RAMIRO VIDAL JARQUÍN SÁNCHEZ y Otros.

Expediente 11/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
11/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/03/2019

Partes del expediente

  • RAMIRO VIDAL JARQUÍN SÁNCHEZ y Otros.
  • Ramiro Vidal Jarquín Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Mesa de Amparo II-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de marzo de dos mil diecinueve. En atención al estado procesal de los autos y a la primera de las certificaciones de cuenta se advierte que ya transcurrió el plazo de cinco días establecido por el dispositivo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del acuerdo que desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya ejercido su derecho a impugnar esa determinación... I. ...Se declara que dicho auto ha causado estado. II. ...Archívese este expediente como asunto concluido. III. ...Se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. IV. Se considera que este juicio carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado. V. De igual forma, se indica que conforme a la segunda certificación señalada en la nota de cuenta en este expediente no existen documentos considerados como originales... VI. Hágase del conocimiento de las partes... el presente asunto será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo se transferirá a la Dirección de Recepción, Tratamiento y Resguardo Documental del Centro de Manejo Documental y Digitalización del Consejo de la Judicatura Federal, para que después de transcurrido el lapso de cinco años contado a partir de que se ordenó su archivo se proceda a su destrucción. VII. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil diecinueve. De la diligencia de cuenta se advierte que el quejoso . . ., en atención al requerimiento formulado el veinticinco de enero del año en curso compareció a las instalaciones que albergan a este órgano jurisdiccional y reconoció como suya la firma que calzó en el escrito aclaratorio presentando el veinticuatro de enero pasado y ratificó su contenido; en consecuencia, se tiene por atendido el citado requerimiento y se dicta la determinación que corresponde al citado libelo. En ese contexto, del ocurso aclaratorio se desprende que el justiciable con motivo de la prevención efectuada el nueve de enero actual (i) precisa la solicitud que formuló en su escrito de petición que presentó ante la autoridad ministerial responsable el once de diciembre de dos mil dieciocho, (ii) señala bajo protesta de decir verdad que todos los hechos que relataron en la demanda constituyen los antecedentes de los actos reclamados y que sirven de fundamento a los conceptos de violación y (iii) manifiesta que tiene el carácter de ofendido en la carpeta de investigación L.IFED./OAX/001565/2017; por tanto, se tiene por cumplida la citada prevención y se emite el pronunciamiento relativo en cuanto al libelo inicial. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda presentada por Ramiro Vidal Jarquin Sánchez porque en relación con el acto reclamado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Cuarta Investigadora, Oaxaca de la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Federal de la Procuraduría General de la Republica, en el Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de acordar el escrito de petición de nueve de diciembre del año próximo pasado dentro la carpeta de investigación L.IFED./OAX/001565/2017, y su consecuencia jurídica materializada en la dilación en la integración de esa indagatoria se actualiza la causal de improcedencia prevista por el arábigo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el inconforme no observó el principio de definitividad que rige a este juicio constitucional, al no haber agotado de manera previa al ejercicio de la acción de amparo el medio de defensa innominado establecido por el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para evidenciar dicho aserto es necesario tener presente el contenido del precepto 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" Del tramo normativo inserto se advierte que el juicio constitucional es improcedente contra las resoluciones de los Tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Es decir, el dispositivo transcrito establece que el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad respecto de los actos provenientes de las autoridades jurisdiccionales. El aludido principio que rige al juicio constitucional implica que previo a la presentación de la demanda de amparo el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o los medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado, siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución materia de la impugnación. Debe destacarse que la razón por la que el legislador restringió el acceso al juicio de protección de los derechos fundamentales mediante la causal de improcedencia en estudio atiende a la finalidad de preservar la supremacía de la acción de amparo como instrumento protector del orden constitucional, el cual impide ejercerlo contra cualquier acto de autoridad que aun cuando surja de un procedimiento pudiera válidamente enmendarse a través de los recursos ordinarios que se prevén por la ley común, por medio de los cuales la potestad ordinaria podría revocarlo, anularlo o modificarlo, ya que de lo contrario el juicio de amparo se convertiría en un recurso más que el gobernado podría hacer valer a su elección, lo