la ley de la materia. Máxime que, estimar lo contrario, conllevaría a aceptar que, prácticamente, cualquier actuación dilatoria en la administración de justicia o abstención de admitir y dar trámite a una promoción o solicitud de las partes -y cuya ilegalidad tendría como efecto que se mande a reponer el procedimiento-, podría ser combatida mediante el juicio de amparo indirecto, por estimarse que resulta lesiva al derecho a la justicia pronta. Con lo cual, indefectiblemente, se vaciaría de contenido la finalidad que tuvo el legislador federal, consistente en dotar de verdadera excepcionalidad a la hipótesis de procedencia de la acción constitucional prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, ya que facilitaría la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios, pretextándose la violación al acceso a la justicia pronta. En consecuencia, es dable colegir que, por regla general, los actos dictados dentro de un juicio que presuntamente generen una afectación a la celeridad o expedites del proceso, no son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo indirecto. Ilustra lo anterior, de manera análoga, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), que es del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Al respecto, debe decirse que el especificar cuáles son los supuestos específicos de excepción para la procedencia del amparo indirecto contra actos intraprocesales que afectan el derecho a la justicia pronta, excede la materia de la presente contradicción de tesis, ya que ello deberá ser valorado en cada caso, acorde con la naturaleza de esa afectación y a las consecuencias que, en su caso, produce en la esfera jurídica del justiciable. El propósito de los anteriores razonamientos no es otro que el demostrar que, contrario a lo resuelto por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, el hecho de que en la jurisprudencia 1a./J. 102/2008, intitulada: "DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS SOLICITADA POR CUALQUIERA DE LAS PARTES PROCESALES (ACTOR O DEMANDADO). EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", se haya establecido que la negativa de llamar a un tercero a juicio "violenta la garantía a la administración de justicia pronta contenida en el artículo 17 constitucional"; en forma alguna conlleva a que, derivado de tal afectación, se actualice la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, para la procedencia del amparo indirecto. Es así, pues es menester que la referida violación sea de naturaleza "material" y no puramente, formal o adjetiva; cuestión que no acontece respecto a la negativa de llamar a juicio a un tercero; pues resulta inconcuso que tal acto únicamente depara consecuencias dentro del procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud de tal juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable, más allá de lo meramente procedimental. Siendo que, como lo sostuvo uno de los órganos colegiados contendientes, aun cuando la determinación de la negativa de llamar a juicio a un tercero no sea abordada en la sentencia definitiva, en caso de combatirla como violación procesal en la vía directa y concederse el amparo solicitado, se dejaría insubsistente y se ordenaría llamar al tercero; subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario. Y si bien es cierto que con la referida reposición del procedimiento se generaría una afectación a la justicia pronta, también lo es que dicho menoscabo no participa de la naturaleza material necesaria para generarse el supuesto de procedencia excepcional del amparo indirecto, en tanto que, se insiste, únicamente depara afectaciones a la celeridad o prontitud que debe revestir el juicio, pero no genera consecuencias para la persona o bienes del justiciable que trasciendan a las cuestiones meramente procedimentales; de ahí que se concluye que tal acto no es de imposible reparación, en términos del precepto 107, fracción V, de la ley de la materia. A mayor abundamiento, el Pleno de este Alto Tribunal considera que dicha interpretación es la más acorde con el propósito al que está llamado a salvaguardar la nueva redacción del citado artículo de la Ley de Amparo, a saber, "evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional"; lo cual no podría cumplimentarse si se estimara que la negativa de llamar a juicio a un tercero pudiera ser combatida a través del juicio de amparo indirecto -por el contrario, la interposición de múltiples juicios de amparo contra actos intraprocesales, lejos de permitir salvaguardar ese derecho, podría traducirse también en una afrenta a la prontitud de la justicia, al retrasar el dictado del fallo definitivo en el juicio ordinario respectivo-. Pues como se ha reiterado, la afectación a la celeridad o expedites que en todo caso depare tal actuar jurisdiccional, no tiene sino repercusiones dentro del propio procedimiento -esto es, no trasciende a la persona o bienes del propio gobernado, más allá de lo meramente procedimental-; de ahí que tal acto de autoridad debe concebirse dentro de la regla general consistente en que, los actos dictados dentro de un juicio ordinario no pueden considerarse como de ejecución irreparable, pues no se tratan de conductas autónomas al procedimiento en el que se encuentra el justiciable, sino que se dan justamente dentro del mismo." Adquiere aplicación por analogía la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.) sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia número 175 de la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, publicada en la página 144, del tomo VI del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B) CONSTITUCIONAL.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto contra "actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." En la misma tesitura, adquiere aplicación la tesis P./J. 24/92, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País, localizable en la página 11, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En consecuencia, como el acto reclamado no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, ni adjetivos de imposible reparación, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia, a contrario sensu, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que se indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente al promovente."

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