Ramiro Nava Castro
Expediente 1118/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 79 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1118/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 79
- Última actuación
- 23/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Ramiro Nava Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 79.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo séptimo denominado "EXPEDIENTES DEPURABLES", artículo 18, fracción I, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General; y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del citado artículo 18, previa conservación de la demanda, sentencia definitiva, del presente acuerdo y de las resoluciones que concedieron la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del presente expediente así como de los cuadernos incidentales relativos, conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Finalmente, en razón de que resulta innecesario que continúen a disposición de este juzgado las copias certificadas del toca penal ********************, y de la causa penal ********************, remitidas por el Magistrado Presidente de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en obvio de mayores dilaciones devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN.- SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO TERCEROS INTERESADOS NANCY ALMAZÁN FLORES, PEDRO MENDOZA GARCÍA Y JOEL URIÓSTEGUI PINEDA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA DOS DE ENDERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 1118/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido al siguiente día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE. Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo. ACTOS RECLAMADOS: "(.) resolución de fecha treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el Toca Penal ********************, deducida de la causa penal ********************, del Distrito Judicial de Tabares." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada en el libro de gobierno respectivo bajo el número 1118/2022, se solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; en su oportunidad se ordenó emplazar a la parte tercera interesada; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y al Fiscal de la adscripción de la responsable, la intervención legal correspondiente y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque se reclama la resolución emitida por un tribunal de segunda instancia dentro de un toca penal formado con motivo del recurso de apelación instado por el quejoso contra el auto de formal prisión pronunciado en la causa penal que se le instruye, quien se encuentra interno en un centro de reinserción social que se ubica en la jurisdicción de este órgano de control constitucional; lo que tiene sobre las personas una ejecución de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso como inculpado dentro de la causa penal ********************, que se le instruye por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Jesus Almazan Uriostegui, ******************** y ********************, reclama la resolución pronunciada treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dentro del Toca Penal ********************, formado con motivo del recurso de apelación que interpuso ********************, que confirmó el auto de formal prisión de ocho de noviembre de dos mil veinte, que le decretó el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. TERCERO. Oportunidad de la demanda. Del toca penal ********************, que allegó como apoyo a su informe con justificación la sala responsable, cuyo valor probatorio pleno quedará precisado en el considerando siguiente, se advierte que el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno se notificó al quejoso, así como a su defensa la resolución reclamada. Por tanto, si conforme al artículo 15 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, número 357, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de cinco de febrero de mil novecientos noventa y tres, se deriva que en materia penal, los plazos son improrrogables, y comienzan a correr desde el día siguiente a la fecha de su notificación; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo transcurrió a partir del veintinueve de octubre al veintitrés de noviembre del año próximo pasado, descontándose los días treinta y treinta y uno de octubre; uno, dos, tres, seis, siete, trece, catorce, veinte y veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, por ser inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el veintitrés de noviembre del año próximo pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. ES CIERTO el acto reclamado a la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues al rendir su informe con justificación, así lo reconoció expresamente; manifestación que constituye una confesión de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; y que se corrobora con las actuaciones de la causa y toca penales números ******************** y ********************, respectivamente, que acompañó a su informe justificado, las cuales adquieren pleno valor probatorio, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 de la legislación adjetiva civil en cita, para tener plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de fondo. Las partes legitimadas en el presente juicio de garantías no alegan causas de improcedencia, ni oficiosamente se advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa. En ese sentido, el quejoso sostiene que la resolución sujeta a examen transgrede en su perjuicio lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque: a).- Contrario a lo afirmado por la sala responsable, no existen medios de prueba que acrediten la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del delito que s ele imputa, ya que, por ejemplo, del relato de la testigo presencial ********************, no se obtiene un proceder culposo del quejoso, pues como lo indicó expresamente dicha ateste, al momento de suscitarse el hecho delictivo corrió hacia la casa de ********************, percatándose únicamente de lo efectuó ********************, no así de ********************. Igual consideración acontece respecto del testimonio de ********************, ya que ni siquiera existe señalamiento específico de la conducta que en particular desplegó el quejoso, a virtud de lo cual se obtuvo el resultado punible, pues evidentemente, al haber señalado dichos testigos que al escuchar el cerrojeo de armas de fuego, corrieron a ocultarse, dejando de percibir desde ese momento por medio de sus sentidos, la conducta que en su caso hubiera desplegado la parte quejosa. b).- Por otro lado, de la declaración ministerial de ******************** y ********************, se obtiene quiénes privaron de la vida a las víctimas, sin que de esos relatos se obtuviera alguna imputación en contra del quejoso, de modo que resulta incorrecta la decisión de la responsable de tener por acreditada la probable responsabilidad del quejoso. c).- La autoridad responsable dejó de aplicar en favor del quejoso el derecho sustantivo de presunción de inocencia que consagra la Carta Magna, como era su obligación según se deriva del diverso ordinal primero constitucional. Ahora bien, una vez precisados los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa, tomando en consideración que lo reclamado en la presente instancia se hace consistir en la resolución de segunda instancia dictada en el Toca Penal ********************, por virtud de la cual se confirmó el auto de plazo constitucional dictado en su contra en la causa penal número ********************, este juzgado federal procederá al análisis íntegro de dicha determinación al tenor de los derechos fundamentales no sólo establecidos en el artículo 19 de la Constitución, sino también los contenidos en los artículos 14 y 16 del mismo ordenamiento. En ese contexto, los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su redacción anterior a la reforma constitucional mediante Decreto publicado el dieciocho de junio de dos mil ocho), establecen como requisito esencial que para el dictado de un auto de formal prisión -y por ende, también debe observarse por el tribunal de segunda instancia al resolver el recurso de apelación instado en contra de este último-, debe aparecer de lo actuado datos suficientes que acrediten los elementos del cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del indiciado, aunado a que como todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, tal y como se establece en la Jurisprudencia número 433, que aparece publicada en las páginas 251 y 252 del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, tomo II, materia penal, cuyo tenor literal expresa: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ELEMENTOS. Para dictar un auto de prisión preventiva, el artículo 19 de la Constitución General de la República, exige ciertos elementos de fondo y forma, encontrándose entre los primeros, que los datos arrojados por la averiguación previa, sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito de que se trate y para hacer probable la responsabilidad penal del sujeto en su comisión y, entre los segundos, que se establezca el lugar, tiempo, modo y circunstancias de ejecución." Asimismo, de las exigencias establecidas en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 87 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, se desprende que para el legal dictado de un auto de bien preso, se requiere: a).- El inculpado haya rendido su declaración preparatoria, o bien, que conste en el expediente que se negó a declarar; b).- Se compruebe el cuerpo del delito que se impute y se acredite la probable responsabilidad del inculpado en su comisión; y, c).- Que en dicho auto se exprese claramente el delito que se impute, así como el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. d).- Además, se insiste, como todo acto de autoridad, el auto de formal prisión debe estar debidamente fundado y motivado. Así, de los datos que obran en el sumario se deriva que ante el juez de la causa ******************** rindió su declaración preparatoria en audiencia pública el tres de diciembre de dos mil veinte, en la que se siguieron las formalidades del caso, ya que se le hicieron saber los derechos fundamentales que a su favor establece el artículo 20 constitucional, así como el delito que se le imputa; además, durante la citada diligencia el inculpado de mérito estuvo asesorado por la defensora pública de esa adscripción ********************. De igual forma, se tiene que el Juez de la causa resolvió la situación jurídica del inculpado dentro de las ciento cuarenta y cuatro horas subsecuentes a su