Ramiro Cruz Ordoñez

Expediente 379/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
379/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
26/08/2019

Partes del expediente

  • Ramiro Cruz Ordoñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Vista con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de siete de los corrientes, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Ramiro Cruz Ordoñez; por tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Devolución de cuadernos de pruebas. Finalmente, devuélvase al Juez responsable la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 980/2015, documental que remitió como sustento de su informe justificado; además, se le solicita el acuse de recibo correspondiente, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia, quien actúa ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V-379/2018 promovido por Ramiro Cruz Ordoñez, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo tiene el carácter reconocido de tercero interesado Yoscani Cortés Sánchez, quien se encuentra debidamente emplazado en autos, así como el diverso Rogelio Rodríguez Gaytán, quien falleció el veintidós de junio de dos mil dieciocho, motivo por el cual no se logró el llamado a juicio, sin que sea obstáculo para llevar a cabo la presente audiencia. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede; Secretario, dé cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable. EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas; Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en cuaderno de pruebas por separado la documental que el Juez responsable acompañó como sustento de su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 980/2015; documental que se tuvo por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que únicamente la parte promovente formuló los alegatos que a su parte corresponden, a través del escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos dichos alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número V-379/2018, promovido por Ramiro Cruz Ordoñez, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remitido al día siguiente hábil por razón de turno a este juzgado, Ramiro Cruz Ordoñez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Substanciación del juicio. Previa prevención formulada en autos, mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional, por una parte, desechó la demanda de amparo, y por otra, la admitió a trámite, misma que quedó registrada bajo el número V-379/2018; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que fue celebrada en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama actos de una autoridad civil con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable consiste en la suspensión de la diligencia de lanzamiento de diez de abril de dos mil dieciocho, ordenada en el juicio ejecutivo mercantil 980/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez responsable, se obtiene que aceptó la existencia del acto reclamado, además, remitió copia certificada del juicio de origen a fin de justificar su actuar; a la aludida documental se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos". CUARTO. Causal de improcedencia. Examinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: "Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Amparo en revisión 3479/84. Pinturas Pittsburg de México, S.A. 11 de mayo de 1988. Cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa. Amparo administrativo en revisión 8432/40. Grajales J. Cicerón. 7 de abril de 1941. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mendoza González. Nota: Esta tesis también aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVIII, página 335". "Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Amparo en revisión 5556/78. Francisco Javier Boelsterly. 9 de octubre de 1979. Unanimidad de quince votos. Amparo en revisión 2845/79. Lilia T. de Gómez Morín y otros. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 5553/78. Sucesión de Virginia Lazari Conzati. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6105/78. Angeles de la Fuente Díaz. 22 de julio de 1980. Unanimidad de diecisiete votos. Amparo en revisión 6004/78. José Antonio Pérez de la Fuente. 29 de julio de 1980. Unanimidad de dieciséis votos." En el caso, se considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]". Resulta de esta forma, ya que el juicio de amparo como un medio de control constitucional y de defensa extraordinario frente a los actos de las autoridades que se consideren lesivos de los derechos fundamentales de todo individuo, se distingue siempre por buscar un fin práctico a través de sus sentencias, por lo que aún ante actos en sí mismos lesivos de los intereses jurídicos de la parte solicitante resulta improcedente si no puede materializar sus efectos, por haber desaparecido el objeto y materia del acto reclamado. Ahora, de las constancias que integran el expediente natural, se desprenden los siguientes antecedentes: Ramiro Cruz Ordoñez, por escrito presentado ante la responsable el ocho de diciembre de dos mil quince, demandó del tercero interesado Yoscani Cortés Sánchez, por la vía ejecutiva mercantil, el pago de la cantidad de $220,000.00 (doscientos veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), y otras prestaciones; Previa secuela procesal, el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se dictó sentencia definitiva, misma que declaró procedente la acción y se condenó al aquí tercero interesado citado supralíneas; resolución que el veinte de abril de dos mil dieciséis causó ejecutoria por ministerio de ley; Posteriormente, una vez iniciado el procedimiento de ejecución respectivo, por auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se señaló hora y fecha para que, en ejecución forzosa, se constituyera el personal adscrito al órgano jurisdiccional responsable en el inmueble consistente en el lote número 9, manzana VI, barrio I, que forma parte del fraccionamiento popular denominado Eduardo Ruiz, actualmente con casa habitación