Ramiro Peñaloza Robles

Expediente 448/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 32 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
448/2020
Año
2020
Actuaciones
32
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Ramiro Peñaloza Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el sobre de cuenta, que devuelve el Servicio de Paquetería "Estafeta", el cual contiene el oficio en cita, dirigido a la prenombrada autoridad responsable, relativo al auto de uno de febrero del año en curso, dictado en el presente juicio; en consecuencia, a efecto de no irrogar perjuicio a la mencionada autoridad, y quede enterada del proveído emitido en el presente juicio, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Federal, reexpídase el mismo, por medio del Servicio Postal Mexicano.

  2. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Como está ordenado en esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a) del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Se comunica a las partes que, por habérsele concedido la medida cautelar provisional; y, negada, declarada sin materia y, por otra parte, concedida la suspensión definitiva a la parte quejosa, por parte del Titular del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el original de este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurra el término de tres años de haberse ordenado el archivo del asunto como concluido. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda. Archivo reciente. También, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el uno de febrero del año en curso, en la que se sobreseyó fuera de audiencia, en el juicio de amparo 448/2020; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en los términos del precepto 2, de la ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano, y que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído fuera de audiencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, uno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de veinte días concedido al quejoso ***, en acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, establecido en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, por medio del cual se le requirió para que se presentara en las instalaciones que ocupa este órgano federal, a efecto de recoger los edictos ordenados, a efecto de emplazar a juicio a la tercera interesada ***o ***, quien representa los intereses de la víctima Moisés Ruíz Ramírez. En proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se requirió al citado quejoso para que recogiera ante este órgano constitucional los edictos, a efecto de emplazar a la citada tercera interesada; asimismo, se le apercibió que en caso de que no cumpliera con dicho requerimiento, se sobreseería el presente juicio de amparo por falta de interés de su parte en la continuación del juicio. En ese orden de ideas y toda vez que el quejoso, fue omiso en exhibir los edictos tal y como lo señala el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal 2, de la Ley de Amparo que a la letra dice: ARTÍCULO 315.- Cuando hubiere que citar a juicio a alguna persona que haya desaparecido, no tenga domicilio fijo o se ignore dónde se encuentra, la notificación se hará por edictos, que contendrán una relación sucinta de la demanda, y se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término de treinta días, contados del siguiente al de la última publicación. Se fijará, además, en la puerta del tribunal, una copia íntegra de la resolución, por todo el tiempo del emplazamiento. Si, pasado este término, no comparece por sí, por apoderado o por gestor que pueda representarla, se seguirá el juicio en rebeldía, haciéndosele las ulteriores notificaciones por rotulón, que se fijará en la puerta del juzgado, y deberá contener, en síntesis, la determinación judicial que ha de notificarse." El texto del precepto transcrito, se advierte que la publicación deberá de ser tres veces, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, esto es a la par por lo que en caso de no cumplir con dicho requerimiento, se debe sobreseer el presente juicio de amparo por falta de interés de su parte, en la continuación del juicio, ya que ello provoca que este órgano de control constitucional no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional. Ahora, una vez agotados todos los medios al alcance de este Juzgado de Distrito a efecto de obtener el domicilio de la tercera interesada Isabel Ortiz Ramírez o Isabel Ortiz Santos, quien representa los intereses de la víctima Moisés Ruíz Ramírez, en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó su emplazamiento por medio de edictos a costa del quejoso, por lo que se le requirió para que dentro del término de veinte días legalmente computados, se presentara en las instalaciones que ocupa este órgano federal, a efecto de que exhibiera la publicación de los edictos y se le apercibió que de no hacerlo en el plazo que le fue concedido para tal efecto, se decretaría el sobreseimiento del presente juicio. Por tanto, al no haber acontecido dicha circunstancia para agilizar el curso del procedimiento en este juicio de amparo, pues no exhibió la publicación de los edictos en los términos que le fueron ordenados. Ante tal circunstancia, y en atención a que este órgano jurisdiccional agotó todos los medios a su alcance para lograr el emplazamiento de la tercera interesada ***o ***, quien representa los intereses de la víctima Moisés Ruíz Ramírez, y de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, este Juzgador tiene la obligación de velar por la pronta y expedita administración de justicia; lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 27, fracción III, inciso b) en concordancia armónica con el diverso normativo 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo. La anterior determinación se decreta en atención a las siguientes consideraciones: El artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Del