puesta a disposición ante la autoridad judicial; lo anterior, por haber solicitado expresamente -por conducto de su defensa-, al momento de rendir su declaración preparatoria la ampliación del plazo de setenta y dos horas que establecen los numerales 19 constitucional y 87, párrafo segundo, del código adjetivo penal del Estado de Guerrero. Una vez que se ha reseñado cómo el juez de la causa abordó los requisitos formales reseñados con antelación, a los que ciñe la norma fundamental hipotética el proceder de las autoridades judiciales en el dictado de los autos de formal prisión, ahora se procederá a verificar si cumplió con las exigencias que en torno al fondo del asunto deben cubrirse a fin de comprobar correctamente el cuerpo del delito y por ende, la probable responsabilidad de la justiciada en su comisión; aspecto dentro del cual se abordarán las consideraciones atinentes a la precisión del lugar, tiempo y demás circunstancias de ejecución del delito, así como los datos que arrojó la averiguación previa que consideró la autoridad judicial para comprobar el cuerpo del delito que se imputa al quejoso, así como su probable responsabilidad penal en su comisión. En ese sentido, el delito de homicidio calificado cometido en agravio de ********************; que se atribuye a la parte quejosa se encuentra previsto en los artículos 103 y sancionado por el diverso 108 del Código Penal vigente en la época en que se suscitó el hecho delictivo; sin embargo, como se sostuvo en el auto de formal prisión apelado -aspecto que no fue reformado por la resolución sujeta a examen-, el análisis en torno a la comprobación del injusto que nos ocupa, se efectuó tomando en consideración lo dispuesto por el artículo 132 del Código Penal vigente, dado que conlleva la aplicación de la norma más favorable en favor del quejoso, en tanto que prevé una pena mínima menor a la prevista en los ordinales citados en primer término. A partir de lo anterior, entonces el delito de homicidio calificado se encuentra previsto en lo dispuesto por los artículos 130 -tipo básico-, 132 -homicidio calificado- y 147 -circunstancias calificativas- del Código Penal del Estado de Guerrero; los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 130. Homicidio simple A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrán de ocho a veinte años de prisión." "Artículo 132. Homicidio calificado. A quien cometa el delito de homicidio calificado se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión." "Artículo 147. Circunstancias calificativas. El homicidio y las lesiones son calificados cuando se cometen con premeditación, ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado o saña. I. Existe premeditación: Cuando el agente, intencionalmente, decide cometer el hecho tras detenida y cuidadosa reflexión y ponderación de los factores que concurran en su perpetración. II. Existe ventaja: a) Cuando el sujeto activo es superior en fuerza física a la víctima y ésta no se halla armada; b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empledas (sic), por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él; c) Cuando el sujeto activo se vale de algún medio que debilita la defensa del sujeto pasivo; d) Cuando el sujeto pasivo se halla inerme o caído y el sujeto activo se encuentra armado o de pie, o e) Cuando existe una situación de vulnerabilidad motivada por la discriminación o violencia por razones o condición de género. III. Existe traición: Cuando el sujeto activo realiza el hecho quebrantando la confianza o seguridad que expresamente le había prometido al sujeto pasivo o las mismas que de forma tácita debía éste esperar de aquel por las relaciones de confianza real y actual que existen entre ambos. IV. Existe alevosía: Cuando el agente realiza el hecho sorprendiendo intencionalmente a alguien de improviso, o empleando acechanza u otro medio que no le dé lugar a defenderse ni a evitar el mal que se le quería hacer. V. Existe retribución: Cuando el agente comete el hecho por pago o prestación prometida o entregada. VI. Por los medios empleados: Se causen por inundación, incendio, minas, bombas o explosivos, o bien por envenenamiento, asfixia, tormento o por medio de cualquier otra sustancia nociva para la salud. VII. Existe saña: Cuando el sujeto activo procede con crueldad o con fines depravados." Con base en el contenido de dicha porción normativa el juez de la causa, lo que a su vez reiteró la autoridad responsable, sostuvieron que los elementos que integran el cuerpo del delito de homicidio calificado que se imputa a ********************, son los siguientes: a).- La preexistencia de la vida de una persona; b).- La privación de esa vida. c).- Que la privación de esa vida sea ocasionada por causa ajena a la voluntad del sujeto pasivo. d).