que de suyo resulta inadmisible. El indicado motivo de improcedencia no es absoluto, toda vez que en el propio dispositivo se establece la salvedad de que no opera cuando se esté dentro de los supuestos de excepción enumerados, ya que en dicha eventualidad el quejoso estará en aptitud de elegir entre hacer valer la acción constitucional, o bien, el recurso o medio de impugnación que conforme a la ley que rija al acto reclamado sea procedente. Cabe señalar que el supuesto de inejercitabilidad invocado obliga a acatar el citado principio sin distinguir la naturaleza de la autoridad responsable de quien se reclama el acto, por lo que su observancia opera tratándose de Tribunales judiciales (del Poder Judicial de la Federación cuando actúan como autoridad de instancia y los del fuero local, ya sean civiles o familiares), administrativos (Tribunales federales y locales de justicia administrativa, agrario, entre otros) o laborales (ya sea federales, locales o burocráticos). En ese contexto, el quejoso previo a instar a la Justicia Federal sobre el tópico de constitucionalidad derivado de un acto emanado de un ente judicial o que ejerce facultades materialmente jurisdiccionales debe agotar todas las instancias procesales tendentes a revocar, modificar, anular o invalidar el acto que se combate y una vez que con esos mecanismos ordinarios de defensa no se haya revertido los efectos del origen de la inconformidad procederá el ejercicio de la acción de amparo. Para los efectos del aludido principio se entiende que un recurso -horizontal o vertical- o medio ordinario de defensa debe agotarse únicamente cuando a través de ese mecanismo de impugnación el acto de autoridad pueda ser revocado -cambiar en su totalidad el criterio de la resolución recurrida-, modificado -hacer un cambio parcial de la resolución- o anulado -dejar insubsistente el acto de autoridad-; asimismo, debe precisarse que sólo se entenderá colmado este requisito de procedencia cuando el recurso o instancia legal que se haga valer se haya substanciado en todos sus términos hasta su resolución que lo dé por terminado. En esa línea, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto previamente deben agotarse los medios ordinarios de defensa que la ley prevea contra los actos acaecidos dentro del procedimiento, ya que de no hacerlo se actualizaría la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional a que se refiere el dispositivo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Enseguida debe destacarse que la aludida causal de improcedencia establece cuatro supuestos de excepción al principio de definitividad. La primera atañe a los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie no se actualizan esas hipótesis dado que los actos reclamados aun cuando emanan de un procedimiento penal tienen una naturaleza jurídica distinta a las actuaciones descritas. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o de reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en el proceso penal, mientras que la cuarta excepción se dirige al auto de vinculación a proceso, supuestos en los que tampoco se ubican los actos atacados en tanto que éstos no tienen como finalidad causar una afectación a la libertad personal del justiciable. La tercera que consiste en la posibilidad de que las personas extrañas al juicio de donde deriva el acto reclamado puedan solicitar la protección federal sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, la cual sólo opera cuando al quejoso le revista el carácter de persona extraña al juicio -es decir, que es ajeno a la relación jurídica procesal porque no es parte, pero sufre una afectación en su universo jurídico-, o bien, que se ostente como tercero extraño por equiparación -esto es, que aun cuando es parte en sentido formal no fue emplazado legalmente-, por lo que no sería factible obligarlo a interponer los medios de defensa en un procedimiento del que no tiene conocimiento, lo que tampoco sucede en la especie en razón de que el solicitante del amparo no se ubican en esos supuestos, dado que en la carpeta de investigación de origen tiene la calidad de parte ofendida y compareció a esa indagatoria a denunciar la comisión de diversos delitos, lo que revela que tuvo conocimiento de las actuaciones que integran dicho asunto. En ese sentido, es necesario destacar que el justiciable no se encuentra dentro de los casos de excepción descritos por la norma jurídica examinada que lo faculten para promover en forma inmediata el juicio de amparo sin agotar los recursos o los medios ordinarios de defensa que la ley que rige a los actos reclamados establece. Ahora, el disidente reclama al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Cuarta Investigadora, Oaxaca de la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Federal de la Procuraduría General de la Republica, en el Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de acordar el escrito de petición de nueve de diciembre del año próximo pasado dentro la carpeta de investigación L.IFED./OAX/001565/2017, y como consecuencia la dilación en la integración de esa indagatoria, actos en contra de los cuales procedía el medio de defensa innominado previsto por el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para evidenciar tal aserto en principio es necesario tener en cuenta que de acuerdo con lo establecido por el arábigo 211 del código invocado, el procedimiento penal está