Ramiro Macedo Rdminguez

Expediente 1049/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1049/2020
Año
2020
Actuaciones
16
Última actuación
03/02/2022

Partes del expediente

  • Ramiro Macedo Rdminguez
  • Jacinto Salinas Tinoco
  • Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente veintitrés de noviembre de dos mil veinte, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal Ramiro Macedo Domínguez, por derecho propio y en su carácter de Regidor de Coordinación de Organismos Decentralizados, Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Director General y Notificador o Ejecutor Fiscal, ambos de la Dirección de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".la resolución emitida mediante auto y/o acuerdo de fecha (17) diecisiete de septiembre, del año dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del juicio de nulidad, seguido ante la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, identificado bajo el número de expediente TJA/3ª/296/2016, mediante el cual, hace efectivo el apercibimiento decretado en auto dictado por Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, consistente en una multa equivalente a (100)cien unidades de medida y actualización vigente en 2019. .el pretendido cumplimiento.a través de la emisión del requerimiento con número de oficio o de control MEJ20200174, de fecha 26 de febrero de 2020, expedido por el Director General de Recaudación de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. .la ejecución del requerimiento señalado." SEGUNDO. El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1049/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al Representante Social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama: El acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se hace efectivo el apercibimiento decretado y se le impone una multa por cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro del expediente TJA/3ªS/296/2016. La ejecución de la aludida determinación. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, negó su existencia, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, no obstante que tal carga procesal le corresponde. En las relacionadas condiciones, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Se cita la Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Primera Parte, XLIII, página 181, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye al Magistrado titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Director General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y Notificador y/o Ejecutor adscrito a ésta, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado la Tercera Sala, consistente en copia certificada de constancias del juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, así como el Director de Recaudación, consistente en copia certificada de las constancias que conforman el expediente administrativo identificado con el número MEJ20200174, a nombre del hoy quejoso Ramiro Macedo Domínguez, las que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º de esta última; en virtud de que cuentan con la certificación correspondiente asentada por autoridad en ejercicio de sus funciones. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Causales de Improcedencia fundadas. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Para que el juzgador de amparo pueda analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales se denominan causas de improcedencia. La improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Este órgano jurisdiccional, de oficio, advierte que respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". Precepto del que se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, considerándose por tales aquellos contra los que no se promueva ese juicio dentro de los plazos previstos, en el entendido de que no se estimará consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, salvo que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación. La citada fracción regula la improcedencia por consentimiento tácito; es decir, se refiere a la promoción del juicio constitucional de forma extemporánea. Tal norma jurídica tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. Lo anterior, ya que el juicio de derechos fundamentales es un medio extraordinario de defensa, que procede cuando el gobernado resiente en su esfera jurídica una afectación a sus derechos fundamentales. Sin embargo, la propia ley de la materia prevé plazos para acudir a la instancia constitucional, pues no puede quedar al arbitrio del individuo solicitar la protección constitucional en cualquier momento, ya que se entiende que desde la emisión del acto se produce afectación a sus derechos y, al no hacerlo en los plazos fijados, se entiende que no hubo tal perjuicio. Así, para poder determinar si el juicio de amparo fue presentado de forma extemporánea, se debe atender a los plazos previstos en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, que expresamente disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18.- Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día siguiente de su entrada en vigor". En los numerales trascritos se precisan las bases para la oportunidad en la presentación de la demanda de amparo, cuando se impugnan normas de carácter general, haciendo una distinción en los plazos para tal efecto, atendiendo a la naturaleza de la norma. En ese orden de ideas, el juicio de amparo es improcedente respecto de normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se ejerza la vía de amparo dentro de los términos señalados en el artículo 17, que de manera genérica es el de quince días, salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, que es de hasta ocho años; contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, que será de siete años; y, actos que impliquen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el dispositivo 22 de la Constitución Federal, así como incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, que podrá ser en cualquier tiempo. Estos plazos se contarán desde el día siguiente: a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Al en que el agraviado haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que el impetrante se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Salvo cuando se impugne una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ilustra lo expresado, la jurisprudencia XXI.2o.P.A. J/32, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 1931, registro 165582, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." En esas condiciones, es claro que la intención del legislador radicó en establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los tres supuestos establecidos en el artículo 18 de la Ley de Amparo. La primera hipótesis implica la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se consideran legales y, en consecuencia, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no cuestione su nulidad o ilegalidad. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación- de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este "tuvo conocimiento" del acto reclamado en determinada fecha, lo que implica tener la convicción de que el interesado se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto que se contiene en el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso "...se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", lo cual implica una expresión exclusiva de éste, quien manifiesta que conoce la actuación reclamada, conducta que puede considerarse como una confesión expresa del afectado. En el caso, respecto de los actos aquí reclamados se actualiza la primera de las hipótesis anotadas, por las razones que enseguida se expondrán. De inicio, es pertinente acotar que las personas extrañas al juicio del que emanan los actos reclamados se clasifican en dos tipos, esto es, tercero extraño en estricto sentido y por equiparación. a) En estricto sentido, es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa por desconocer totalmente las actuaciones relativas; y, b) Por equiparación se considera a quien no ha sido emplazada al juicio en el que debió ser parte, o por haber sido citada a éste en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento del juicio. Así, dicho tercero es la persona -física o moral- que formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado, y por ende, no se apersonó de modo alguno al mismo. Precisado lo anterior, en el caso la parte quejosa aduce que no fue llamada a la etapa de ejecución del juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, del índice de la Tercera Sala Responsable, pues el promovente del amparo aduce por su propio derecho y como Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, no haber sido notificado personalmente del acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, que en cumplimiento al diverso proveído de cuatro de septiembre de ese año, impone una sanción pecuniaria por cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al no dar cumplimiento a la sentencia de nulidad emitida en dicho juicio administrativo, en el que tiene el carácter de demandado. En relación con la calidad de persona extraña al juicio, es aplicable la jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en la página 56 del Tomo VII, Enero de 1998, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 196932, de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Pues bien, de las constancias remitidas por la Tercera Sala responsable, que integran el juicio de nulidad de origen, en lo que aquí es de interés, destacan los datos siguientes: Auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que, ante la actitud contumaz del Cabildo Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso de veintiuno de agosto de ese año, e impuso, entre otros, a quien ostenta el cargo de Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, una sanción económica por sesenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al no cumplir con el fallo definitivo emitido en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, y a su vez, ante la actitud contumaz de no dar cumplimiento a los puntos resolutivos de la sentencia definitiva dictada en ese juicio el cuatro de abril de dos mil diecisiete, formuló nuevo requerimiento de pago e hizo nuevo apercibimiento en caso de incumplimiento de que se harán acreedores cada uno de los integrantes del Cabildo Municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, a la imposición de la medida de apremio consistente en multa por cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Por oficio 3087/2019, recibido por la parte quejosa el once de septiembre de dos mil diecinueve, entregado por el actuario de la Sala, como se desprende de la razón correspondiente, por el que se notifica personalmente a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, que le impone multa por el equivalente a sesenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; y a su vez, notifica el nuevo apercibimiento consistente en una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en caso de incumplimiento Auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, que, ante la actitud contumaz del Cabildo Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, hizo efectivo el apercibimiento decretado en el diverso de cuatro de septiembre de ese año, e impuso, entre otros, a quien ostenta el cargo de Regidor de Coordinación de Organismos Descentralizados, Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, una sanción económica por cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, al no cumplir con el fallo definitivo emitido en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016. Por oficio 3311/2019, recibido por la parte quejosa el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, entregado por el actuario de la Sala, como se desprende de la razón correspondiente, por el que se notifica personalmente a la parte quejosa el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, que le impone multa por el equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Lo anterior pone de relieve que la parte quejosa como compelida a cumplir la resolución dictada en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, tuvo conocimiento completo tanto del apercibimiento de imponerle una sanción por cien unidades de medida y actualización, -auto de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, notificado el once de septiembre siguiente- como del acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, que la hace efectiva, -notificado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve- los cuales por cierto no impugnó en el juicio natural, por lo que se considera que dicha actuación tiene plena eficacia legal; de ahí que es evidente que desde ese momento estuvo en condiciones de promover este juicio de derechos fundamentales, reclamando el apercibimiento, así como la imposición de la sanción pecuniaria por cien unidades de medida y actualización, ante su actitud contumaz en cumplir la sentencia de nulidad firme, pues contaba con todos los datos necesarios para tal fin. En el contexto anotado, teniendo como punto de partida la indicada data de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, si la demanda de amparo se presentó el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, a través del Buzón Judicial, entonces es evidente que cuando ello ocurrió ya había transcurrido con exceso el término de quince días para instar la acción de amparo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que la parte quejosa consintió los actos que ahora reclama. Es aplicable al respecto, por identidad de razones, la tesis XVII.2o.7 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Publicada en la página 1094 del Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo II, Materias Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2021220, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, DEBE INICIAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL EN QUE SE OSTENTEN SABEDORAS DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO, AUN CUANDO NO HAYA SIDO NOTIFICADO A SU REPRESENTANTE O APODERADO O SU CONOCIMIENTO NO PROVENGA NECESARIA Y EXCLUSIVAMENTE DE ÉSTE. El artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, a saber, a partir del día siguiente al en que: a) surta efectos la notificación practicada con las formalidades previstas en la ley del acto, entre las que suele preverse que, tratándose de personas morales, se entienda con su representante o apoderado; b) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; o, c) se haya ostentado sabedor del acto referido o de su ejecución. En estas condiciones, la formalidad relativa a la notificación conforme a la ley del acto, prevista en el primer caso, no es exigible para los otros dos supuestos, porque son excluyentes entre sí, no guardan ningún orden de prelación y su actualización exige requisitos diferentes. Por tanto, el cómputo del plazo mencionado tratándose de personas morales, debe iniciar al día hábil siguiente al en que se ostenten sabedoras del acto reclamado por cualquier medio, aun cuando no haya sido notificado a su representante o apoderado o su conocimiento no provenga necesaria y exclusivamente de éste. Estimar lo contrario privaría de contenido y efecto útil al precepto citado, cuya esencia se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, pero además, implica establecer un límite a su alcance mediante la introducción en su interpretación de una clasificación entre personas morales y físicas que no prevé, para exigir requisitos que el legislador no estableció, con la cual se haría nugatoria la aplicación de las dos últimas hipótesis a pesar de que se actualice la certeza objetiva de que el acto reclamado es del conocimiento pleno y completo de su destinatario o que claramente se ostentó sabedor del mismo en una fecha distinta a la precisada en la demanda." Importa acotar que el plazo para la promoción de este juicio de amparo es el genérico de quince días, porque en el caso no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia, anotados en párrafos que anteceden. Lo anterior, porque no se reclama una norma con motivo de su entrada en vigor. Tampoco se controvierte un procedimiento de extradición o una sentencia definitiva condenatoria en proceso penal, ni se ordenó en forma alguna la privación total o parcial, temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a algún núcleo de población ejidal o comunal. Por último, los actos reclamados no ponen en peligro la vida de la parte quejosa, ni ataca su libertad personal fuera del procedimiento, tampoco implican incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el numeral 22 de la Constitución, que se traducen en pena de muerte, mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales; además, en modo alguno ordenan su incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales. En consecuencia, se considera que la presentación de la demanda de amparo resulta extemporánea, lo que trae como consecuencia que se actualice el supuesto de actos consentidos tácitamente, pues por tales se entiende aquellos contra los que no se promueve el juicio constitucional dentro del término de quince días que señala el citado artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Quinta ´poca, Tomo XLI, página 658, registro 360827, que establece: DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORÁNEA. Si la demanda se presenta después de quince días de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, debe sobreseerse en el juicio." Ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede sobreseer en este juicio de derechos fundamentales. Por lo expuesto, fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la Secretaria con quien actúa María del Rosario García Jiménez, hasta hoy tres de febrero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  2. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la Secretaria con quien actúa María del Rosario García Jiménez, hasta hoy tres de febrero de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha no se encuentra notificado personalmente el tercero interesado respecto de la instauración del presente juicio; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Lo anterior, sin que sea necesario ordenar dicha formalidad, toda vez que por auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó hacerlo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.