- Respecto de las calificativas, estimaron actualizadas las previstas en la fracción II, incisos b) y c), del artículo 147 del Código Penal del Estado de Guerrero vigente, que dispone: "II. Existe ventaja: (.) b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empledas (sic), por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él; c) Cuando el sujeto activo se vale de algún medio que debilita la defensa del sujeto pasivo." Entonces, una vez que se ha precisado lo anterior, procede ahora dilucidar sobre la comprobación de los elementos del delito de que se trata. Así, por lo que respecta al primero de los elementos del delito que nos ocupa, consistente en la existencia previa de una vida humana, la responsable la estimó acreditada con las declaraciones ministeriales de ********************y ********************testigos de identidad cadavérica, quienes señalaron que al tener a la vista el cuerpo de los agraviados, los reconocieron como las personas que en vida respondieran a los nombres de ********************, por ser padre y primo de la primera; y primo y hermano del segundo; y que al morir, el primero contaba con cincuenta y cinco años, estado civil casado, con instrucción escolar de quinto año de primaria, de ocupación ganadero, originario de "El Cacao", municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, y vecino del poblado de Xaltianguis, municipio Acapulco; mientras que el segundo al morir contaba con treinta y tres años de edad, estado civil soltero, con instrucción escolar de profesional; de ocupación empleado ganadero, originario de Ejido Vicente Guerrero, en el Estado de Campeche, y vecino del poblado de Xaltianguis, municipio Acapulco. En lo que ve a la preexistencia de la vida del pasivo ********************, se allegaron las declaraciones ministeriales de identidad cadavérica a cargo de ********************y ********************, quienes lo reconocieron por ser primo y sobrino de dicha víctima mortal; que al morir contaba con veinticuatro años, estado civil soltero, con instrucción escolar de preparatoria, de ocupación empleado del Gobierno del Estado, originario de esta ciudad, y del poblado de Xaltianguis, municipio Acapulco. A dichas declaraciones se otorgó relevancia probatoria en términos del artículo 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, pues estimó que reúnen los requisitos previstos por dicho ordinal, de cuyo contenido se obtuvo que como parientes de los occisos, reconocieron los cuerpos que tuvieron a la vista como los de quienes en vida respondían al nombre de ********************. De ese modo, se aprecia acertada la conclusión a la que arribó la autoridad judicial en comento en el sentido de que dado el lazo familiar que unía a las víctimas con los testigos de identidad cadavérica, quienes fueron contundentes en señalar que los conocían. Por tanto, es factible obtener la existencia de una vida humana previamente al evento delictivo. De igual modo, por lo que ve al segundo y tercero de los elementos del delito que nos ocupa, la autoridad responsable los tuvo por acreditados mediante la intelección de la inspección ocular en el lugar de los hechos, fe de cadáver, lesiones, y media filiación practicadas el diez de mayo de dos mil diez, en la que se hizo constar la constitución de la autoridad ministerial y demás personal actuante en la calle Ruiz Cortinez, colonia Vicente Guerrero, del poblado de Xaltianguis, Municipio de Acapulco, donde en dos casas distintas se encontraban velando a los pasivos ********************, a cuyos cuerpos se les efectuó un reconocimiento externo pudiéndose percatar, entre otras cosas, de lesiones provocadas por proyectiles de armas de fuego. Mientras que en diversa diligencia de veintidós de mayo de dos mil diez, se efectuó la exhumación del cuerpo de ********************, al que se le encontró un orificio de proyectil de arma de fuego. Diligencias a las que se les otorgó valor probatorio, en tanto que fueron practicadas por una autoridad competente, en ejercicio de sus funciones y desahogadas con base en las facultades con que cuenta la representación social en términos de lo dispuesto por el artículo 125 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Asimismo, también fue valorado el dictamen de necropsia emitido por el perito oficial, quien al examinar el cadáver de ********************, concluyo como causa de muerte del pasivo, una traumatismo craneoencefálico secundario a proyectil de arma de fuego penetrante y saliente de cráneo. De igual modo, se consideraron los certificados de reconocimiento cadavérico de ********************, expedidos por el médico forense adscrito, en los que, en términos de lo dispuesto por el artículo 66 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, recbó los datos que tuvo a la vista al efectuar el reconocimiento externo de los cadáveres de dichos pasivos, dictaminando que la causa de su muerte derivó de las heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Además consideró el dictamen de criminalística de campo y fotografía forense de veinticinco de mayo y doce de junio de dos mil diez, rendidos por los peritos oficiales, de cuya intelección se observa, en la parte que interesa, las lesiones producidas por proyectiles de arma de fuego que tuvieron a la vista en los cuerpos de las víctimas. De lo antes reseñado, los dictámenes a que se ha hecho referencia adquirieron relevancia probatoria en términos de lo señalado por el artículo 126 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, en tanto que fueron practicados por peritos en medicina y criminalística de campo, designados por la Representación Social y facultados para ejercer esa función, entonces válidamente puede concluirse que los pasivos perdieron la vida y que ello derivó de una causa externa, pues de las diligencias en comento en concatenación con los dictámenes de necropsia y criminalística de campo, puede concluirse que los agraviados fueron privados de la vida por las heridas producidas por arma de fuego que fueron accionadas por los sujetos activos. En concatenación con lo anterior se tomaron en consideración los testimonios de ********************, ********************, ******************** y Maciel López Bibiano, de cuyo contenido e intelección, se observa que: 1).