Ramiro Macedo Domínguez
Expediente 121/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ramiro Macedo Domínguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a seis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. Lo anterior, comuníquese a las partes, y en consecuencia, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a siete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Ramiro Macedo Domínguez, promoviendo por derecho propio y en su carácter de Regidor de Coordinación de Organismos, Descentralizados, Panificación y Desarrollo al Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual pretende subsanar su demanda de amparo. Al respecto, debe precisar que en veintiséis de febrero del año en curso, se requirió al quejoso para efecto de que precisara lo siguiente: ".PRIMERO. Precise la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución de fecha 20 (veinte) de agosto del 2020, emitida en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. SEGUNDO. Indique de manera clara y precisa la data en que la Presidencia Municipal recepcionó el "requerimiento de pago" que alude en el capítulo de hechos marcado con el arábigo dos." Así, de lo anterior se desprende que este órgano jurisdiccional requirió a la parte que quejosa para que manifestara cuando tuvo conocimiento del proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, emitido en los autos del juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, radicado en la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, e indicara la fecha precisa en la presidencia municipal a su cargo recibió el requerimiento de pago marcado en el numeral dos de su demanda de amparo. Bien, de las expresiones vertidas en el escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa refiere en fecha diez de noviembre de dos mil veinte, la oficina de correspondencia de la presidencia municipal de Puente de Ixtla, Morelos, recibió el requerimiento de pago identificado bajo el número MEJ20200759; además, que a la fecha no ha sido notificado de alguna medida de apremio, multa o cualquier otra, sin embargo, sostiene que tuvo conocimiento hasta el siete de diciembre de dos mil veinte, del proveído señalado en el punto primero de la prevención realizada por este órgano jurisdiccional, argumentando que no ha sido notificado de manera personal, de las determinaciones en comento. Desechamiento parcial de la demanda: Precisado lo anterior, al examinar el escrito de demanda y los escritos aclaratorios de la misma, se procede determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". En ese sentido, en torno al acto reclamado por la quejosa consistente en: Este órgano de control constitucional estima que se actualiza la causa de improcedencia estatuida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del primero de los artículos trascritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos para ello. Por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, se desprende que el término para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, contados a partir del día siguiente al en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Apoya lo anterior en vía de orientación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida con motivo de la contradicción de tesis 57/2008-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituye el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Al resolver la contradicción de tesis que originó la citada jurisprudencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Además, el Máximo Tribunal enunció que es clara la intención del legislador al establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, la esencia del artículo 18 de la ley de la materia, en relación con el diverso 17 del propio ordenamiento legal, se sustenta, entre otros supuestos, en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso a estudio, se advierte que la parte quejosa refiere no estar notificada personalmente del proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016 por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, pero que la presidencia de la que es titular, los recibió el siete de diciembre, ambos de dos mil veinte. Sin embargo, de las constancias remitidas por Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, se advierte que lo siguiente: Que la parte quejosa, en su calidad de presidente municipal del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, recibió la notificación del proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, mediante oficio 1992/2020, el diez de septiembre de la citada anualidad. Aunado a lo anterior, de las citadas documentales se advierte que la parte quejosa presentó un escrito el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, promoviendo recurso de reconsideración en contra del proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, en el cual se observa que el quejoso, y otros justiciables, manifestaron haber sido notificados de dicho acuerdo el diez de septiembre de dicha anualidad. Lo antes transcrito revela que, por lo que hace al proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la parte quejosa tuvo conocimiento el diez de septiembre de dos mil veinte. Por lo tanto, resulta inconcuso que la parte quejosa tuvo oportunidad de interponer el juicio de amparo dentro del plazo establecido de quince días hábiles, contra la determinación de veinte de agosto de dos mil veinte, dictada por la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, del diecisiete de septiembre al siete de octubre de dos mil veinte, sin contar los días diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de septiembre, tres y cuatro de octubre del citado año, por ser sábados y domingos Así, al realizar el cómputo del plazo que tuvo la quejosa para presentar su demanda de amparo contra el acto descrito, se advierte que aquél transcurrió en exceso, pues su demanda de amparo fue presentada hasta el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, por lo que resulta extemporánea. Lo que hace que se ponga de manifiesto que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado fue consentido en razón de que no promovió el juicio de amparo dentro del plazo previsto por la ley de la materia, tal y como lo establece el numeral antes referido y el diverso 17 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en los diversos numerales 17 y 113 de la citada legislación, procede DESECHAR la demanda de amparo, por el acto consistente en la resolución de veinte de agosto de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos precisado en líneas anteriores, por los motivos manifiestos e indudables de improcedencia evidenciados. Es aplicable también al caso, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 30/994, publicada en la página 40, del Anexo al Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por su Presidente, al terminar el año de mil novecientos noventa y seis, que aparece bajo el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO". Bien, establecido lo anterior, se procede a analizar el diverso acto consistente en el requerimiento de pago identificado bajo el número MEJ20200759, de diez de noviembre de dos mil veinte, derivado de la multa impuesta en la resolución de veinte de agosto de dicha anualidad, emitida dentro del juicio de nulidad TJA/3ªS/296/2016, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Este juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 217 del propio ordenamiento legal y la jurisprudencia cuyo contenido se precisará más adelante. Los citados preceptos estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". El criterio a que se hizo referencia con antelación es el siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". El Máximo Tribunal del País ha sostenido que para que un acto se repute como derivado de otro consentido, deben satisfacerse los elementos, a saber: a) Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, b) Que no se ataque por vicios propios sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Apoyan lo anterior, los criterios del tenor siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta". "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél". Partiendo de dichos criterios, se estima que el requerimiento de pago con el cual se inició el procedimiento administrativo de ejecución identificado bajo el número MEJ20200759, de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, por esta vía reclamado, es un acto derivado de otro consentido; en específico del auto de veinte de agosto de dos mil veinte, dictado dentro del expediente TJA/3ªS/296/2016, del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Se considera que el referido acto reclamado es derivado de uno consentido, ya que el aludido requerimiento de pago de diez de noviembre de dos mil veinte, se apoya en lo resuelto en el citado auto de veinte de agosto de esa misma anualidad, del cual, como se resolvió en párrafos precedentes, el quejoso interpuso de manera extemporánea el juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en los numerales 61, fracción XXIII y 217, de dicho ordenamiento legal, se desecha la demanda de amparo, respecto del requerimiento pago de identificado bajo el número MEJ20200759, de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el escrito signado por el representante especial de la parte quejosa, mediante el cual realiza diversas manifestaciones, al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por el promovente en vía de alegatos, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto el escrito signado por el quejoso ********************promoviendo por derecho propio y en su carácter de Regidor de Coordinación de Organismos, Descentralizados, Panificación y Desarrollo al Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos; agréguese a los autos y resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto el Director General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos, Dependiente de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, cumpla con el requerimiento respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
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