Ramiro Javier Román Mondragón

Expediente 127/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
127/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2022

Partes del expediente

  • Ramiro Javier Román Mondragón

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, . . . este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; uno de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la parte quejosa mediante el cual desahoga la prevención de veintiuno de febrero pasado, y precisa bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado en el presente juicio lo constituye la orden de corte y suspensión del suministro de energía eléctrica emitida por la Comisión Federal de Electricidad, representada por el Superintendente de Zona de Servicios Básicos y su ejecución materializada el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, por la Comisión Federal de Electricidad Suministración de Servicios Básico, Centro de Atención Los Amates. I M P R O C E D E N C I A Precisado lo anterior, en acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia o no de la demanda que nos ocupa. En ese sentido, es importante destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la existencia de jurisprudencia que defina sobre la naturaleza de los actos atribuidos a las autoridades responsables constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Así resulta conveniente citar la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 532, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil." El criterio anterior es obligatorio para este juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; cuya ejecutoria de la que derivó dicha jurisprudencia, establece que a raíz de la reforma energética y de conformidad con la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realiza actos equiparables a dicha relación, porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente al corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebran no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. Razones por la que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. De ahí que en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a la Comisión Federal de Electricidad no le resulta el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En ese sentido, si en el presente asunto los actos reclamados derivan de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica entre un particular y la Comisión Federal de Electricidad, no corresponden a actos de autoridad respecto de los que sea procedente el juicio de amparo, ya que: 1) El origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular. 2) La relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre la empresa y el particular usuario del servicio; y, 3) El ajuste en el monto del consumo derivado de órdenes de verificación, cobro o corte de dicho suministro y su ejecución ante el incumplimiento del usuario no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, solo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes (como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros), sin que eso conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos en virtud de que para eso, se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Aunado a que no se advierte que deriven de actos no pactados pues no se trata de la negativa injustificada de celebrar un contrato de suministro eléctrico, o bien, de situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional o convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Consecuentemente, se estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, debido a que en el caso las autoridades responsables, no intervienen en una relación de supra a subordinación sino en una de coordinación, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda de amparo, escrito aclaratorio y anexos e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite y se desahogaran las pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; por lo que, procede desechar la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA

  4. Principal

    TIENE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA

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