Ramiro Adalberto Jarquin Ortiz
Expediente 1153/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 36 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ramiro Adalberto Jarquin Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Ciudad de México, siete de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el ocho de febrero de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a las DIEZ HORAS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 1153/2019-IX, en audiencia pública Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de amparo, que dio origen al presente asunto, promovida por Ramiro Adalberto Jarquín Ortíz, por propio derecho, proveído de quince de agosto de dos mil diecinueve, en el que se admitió a trámite la demanda, ampliación de demanda, informes justificados rendidos por las autoridades responsables, las pruebas, las constancias de notificación a las partes y proveídos que acordaron lo conducente. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables. En período probatorio: La Secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. Periodo de alegatos: abierto éste, la Secretaria hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, así como tampoco el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito presentó el pedimento que a su representación social compete. El Juez acuerda: Se declara desierto este periodo. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta por lo que se dicta sentencia, y; V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1153/2019-IX, promovido por Ramiro Adalberto Jarquín Ortíz, por propio derecho, contra actos del Director General de Gestión Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, y otra autoridad y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Por escrito recibido el trece de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remitido por razón de turno al día hábil siguiente a este Juzgado Federal, Ramiro Adalberto Jarquín Ortíz, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que a continuación se precisan: III. AUTORIDAD RESPONSABLE: Tiene el carácter de ordenadora, el DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN COMERCIAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS "ASEA". IV. ACTO RECLAMADO: Reclamo de la autoridad responsable ordenadora, la falta de contestación por escrito debidamente fundado y motivado, a mi petición de 29 de Mayo del 2019, acusado de recibido por la oficialía de partes el 26 de junio del 2019. SEGUNDO. Por acuerdo de quince de agosto de dos mil diecinueve, se registró y admitió la demanda con el número 1153/2019-IX, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y se dio la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito. TERCERO. Derivado de las pruebas documentales exhibidas por la autoridad responsable con su informe justificado, mediante proveído de siete de octubre de dos mil diecinueve, se requirió a la quejosa para que si así convenía a sus intereses ampliara la demanda de amparo, por el oficio número ASEA/UAJ/DGCT/2C.13/037/2049, de dos de octubre de dos mil diecinueve, emitido por el Director General de lo Contencioso, adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), mediante el cual se dio respuesta a su escrito recibido en la oficialía de partes de la autoridad responsable el veintiséis de junio de dos mil diecinueve. En ese tenor, mediante escrito presentado el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la parte quejosa amplió la demanda de amparo en los siguientes términos: III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: TIENE EL CARÁCTER DE ORDENADORA; 1) El DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN COMERCIAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD DEL SECTOR DE HIDROCARBUROS "ASEA", 2) DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL ADSCRITA A LA UNIDAD DE GESTIÓN DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA COMERCIAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR DE HIDROCABUROS, 3) DIRECTOR GENERAL DE LO CONTENIOSO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS. IV.ACTO RECLAMADO: RECLAMO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, marcada con el inciso 1; A).- Las modificaciones al informe preventivo realizadas por el REGULADO "T ESTACIÓN DE SERVICIOS GASOLINEROS, S.A. DE C.V. glosado en la bitácora 09/MPA0014/11/15 número de clave 20OA2015G0047 que autorizó la Manifestación de Impacto Ambiental modalidad particular sin; a partir de la ejecución del proyecto "REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL JUNTO AL DEPORTIVO BRENAMIEL", acordado mediante convenio de 18 de Diciembre de 2017, suscrito entre el representante legal del REGULADO y el Director Jurídico de Servicios y Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca "SAPAO". B).- La suspensión de las actividades autorizadas al REGULADO "T ESTACIÓN DE SERVICIOS GASOLINEROS, S.A. DE C.V., mediante Manifestación de Impacto Ambiental modalidad particular sin riesgo, autorizadas por resolución girada en el oficio ASEA/UGSIVC/DGCC/1211/ de 17 de Mayo del 2016 en la bitácora 09/MPA0014/11/15 número de clave 20OA2015G0047 RECLAMO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, marcada con el inciso 2; A) La falta de evaluación de las medidas preventivas y mitigación de impacto ambiental del proyecto "Construcción y Operación de una Estación de Servicios tipo urbana en el municipio de San Jacinto Amilpas" autorizada a "T ESTACIÓN DE SERVICIOS GASOLINEROS, S.A. DE C.V.", mediante resolución girada en el oficio ASEA/UGSIVC/DGCC/1211 DE 17 de mayo del 2016; a partir de las modificaciones del informe preventivo realizadas con motivo de la ejecución del proyecto "REUBICACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CARRETERA INTERNACIONAL JUNTO AL DEPORTIVO BRENAMIEL", acordado mediante convenio de 18 Diciembre del 2017, suscrito entre el representante legal del REGULADO y el Director Jurídico de Servicios y Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca "SAPAO". RECLAMO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, marcada con el inciso 3; a) La falta de instauración de la denuncia popular a partir de mi escrito de 29 de Mayo del 2019. CUARTO. Atento a que el quejoso pretendió ampliar la demanda de amparo por actos ajenos y diversos al oficio número ASEA/UAJ/DGCT/2C.13/037/2049, con el que se dio vista de ampliación, mediante proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve, se