- El dos de mayo de dos mil diez, aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos, en la cancha de futbol que se ubica en la colonia Lagunillas del poblado de Xaltianguis, Municipio de Acapulco, se llevaba a cabo un partido de futbol, al que habían acudido muchos asistentes por tratarse de un partido de final de torneo de futbol femenil; y que entre los asistentes estaban los ahora occisos ********************. 2).- Que posteriormente llegaron unas camionetas de lujo, de las que descendieron personas portando armas de fuego; que uno de ellos se dirigió hasta donde se encontraba ********************, quien también portaba un arma de fuego, a virtud de lo cual privó de la vida a dos sujetos e hirió a otro; pero posteriormente también dicho pasivo fue privado de la vida por los demás activos. 3).- Que la persona a la que identificaron con el nombre de ********************, que era uno de los sujetos que arribó en otros vehículos, gritaba a los otros para señalarles dónde estaba ********************, a quien privaron de la vida en el interior del vehículo en el que se escondía. 4).- Que los testigos conocen la identidad de los sujetos que habían arribado al lugar de los hechos por tratarse de vecinos del aludido poblado de Xaltianguis, a algunos de los cuales mencionaron por sus nombres, y de otros refirieron no recordarlo. 5).- Que ******************** y Maciel López Bibiano reconocen la identidad de las personas que efectuaron los disparos de arma de fuego en contra de ******************** (aunque lo refirieron como ********************); mientras que ******************** y ******************** hicieron lo propio respecto de los restantes pasivos. 6).- Asimismo, es importante destacar que solamente ******************** y ******************** señalaron que entre las personas que descendieron de las camionetas que arribaron al lugar de los hechos, estaban "********************", mientras que ******************** y Maciel López Bibiano únicamente identificaron a "********************". Testimonios a los que consideró con valor probatorio, porque aportan indicios referenciales sobre la causa externa de la privación de la vida de los pasivos, pues de su narración queda de relieve el hecho de que el resultado punible derivó de las lesiones consecutivas a armas de fuego que fueron accionadas por los sujetos que aproximadamente a las veinte horas con treinta minutos arribaron a la cancha de la colonia Lagunillas, del poblado de Xaltianguis, a bordo de dos camionetas, y accionaron sus armas de fuego en contra de los aludidos pasivos; lo que se aprecia congruente en relación con la inspección ocular efectuada en el lugar de los hechos, así como del vehículo dentro del cual refirieron los testigos, fue privado de la vida ********************, mientras que el cuerpo de ******************** quedó tirado en su exterior, donde se ocultaba para resguardarse de la agresión. Consecuentemente, hasta este punto puede advertirse correcta la determinación de la responsable para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito de homicidio -tipo básico-, ya que la intelección de los mismos da como consecuencia lógica y natural que el evento que desencadenó la supresión de la vida huma preexistente de los pasivos, derivó de una acción que desplegaron los activos, esto al accionar las armas de fuego que portaban el día de los hechos; aspecto que por los indicios recabados no es susceptible atribuirse a una causa natural o a los propios agraviados, sino a una acción ajena necesariamente desplegada por otra u otras personas. Por otro lado, en lo que respecta a la demostración de la calificativa prevista en la fracción II, incisos b) y c), del artículo 147 del Código Penal del Estado de Guerrero vigente, la Sala responsable la tuvo por demostrada al tenor de los medios de prueba ya reseñados; lo que se estima correcto en tanto que el testimonio de los testigos presenciales da cuenta del hecho de que los sujetos activos arribaron al lugar donde se suscitó la agresión, portando armas de fuego tanto cortas como largas por varios sujetos -alrededor de trece-, lo que conlleva la actualización de una circunstancia de superioridad a su favor precisamente por el número de armas y participantes, aunado a que haber arribado mientras se desarrollaba un espectáculo público -partido de futbol-, constituye una circunstancia susceptible de considerarse como un medio para debilitar la defensa de los pasivos, pues es inconcuso que esa distracción anula o disminuye la posibilidad de que los pasivos se resguardaran o se defendieran de la agresión. Por tanto, se estima fundado en razón lo decidido por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en el sentido de estimar que los medios de prueba son aptos para demostrar los elementos del delito de homicidio calificado previsto y sancionado en los artículos 130 -tipo básico-, 132 -homicidio calificado- y 147 -circunstancias calificativas- del Código Penal del Estado de Guerrero. A continuación se procederá