precepto transcrito queda patente que: a) En primera instancia el emplazamiento a juicio de los terceros interesados se hará mediante notificación personal. b) Cuando no conste en autos el domicilio de los terceros interesados, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones, el empleado lo asentara así y dará cuenta al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, al Juez o a la autoridad que conozca del asunto. c) Los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de garantías deben dictar las medidas necesarias con el propósito de investigar el domicilio del tercero referido. d) Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo transcrito y señalado, se advierte que la Ley de Amparo, establece concretamente la forma en que deben ser emplazados a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél. Por otro lado, de igual forma se debe tomar en consideración que los artículos 5., fracción III y 61 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos numerales 27, fracción III, inciso b), y 5., fracción III, del mismo ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre el quejoso al no presentar la publicación de los edictos ordenados para emplazar a juicio a la tercera interesada, impide cumplir con un presupuesto procesal que se rige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de improcedencia. En efecto, el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo dispone que, si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador Federal debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a los terceros interesados; en esta hipótesis, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio del tercero en cita, ya sea porque el quejoso lo ignora, o bien, porque no corresponden al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el artículo 108, fracción II, de la ley de la materia, el juzgador de amparo, dictará las medidas pertinentes para investigarlo, y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa del quejoso. Es decir, el emplazamiento de la tercera interesada- Isabel Ortiz Ramírez o Isabel Ortiz Santos, quien representa los intereses de la víctima Moisés Ruíz Ramírez, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos y lo exhiba, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda la tercera interesada, en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar su esfera jurídica, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, es atribuible a la parte quejosa por la falta de exhibición de los edictos o las constancias que acrediten las gestiones necesarias para tal fin, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo sumario, pues constitucionalmente no es válido que un órgano jurisdiccional resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Por lo que, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos ordenados a costa del quejoso, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 constitucional, pues la parte quejosa está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso, pues con la omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. No obsta a la anterior conclusión el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya pronunciado en el sentido de que la falta o incorrecto señalamiento del domicilio del tercero interesado no provoca el sobreseimiento en el juicio, pues a tal conclusión se arribó considerando que, en tal caso, el juzgador de amparo debe agotar el procedimiento previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, sin que en el precedente respectivo se abordaran las consecuencias que provoca la contumacia del quejoso, en cuanto a la obligación que le impone este último numeral, aunado a que tal fallo no desconoció los efectos que finalmente provoca el hecho de que el legislador haya establecido como regla general la obligación de la parte quejosa de precisar el domicilio del tercero interesado. La tesis respectiva lleva por rubro, texto y datos de identificación siguientes: Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IV, noviembre de 1996. Tesis: 2a. CI/96. Página: 246. "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO EL QUEJOSO SEÑALA DE MANERA INCORRECTA EL DOMICILIO DE AQUÉL, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA Y NO SOBRESEER EN EL JUICIO." Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional evitándose, además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio del promovente. En las relatadas condiciones, lo procedente, como se había asentado en el cuerpo del presente auto, es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción II, en concordancia con el 63, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 64/2002, visible en la página 211, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, Julio de 2002, del texto literal siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO." Así como la diversa tesis II.2o.C.99 K, visible a página 2411, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Octubre de 2004, que a la letra reza: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA." Sin embargo, la parte quejosa no demostró fehacientemente su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y día señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. FOLIO 914 Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos un escrito firmado presuntivamente por Edgar López García, autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones del quejoso Ramiro Peñaloza Robles, recibido vía correo electrónico; en su atención, no ha lugar a proveer respecto de su contenido, dado que el correo electrónico oficial de este juzgado no es un medio electrónico de aquellos implementados y autorizados ante la actual contingencia sanitaria, en términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, máxime que tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se estableció el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. Además que dota de certeza a las partes, dado que el trámite de dicho juicio en línea opera a través de la firma electrónica que produce los mismos efectos que la firma autógrafa, en tanto que constituye un signo expreso e inequívoco de su voluntad de instar, lo que en el caso no acontece, pues únicamente se trata de un documentó digitalizado esto es una versión electrónica de documentos impresos que se reproducen mediante un procedimiento de escaneo. Por tanto, es evidente que el escrito de cuenta únicamente se encuentra calzado por una firma facsimilar, cuya naturaleza es de mera reproducción de su original, la cual no es suficiente para acreditar la manifestación de voluntad del promovente. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad jurídica la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2023740 Semanario Judicial de la Federación que dice: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron de manera diferente sobre la procedencia de un recurso presentado a través del correo institucional en forma digital con firma autógrafa digitalizada en formato PDF, pero sin Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), pues para uno de ellos es procedente, porque con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV-2, se ha reconocido tácitamente la presentación de promociones en tales términos y las partes todavía no se encuentran en posibilidad de presentar físicamente -en forma impresa- las promociones y recursos, no obstante que cuentan con la pción del esquema de "juicio en línea", por lo que deben evitarse en lo posible los contagios en aras de salvaguardar la salud, máxime que tales documentos digitalizados pueden objetarse, o bien, cuando se carezca de seguridad respecto a la coincidencia con el documento fuente, el juzgado puede requerir lo conducente; mientras que para el diverso tribunal es improcedente el recurso porque carece del signo que demuestre que es voluntad de su autor interponerlo y, por tanto, debe desecharse. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito determina que procede desechar las demandas, promociones y recursos en el juicio de amparo que se presentan por correo electrónico institucional en forma digitalizada, si no cuenta con la evidencia de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), con la que pueda solventarse el requisito de legitimidad del autor para suscribirlo. Justificación: Lo anterior, porque de la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER UDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO." Deriva que debe desecharse la demanda de amparo, cuando falta la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), porque no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención prevista en el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada; asimismo, atento a que en los artículos 10, 11 y 12 del indicado Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, vigentes a partir del 3 de agosto de 2020, se establecen lineamientos sobre los cuales deben funcionar las Oficinas de Correspondencia Común (OCC), los buzones judiciales y las Oficialías de Partes Comunes (OPC), para la recepción de las promociones presentadas físicamente, se propicia la extensión del criterio de jurisprudencia para aplicarlo en relación con las promociones y recursos, además de que se justifica la desaparición de las permisiones de hecho -uso del correo institucional para la presentación de demandas, promociones y recursos en el juicio de amparo en forma digitalizada- que en diversas etapas de reactivación institucional fueron útiles para lograr la comunicación y acceso a la justicia de las personas; máxime que tales oficinas son accesibles al público en general, cuidando que las personas que carecen de cita transiten hacia las áreas cerradas en las que se podría generar su mayor concentración, por lo que no se restringe a las partes sus derechos de acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo, contrario a ello, garantiza el cumplimiento del citado Acuerdo General 21/2020, así como los principios de igualdad y seguridad jurídica en el juicio de amparo." Ahora bien, hágase saber al promovente que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional el cinco de noviembre de dos mil veintiuno (folio 12607), solicitó expresamente que las notificaciones correspondientes al presente sumario constitucional se realizarán vía electrónica proporcionando el usuario "Edgarlopezg"; por tanto, las notificaciones por ese medio al usuario antes descrito de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus numerales del 34 a 39; se autoriza la consulta de dichos usuarios, en términos del 26, fracción IV de esa legislación, en relación con el diverso 55 del Acuerdo General citado. Asimismo, el usuario "Edgarlopezg" está facultado para presentar promociones por ese medio, circunstancia que puede hacer valer. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que se encuentra obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado; de no generarse la constancia de consulta antes mencionada, en el plazo estipulado, este órgano jurisdiccional tendrá por hecha la notificación. No obstante lo anterior en proveído de nueve de noviembre de dos mi veintiuno, se tuvo al promovente como autorizado para el sólo efecto de oír y recibir notificaciones, en términos de lo previsto en la segunda parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no contaba con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aunado a que en el ocurso que se provee no se proporciona los datos correspondientes que acrediten que el ocursante, se encuentra legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado en derecho, ni proporciona los datos correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 12 de la Ley de Amparo Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa, así como por oficio a las autoridades responsables

Quedan 28 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano