Ramiro García Ruiz y Otros.
Expediente 376/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Ramiro García Ruiz y Otros.
- Patricia Secundina Martínez Reyes y Otros.
- Ramiro García Ruiz
- Lira Janette Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, a cinco de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra del acuerdo dictado en este juicio de amparo el siete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 60 a 64), por el que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para todos los efectos legales; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido, y el original del incidente de suspensión glósese a este expediente, y guárdese provisionalmente el duplicado del referido incidente en el archivo de este Juzgado. Tomando en consideración que en el duplicado no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se negó la medida cautelar, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Notifíquese.
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa, no cumplió con el requerimiento de nueve de enero del año en curso; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto; por tanto, este asunto se resolverá conforme a las constancias que integran este juicio de amparo. Ahora bien, de las constancias que el Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Santa María Huatulco, Oaxaca, adjuntó como justificación de su informe (fojas 28-31), la que tiene pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que procede decretar el sobreseimiento en este juicio fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 184572, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio, se advierte que los quejosos Ramiro García Ruiz, Patricia Secundina Martínez Reyes, Herón Ramírez García, Lourdes Flores Trinidad, Lira Janette Pérez Martínez y Rosalía Hernández Sánchez, reclamaron del Presidente Municipal de Santa María Huatulco, su omisión de dar contestación a su escrito de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Por su parte, la autoridad responsable, mediante oficio 249*/18 de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dio contestación al mismo (fojas 28-31). El artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) Dictar el acuerdo correspondiente y; b) Que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto. Por tanto, aun cuando llegare a estimarse que la autoridad recurrente cumplió con el primero de los requisitos formales a través del acuse de recibo que contiene la firma autógrafa del representante común de los peticionarios de amparo, es evidente que se dio cabal cumplimiento al segundo requisito formal contenido en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta Magna. Como ya se vio, la garantía tutelada por el citado artículo constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar a fin de cumplir cabalmente con el imperativo contenido en el precepto en cita, pues no se agota con el dictado del acuerdo relativo, con lo cual, se colma el primero de ellos, sino que es necesario, además, que la autoridad comunique al interesado en breve término su respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto, con lo que se actualizaría el segundo de los supuestos nombrados; de ahí que si la responsable estima haber cumplido con la observancia al derecho de petición sólo con la emisión del acuerdo correspondiente y respecto del cual asegura que el interesado se hizo sabedor, es indudable que la violación a la citada garantía subsiste, al no haber dado a conocer al peticionario la determinación obsequiada de manera formal con base en los preceptos aplicables del ordenamiento legal que regula al acto que se reclama, de manera que el parcial proceder de la autoridad responsable conculcaría las garantías del quejoso, cuestión que amerita la concesión del amparo para el efecto de que se cumpla con el segundo de los requisitos mencionados. Sustenta lo anterior la tesis jurisprudencial de la novena época, con número de registro 200908, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, de noviembre de mil novecientos noventa y seis, tesis XX.94 K, página 426, cuyo rubro y texto se leen: "DERECHO DE PETICIÓN. DEBE ACREDITARSE FEHACIENTEMENTE QUE LA RESPONSABLE NOTIFICO EL ACUERDO AL QUEJOSO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 8o. CONSTITUCIONAL. El artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar con el objeto de cumplir íntegramente con el imperativo constitucional en comento, que son: a) dictar el acuerdo correspondiente y b) que se comunique en breve término ese proveído al interesado conforme a las disposiciones legales que rigen el acto; por tanto, aun cuando llegare a estimarse que la autoridad recurrente cumplió con el primero de los requisitos formales, al turnar el escrito de petición suscrito por el agraviado a la autoridad correspondiente, por tratarse de un asunto de su exclusiva competencia, si no acredita en forma fehaciente que se dio a conocer en breve término el contenido del proveído en cuestión al quejoso, por medio de notificación personal o a través del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano que contenga la firma autógrafa del peticionario de garantías, es evidente que no se dio cabal cumplimiento al segundo requisito formal contenido en la garantía tutelada por el artículo 8o. de la Carta Magna. De igual manera sirve de apoyo, la tesis jurisprudencial de la novena época, con número de registro 205357, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, de abril de mil novecientos noventa y cinco, tesis VIII.2o.3 K, localizable en la página 175, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. DEBE EXISTIR CONSTANCIA DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NOTIFICO EL ACUERDO AL INTERESADO PARA QUE SE ESTIME AGOTADA LA GARANTÍA QUE CONSAGRA EL ARTICULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN. La garantía tutelada por el artículo 8o. constitucional contiene dos requisitos formales que toda autoridad debe observar a fin de cumplir cabalmente con el imperativo contenido en el precepto en cita, pues no se agota con el dictado del acuerdo relativo, con lo cual, se colma el primero de ellos, sino que es necesario, además, que la autoridad comunique al interesado en breve término su respuesta conforme a las disposiciones de la ley aplicable que rige el acto, con lo que se actualizaría el segundo de los supuestos nombrados; de ahí que si la responsable estima haber cumplido con la observancia al derecho de petición sólo con la emisión del acuerdo correspondiente y respecto del cual asegura que el interesado se hizo sabedor, es indudable que la violación a la citada garantía subsiste, al no haber dado a conocer al peticionario la determinación obsequiada de manera formal con base en los preceptos aplicables del ordenamiento legal que