previno de nueva cuenta para que desahogara si ampliaba la demanda de amparo respecto de esa comunicación oficial, sin que al efecto haya desahogado tal prevención, razón por la cual, mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo por precluído el derecho del agraviado para ampliar la demanda por el oficio citado en primer término. QUINTO. En contra del acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual fue fundado en sesión de veinticuatro de enero de dos mil veinte, por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el expediente Q.A. 2/2020- 4865. De ahí que, en atención a lo resuelto por el Tribunal resolutor, mediante acuerdo de doce de febrero de dos mil veinte, se tuvo por admitida la ampliación de demanda por el oficio número ASEA/UAJ/DGCT/2C.13/037/2049, de dos de octubre de dos mil diecinueve, emitido por el Director General de lo Contencioso, adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), mismo proveído en el que se requirió la rendición del informe justificado, se dio la intervención que corresponde a la representación social, y fue reiterada la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró, y en veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia. SEXTO. En contra de la sentencia, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual resolvió el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el expediente R.A.72/2021, resolviendo reponer el procedimiento, por supuesta falta de firma digital en la audiencia constitucional, soslayando la firma electrónica contenida en la audiencia y sentencia, que constituyen unidad en archivo electrónico; en este tenor, se ordenó señalar nueva fecha de audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede, y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que se reclaman actos administrativos de autoridades de la misma naturaleza, en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, definió la obligación consistente en que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de establecer con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia mencionada es de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. No. Registro: 900,169, Novena Época Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo I, Página: 207 Del análisis integral que al efecto se realiza de la demanda, ampliación de demanda y anexos, se colige que los actos reclamados, concretamente consisten en: ? La omisión de dar contestación al escrito de petición presentado el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, con el que el quejoso solicitó la revocación de la autorización de impacto ambiental a la empresa T Estación de Servicios Gasolineros, sociedad anónima de capital variable, y; ?El oficio ASEA/UAJ/DGCT/2C.13/037/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve, suscrito por el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. TERCERO. Es cierto el acto reclamado al Director General de Gestión Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, consistente en la omisión de dar contestación al escrito de petición presentado el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, pues si bien, al rendir su informe justificado lo negó (fojas 25-30), no acreditó haber dado respuesta a esa solicitud, con antelación a la presentación de la demanda. Es cierto el acto reclamado al Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, consistente en la emisión del oficio ASEA/UAJ/DGCT/2C.13/037/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve, pues si bien al rendir su informe justificado lo negó (fojas 179-191), enseguida vierte manifestaciones que evidencían su certeza, la cual se robustece con la copia certificada del acto reclamado (fojas 38-40, la cual de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio. CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dispone: Las causes de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En ese contexto, se estima que en el presente asunto por el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito de petición presentado el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que la autoridad responsable ya atendió la petición formulada por el quejoso. Cabe mencionar lo establecido en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo que sigue. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El precepto en cita establece la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo o negativo, o bien, se realice la acción que se reclama, en el caso de los de índole negativo, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal forma que el acto ya no agravie al quejoso. Apoya a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de rubro: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. (Número de Registro: 196,820, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210) En la especie, para corroborar la actualización de la causa de improcedencia, es necesario precisar lo siguiente. El quejoso, acreditó con el acuse de recibo respectivo que el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, presentó ante la autoridad responsable, un escrito con el cual le solicitó [.] estas condiciones, también tengo conocimiento que si bien es cierto el informe preventivo otorgado a la empresa "T Estación de Servicios Gasolineros, S.A. de C.V.", fue impugnado ante autoridades jurisdiccionales, también lo es que, las modificaciones del proyecto que dio origen a que se emitiera resolución favorable de impacto ambiental a favor de la empresa gasolinera en referencia, nunca fueron reportadas a la ASEA por la persona moral multicitada; puesto que de origen, está comprobado que ocultó dicha información, para que este organismo público federal descentralizado expidiera la autorización respectiva, y que con dichas argucias y artimañas actualmente está operando impunemente ñ) En razón a lo citado y previa visita de verificación que se haga en los términos de la ley y reglamento de ASEA, solicito se revoque la autorización de impacto ambiental a la empresa T Estación de Servicios Gasolineros, S.A. de C.V., en los términos de los artículos 37 fracción IV, VI y IX, XI, XII, del Reglamento de la ASEA en vigor, 25 fracción III y IV de la ley de la ASEA en vigor (fojas 5-11). En respuesta a lo anterior, el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, emitió el oficio ASEA/UAJ/DGCT/2C.13/037/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve, del