Ramon Alfonso Cota Quiñonez

Expediente 260/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
260/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
02/10/2019

Partes del expediente

  • Ramon Alfonso Cota Quiñonez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, respecto a la declaración que hizo este Juzgado en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con apoyo en la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Por tanto, de conformidad con la fracción III del Apartado Vigésimo Primero, Capítulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva respecto de unos actos reclamados y se negó con relación a otros, respectivamente, agréguese al presente expediente únicamente el original del incidente de suspensión, el cual es susceptible de depuración, por lo cual deberá conservarse la demanda de amparo y el auto inherentes a la suspensión provisional concedida en el incidente y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción, no así el duplicado, en virtud de que la fracción III del Apartado Vigésimo del Acuerdo General reseñado dispone que el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva. Ahora bien, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha siete de mayo de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO RAMON ALFONSO COTA, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de uno de agosto del presente año, de los oficios suscritos por las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Ramo Penal y Comandante de la Policía de Investigación del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Ramón Alfonso Cota Quiñonez; misma que causo ejecutoria el veintitrés de julio de dos mil diecinueve. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efectos de que la autoridad responsable, deberá realizar lo siguiente: Deje insubsistente la determinación reclamada en auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, emitida en los autos del expediente 890/2017; Para el caso de insistir en imponer el correctivo disciplinario deberá fundar y motivar debidamente su determinación, atendiendo las consideraciones analizadas. Al haberse concedido la protección constitucional por lo que hace al acto de la autoridad ordenadora, dicha protección se hace extensiva al acto de la ejecutora, en su caso. Es aplicable la tesis VI.2o. J/338, visible en la página 69 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 83, noviembre de 1994, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficios números 1923/2019 y 1443/2019, recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco y veintinueve de julio del año en curso, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal y Comandante de la Policía de Investigación del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, informaron el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, remite copia del auto de veintiséis de julio del presente año, donde dejó sin efecto la orden de arresto de fecha veinticinco de abril del presente año, emitida en el expediente 890/2017; asimismo, se giró oficio al Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para informarle que dejó sin efecto la orden de arresto que fue ordenado mediante oficio 1177/2019; la cual que se le dio vista a la quejosa, misma que le fue notificada por medio de lista, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Ramo Penal y Comandante de la Policía de Investigación del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, ".Deje insubsistente la determinación reclamada en auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, emitida en los autos del expediente 890/2017; Para el caso de insistir en imponer el correctivo disciplinario deberá fundar y motivar debidamente su determinación, atendiendo las consideraciones analizadas.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionarios del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de uno de agosto del presente año, de los oficios suscritos por las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Ramo Penal y Comandante de la Policía de Investigación del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Ramón Alfonso Cota Quiñonez; misma que causo ejecutoria el veintitrés de julio de dos mil diecinueve. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para efectos de que la autoridad responsable, deberá realizar lo siguiente: Deje insubsistente la determinación reclamada en auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, emitida en los autos del expediente 890/2017; Para el caso de insistir en imponer el correctivo disciplinario deberá fundar y motivar debidamente su determinación, atendiendo las consideraciones analizadas. Al haberse concedido la protección constitucional por lo que hace al acto de la autoridad ordenadora, dicha protección se hace extensiva al acto de la ejecutora, en su caso. Es aplicable la tesis VI.2o. J/338, visible en la página 69 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 83, noviembre de 1994, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Si la sentencia de amparo, considera violatoria de garantías una resolución, igual declaración debe hacerse respecto de los actos de autoridad que pretendan ejecutarla, si no se reclaman, especialmente, vicios de tal ejecución." Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficios números 1923/2019 y 1443/2019, recibidos en la oficialía de partes de este juzgado el veinticinco y veintinueve de julio del año en curso, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal y Comandante de la Policía de Investigación del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, informaron el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Asimismo, la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, con residencia en esta ciudad, remite copia del auto de veintiséis de julio del presente año, donde dejó sin efecto la orden de arresto de fecha veinticinco de abril del presente año, emitida en el expediente 890/2017; asimismo, se giró oficio al Comandante de la Policía de Investigación del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para informarle que dejó sin efecto la orden de arresto que fue ordenado mediante oficio 1177/2019; la cual que se le dio vista a la quejosa, misma que le fue notificada por medio de lista, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Ramo Penal y Comandante de la Policía de Investigación del Estado, ambos con residencia en esta ciudad, ".Deje insubsistente la determinación reclamada en auto de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, emitida en los autos del expediente 890/2017; Para el caso de insistir en imponer el correctivo disciplinario deberá fundar y motivar debidamente su determinación, atendiendo las consideraciones analizadas.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionarios del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguense los oficios de cuenta, suscritos por el Comandante de Policía de Investigación del Estado, Zona Norte y el Secretario Primero del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Ahome, ambos con residencia en esta ciudad, mediante los cuales comunican el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, dése vista con los mismos a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

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