compuesto de las etapas siguientes: Primera. La fase de investigación, que abarca los estadios siguientes: a) la investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; y, b) la investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Segunda. La etapa intermedia o de preparación del juicio, que abarca desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Tercera. La fase de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Por otro lado, el normativo 21, primer y segundo párrafos, de la Constitución General de la República establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél cuando realice esa función y que el ejercicio de la acción penal ante los Tribunales es una facultad conferida al mencionado representante social. En otro punto, de los ordinales 212, 213, 214, 216 y 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierten los siguientes aspectos: La investigación de los hechos que revistan características de un delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. El Ministerio Público y la policía están obligados a proceder sin mayores requisitos a la investigación de los hechos de los que tengan noticia. Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio bastará para el inicio de la investigación la comunicación que haga cualquier persona, en la que se entere a la autoridad investigadora los hechos que pudieran ser constitutivos de un ilícito. Tratándose de informaciones anónimas la policía constatará la veracidad de los datos aportados mediante los actos de investigación que considere conducentes para este efecto. De confirmarse la información se iniciará la investigación correspondiente. Cuando la fiscalía tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho delictivo cuya persecución dependa de una querella o de cualquier otro requisito equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicará a ésta por escrito y de inmediato a fin de que resuelva lo que a sus facultades o atribuciones corresponda. La investigación tiene por objeto que el fiscal reúna los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba que le permitan sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados por la ley. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales. Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, así como la víctima u ofendido podrán solicitar al representante social todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. La solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de tres días siguientes a la fecha en que se haya formulado la petición al Ministerio Público. La autoridad investigadora podrá aplicar el criterio de oportunidad en los casos previstos por las disposiciones legales aplicables o no iniciar indagación alguna cuando resulte evidente que no hay delito que perseguir. Las decisiones del Ministerio Público serán impugnables en los términos que prevé la codificación señalada. A su vez, del contenido de los arábigos 16, décimo cuarto párrafo, y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna se obtiene que en el proceso penal acusatorio y oral la víctima o el ofendido tienen el derecho de impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño y para hacer viable el ejercicio de esa prerrogativa el Constituyente Permanente estableció que los Poderes Judiciales contarán con Jueces de Control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de las medidas cautelares, las providencias precautorias y las técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. En congruencia con esas bases constitucionales el legislador secundario dispuso en los normativos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en el procedimiento penal la víctima u ofendido tendrán el derecho de impugnar por sí o por medio de sus representantes, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos por ese ordenamiento y por las demás disposiciones legales aplicables; asimismo, estableció que las determinaciones del fiscal sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes podrán impugnarlas ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de la resolución correspondiente y que en estos casos el órgano jurisdiccional convocará a una audiencia para decidir en definitiva citando al efecto a la víctima u ofendido, al representante social y, en su caso, al imputado y a su defensor; por otro lado, dispuso que en el supuesto de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de que sean debidamente convocados, la autoridad judicial declarará sin materia la impugnación y la resolución que el órgano jurisdiccional dicte en las hipótesis señaladas no admitirá recurso alguno. En otro aspecto, es necesario señalar que el dieciocho de abril del año en curso, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló la contradicción de tesis 233/2017, en cuya ejecutoria estableció que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio son impugnables ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese contexto, señaló que los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del código invocado otorgan a la víctima u ofendido de un delito el derecho a impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del representante social en sus funciones de investigación, en los términos previstos en la propia codificación; asimismo, puntualizó que el arábigo 16, décimo cuarto párrafo, del Pacto Supremo, prevé que los Jueces de Control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el