Ramón Antonio Castro Medina
Expediente 495/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 495/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Ramón Antonio Castro Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el oficio número 22561/2023, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con domicilio en Culiacán, mediante el cual manifiesta que por auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, acepto la competencia declinada. Atento a lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 19, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que se trata de un asunto referente a un cuaderno de antecedentes, derivado del auto de ********************, mediante el cual este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo. En consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de seis meses contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 19, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Técnico de Enlace Administrativo de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, encargado por vacaciones del titular, por medio del cual en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado en auto de dos de agosto de dos mil veintitrés, manifiesta que los autos originales del presente juicio fueron turnados al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, para lo cual adjunta la papeleta correspondiente; agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes. Por tanto, considerando el estado de los autos de los que se advierte que a la fecha no se tiene noticia si el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, aceptó la competencia declinada por este juzgado, en auto de catorce de julio de dos mil veintitrés; por tanto solicítese a dicho juzgado, para que informe a este órgano de control constitucional, lo antes citado, para estar en condiciones de proveer lo correspondiente en el presente cuaderno de antecedentes. Por lo que respecta al oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en Culiacán, Sinaloa, mediante el cual rinde informe justificado; agréguese a los presentes autos sin mayor proveído, reservándose acordar lo conducente, hasta en tanto se sepa con exactitud si el juzgado citado en el párrafo anterior aceptó la competencia planteada por este juzgado.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, dos de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense las papeletas que remite por correo electrónico la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante las cuales comunica que turnó el expediente 495/2023-5A, al Juzgado Segundo de Distrito y al Juzgado Tercero de Distrito, ambos en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Sinaloa. En atención a lo anterior, a fin de saber con exactitud a qué juzgado se turnó el cuaderno relativo al juicio de amparo señalado al rubro, requiérase al Jefe de Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, para que informe a qué órgano judicial fue turnado dicho expediente (495/2023), si al Juzgado Segundo o al Juzgado Tercero de Distrito, antes señalados.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, catorce de julio dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los presentes autos, de los que se advierte que el acto reclamado es: ". IV. ACTO RECLAMADO 1. LA OMISIÓN DE REQUEIR DE OFICIO AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EL INFORME JUSTIFICADO, EN RELACIÓN A LA PRUEBA DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME ALLEGADA POR EL SUSCRITO EN EL JUICIO DE ORIGEN 1329/2017, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 883, 884 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 2. COMO ACTO FUTURO INMINENTE, LA DE INSTRUIR AL PERSONAL A SU CARGO, A EFECTO DE QUE MATERIALMENTE EJECUTEN TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REQUERIR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y SI NO CUMPLIERE, TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE COMUNIQUE AL SUPERIOR INMEDIATO A EFECTO DE QUE APLIQUE LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 883, 884 FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO EXPEDIENTE PRINCIPAL 1329/2017. 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS 3. LA OMISIÓN DE LLEVAR A CABO EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE DESAHOGO DE PRUEBAS DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS FIJADOS EN LA ÚLTIMA PARTE DEL ARTÍCULO 883 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LLEVAR A CABO EL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DEL EXPEDIENTE NATURAL 1329/2017, EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS FIJADOS POR LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. ." Ahora, los actos reclamados antes transcritos, se le reclaman a la siguiente autoridad: ". III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Lo son las: H. JUNTA ESPECIAL No. 35 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO." La citada autoridad tiene su domicilio en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Atento lo anterior, este Juzgador, estima que el competente para seguir conociendo del presente juicio de amparo y a quien, por lo tanto, deberán remitirse los autos a fin de que se avoque a su resolución, es al juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en turno. Ahora, para determinar la competencia territorial, es necesario recurrir a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece textualmente: 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS Juicio de amparo 495/2023-5A??????????????? "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El dispositivo trascrito establece tres criterios generales para determinar la competencia del juez al que corresponde, territorialmente, conocer del juicio de amparo de que se trate, a saber: a) atendiendo a si éste debe tener ejecución; b) considerando si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro; y c) tomando en cuenta si el acto reclamado no requiere ejecución material. En la especie, el reclamo se relaciona con la omisión de girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social para que éste rinda la documental en vía de informe ofrecida por la parte actora, aquí quejosa, además que no se han llevado a cabo las medidas necesarias para que el superior jerárquico del citado Instituto aplique las sanciones correspondientes, finalmente, también se reclama que la junta responsable ha sido omisa en llevar a cabo la audiencia de desahogo de pruebas, dentro de los plazos señalados en la Ley Federal del Trabajo. En esas condiciones, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, por razón territorial, debe fincarse a favor del juez de Distrito del lugar en donde se despliega el 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS proceso laboral del actor, aquí quejoso, y no así el del lugar donde reside éste, pues ello puede estar determinado por aspectos incluso de cuestiones personales o de trabajo, de modo que puede ocurrir que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre residiendo el quejoso y posteriormente se traslade a otro lugar. De ahí que no sea el lugar de residencia del quejoso el que determine la jurisdicción rectora, cuenta habida de que es una omisión que tiene ejecución material ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona a recibir justicia de manera pronta y expedita que se contiene en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; máxime que no se señala alguna autoridad responsable con residencia en el ámbito de competencia territorial de este Juzgado de Distrito. La conclusión antes señala, encuentra sustento, de forma analógica, en lo discutido y aprobado en la sesión pública