  4. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso B) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte TERCERO INTERESADO por medio de lista el contenido del acuerdo de Cuernavaca********************Morelos********************a veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Visto el escrito de demanda promovida por Ramiro Macedo Domínguez********************por propio derecho y en su carácter de Regidor de Coordinación del Organismos Descentralizados********************Planificación y Desarrollo del Ayuntamiento de Puente de Ixtla********************Morelos********************mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y otras. REGISTRO DE LA DEMANDA. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1049/2020********************así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal********************de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001********************del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En atención al contenido de escrito de cuenta********************con apoyo en lo establecido por los artículos 103********************fracción I********************107********************fracciones I y XVII de la Constitución Federal; 1°********************fracción I********************33********************fracción IV********************35********************107********************108********************112 y 115 de la Ley de Amparo********************se admite la demanda de amparo de referencia. DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Para la apertura del incidente de suspensión que solicita********************de conformidad con el artículo 110********************de la Ley de Amparo********************requiérase a la parte quejosa para que exhiba una copia más de su escrito de demanda********************toda vez que sólo exhibió seis********************siendo necesarias siete********************las cuales se distribuirán de la siguiente manera********************una para cada una de las autoridades que señala como responsables que son cuatro********************dos más para la apertura del incidente de suspensión que solicita y una más para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Por tal motivo********************una vez que exhiba la copia faltante se hará la apertura del incidente de suspensión. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en los artículos 115********************116 y 117 de la ley de la materia invocada********************pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable********************el que deberá rendir dentro del término de quince días********************debiendo acompañar********************en su caso********************copia debidamente certificada********************rubricada y entresellada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama********************ya que de no hacerlo así le serán devueltas para que realice dicho requisito en un plazo no mayor a veinticuatro horas. Se exhorta a las responsables********************que de estimarlo conveniente remitan su informe requerido a la dirección de correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx********************con archivo anexo en formato .PDF o .JPG y que el documento se encuentre escaneado con la firma del funcionario jurídicamente autorizado para tal efecto********************debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad y número telefónico********************lo anterior********************a efecto privilegiar la salud********************y aplicar el protocolo de prevención para evitar el contagio del virus que dio origen a la pandemia que se vive********************tal y como lo refiere el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal********************relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia el virus Covid-19 reformado por el diverso Acuerdo General 25/2020********************del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo********************se hace la petición a la autoridad responsable********************que en caso de enviar en el mismo correo electrónico los informes previos y justificados********************se adjunten en archivos PDF por separado y únicamente respecto a este juicio de amparo; lo anterior********************para un mejor manejo del expediente electrónico. Además********************se pone a disposición de las responsables para efectos de confirmar la recepción del informe o coordinar el envío del mismo********************al número de teléfono celular 7773890206. Por otra parte********************se apercibe a la responsable que de no rendir su informe justificado en el lapso otorgado********************se le impondrá en la sentencia respectiva********************una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización********************con fundamento en los artículos 238********************y 260********************fracción II********************de la Ley de Amparo********************en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos********************en materia de Desindexación del Salario Mínimo********************publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis********************toda vez que de no cumplir con lo solicitado********************se traduciría en una falta grave********************esto es********************en su desacato a un mandamiento judicial y que además********************retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en este juicio de amparo. En ese mismo sentido********************con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita********************comuníquese a la autoridad responsable que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad********************podrá ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo********************se le hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria********************en caso de negativa a recibir oficios********************debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial********************si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad********************el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa********************se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE********************para la celebración de la audiencia constitucional. DEL TERCERO INTERESADO. No señala. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. En términos del numeral 5********************fracción IV********************de la Ley de Amparo********************dése la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción********************y********************con fundamento en el diverso numeral 26********************fracción III del ordenamiento legal invocado********************notifíquese el presente acuerdo********************así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE INFORMAR CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley********************tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y********************de ser posible********************acompañarán las constancias que lo acrediten********************en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización********************con fundamento en los artículos 238********************y 260********************fracción I********************de la Ley de Amparo********************en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos********************en materia de Desindexación del Salario Mínimo********************publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis********************toda vez que de no cumplir con lo solicitado********************se traduciría en una falta grave********************esto es********************en su desacato a un mandamiento judicial y que además********************retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en este juicio de amparo. Se previene a la parte quejosa que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que indica en la demanda********************se tendrán por inexistentes********************salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación********************lo anterior como consecuencia del incumplimiento a la fracción III********************del artículo 108 de la Ley de Amparo********************que establece entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar el nombre de las autoridades responsables. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa********************se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica********************y para los mismos efectos se tienen por autorizadas a las personas que refiere. Por otra parte********************se tienen por autorizados con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo********************a las personas que cita********************siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho********************ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito********************a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal********************que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal********************en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional********************con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia********************en términos del numeral 2º********************se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo********************a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento********************en caso de ser necesario********************se realicen en días y horas inhábiles; ello en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige el juicio de amparo********************elevado a rango de garantías constitucional. De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo********************se autoriza al Secretario para que firme los oficios relativos al presente juicio. DE LAS PRUEBAS Respecto a la documental que ofrece; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo********************se tiene por anunciada********************misma que se desahoga por su propi y especial naturaleza. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional********************se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional********************incluidas a las autoridades responsables********************toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo********************en su fracción I********************prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía********************las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo********************el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción********************de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado********************al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26********************fracción III********************de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables********************habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada********************pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones********************los actos encaminados a la integración del juicio********************su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes********************es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26********************fracción I********************de la Ley de Amparo********************por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal********************visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Libro XVI enero 2013********************Tomo 2********************página 1253********************Materia común********************cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Por otra parte********************en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental********************que establece que el Poder Judicial de la Federación********************deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria********************en relación con los numerales 5°********************6°********************7°********************8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental********************se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales********************así como en el caso de ofrecer documentales********************deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial********************para los efectos legales a que haya lugar. Ahora********************toda vez que el quejoso se opone a la publicación de sus datos personales********************instrúyase al personal de Actuaria para que al momento de publicar cualquier acuerdo que emane del presente juicio se omita publicar los datos personales del quejoso. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. veinte de agosto de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio signado por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual da contestación al requerimiento de veintinueve de julio de dos mil veintiuno; atento a lo anterior, agréguese el escrito de cuenta para que obre como corresponda y se tiene por hecha la comunicación aludida; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia lo anterior, es de establecerse que existe radicado en este Juzgado Federal, el diverso juicio de amparo número 269/2021 promovido por el aquí tercero interesado, el cual se ordena tener a la vista, ya que el mismo constituye hecho notorio para este Juzgador, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; al respecto, es aplicable por similitud jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, Tomo: XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Atento a lo anterior y con la finalidad de evitar dilaciones procesales en perjuicio de una pronta y expedita administración de justicia; por conducto del Actuario adscrito a esta autoridad Federal, emplácese a la parte tercero interesada Jacinto Salinas Tinoco, en el domicilio ubicado en No reelección, número dos, edificio anexo bellavista, despacho doscientos cuatro, colonia centro de Cuernavaca, Morelos, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, haciéndole saber que se señalaron las diez horas con nueve minutos del dos de septiembre de dos mil veintiuno, hora y fecha de la audiencia constitucional, y requiriéndole para que al momento de la notificación, o bien, dentro de los tres días siguientes a dicha formalidad procesal, señalen domicilio en esta ciudad, para el efecto de oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento para el caso de no hacerlo así, con hacerle las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado Federal; debiendo el fedatario judicial cumplir con los requisitos que para una notificación personal establece el ordinal 27, de la Ley de Amparo; habilitándolo para que realice tal formalidad procesal inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte tercero interesada. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, ello en virtud de que a la fecha no se encuentra notificado personalmente el tercero interesado respecto de la instauración del presente juicio; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Lo anterior, sin que sea necesario ordenar dicha formalidad, toda vez que por auto de veinte de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó hacerlo. Notifíquese

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