Ramiro Ramos Heredia
Expediente 848/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 848/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Ramiro Ramos Heredia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a las presentes actuaciones el oficio signado por la 1. Jueza de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla; y, en atención a su contenido, se provee: Téngase a la referida autoridad, acusando recibo del diverso comunicado 0775/2019-1, mediante el cual se le devolvió el duplicado de la causa penal 162/2014, de su índice; de lo que esta autoridad queda enterada. CÚMPLASE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto dictado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 45 a 48), mismo que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes, quedando insubsistentes las medias decretadas en el incidente de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable 1. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, en apoyo a su informe justificado, consistentes en el duplicado de la causa penal 162/2014, de su índice, con las que se formó el anexo I, devuélvansele las mismas; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil diecinueve. Intégrese a las presentes actuaciones el comunicado 1196 de la Jueza de lo Penal del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 709/2019 (orden 1005/2019) de este juzgado de Distrito, mediante el que se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, emplazara a juicio a los menores terceros interesados identificados con las iniciales 1. K. A. R.C. y 2. R. K. R. C, a través de su madre Alma Delia Castro Rosas; lo cual, tuvo verificativo del treinta de septiembre de dos mil diecinueve, tal como se advierte de las constancias que anexó la autoridad oficiante a la comunicación oficial de referencia. Dese de baja el despacho y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, se hace constar que a la fecha se encuentra transcurriendo el término de tres días que le fue otorgado a la citada parte tercera interesada, para que señale domicilio en la ciudad de Puebla o en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, el cual transcurrirá del dos al cuatro de octubre del año en curso; por lo que, una vez fenecido éste, acuérdese lo que conforme a derecho corresponda, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio de la Jueza de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, por medio del cual remite copia certificada de la resolución dictada el dieciséis de septiembre del actual, en autos del proceso 162/2014 de su índice, en la que determinó decretar auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, a favor del aquí quejoso Ramiro Ramos Heredia, como probable responsable en la comisión del delito de abandono de persona, previsto y sancionado por el artículo 347, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, denunciado por Alma Delia Castro Rosas y cometido en agravio de los menores identificados con las iniciales 1. K. A. R.C. y 2. R. K. R. C., de lo que toma conocimiento este órgano jurisdiccional, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexa al oficio que se provee. Ahora bien, de las constancias remitidas por la citada Jueza responsable, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)." El precepto transcrito prevé como causa de improcedencia del juicio de garantías el cambio de situación jurídica, entendiéndose por tal el hecho de que, al completarse una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, lo que da pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva fase procesal o situación jurídica. Es conveniente establecer que el quejoso Ramiro Ramos Heredia, mediante escrito recibido en este órgano Federal el treinta de agosto pasado (fojas 2 a 5) solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos de las autoridades responsables: 1.- Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla; y, 2.- Titular de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo Tepeaca, Puebla (en su denominación correcta). Que hizo consistir en la orden de presentación y/o detención, así como su ejecución, emitida en autos del proceso penal 162/2014, de la estadística del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla. Ahora bien, el referido juez responsable, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, pues manifestó que el cinco de agosto de dos mil diecinueve, libró orden de comparecencia en contra del aquí quejoso dentro de la causa penal 162/2014, de su índice, para que compareciera ante ese juzgado a rendir declaración preparatoria por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abandono de persona, cometido en agravio de los menores identificados con las iniciales 1. K. A. R.C. y 2. R. K. R. C. Luego, del oficio y anexo de cuenta, se aprecia que la autoridad responsable ordenadora, el dieciséis de septiembre pasado, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, dentro de la causa penal 162/2014 de su índice, a favor del aquí quejoso Ramiro Ramos Heredia, como probable responsable en la comisión del delito de abandono de persona, previsto y sancionado por el artículo 347, en relación con los diversos 13 y 21 fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, denunciado por Alma Delia Castro Rosas y cometido en agravio de los menores identificados con las iniciales 1. K. A. R.C. y 2. R. K. R. C.. Por ende, es claro que en la especie se actualiza un cambio de situación jurídica que permite considerar irreparablemente consumadas las violaciones en que hubiere podido incurrir la autoridad responsable al dictar a la orden de comparecencia reclamada, por no ser factible efectuar pronunciamiento alguno sin afectar la nueva situación jurídica en la que se halla la parte quejosa. En tales condiciones, en virtud de que la orden que aquí se combate se sustituyó jurídica y procesalmente por el auto de libertad decretado en favor del peticionario de amparo, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar la indicada resolución, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla, para dejarla sin efectos se soslayaría la nueva situación jurídica de la parte quejosa, lo que hace que en la especie se actualice la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que, lo procedente sobreseer fuera de la audiencia constitucional el presente controvertido constitucional, con apoyo en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Al particular, tiene aplicación el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la tesis de jurisprudencia número VI.1o. J/57, que dice: "SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO. EL CAMBIO DE ELLA, VUELVE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS, RESPECTO DE LA ANTERIOR. La libertad personal puede restringirse por cinco motivos diferentes, a saber: la aprehensión realizada por autoridad no jurisdiccional; la detención que comprende desde que el inculpado es puesto a disposición del juez de su causa, hasta el momento en que se define su situación jurídica; la prisión preventiva que se inicia con el auto de formal prisión; la sentencia de primera instancia, y en su caso, la de segunda instancia; cada uno de los cuales tiene características peculiares. El conjunto de normas jurídicas que condicionan y determinan la restricción de la libertad en los distintos casos apuntados, se llama situación jurídica, y cada una de ellas excluye a las otras, de modo que cuando por actos posteriores haya cambiado la situación jurídica del quejoso, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas y el amparo solicitado contra la situación jurídica anterior es improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73 fracción X de la Ley de Amparo, lo que motiva sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 74 fracción III de la misma ley." Así como la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado a la autoridad responsable Titular de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo Tepeaca, Puebla (en su denominación correcta), ya que no se reclaman por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto materia del sobreseimiento. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de la Séptima Época, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Cabe indicar que la causal de improcedencia invocada de ninguna manera podría ser desvirtuada con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se cita: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. " No pasa inadvertido para el suscrito Juez Federal que a la fecha no obra en autos la constancia de emplazamiento de Alma Delia Castro Rosas, madre de los menores terceros interesados identificados con las iniciales 1. K. A. R.C. y 2. R. K. R. C.; sin embargo, tomando en consideración que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, no resulta necesario el citado emplazamiento, pues no le irroga algún perjuicio, además, de esperar su comparecencia, en nada cambiaría el sentido del presente acuerdo, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE (foja 20); comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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