Ramiro Cortez Montenegro
Expediente 1188/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1188/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ramiro Cortez Montenegro
Actuaciones
- Principal
En la Ciudad de México, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, catorce de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se advierte que el agraviado no se presentó ante este órgano jurisdiccional a ratificar la demanda de amparo como se ordenó en auto de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, no obstante que fue notificado de dicho proveído como se constata de la constancia que obra agregada al expediente electrónico, ni obra alguna manifestación de imposibilidad del quejoso para acudir ante este juzgado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la última parte del tercer párrafo del artículo 15, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto veintinueve de diciembre de dos mil veinte, y se tiene por no presentada la demanda de garantías promovida por Àngel Raya, en nombre y representación de Ramiro Cortez Montenegro, contra actos del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y otra autoridad, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables la presente determinación para los efectos legales procedentes; así como las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alonso Antonio Hernández Flores, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con el oficio CCJ/ST/3157/2020, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de diciembre de dos mil veinte. Visto el contenido de la Circular SECNO/29/2020 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el Acuerdo General 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, los cuales constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en que se establece que, por el periodo del cinco de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, se dará trámite a los escritos iniciales que se califiquen como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, a efecto de que se radiquen y se prosiga con su trámite. Por tanto, vista la demanda de amparo promovida por Ángel Raya, en nombre y representación de Ramiro Cortez Montenegro, contra actos del Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1188/2020. En atención a que la parte promovente del amparo reclama la privación de la libertad de la supuesta parte representada, derivada de la orden de arresto administrativo que se decretó en su contra y manifiesta que se encuentran detenidos en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, por lo que de llegar a consumarse, sería físicamente imposible restituir a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales reclamadas; por tanto, con fundamento en los artículos 15, 125, 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión del acto reclamado para el efecto de que cese la detención derivada de la orden de arresto reclamada, y la parte quejosa sea puesta en inmediata libertad por la autoridad que materialmente esté ejecutando la orden de arresto que en esta vía se reclama. Se hace la aclaración de que la medida suspensional únicamente surtirá sus efectos si el arresto a que se refiere es inconmutable; porque de no serlo, esta medida no surtirá efecto alguno. Se hace extensiva la medida cautelar a cualquier autoridad que haya ejecutado o pretenda ejecutar total o parcialmente el acto privativo de libertad. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 295, cuyo rubro y texto son los siguientes. SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. (No. Registro: 270,866, Tesis aislada, Sexta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, LVI, Tesis:, Página: 138, Genealogía: Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis relacionada con la jurisprudencia 295, página 844.) En el entendido de que la puesta en libertad de los quejosos será siempre y cuando hayan sido privados de ella con motivo de la orden de arresto reclamada y no sea consecuencia de un procedimiento de carácter penal o civil, ni con motivo del cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por la comisión de un delito o haya sido aprehendido en flagrancia o urgencia; en cuyo caso deberá ser puesto a disposición del Fiscal Ejecutivo Titular correspondiente en términos del artículo 159, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, la medida concedida no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado proviene de autoridades distintas a las señaladas como responsables y si el acto resulta ser uno distinto al que aquí se combate. Se comisiona al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, en mención y notifique al Director de esa institución o, en su defecto, a la autoridad que en ese momento represente o se substituya en sus funciones, la suspensión que se ha concedido, con el objeto de que se ponga en libertad inmediata a Ramiro Cortez Montenegro, debiéndose notificar en forma personal a la parte quejosa el presente auto. Asimismo, el actuario adscrito a este Juzgado, queda constreñido a cerciorarse del cumplimiento inmediato de dicha medida, cuya razón deberá asentar en el acta correspondiente. En atención a que el acto reclamado consiste en la privación de la libertad con motivo del arresto decretado en contra del promovente Ramiro Cortez Montenegro, y en virtud de que la demanda de garantías la presentó Ángel Raya, en nombre y representación de aquél; por tanto, con fundamento en los artículos 6 y 15, de la Ley de Amparo, requiérase al peticionario de garantías, para que comparezca debidamente identificado al local de este Juzgado, con la finalidad de que ratifiquen el ocurso inicial que se provee. En ese sentido, en primer término, es menester acudir a lo establecido en el artículo 6°, fracción I, del "Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", que señala lo siguiente: Artículo 6. Modelo de atención presencial basado en citas. La presencia física de las partes en los órganos jurisdiccionales se admitirá dentro de los siguientes supuestos y reglas: I. Cuando sea la o el titular del órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad. Para ello, deberá considerarse que: a) El citatorio permitirá la generación desde uno hasta tres códigos QR, según se estime necesario atendiendo a la naturaleza de la diligencia a practicar. b) Cuando el citatorio respectivo se notifique electrónica o personalmente, junto con el mismo se hará entrega del Código QR respectivo. c) Cuando el citatorio se notifique por lista, el o los Códigos QR se dejarán en el acceso del edificio respectivo y se dará aviso a la administración del mismo con las fechas y horarios de audiencia, de modo que quienes acudan a la cita puedan ingresar bajo la regla de hasta dos personas por Código. Una vez en el órgano jurisdiccional se verificará que quienes asistan cuenten con la capacidad procesal necesaria para participar en la diligencia. d) La o el titular deberá garantizar bajo su más estricta responsabilidad la adopción de las medidas de distanciamiento social necesarias, de modo que las diligencias, comparecencias y audiencias no interfieran con personas que hayan programado personalmente sus citas, y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables e) Tratándose de requerimientos sujetos a un plazo, el órgano jurisdiccional generará la cita para que tenga verificativo el día en que venza. (.)". Por tanto, en uso de las facultades conferidas a este Juzgador, adoptando las medidas de distanciamiento social necesarias y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal jurisdiccional ni de las personas justiciables, se realizó de oficio la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", para obtener el código "QR", y pueda ingresar a este órgano jurisdiccional de las TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS Y HASTA LAS CATORCE HORAS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por tanto, se faculta a alguno de los actuarios adscritos a este juzgado para que con fundamento en lo que disponen los artículos del 298 al 301 del citado código, con copia del presente proveído, así como de la impresión del Código "QR" respectivo, se sirva notificar a al quejoso Ramiro Cortez Montenegro, y los requiera para que se presente en la fecha y horario descrito en el párrafo que antecede, con identificación oficial vigente y copia de la misma, perfectamente protegido con las medidas de seguridad requeridas para la conglomeración de personas (guantes de látex, cubre boca, careta, etcétera), se constituya en las instalaciones de este Juzgado sito en Boulevard Adolfo López Mateos mil novecientos cincuenta, tercer piso, colonia Tlacopac San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, para la ratificación de la demanda promovida a su nombre. Se apercibe a la parte quejosa, que de no cumplir la prevención señalada en el presente acuerdo en la fecha señalada, quedará sin efectos la providencia de suspensión decretada y se procederá conforme lo establece el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En el entendido de que si en el momento de la notificación del presente proveído, al directo quejoso expresara su deseo de no aceptar la promoción que del amparo se hace, el actuario judicial de la adscripción deberá abstenerse de entregar los oficios que al presente se acompañan, asentando la razón correspondiente. En términos del artículo 22, del referido Acuerdo General 21/2020; se exhorta a todas las partes, esto es, a la parte quejosa, autoridad responsable, Fiscal Ejecutivo Titular adscrito, y en su caso, tercero interesado; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Ahora bien, toda vez que en la demanda se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este Juzgado, las cuales no constituyen propiamente un domicilio; en tal virtud, háganse las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de lista. Con fundamento en el artículo 278 del código adjetivo en cita, expídase a su costa copia certificada por duplicado del presente proveído, debiendo dejar en autos constancia de su entrega a satisfacción de este órgano jurisdiccional, en el entendido de que la persona que acuda a recibirlas, deberá solicitar una cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con cuarenta y cinco minutos a las quince horas, y acudir con original y copia de su identificación oficial vigente, provista de fotografía, la cual previo cotejo que se realice será glosada en autos. Se precisa que se requiere a la quejosa para que programe la cita correspondiente en ese horario, en uso de la facultad con la que cuenta el suscrito para administrar éste órgano jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales, lo anterior tomando en consideración que a este Juzgado de Distrito le corresponde la jornada de labores presenciales de las trece horas con cuarenta y cinco minutos a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos, y por su parte, el horario de labores del centro de fotocopiado al público en general, que se encuentra en el edificio en que se ubica este órgano jurisdiccional, es de las nueve a las quince horas, por lo que únicamente coinciden dentro del horario referido en el párrafo precedente. Asimismo, se hace de su conocimiento que en el caso de que no sea posible concluir la entrega de las copias solicitadas dentro del horario correspondiente a su cita, cuya duración máxima será de veinticinco minutos, conforme al artículo 6 del citado Acuerdo General 21/2020, lo anterior derivado de la carga de trabajo del centro de fotocopiado o del volumen de las constancias respectivas, aunado al horario restringido de labores presenciales de este órgano jurisdiccional, deberá de programar una cita posterior para su entrega. Se hace del conocimiento que en términos de los artículos 8° y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y numerales 6, 8 y 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales y solicitar la supresión de sus nombres en las listas de notificación que se publiquen en medios electrónicos. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, a fin de notificar el presente proveído, se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Ramiro Cortez Montenegro. Así lo proveyó y firma, el licenciado Alberto Torres Rivera, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargado del despacho por Ministerio de Ley, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia médica del titular, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
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