regula al acto que se reclama, de manera que el parcial proceder de la autoridad responsable conculca las garantías del quejoso, cuestión que amerita la concesión del amparo para el efecto de que se cumpla con el segundo de los requisitos mencionados. Ahora bien, de las constancias de autos, se advierte que la autoridad responsable, mediante oficio 249*/18, de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dio contestación a la petición realizada por los quejosos, mediante escrito datado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en los siguientes términos: Dependencia PRESIDENCIA MUNICIPAL Sección Dir. Jurídica Número IZR/D)/249*/18 J. AMPARO 376/2018 Expediente M.III-A Asunto: ACUERDO DE RESPUESTA. Santa María Huatulco, Oax., a 05 de octubre de 2018. CIUDADANOS RAMIRO GARCÍA RUÍZ, PATRICIA SECUNDINA MARTÍNEZ REYES, HERÚN RAMÍREZ GARCÍA, LOURDES FLORES TRINIDAD, LIRA JANETTE PÉREZ y ROSALIA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ. CALLE SIN NÚMERO, MANZANA 9, LOTE 11, SECTOR U2 SUR, SANTA MARÍA HUATULCO, POCHUTLA, OAXACA. PRESENTE. Por instrucciones del LIC. JOSÉ HERNÁNDEZ CÁRDENAS, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, doy respuesta a su escrito signado el 23 de mayo de 2018; y, que fue recibido el mismo día en el despacho de la Presidencia Municipal. ACUERDO DE RESPUESTA: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Local, no es procedente obsequiar favorablemente su petición; toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el C. Presidente Municipal del Municipio de Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, no tiene facultades para declarar la rescisión del contrato de donación de fecha veintiséis de febrero de dos mil diez, mediante el que afirman que el Ayuntamiento Constitucional de Santa María Huatulco, Oaxaca, donó en forma gratuita y condicionada a la EMPRESA GRUPO KONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el inmueble que describen en el punto número uno de su escrito; tampoco es procedente que el C. Presidente Municipal Constitucional, dicte providencias necesarias a efecto de que el polígono que mencionan en el punto número uno del escrito que se da respuesta, se destine a la dotación de viviendas para los peticionarios. . En consecuencia, toda vez que ya se dio contestación a la petición formulada por los quejosos Ramiro García Ruiz, Patricia Secundina Martínez Reyes, Herón Ramírez García, Lourdes Flores Trinidad, Lira Janette Pérez Martínez y Rosalía Hernández Sánchez, de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, y notificada por conducto del representante común, es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, en lo conducente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página trescientos trece, del tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 210237, cuyo rubro y texto son como sigue: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo." Por último, es conveniente mencionar que la totalidad de los criterios jurisprudenciales que se han invocado a lo largo de este fallo, no se oponen a la ley reglamentaria vigente, por lo que se aplicaron con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. VI-A
- Principal
SALINA CRUZ, OAXACA, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por oficio SEADS/047/2019, de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, signado por el Magistrado Fernando Silva García, Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria celebrada en esa fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que con efectos a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve, la Titularidad de este órgano jurisdiccional estará a cargo del Juez Mario Alberto Gómez Rétiz; en consecuencia, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para que puedan hacer valer las manifestaciones que en su caso estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley. V-A
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca; nueve de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Ramiro García Ruiz, mediante el cual exhibe el acuse de recibo del escrito presentado ante el Secretario Municipal de Santa María Huatulco, Pochutla Oaxaca, en donde le solicitó se le expidiera a su favor copia debidamente certificada del contrato de donación contenido en la escritura once mil ochocientos treinta y siete, volumen ciento noventa, de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil ocho, otorgada ante la fe del Notario Público número 54, licenciado Alfredo Báez Vega, en ejercicio en Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de dicha población bajo el numero cincuenta y dos, Tomo uno, Sección Primera, de fecha doce de febrero del año dos mil nueve, y que a la fecha no le han dado contestación; en su atención, dígasele que por el momento no es procedente acordar de conformidad su petición, toda vez que del anexo que exhibe no se advierte que la instancia a la cual solicitó su petición, le haya negado su solicitud, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 121 de la Ley de Amparo vigente. Por otra parte, a efecto de no incurrir en violación a las reglas que rigen el procedimiento de amparo indirecto, y atento a la jurisprudencia 1a./J. 136/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro, texto y datos de localización siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.". (Décima Época, registro 160116, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Materia Común, página 801). De manera personal notifíquese a la parte quejosa el oficio que anexó la autoridad responsable al rendir su informe justificado; así mismo, atendiendo al contenido de la invocada jurisprudencia, se le previene para que dentro del plazo de quince días siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, de estimarlo conveniente, amplíe su demanda de amparo, en relación con la contestación que a sus peticiones dio aquélla; ampliación que, de formularse, debe cumplir con lo dispuesto en las fracciones IV, V, VI y VIII del artículo 108 de la Ley de Amparo. Con apercibimiento que de no ampliar su demanda de amparo, este se resolverá conforme a las constancias existentes en autos; para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para esta fecha, y nuevamente se fijan las once horas con cinco minutos del once de febrero del año en curso, para su celebración. Notifíquese. VI-A
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 5,328 expedientes
- Rafael Torres Rivera480/2021
- Rafael Zarrabal Malard434/2023
- Rafael Zarrabal Malard435/2023
- Ramiro Camara Ferrera349/2014
- Ramiro Cruz Larraga345/2017
- Ramiro Escudo Comonfort647/2022
- Ramiro Peñaloza Robles448/2020
- Ramiro Ramirez Lucero503/2013
- Ramiro Vargas Ortiz448/2014
- Ramiro Vicente Silva573/2015
- Ramiro Zarate Bautista425/2015
- Ramón Anaya Reyes352/2020