a dilucidar sobre la legalidad de la resolución sujeta a examen, en lo atinente a la comprobación de la probable responsabilidad del quejoso, destacándose además que los agravios propuestos por la defensa del inculpado al promover el recurso de apelación en contra del auto de plazo constitucional emitido en la causa incoada en su contra, son esencialmente las mismas alegaciones que ahora vierte como motivos de disenso, de ahí que lo resuelto por la autoridad en torno a lo primero será analizado conjuntamente con el estudio relativo al extremo en comento. Entonces, por lo que ve a la probable responsabilidad de la parte quejosa en la comisión del delito que se le imputa, la sala lo tuvo por demostrado con las declaraciones ministeriales a cargo de ******************** y ********************, de cuyo contenido, como se indicó en párrafos precedentes, se obtuvo la identificación del quejoso como una de las personas que arribó al lugar de los hechos junto con los demás activos que portaban armas de fuego e hicieron los disparos que provocaron las lesiones por virtud de las cuales se privó de la vida a los pasivos. Sin que fuera óbice a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa, al rendir su declaración preparatoria hubiera negado los hechos, pues señaló que debía prevalecer la imputación efectuada por dichos testigos presenciales; proceder que se estima correcto si se parte de la base de que su testimonio se aprecia objetivamente apto para establecer que el dos de mayo de dos mil diez, un grupo de sujetos armados a bordo de varios vehículos arribó a la cancha de futbol de la colonia Lagunillas, del poblado de Xaltianguis, Municipio de Acapulco, quienes accionaron sus armas de fuego, cuyos proyectiles provocaron las lesiones mortales en los cuerpos de ********************; ya que guarda congruencia con los demás elementos de prueba allegados, a partir de todo lo cual sitúan a ******************** como una de las referidas personas que portaban armas de fuego cortas y largas, con las que se efectuó la agresión antes descrita. A partir de lo anterior, la sala responsable precisó acertadamente el grado de participación del solicitante del amparo, ya que sobre ese aspecto, refirió que la conducta que desplegó encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 26, Apartado A, fracción II, del Código Penal del Estado de Guerrero en vigor, al haberla realizado de manera conjunta con otras personas. En este punto, debe señalarse que la coautoría consiste en la realización conjunta de un delito, por varias personas que colaboran consciente y voluntariamente. Así, ese aspecto decisivo de la coautoría estriba en que el dominio del hecho lo tienen varias personas que asumen por igual la responsabilidad en su realización. De este modo, las distintas contribuciones deben considerarse, como un todo, y el resultado total debe atribuirse a cada coautor, independientemente de la entidad material de su intervención. Bajo esa óptica, en la especie quedó demostrada la coautoría del peticionario del amparo, en virtud de que como se advierte de las pruebas previamente reseñadas, el quejoso fue identificado por los testigos presenciales, como una de las personas que arribaron al lugar de los hechos y que, al tenor de lo narrado con antelación, realizaron la agresión a las víctimas con las armas de fuego que portaban. Por ende, aún y cuando -como lo sustenta la parte quejosa en el concepto de violación identificado bajo el inciso a)- los testigos presenciales ******************** y ******************** no señalaron que ******************** haya efectuado algún disparo de arma de fuego en contra de víctimas, ya que, como se preció, aquellas sólo pudieron advertir la identidad de algunos de los que efectuaron los disparos en contra de ********************, no puede soslayarse la identificación previa del quejoso como uno de los sujetos que arribaron al lugar de los hechos portando armas de fuego, tan es así que de la intelección de dichos testimonios con el contenido de la declaración preparatoria del imputado, puede advertirse que dicha identificación se realizó conjuntamente con la de su hermano, de nombre ******************** ********************. Por tanto, al tenor de lo reseñado con antelación en torno a lo ponderado sobre el grado de participación del quejoso en términos de lo dispuesto por el artículo 26, Apartado A, fracción II, del Código Penal del Estado de Guerrero, el motivo de disenso abordado resulta infundado. Igual consideración debe efectuarse respecto al motivo de disenso reseñado en el inciso b) que precede, ya que el hecho de que los diversos testigos ******************** y Maciel López Bibiano únicamente hubieran logrado advertir en el lugar de los hechos la presencia de ********************, no así de ********************, ello resulta ineficaz para desvirtuar la demostración de la probable responsabilidad del quejoso, ya que en realidad, el hecho de que no hubieran visto o reconocido al solicitante del amparo no demerita o anula automáticamente la imputación directa efectuada por ******************** y ********************. Más aún, el hecho de que ******************** y Maciel López Bibiano reconocieran a ******************** entre los agresores, dota de mayor credibilidad al testimonio de ******************** y ********************, partiendo de la