Alto Tribunal del País indicó que el dispositivo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; así, precisó que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones del representante social en la etapa de investigación encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. En esa línea argumentativa, el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación sostuvo que de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos citados se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del fiscal que definen el curso de una indagatoria es que al estimar que su actuación sea ilegal debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De acuerdo con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación del sistema penal acusatorio procede el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual -precisó- debe agotarse en cumplimiento al principio de defintividad que rige en el juicio de amparo. En ese sentido, la Superioridad puntualizó que de la interpretación sistemática y funcional de los preceptos 16, décimo cuarto párrafo y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el dispositivo 258 citado, cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del representante social que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por tanto, estableció que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto se debe agotar ese medio ordinario de defensa, en observancia al principio de definitividad. Las consideraciones establecidas en la ejecutoria dictada en el diferendo de criterios señalado dieron origen a las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) emitidas por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, de contenido siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. . . "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. . . En otro aspecto, es necesario señalar que la jurisprudencia dictada por los órganos facultados del Poder Judicial de la Federación es una fuente formal de derecho y un medio de control constitucional tendente a garantizar la supremacía de la Norma Fundamental. En esa línea, es factible sostener que las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.) insertas en los párrafos anteriores son vinculantes para este órgano de control constitucional, en términos de lo dispuesto por el precepto 217 de la Ley de Amparo, los cuales deben aplicarse en el caso particular porque el contenido de esos criterios tienen relación con el supuesto de improcedencia que se examina, ya que de no hacerlo implicaría desconocer una interpretación que es acorde a una realidad jurídica, que proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente Permanente al máximo y último intérprete del Pacto Federal; además, la adopción de esa postura da certeza y seguridad jurídica al sistema judicial y permite que esa determinación sea congruente con la interpretación más reciente realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con base en lo anterior, es viable sostener que los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Cuarta Investigadora, Oaxaca de la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Federal de la Procuraduría General de la Republica, en el Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de acordar el escrito de petición de nueve de diciembre del año próximo pasado dentro la carpeta de investigación L.IFED./OAX/001565/2017 y como consecuencia la dilación en la integración de esa indagatoria son susceptibles de impugnarse ante el Juez de Control a través del medio de defensa innominado previsto por el arábigo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se sostiene lo anterior, porque la Primera Sala del Máximo Tribunal Constitucional de la Nación al fallar la contradicción de tesis 233/2017 estableció que el aludido dispositivo prevé la posibilidad de combatir las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal y precisó que en general se trata de actuaciones del representante social que tienen como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; en este sentido, sostuvo que bien puede entenderse que las omisiones en las que incurra la fiscalía en la etapa de investigación del procedimiento penal acusatorio y oral encuadran en ese supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. En esa línea, de acuerdo con la interpretación sistemática y funcional de los preceptos 16, décimo cuarto párrafo y 20, apartado C, fracción VII, de la Carta Magna; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte que los ofendidos -el quejoso tiene acreditada esta calidad ante la responsable en la carpeta de investigación L.IFED./OAX/001565/2017- pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el normativo 258 citado, cuya finalidad es que el órgano jurisdiccional revise las decisiones u omisiones del representante social que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; por tanto, el justiciable previamente a la promoción de este juicio constitucional debió agotar ese mecanismo ordinario de defensa en observancia al principio de definitividad, sin que haya atendido esa carga procesal. Efectivamente, de acuerdo con lo expuesto es factible sostener que en las normas constitucionales y legales citadas está reglamentada la impugnación de las omisiones en las que incurra el representante social en la atapa de investigación del procedimiento penal, por lo que si el principio de