ubicada en la Avenida Pedregal Barrio I, número 3463, colonia Ampliación Eduardo Ruiz, de esta ciudad, y previa desocupación del mismo, se pusiera en posesión real y material al actor, por conducto de su endosatario en procuración; Subsecuentemente, a las once horas del diez de abril de dos mil dieciocho, se pretendió llevar a cabo la diligencia de lanzamiento, la cual se suspendió por aquél tribunal, en atención a que Rogelio Rodríguez Gaytán se opuso a la misma, aduciendo su interés jurídico con el contrato de compra venta privado de tres de noviembre de dos mil catorce. Acto reclamado en la presente instancia constitucional; Después, en auto de dos de julio pasado, las partes contendientes en el juicio de origen llegaron a un convenio, mismo que se aprobó y sancionó, elevándose a categoría de cosa juzgada en ejecución de sentencia. Lo anterior pone en evidencia que, aun cuando la diligencia de diez de abril de dos mil dieciocho subsiste, la realidad es que su objeto o materia ya no, dado que dicha diligencia de lanzamiento no puede surtir efecto legal alguno por haber desaparecido el objeto o materia del procedimiento natural, con motivo de que el convenio al que llegaron las partes, se elevó a categoría de cosa juzgada. Cabe destacar que en el referido acuerdo de voluntades, en la cláusula tercera se pactó lo siguiente: "[.] TERCERA.- Por su parte el C. Ramiro Cruz Ordoñez recibirá la posesión real y material de la propiedad descrita en la cláusula anterior, dándose a si por pagado de todas y cada una de las prestaciones a que fue condenado el C. Yoscani Cortés Sánchez dentro del juicio en que se actúa, sin tener ninguna otra acción que reclamar respecto al adeudo que nos ocupa, comprometiéndose a respetarlo tanto a él como a su familia; de igual forma se compromete a desistirse del Juicio de Amparo Indirecto número 379/2018, que se promueve en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado en contra de actos de este H. Tribunal. [.]". De ahí que, ningún sentido práctico tendría conceder el amparo al promovente, ante la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a las agraviadas en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia que a la letra dice lo siguiente: "Época: Novena Época Registro: 173858 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Amparo directo en revisión 3044/98. Eduardo Cuauhtémoc Siller Leyva y otros. 12 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina. Amparo directo en revisión 901/2000. Grupo Moyg, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez. Amparo directo en revisión 197/2001. Félix García García. 27 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías. Amparo directo en revisión 210/2002. María del Carmen Guido Méndez y otros. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras. Amparo en revisión 737/2002. Rafael González Lomelí. 24 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la imposibilidad de que el acto reclamado surta efecto legal o material. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra". Los criterios que anteceden se invocan no obstante haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de las mismas, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por Ramiro Cruz Ordoñez, por su propio derecho, en contra del acto que reclamó de la autoridad responsable, en términos del considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese. Así lo sentenció y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil diecinueve. Autoridad informa. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Primera Instancia Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que en el juicio ejecutivo mercantil de origen, las partes celebraron convenio judicial, mismo que se elevó a categoría de cosa juzgada; lo que se corrobora de las constancias que al efecto adjunta. Prueba documental. En ese tenor, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la documental referida supralíneas; sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Vista a las partes. Ahora, toda vez que de la aludida documental se obtiene que pudiera actualizarse alguna causal de improcedencia en el presente asunto, específicamente de la cláusula tercera del convenio alcanzado por las partes en el controvertido de origen; en tal virtud, dése vista a las partes para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se proveerá lo que en derecho corresponda. Se levanta la suspensión del procedimiento. Atento a lo anterior, SE LEVANTA LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO decretada en auto de ocho de agosto de dos mil dieciocho; por lo tanto, se señalan las diez horas con cincuenta minutos del siete de agosto de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Mgm-Dva

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil dieciocho. CUMPLE CON REQUERIMIENTO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual acompaña la diversa comunicación signada por la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiséis de julio pasado, informa que una vez realizada una búsqueda en el libro de gobierno respectivo, no se encontró registro de juicio sucesorio alguno, tramitado a bienes del tercero interesado Rogelio Rodríguez Gaytán; en tal virtud, toda vez que la totalidad de autoridades requeridas han dado cumplimiento a la solicitud realizada, se provee lo siguiente. SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO. Con apoyo en el artículo 16, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se suspende el procedimiento en este juicio; por lo tanto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del siete de septiembre próximo; asimismo, se determina que, si dentro del plazo de sesenta días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente auto, no interviene la sucesión a bienes del aquí tercero con interés Rogelio Rodríguez Gaytán, se ordenará lo conducente en este juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3470/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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