RAMIRO LOPEZ ARROYO y Otros.
Expediente 518/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- RAMIRO LOPEZ ARROYO y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del incidente de suspensión, de los que se advierte que mediante auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, se determinó que el plazo para que operara la caducidad de la póliza de fianza exhibida por la parte quejosa, identificada con el número 3154-05229-1, expedida por Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero ASERTA, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional) era de tres años, que transcurrirían del nueve de diciembre de dos mil quince al ocho de diciembre de dos mil dieciocho; sin embargo, la suscrita jueza considera que no es necesario esperar a que transcurra dicho plazo, ya que una nueva reflexión sobre el tema, lleva a considerar que si en el presente asunto por auto de cuatro de diciembre de dos mil quince causó estado la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo y se ordenó el archivo del asunto como concluido, resulta innecesario que dicho documento continúe en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado de distrito, por lo siguiente: Primeramente, debe decirse que el artículo 156 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. El anterior artículo establece que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente. Como se adelantó, en el caso, la parte quejosa exhibió la póliza de fianza número 3154-05229-1, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional) para garantizar la suspensión provisional que le fue concedida. Así también, se observa que el presente juicio de amparo ha concluido, motivo por el cual en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión han cesado. En la especie, debe decirse que sí resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 156 de la ley de la materia, pues con la exhibición de aquella póliza se garantizaron los posibles daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado con el otorgamiento de la medida cautelar, por lo que al haber transcurrido en exceso los ciento ochenta días naturales que prevé el citado numeral para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la citada garantía, sin que se promoviera incidente de daños y perjuicios, se volvió exigible la obligación garantizada con la referida fianza otorgada en autos; plazo que, como se mencionó en la certificación que antecede, debe computarse a partir de que se notificó a la parte quejosa y tercero interesada, el auto de cuatro de diciembre de dos mil quince, en el que se declaró que había causado estado la sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo y se ordenó el archivo del asunto como concluido, ya que a partir de esta actuación se volvió exigible la obligación contenida en la citada garantía. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, dado el estado que guarda el presente incidente, resulta innecesario la conservación de la misma, por lo cual se ordena la cancelación de la póliza de fianza número 3154-05229-1, por la afianzadora que la expidió, esto es, por Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero ASERTA, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 174 y 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. En consecuencia, se ordena la devolución de la citada póliza a la afianzadora que la expidió en la oficina ubicada en la ciudad de Puebla; y se solicita a quien la represente legalmente, que informe a este órgano jurisdiccional sobre la cancelación de la referida póliza de fianza que se había recibido para garantizar la suspensión definitiva. En el entendido que de omitir hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Lo anterior para los efectos legales conducentes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que el término de tres años con que cuenta el quejoso Ramiro López Arroyo, para solicitar la devolución de la póliza de fianza número 3154-05229-1 expedida por Afianzadora Aserta, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero ASERTA, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida en auto de veintisiete de mayo de dos mil quince, se encuentra transcurriendo; lo anterior es así, ya que debe aplicarse la legislación bajo cuya vigencia se otorgó y se hizo exigible. Por lo que, si la señalada póliza de fianza fue expedida el cinco de junio de dos mil quince, entonces, le es aplicable la nueva Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, publicada el cuatro de abril de dos mil trece, que entró en vigor el cuatro de abril de dos mil quince, y cuyo artículo 174 señala: "ARTÍCULO 174.- Cuando la Institución se hubiere obligado por tiempo determinado o indeterminado, quedará libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario, en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de esta Ley, no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza, o bien, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza; o, en este mismo plazo, a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado. Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años." Del artículo transcrito, se advierte que en tratándose de pólizas de fianzas otorgadas a favor de la Federación, el plazo para que opere la caducidad es de tres años, contado a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado por ser de vigencia indeterminada; de ahí que, si el proveído de cuatro de diciembre de dos mil quince, por el que se declaró que había causado estado la sentencia que sobreseyó en el citado juicio de garantías y se ordenó el archivo del expediente, se le notificó a la parte quejosa por lista el siete de diciembre de dos mil quince, surtió efectos el ocho siguiente, entonces, los tres años transcurren del nueve de diciembre de dos mil quince al ocho de diciembre de dos mil dieciocho. Por tanto, una vez que transcurra el indicado término, acuérdese lo que en derecho corresponda, en relación al destino de dicha póliza. Así mismo, insértese el presente acuerdo en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, comuníquese a las partes que, de conformidad con el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil quince, a partir del uno de junio de dos mil quince la denominación de este órgano jurisdiccional será Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien ahora conocerá sólo de los asuntos previstos en el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero conservará su competencia originaria de aquellos recibidos hasta el treinta y uno de mayo de dos mil quince; además, contará con una Oficialía de Partes Común para los Juzgados de Distrito en Materia Penal del Sexto Circuito ubicada en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en Puebla, Avenida Osa Menor, número ochenta y dos, Ciudad Judicial Siglo XXI, Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, por lo que toda promoción deberá dirigirse de la siguiente manera "Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, antes Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla". Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se hace del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/184/2016, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta sometida a su consideración y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a la licenciada MARÍA EUGENIA GÓMEZ VILLANUEVA, en sustitución de la anterior Titular, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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