definitividad exige el agotamiento previo del recurso o el medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad esa situación se traduce en la obligación de la parte quejosa de agotar los mecanismos de impugnación antes de promover el juicio constitucional, sin que se advierta que haya observado el referido principio rector; por tanto, en la especie el juicio de protección de los derechos fundamentales es improcedente. Por las consideraciones expuestas se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el numeral 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, dado que el disidente no observó el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo, al no haber agotado de manera previa a la promoción del presente asunto el medio de defensa innominado establecido por el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra de las actuaciones reclamadas. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo este Juzgador determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por Ramiro Vidal Jarquin Sánchez en contra de los actos reclamados al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Cuarta Investigadora, Oaxaca de la Unidad de Investigación y Litigación de la Delegación Federal de la Procuraduría General de la Republica, en el Estado de Oaxaca, consistente en la omisión de acordar el escrito de petición de nueve de diciembre del año próximo pasado dentro la carpeta de investigación L.IFED./OAX/001565/2017 y como consecuencia la dilación en la integración de esa indagatoria, en términos de lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICÓ EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Agréguese el ocurso señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el autorizado del justiciable en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo pretende dar cumplimiento al auto preventivo de nueve de los corrientes; en ese contexto, realiza lo siguiente: a) Precisa que en el escrito de petición que se presentó ante la responsable el once de diciembre de dos mil dieciocho se solicitó a esa autoridad que girara oficio al Director de Administración del Agua del organismo Cuenca Pacífico Sur para que a la brevedad diera a conocer el estado que guarda la concesión 05OAX136478 otorgada a María del Pilar Nogales Hernández, así como que informara las gestiones realizadas para dar cumplimiento a las resoluciones B00.810.02.0996 y B00.810.02.0997 de "nueve" de mayo de dos mil dieciséis. b) Manifiesta bajo protesta de decir verdad que los hechos que se relatan en la demanda sirven de fundamento a los motivos de inconformidad que se exponen. c) Indica bajo protesta de decir verdad que en la carpeta de investigación L.IFED./OAX/OAX/001565/2017 "tiene" el carácter de ofendido. En atención a lo anterior, se provee: Primeramente es necesario señalar que el artículo 12 de la Ley de Amparo dispone, en lo que interesa, que el quejoso podrá autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero, lo anterior implica que la figura del autorizado prevista por la ley de la materia no es un equivalente a un apoderado o represente legal del justiciable, sino que aquél y éstos son sujetos procesales diversos. En la especie, el autorizado del inconforme para oír notificaciones en los términos amplios del arábigo 12 de la ley de la materia carece de atribuciones para aclarar la demanda de amparo porque las prevenciones realizadas en el auto inicial exigen que sean atendidas directamente por el disidente, su apoderado o su representante legal, ya que son los únicos legitimados para realizar lo siguiente: 1) precisar cuál es en realidad la solicitud que el disconforme formuló en su escrito de petición que presentó ante la autoridad ministerial responsable el once de diciembre de dos mil dieciocho, cuya omisión de acordar reclama; 2) manifestar bajo protesta de decir verdad si los hechos que se relatan en la demanda constituyen los antecedentes del acto impugnado o sirven de fundamento a los conceptos de violación que se exponen; e, 3) indicar bajo protesta de decir verdad la calidad que la autoridad que se señala como responsable le reconoció al quejoso dentro de la carpeta de investigación L.IFED./OAX/OAX/001565/2017 de donde emana la omisión que se combate. Se sostiene lo anterior porque el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el principio de instancia de parte agraviada que rige al presente medio extraordinario de defensa y ese principio rector está regulado por el dispositivo 6 de la Ley de Amparo que indica que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del arábigo 5 de la propia legislación y que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o bien, por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. En ese contexto, en el caso particular la naturaleza jurídica de la prevención y los aspectos que fueron requeridos en el auto inicial exigen que la aclaración provenga directamente de quien figura como quejoso o de su apoderado o representante legal, pues esos sujetos procesales son los únicos legitimados para precisar qué acto le ocasiona perjuicio al solicitante de la tutela constitucional y de qué manera lesiona sus derechos fundamentales, así como para desahogar prevenciones en las cuales deban manifestarse "bajo protesta de decir verdad" antecedentes del acto reclamado que se omitieron al presentarse el escrito inicial. Ahora, del precepto 12 del ordenamiento citado no se advierte