base de que ello es un aspecto común en todos los testimonios, y por ende, son aptos de provocar convicción por su congruencia en el relato de la mecánica de los hechos sujetos a debate. A virtud de lo anterior, también se estima infundado lo que aduce el quejoso en el sentido de que la responsable hubiera desatendido el principio de presunción de inocencia que consagra en favor de todo ciudadano la Carta Magna. Para arribar a dicha conclusión, se tiene presente que el diez de junio de dos mil once, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se modificó la denominación del Capítulo I del Título Primero y reformó diversos dispositivos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el cual fue resultado de una discusión, sobre la necesidad de incorporar al derecho interno la obligación de los órganos del Estado, de respetar, aplicar y hacer efectivos los derechos humanos previstos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de la materia celebrados por México. Así, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impuso a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respeto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Sin embargo, no puede pasarse por alto que los derechos humanos no son absolutos, tan es así que cuando en la Constitución existe una restricción a su ejercicio, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Ley Suprema como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas sean acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 20/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página doscientos dos, Libro 5, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil catorce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." Ahora bien, en una resolución privativa de libertad, el principio de presunción de inocencia, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, desde la reforma a su artículo 20 de dieciocho de junio de dos mil doce, es respetado en la medida en la que el fallo se sustenta en pruebas legítimamente obtenidas y con suficiencia, para destruir esa presunción que ampara a todo al que se le imputa un hecho delictivo. Ciertamente, para sostener la probable responsabilidad penal de una persona a través de las pruebas recabadas en el juicio, deben concurrir diversos requisitos, pues de lo contrario existiría una vulneración al principio de presunción de inocencia, por lo que deben reunirse dos elementos fundamentales: los indicios y la inferencia lógica; esta última debe ser razonable, esto es, que no sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia, pues en algunos casos, la hipótesis generada por la prueba circunstancial se basa en afirmaciones imposibles física o materialmente, así como inverosímiles, al contener una probabilidad mínima de que se hubiese actualizado, en contraste con otras hipótesis más racionales y de mayor conformidad con las reglas de la lógica y la experiencia; de ahí que cuando los mismos hechos probados permitan arribar a diversas conclusiones, el juzgador deberá tener en cuenta todas ellas y razonar por qué elige la que estima como conveniente; y b) que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato que se intenta demostrar, existiendo un enlace directo entre los mismos. Ello debido a que los indicios plenamente acreditados pueden no conducir de forma natural a determinada conclusión, ya sea por el carácter no concluyente, o excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia. Por lo que hace a los indicios, debe señalarse que los mismos deben cumplir con cuatro requisitos: a) deben estar acreditados mediante pruebas directas, esto es, corroborarse por algún medio de convicción pues, de lo contrario, las inferencias lógicas carecerían de razonabilidad al sustentarse en hechos falsos; b) deben ser plurales, es decir, la responsabilidad penal no se puede sustentar en indicios aislados; c) deben ser concomitantes al hecho que se trata de probar, es decir, con alguna relación material y directa con el hecho criminal y con el victimario; y d) deben estar interrelacionados entre sí, esto es, los indicios forman un sistema argumentativo. Ahora bien, debe tenerse en consideración que el principio de presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "estándar de prueba" o "regla de juicio", en la medida en que este derecho establece una norma que ordena a los jueces la absolución de los inculpados cuando durante el proceso no se hayan aportado pruebas de cargo suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad de la persona; mandato que es aplicable al momento de la valoración de la prueba. Dicho de forma más precisa, la presunción de inocencia como estándar de prueba o regla de juicio comporta dos normas: la que establece las condiciones que tiene que satisfacer la prueba de cargo para considerar que es suficiente para condenar; y una regla de carga de la prueba, entendida como la norma que establece a cuál de las partes perjudica el hecho de que no se satisfaga el estándar de prueba, conforme a la cual se ordena absolver al imputado cuando no se satisfaga dicho estándar para condenar. Avalan lo anterior las tesis 1a. XCV/2013 (10a.) y 1a. XCIV/2013 (10a.), aprobadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables a páginas novecientos sesenta y siete y novecientos sesenta y ocho, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del contenido siguiente: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA PROBATORIA. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de esas vertientes se manifiesta como "regla probatoria", en la medida en que este derecho establece las características que deben reunir los medios de prueba y quién debe aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo válida y destruir así el estatus de inocente que tiene todo procesado." "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL. La presunción de inocencia es un derecho que puede calificarse de "poliédrico", en el sentido de que tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. Una de sus vertientes se manifiesta como "regla de trato procesal" o "regla de tratamiento" del imputado, en la medida en que este derecho establece la forma en la que debe tratarse a una persona que está sometida a proceso penal. En este sentido, la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria. Dicha manifestación de la presunción de inocencia ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena." Los medios de prueba deben respetar derechos fundamentales, pues de lo contrario no deben tener eficacia probatoria, ya que se trastocaría la garantía de presunción de inocencia, la cual implica que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, circunstancia que necesariamente implica que las pruebas con las cuales se acreditan tales extremos, deben haber sido obtenidas lícitamente. En ese orden de ideas, no se advierte que alguno de los medios de prueba recabados fueran incongruentes para desvirtuar el hecho -homicidio calificado de ********************- suscitado el dos de mayo de dos mil diez; y que tampoco existen datos que hagan siquiera presumir que las deposiciones de los testigos de cargo no reúnan los requisitos positivos que establece el artículo 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero. Todo lo antepuesto, revela que se respetaron los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica del solicitante del amparo, aunado a la circunstancia para el dictado del auto de formal prisión la ley no exige que se cuente con pruebas que establezcan de manera indudable la culpabilidad del indiciado sino que, existan pruebas aptas y suficientes que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad de éste en la perpetración del delito que se le atribuye; en consecuencia, del examen del material probatorio existente se desprende que todos los datos aportados conducen a demostrar en un grado de convicción superior y aproximado a la certeza la participación del quejoso en la comisión del evento delictivo por el que fue librado en su contra el auto de formal prisión. Apoya lo anterior la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 463, Tomo II, Penal, Jurisprudencia TCC, Octava Época, Apéndice 2000, que señala: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, ÚNICAMENTE DEBE SATISFACER LAS EXIGENCIAS A QUE SE CONTRAE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL. En el auto de formal prisión solamente debe puntualizarse el o los delitos por los cuales se continuará el proceso y determinar, si está demostrada la corporeidad del ilícito o ilícitos correspondientes; si existen pruebas que hagan probable la presunta responsabilidad en su comisión, pero de ninguna manera deberá precisarse que ésta se justificó plenamente, toda vez que esto es lo que constituye el objeto del proceso y materia de la resolución definitiva; sostener lo contrario, equivale a rebasar las exigencias a que se contrae el artículo 19 constitucional." De igual forma, se cita la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 76, Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. PARA DICTARLO NO SE REQUIERE PRUEBA PLENA DE RESPONSABILIDAD. Al disponer el artículo 19 constitucional, que todo auto de formal prisión debe contener el delito que se imputa al acusado, los elementos que lo constituyen, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y los datos que arroje la averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, se refiere que para motivar tal auto privativo de la libertad, no se exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad del inculpado, sino únicamente, como ya se dijo, que los datos arrojados por la indagatoria, sean los suficientes para justificar el cuerpo del ilícito y hacer en esa etapa procesal, probable la responsabilidad del acusado." En esa tesitura, al resultar infundados los conceptos de violación examinados, y no existir queja deficiente que suplir en los términos previstos por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitó ********************, en contra de la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el Toca Penal ********************, por la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por virtud de la cual confirmó el auto de formal prisión emitido dentro de la causa penal ********************, por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por el delito de homicidio calificado en agravio de Jesus Almazan Uriostegui, ******************** y ********************. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 217, y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, y por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES...
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