ordinaria de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el tres de mayo de dos mil veintitrés, en la que estableció que el acto negativo consistente en la omisión del dictado del laudo sí tiene ejecución material; por lo que el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto así como las omisiones derivados del mismo será aquel que tenga residencia en el lugar de la junta laboral que debe emitir el laudo respectivo, como en el caso acontece. La determinación antes precisada se advierte de la versión informativa y síntesis que se obtuvo de la página en 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS Juicio de amparo 495/2023-5A??????????????? internet con la siguiente liga ATAQ-03-05- 2023.pdf (scjn.gob.mx) cuyo extracto se visualiza de la siguiente manera: ". SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SEGUNDA SALA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 3 DE MAYO DE 2023. ASISTENCIA: PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO: ALBERTO PÉREZ DAYÁN SEÑORA MINISTRA Y SEÑORES MINISTROS: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA LUIS MARÍA AGUILAR MORALES JAVIER LAYNEZ POTISEK LORETTA ORTIZ AHLF ASUNTO NÚMERO 20 CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 1/2023 El proyecto propone: PRIMERO. EXISTE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS DENUNCIADA. SEGUNDO. DEBE PREVALECER CON CARÁCTER DE JURISPRUDENCIA EL CRITERIO SUSTENTADO POR ESTA SEGUNDA SALA. 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS TERCERO. PUBLÍQUESE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA QUE SE SUSTENTA EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 219 Y 220 DE LA LEY DE AMPARO. NOTIFÍQUESE; . Se informa que el criterio que en su oportunidad será aprobado, se orienta en el sentido de que la omisión del dictado del laudo si tiene ejecución material, por lo que el juez de distrito, competente para conocer de la demanda de amparo indirecto en que se reclame ese acto será aquel que tenga residencia en el lugar de la junta laboral que debe emitir el laudo respectivo." Lo antes dicho, y que se obtuvo de la página oficial del Máximo Tribunal del país, constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito. Sirve de apoyo a lo antes dicho, la jurisprudencia 2ª./J.27/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 117, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, correspondiente al mes de julio de 1997, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. Como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia integran tanto el Pleno como las Salas, al resolver los juicios que a cada órgano corresponda, pueden válidamente invocar, de oficio, como hechos notorios, en términos del artículo 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS Juicio de amparo 495/2023-5A??????????????? 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las resoluciones que emitan aquéllos, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, sin que resulte necesaria la certificación de la misma, bastando que se tenga a la vista dicha ejecutoria, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial." Finalmente, en cuanto al tema de incompetencia aquí planteado, también sirve de sustento, aplicada por analogía, la jurisprudencia 1ª./J.24/2021, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 1873, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, correspondiente al mes de septiembre de 2021, Tomo II, Undécima Época, con el rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL). Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos relativos a si dicha omisión es o no un acto que requiere ejecución material a fin de determinar cuál sería el órgano jurisdiccional competente. Un tribunal consideró que ese acto es uno omisivo con efectos positivos, por lo que el órgano de amparo competente es el del lugar en donde 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS se tramita el proceso penal; en cambio, el otro tribunal sostuvo que ese acto es omisivo, sin efectos materiales, por lo que el órgano jurisdiccional competente será el del lugar en el que se presente la demanda, sin importar que sea un lugar distinto al que se tramite el proceso penal. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que no dictar sentencia en el proceso penal en un plazo razonable es una omisión con ejecución material, y por lo tanto se actualiza la regla de competencia prevista en el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo así, el órgano de amparo que ejerza jurisdicción en donde se ubique aquel que ha incumplido dicha obligación, será el competente para conocer de la demanda de amparo indirecto. Justificación: De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción VIII, y 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), todas las autoridades jurisdiccionales tienen la obligación de dictar con prontitud la resolución definitiva que resuelva el proceso. Incumplir con este mandato, genera una omisión con consecuencias materiales, ya que vulnera de manera directa el derecho que tiene toda persona imputada a recibir justicia de manera pronta y expedita. Por tanto, cuando se reclame dicha omisión en un juicio de amparo, pero la persona imputada esté guardando prisión preventiva en un centro penitenciario que reside en un lugar distinto al lugar en donde se encuentra el órgano jurisdiccional que esté llevando su proceso, la competencia para conocer del juicio recaerá en el órgano de amparo que ejerza jurisdicción sobre la autoridad que conoce del proceso penal. Lo anterior, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS Juicio de amparo 495/2023-5A??????????????? que se establece que la competencia -por razón de territorio- está definida por el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual en el caso es en donde se desarrolla el proceso penal de una persona privada de la libertad y no así por el lugar en donde acontece la ejecución de la prisión preventiva. Ello, porque esto último es una cuestión accidental susceptible de encontrarse determinada por aspectos incluso de distribución de espacios en los centros penitenciarios, ya que puede ocurrir el caso en que se finque competencia a un órgano jurisdiccional que esté en la residencia en la que en ese momento se encuentre interna la persona procesada y posteriormente sea trasladada a otro centro penitenciario." Se insiste, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, por razón territorial, debe fincarse a favor del juez de Distrito del lugar de radicación del expediente laboral, en observancia a la regla competencial prevista en el párrafo primero del transcribo artículo 37 de la Ley de Amparo; esto es, atento al lugar donde trata de ejecutarse, se ejecute o se ejecutó el acto impugnado, esto es, al juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en turno, dado que las omisiones incurridas por la responsable, durante la sustanciación del juicio laboral 1329/2017, se ejecutarán en dicha ciudad capital, de ahí que, debe observarse la regla competencial prevista en el párrafo primero del citado artículo 37 antes transcrito. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura 06/03/24 18:06:53 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.e6.3c RICARDO ENRIQUE DIAZ VARGAS Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que fue reformado por el diverso Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, el suscrito Juzgador de Distrito considera que carece de competencia legal para resolver este juicio de amparo por razón del territorio. En consecuencia, se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Amparo.
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