que los autorizados puedan aclarar el escrito inicial en cuanto a esos aspectos porque si bien esa norma efectivamente les confiere autorización para que realicen cualquier acto que sea necesario para la defensa del inconforme, pero una vez que el medio extraordinario de defensa se haya promovido. Así, el autorizado no puede realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su apoderado o representante legal, ya que su actuación debe ser congruente con las demás reglas que rigen el juicio de amparo, en especial, con el principio de instancia de parte agraviada. Esto es, previamente a la realización de los actos procesales por parte del autorizado debe concurrir la exigencia que establecen los normativos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo, es decir, que haya habido instancia de parte agraviada. Desde esa perspectiva, si la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo -el titular de la acción-, su aclaración cuando involucre tópicos asociados con la precisión de las actuaciones contra las que se ejerce la acción constitucional y manifestaciones "bajo protesta de decir verdad" que constituyan los antecedentes de esos actos también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su apoderado o representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, en tanto que los elementos destacados se asocian con la configuración de la litis constitucional, lo cual a su vez origina la obligación de rendir un informe justificado. En consecuencia, si la persona directamente agraviada por mandato de la ley es quien debe solicitar el amparo, entonces también deberá ocuparse de aclarar la demanda cuando ésta afecte la configuración inicial a través de la precisión del acto combatido. Por esas razones, el autorizado no está en posibilidad de efectuar ese acto procesal, sino solamente aquellos subsiguientes a la promoción de la demanda o, en su caso, de su ampliación, que no incidan en cuestiones que directamente deban provenir de la voluntad del interesado. Lo anterior conduce a sostener que tratándose de este medio extraordinario de defensa, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su apoderado o representante legal, ya que lo contrario equivaldría a que el autorizado en términos del dispositivo 12 de la Ley de Amparo promoviera un juicio adoptando el papel de agraviado. Por tanto, si la aclaración de la demanda involucra los aspectos destacados es inconcuso que ese acto procesal debe respetar los principios y las formalidades que rigen la promoción del amparo indirecto, por su integración e influencia en la litis constitucional. En adición a lo anterior, debe puntualizarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la contradicción de tesis 61/2014 sostuvo que un autorizado para oír notificaciones en los términos amplios del arábigo 12 de la ley de la materia no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales deban manifestarse "bajo protesta de decir verdad" antecedentes del acto reclamado que se omitieron al presentarse el escrito inicial. En ese sentido, la Superioridad estableció que el arábigo 108, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad se expresara cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que señaló que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve el juicio constitucional. Lo anterior puntualizó que es así en razón de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues argumentó que es en el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona la actuación impugnada y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, destacó que estos elementos generan certeza en el Juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. De acuerdo con lo anterior, el Máximo Tribunal Constitucional de la Nación estableció que el autorizado en los términos amplios a que se refiere el ordinal 12 del mencionado ordenamiento no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, porque constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promovió el medio extraordinario de defensa; así, puntualizó que ese acto procesal no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además, dijo que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. [.] En ese contexto, no ha lugar a tener al autorizado del quejoso por atendida la prevención establecida en el proveído inicial. [.]. En otro punto, del sumario en el que se actúa se desprende que el auto preventivo fue notificado al quejoso por lista de acuerdos en esta data, por lo que esa comunicación procesal surtirá efectos mañana de acuerdo con lo previsto por el arábigo 31, fracción II, de la Ley de Amparo. Luego, si la promoción de cuenta se presentó el quince de enero actual -en la fecha en la que se realizó la citada notificación- es inconcuso que subsiste el plazo concedido inicialmente de manera íntegra porque éste no había iniciado cuando se exhibió el libelo con el que se pretende aclarar la demanda; por tanto, hágase del conocimiento al justiciable que ese lapso iniciará al día siguiente al en el que surta efectos la notificación de este acuerdo para que esté en aptitud de atender las prevenciones que le fueron realizadas, en el entendido de que se mantienen vigentes los apercibimientos formulados en el proveído inicial. [.]. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICO EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO

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