Ramiro Vidal Jarquín Sánchez
Expediente 691/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- RAMIRO VIDAL JARQUÍN SÁNCHEZ y Otros.
- Ramiro Vidal Jarquín Sánchez
Actuaciones
- Principal
Mesa de Amparo VI-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Se declara que el acuerdo por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio ha causado estado. Archívese el expediente principal como asunto concluido. Como se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. De igual forma, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales... [...]. Hágase del conocimiento de las partes..., el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de julio de dos mil dieciocho. Con fundamento en los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguense el informe justificado y oficio descritos en la cuenta, ambos del agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Cuarta Investigadora Oaxaca y recíbanse las pruebas documentales que se anexan. Por otra parte, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que envió copia certificada del acuerdo dictado el siete de mayo de dos mil dieciocho, en la averiguación previa FED/OAX/OAX/0001565/2017, con el que indica haber dado respuesta a la petición formulada por el quejoso en el escrito de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho; acuerdo que, según lo manifiesta la autoridad responsable en el informe de cuenta, se le hizo del conocimiento al quejoso hasta el diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 173/2018; incluso el peticionario de amparo recibió las copias motivo de la petición en diligencia de veinticinco de julio de dos mil dieciocho Esta circunstancia conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues está probado que lo reclamado a la autoridad responsable cesó en sus efectos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto puedan considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, pueden consultarse los criterios jurisprudenciales de rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" y "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, el quejoso reclama del agente del Ministerio Público de la Federación titular de la Agencia Cuarta Investigadora Oaxaca, la omisión a acordar el escrito de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. En ese tenor, si en el presente juicio constitucional -como se anticipó- está probado que la autoridad responsable, mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil dieciocho, dictado en la averiguación previa FED/OAX/OAX/0001565/2017, acordó la petición formulada por el impetrante en el aludido escrito, queda claro que cesaron los efectos del acto reclamado. Esta determinación deriva de los criterios adoptados en las tesis de jurisprudencia citadas, en cuanto precisan el contenido de la causal de improcedencia prevista ahora en el artículo 61, fracción XXI de la nueva Ley de Amparo (antes artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada). Por tanto, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia con base en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable, por analogía la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En vista de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional (once horas con cincuenta minutos del uno de agosto de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Gonzalo Antonio De La Vega Vásquez, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2594/2018 de cinco de junio de dos mil dieciocho, suscrito por el secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la secretaria Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe. SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de julio de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 691/2018. Admisión. Con fundamento en los artículos 1°, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por Ramiro Vidal Jarquin Sánchez, contra el acto del agente del Ministerio Público, adscrito a la Agencia Cuarta Investigadora, Oaxaca, de la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Federal de la Procuraduría General de la República en el Estado de Oaxaca. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa. Solicitud de informes. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendir dentro del plazo de quince días. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, se sirva remitir copias autorizadas, legibles y completas de las constancias y actuaciones que tomó en consideración para emitirlo; apercibida de que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia, sanción económica que también le será aplicada en caso de que no rinda su informe justificado. Así también, deberá informar si el quejoso ha tramitado otros juicios de amparo contra los actos reclamados. Comunicación de causas de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo, en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento en el presente juicio, lo comunicarán de inmediato a este juzgado y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en caso de no cumplir con esta obligación, se le impondrá la multa a que se refiere el artículo 251 de la ley de la materia. Audiencia constitucional. Se señalan las once horas con cincuenta minutos del uno de agosto de dos mil dieciocho, para la audiencia constitucional. Emplazamiento al Ministerio Público de la Federación. Se otorga al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele una copia simple de la demanda. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la parte quejosa, la documental que exhibe junto con el escrito de demanda, la que desde este momento se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional; asimismo, se le tiene anunciando la prueba instrumental, presuncional legal y humana. Domicilio. Téngase al quejoso señalando como domicilio para recibir toda clase de notificaciones, el que indica en el escrito de demanda y como autorizado con las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Dilthey Martínez Martínez, por contar con cédula en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que el quejoso por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas en el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese. Lo proveyó y firma el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Leonel Medina Rubio, ante la secretaria Lizeth Ortiz Segura, que autoriza y da fe.
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