Ramiro Cruz Zavala

Expediente 847/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
847/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
25/11/2021

Partes del expediente

  • Ramiro Cruz Zavala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo haya hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Precisión de los efectos del amparo En sentencia dictada el siete de mayo de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra, se concedió la protección constitucional a Ramiro Cruz Zavala, para los siguientes efectos: "Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado dé la contestación respectiva, la cual deberá ser exhaustiva y congruente con lo solicitado por el peticionario de la protección constitucional; - La cual, además deberá ser notificada en el domicilio que proporcionó en su solicitud." Trámites para cumplir con la ejecutoria de amparo Así, en proveído de uno de julio de dos mil veintiuno, se declaró ejecutoriada la sentencia de amparo, y se requirió a la autoridad responsable a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector; asimismo, se determinó que no era el caso de proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, en virtud de que dicha autoridad no tenía superior jerárquico que le ordenara cumplir con la ejecutoria de amparo. Luego, por oficio presentado el doce de julio de este año, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, allegó copias certificadas del acuerdo de nueve de julio de este año, a través del cual dio respuesta a la solicitud formulada por el aquí quejoso y de la constancia de notificación relativa; y de dichas dichas documentales, se desprende que: I. En respuesta a la petición formulada por el aquí quejoso, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en acuerdo de nueve de julio de este año, y al habérsele solicitado la ejecución del laudo pronunciado en el juicio individual de trabajo 3B/1055/2010, promovido ante la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con apoyo en el artículo 609, fracción I, en relación con el 940 de la Ley Federal del Trabajo, determinó remitir esa solicitud a la Presidencia de la citada Junta Tres, ya que al tratarse de un juicio individual de trabajo en estado de ejecución de laudo, a quien corresponde conocer, tramitar y resolver su solicitud es a dicha instancia. II. Asimismo, la autoridad responsable, hizo del conocimiento del quejoso que de las constancias relativas al juicio laboral de origen, el cual tuvo a la vista, advirtió que su solicitud de ejecución fue acordada por la propia Junta Especial Número Tres, el veintidós de febrero de dos mil veintiuno, siendo notificada a sus apoderados el veintitrés de abril del año en curso. Situación con la que se ordenó dar vista a la parte promovente para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, puesto que en los términos señalados, se dio una contestación exhaustiva y congruente a la solicitud formulada por el quejoso el quince de octubre de dos mil veinte, notificando dicha respuesta; con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de depuración En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. No existen cuadernos de suspensión Sin que se haga pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Rigoberto Chávez Villa, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, remite copia certificada del acuerdo de nueve de julio de este año, por el que da respuesta a la solicitud formulada por el aquí quejoso y constancia de notificación relativa. Vista a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga y transcurrido dicho término con manifestación o sin ella, ténganse nuevamente los autos a la vista para dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Alfredo Montoya Revilla, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del diecinueve de julio al dos de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/1784/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintiuno. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial de cuenta, de la cual se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de siete de mayo del año en curso, en la que, por una parte, se sobreseyó en el presente asunto y, por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Ramiro Cruz Zavala; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Precisión de puntos a cumplir de ejecutoria. En ese tenor, tomando en consideración que se concedió el amparo a la parte quejosa, requiérase a la junta laboral responsable para que en términos del ordinal 192, párrafo segundo de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, informe sobre el cumplimiento dado al fallo protector, remitiendo copia certificada que lo acredite, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo señalado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; hágase del conocimiento de la autoridad responsable que la obligación que le fue impuesta en la ejecutoria de amparo es la siguiente: "Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado dé la contestación respectiva, la cual deberá ser exhaustiva y congruente con lo solicitado por el peticionario de la protección constitucional; La cual, además deberá ser notificada en el domicilio que proporcionó en su solicitud." Superior jerárquico. Sin que en la especie sea el caso proceder en los términos precisados en los artículos 192 y 194 de la Ley de Amparo, puesto que la autoridad laboral responsable no tiene superior jerárquico que le ordene cumplir con el fallo protector, y que sea por tanto su corresponsable por la falta de cumplimiento del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia, quien actúa asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe. Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-847/2020 promovido por Ramiro Cruz Zavala por propio derecho, contra actos del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Estado con sede en esta ciudad y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio, no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las constancias que la autoridad señalada como responsable, adjuntó como sustento de su informe, pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita mediante alegato constitucional 83/2021, presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos tales alegatos, con los cuales se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto V-847/2020; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, remitido a este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Ramiro Cruz Zavala, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y los actos que precisó en su demanda. La parte quejosa precisó como violatorios en su perjuicio del derecho humano reconocido por los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de nueve de diciembre de dos mil veinte se radicó el asunto como el expediente V-847/2020 y se previno a la parte promovente, asimismo, el veinte de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 4, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la amparista reclama lo siguiente: "...La omisión en el tramite resolución y notificación al suscrito de las peticiones formuladas en sendos escritos de fecha 15 de octubre del año en curso; y,. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo manifestó lo siguiente: ".INFORME JUSTIFICADO. Es cierto el acto de omisión de dar respuesta a la petición realizada por la parte quejosa a través del escrito antes referido; sin embargo, con fecha 23 veintitrés de febrero del año en curso a través del oficio CJEE/DACL/064/2021, le fue notificada la respuesta correspondiente en el domicilio señalado en autos, para recibir notificaciones, mediante el cual se le informó a la parte quejosa que su solicitud fue turnada a través del oficio SG/01759/2020." Asimismo, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado, manifestó lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. ES CIERTO que con fecha 15 de octubre de 2021, se recibió el escrito suscrito por RAMIRO CRUZ ZAVALA, mediante el cual solicitó la intervención del suscrito Presidente, ello en relación al trámite y resolución del juicio individual de trabajo 3B/1055/2010, mismo que remitió esta Presidencia a la Junta Especial Número Tres, por ser la competente para conocer, tramitar y resolver el juicio antes indicado..." De lo reproducido se obtiene que, ciertamente a la fecha de la presentación del libelo que dio génesis al asunto que se resuelve, no se había brindado ninguna atención a la solicitud que motivó el presente juicio; lo cual además, se corrobora con la copia certificada del proveído de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, que la junta responsable envió como sustento a su informe justificado; documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por ende, válidamente puede concluirse que son ciertas las omisiones que se le atribuyen a las responsables. CUARTO. ESTUDIO DE CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335." "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Séptima Época: Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati.22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." De ahí que, de un estudio de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En el presente asunto, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la omisión en el trámite resolución y notificación al suscrito de las peticiones formuladas en sendos escritos de fecha 15 de octubre del año en curso. Sin embargo, como ya se estableció, mediante oficio recibido por este juzgado el veinticinco de febrero de la presente anualidad, el Director de Asuntos Constitucionales y Legales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, en representación del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, remitió a este juzgado copia certificada del proveído de veintidós de febrero del año en curso, mediante el cual se informa que mediante auto de veinte de octubre de dos mil veinte, se atendió la solicitud de la quejosa; y se turnó la solicitud al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado para su valoración. En tal virtud, al haberse atendido la solicitud de la parte quejosa, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable al haberse pronunciado al respecto destruyó los efectos de la dilación que se le reclama en la demanda de amparo, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe SOBRESEERSE en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita, únicamente respecto de los actos atribuidos al Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. Por otra parte, toda vez que de autos no se obtiene que se actualice alguna otra causa de improcedencia prevista por la ley de la materia, ni las partes alegaron lo anterior; lo que se impone, es abordar el estudio del fondo del asunto por lo que ve al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado. QUINTO. ESTUDIO DEL FONDO. De inicio, este juzgado federal estima innecesario transcribir los conceptos de violación, por considerarse que, para colmar los requisitos de congruencia y exhaustividad, exigidos por la Ley de Amparo, basta con realizar el examen exhaustivo y congruente de los argumentos vertidos en la demanda de garantías. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia que se transcribe en seguida: "Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez. Luego, del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso aduce totalmente que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado, vulneró en su perjuicio el derecho fundamental reconocido por el artículo 8 constitucional, porque omitió dar contestación al escrito presentado el quince de octubre de dos mil veinte. Tal disenso es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, por los motivos que se exponen a continuación. En principio es indispensable tener en cuenta que el artículo 8º constitucional es del tenor siguiente: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del numeral transcrito se obtiene que los funcionarios públicos están obligados a respetar el derecho de petición de los gobernados, siempre y cuando la solicitud respectiva se formule de manera respetuosa, pacífica y por escrito; además, parte esencial de la garantía contenida en la máxima constitucional aludida es que a cada una de las peticiones formuladas debe recaerle una respuesta la cual necesariamente debe ser congruente con la solicitud formulada y debe hacerse del conocimiento del peticionario. Así, cuando un gobernado estime que alguna autoridad ha vulnerado en su perjuicio el contenido del artículo 8º constitucional, porque no ha dado respuesta a una solicitud formulada en los términos antes apuntados o haciéndolo ésta resulte incongruente, deficiente o contraria a derecho, puede acudir al juicio de amparo para solicitar que se obligue a la autoridad a responder de manera correcta; ello sin necesidad de agotar recurso alguno. Cabe precisar que la concesión del amparo no puede obligar a la autoridad a dar respuesta en determinado sentido, sino únicamente a que responda de manera clara, congruente y completa. En ese sentido, para la procedencia de la instancia aludida el quejoso tiene la carga de demostrar que la petición correspondiente fue presentada ante la autoridad encargada de solventar los aspectos contenidos en la solicitud; de tal suerte que para desvirtuar la omisión que se le atribuya, será necesario que la responsable demuestre que ha emitido la respuesta correspondiente y que se la dio a conocer al peticionario del amparo, pero además, que dicha respuesta solventa cada una de las expresiones contenidas en el escrito de solicitud. Sobre el particular, resulta aplicable la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 189914 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 42/2001 Página: 126 PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular. Contradicción de tesis 14/2000-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 27 de febrero de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de marzo en curso, aprobó, con el número 42/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno." Luego, tanto lo manifestado por el quejoso, como por la autoridad responsable, y el hecho de que a la fecha en que esto se resuelve, aunque se cuenta con constancia de que acredita que Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado dio contestación a la petición formulada por el amparista, permite colegir que, en la especie, se ha vulnerado el derecho fundamental reconocido por el artículo 8º constitucional en perjuicio del quejoso, precisamente porque la petición referida por el peticionario de la protección constitucional empero de haber sido atendida por la autoridad requerida, no ha sido notificada al peticionario del amparo. No es óbice, que al rendir su informe, la responsable haya expresado que ".en relación al trámite y resolución del juicio individual de trabajo 3B/1055/2010, mismo que remitió esta Presidencia a la Junta Especial Número Tres, por ser la competente para conocer, tramitar y resolver el juicio antes indicado."; tampoco, que se haya exhibido el oficio de mérito; porque a la fecha en que esto se resuelve, no existe constancia de que dicha respuesta le haya sido notificada en el domicilio señalado para tal efecto. Por tanto, lo que se impone es CONCEDER EL AMPARO al quejoso Ramiro Cruz Zavala, para el único efecto de que: Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado dé la contestación respectiva, la cual deberá ser exhaustiva y congruente con lo solicitado por el peticionario de la protección constitucional; La cual, además deberá ser notificada en el domicilio que proporcionó en su solicitud. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ramiro Cruz Zavala por propio derecho, contra actos del Secretario de Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo en el Estado con sede en esta ciudad, para el efecto precisado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGÚNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Ramiro Cruz Zavala, contra el acto que reclamó del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado, para el efecto precisado en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

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