cual se transcribe lo que interesa. [.] En atención a ello, se advierte que los hechos, actos u omisiones manifestados en el escrito que nos ocupa, no están encaminados a denunciar una fuente de contaminación ni que ésta produce o puede producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, en términos de lo dispuesto por los artículos 189 y 190, fracción III, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y por tanto su escrito no se considera como una Denuncia Popular. No obstante lo anterior, en relación al ejercicio del derecho de petición que se formular en el escrito de mérito, consagrado en el artículo8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento lo siguiente: En dicho escrito se advierte la pretensión de lograr la revocación de la autorización de impacto ambiental, en la modalidad de informe preventivo, emitida por la Dirección General de Gestión Comercial de esta Agencia, con número de oficio ASEA/UGSIVC/DGGC/1211/2016, de fecha 17 de mayo de 2016, en favor del Regulado "T Estación de Servicios Gasolineros, S.A. de C.V.", es preciso informarle que en caso de que tenga interés legítimo, la vía idónea para combatir o impugnar dicha resolución es el recurso de revisión en sede administrativa, o bien acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acorde a lo dispuesto por el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiente; 24 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; y 83, 84 y 86 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Asimismo, cabe señalar que, en caso de que opte por el mencionado recurso de revisión, este podrá presentarse ante la Dirección General de Gestión Comercial de la Unidad de Gestión Industrial de esta Agencia, sito en. [.] Cabe recordar que con copia del oficio ASEA/UAJ/DGCT/2C.13/037/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó correr traslado al quejoso mediante proveído de siete de octubre de dos mil diecinueve, para que indicara si era su deseo señalarlo como acto reclamado; sin que al efecto haya hecho uso de ese derecho, como se observa de la pretendida ampliación de demanda presentada el cinco de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 46-56), no obstante ello, se tuvo como acto reclamado el oficio de mérito, en atención a lo resuelto por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el expediente Q.A. 2/2020- 4865, no obstante que no existe suplencia de la queja en el señalamiento del acto reclamado. En ese tenor, se estima que el acto omisivo que reclama se basa en que alega que se infringió en su perjuicio la garantía que consagra el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé que el particular debe formular una petición por escrito realizada en forma pacífica y respetuosa y la autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito y hacerlo del conocimiento del peticionario en un breve término. De ahí que si la quejosa presentó su petición al Director General de Gestión Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, el veintiséis de junio de dos mil diecinueve, en el que le solicitó la revocación de la autorización de impacto ambiental a la empresa T Estación de Servicios Gasolineros, Sociedad Anónima de Capital Variable, y el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esa Agencia, emitió la respuesta a esa petición en la que precisó que su pretensión de logar la revocación de autorización, en caso de contar con interés legítimo, es el recurso de revisión en sede administrativa, o bien, acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiente; 24 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; y 83, 84 y 86 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo; además, ese oficio de respuesta, fue hecho del conocimiento del quejoso mediante acuerdo emitido el siete de octubre de dos mil diecinueve, mediante la notificación que este juzgado efectuó del mismo, por tanto se concluye que se cumplió con la garantía que se estimó violada y que está consagrada en el artículo 8 constitucional, ya que se dio respuesta por escrito a la petición que se presentó y se hizo del conocimiento dicha respuesta a la solicitante de amparo. Ello es así, pues con independencia del sentido en que se emita y de la fecha de la notificación, fundamentalmente, lo que pretende la garantía constitucional anteriormente citada es la exigencia de dar contestación a la petición, puesto que la autoridad tiene la obligación de contestarle al peticionario, así como hacerle de su conocimiento el sentido de su acuerdo. Por tanto, es de considerarse que se acredita la satisfacción los supuestos indicados, por lo que es dable estimar que han cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión en dar contestación al escrito de petición de veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis de jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe de contenido literal siguiente. CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (Novena Época, Registro: 193758, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Página: 38). En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo de conformidad con el precepto 63, fracción V de la ley en mención, respecto de la omisión del Director General de Gestión Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, en dar respuesta al escrito de petición de veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Seguido el estudio de las causas de improcedencia, este juzgado estima, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto del oficio de contestación número ASEA/UAJ/DGCT/2C.13/037/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; La fracción XII del artículo 62 de la Ley de Amparo, dispone la improcedencia del juicio respecto de dos supuestos. El primero, cuando se desprende de actos que no afectan el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de ese ordenamiento y, el segundo, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Conviene aclarar que la improcedencia propuesta se estudiará a la luz de lo previsto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, ya que con la reforma que sufrió ese precepto se superó el concepto de interés jurídico ampliándolo con el de interés legítimo. En relación con lo expuesto, es conveniente poner de manifiesto que en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal se establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un interés legítimo, como puede verse en la transcripción siguiente. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:- - - I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con dicho numeral, deben citarse, además, los diversos 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:- - - El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.- - - El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley. De los preceptos transcritos se desprende que en el juicio de amparo constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Conforme a los artículos 107, fracción I, de la Constitución, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Entonces, de acuerdo con la reforma se amplía el campo de posibilidades para acudir al juicio de amparo porque podrá acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal quien alegue tener un interés legítimo o jurídico, que son instituciones diferentes, como se explicará enseguida. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una persona o colectividad, identificada e identificable y supone que la parte quejosa pertenece a ella. Lo anterior se aprecia del siguiente criterio de rubro INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. ([TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2; Pág. 1736). Por otra parte, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al respecto, estableció que el interés legítimo permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo, por lo que el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad, cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasiona un perjuicio o priva de un beneficio en la esfera jurídica del ciudadano, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Lo cual se podría considerar como un agravio personal e indirecto, en oposición al agravio personal y directo exigido por el interés jurídico. Esto es, el interés legítimo puede definirse como aquél interés personal (individual o colectivo), cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Además, la sala referida aseveró que ese interés debe estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; por lo que debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de tipo económico, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Dicha Sala al respecto emitió el siguiente criterio de rubro INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. ([TA]; 10a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1; Pág. 822.) Así las cosas, debe precisarse que el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos y que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Por otra parte, el interés jurídico, en cambio, sí precisa la afectación a un derecho subjetivo, como lo definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1/J.168/2007, de rubro INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS .(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVII, Materia Común, enero de 2008, página 225) Precisado lo anterior, en resumen, para demostrar el interés en el amparo convergen los siguientes elementos: 1. La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. 2. La afectación a un derecho reconocido por la Constitución. 3. La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, se puede advertir que conforme al nuevo texto del precepto constitucional, el interés permite constituir como quejoso, al titular de un derecho o de un interés legítimo ya sea individual o colectivo, siempre que demuestre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora bien, por interés para instar la acción de amparo, se entiende aquél derecho o interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico (Constitución y leyes que de ella emanen), así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra. Por tanto, el interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo a aquella persona titular de un derecho reconocido por la Constitución que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego, aplicando al caso concreto los principios de los que se ha dado noticia, es indudable que la parte quejosa carece de interés para acudir al presente juicio de garantías. Con el propósito de evidenciar lo anterior, es importante reiterar que el acto reclamado es el oficio de contestación número ASEA/UAJ/DGCT/2C.13/037/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve, exigido por la parte quejosa a partir de la solicitud que formuló mediante escrito de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, petición que quedó transcrita, en lo que interesa, en párrafos que anteceden, y de la cual se destaca en lo medular que solicitó al Director General de Gestión Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, la revocación de la autorización de impacto ambiental a la empresa T Estación de Servicios Gasolineros, Sociedad Anónima de Capital Variable. Derivado de esa excitativa, la autoridad responsable emitió el oficio reclamado, el cual se transcribió en lo más destacado en párrafos que anteceden, y se resume enseguida. -Se precisó que su escrito no se considera como denuncia popular en razón de que sus manifestaciones no están encaminadas a denunciar una fuente de contaminación ni que ésta produce o puede producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o recursos naturales; -Que, en caso de tener interés legítimo, la vía idónea para combatir la autorización de impacto ambiental, otorgada a T. Estación de Servicios Gasolineros, Sociedad Anónima de Capital Variable, y que pretende le sea revocada, es el recurso de revisión en sede administrativa, o acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, acorde a lo dispuesto en el artículo 180 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 24 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, y 83, 84 y 86 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, y; - Que en caso de optar por el recurso de revisión, se puede presentar ante la Dirección General de Gestión Comercial de la Unidad de Gestión Industrial de la Agencia supra citada. Con lo anterior queda de manifiesto que la autoridad responsable con el oficio reclamado únicamente dio respuesta a la petición que le formuló el agraviado mediante escrito de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, comunicación oficial con la que se limita a darle noticia de la vía idónea para satisfacer su pretensión de revocación de autorización de impacto ambiental otorgada a diversa persona moral, sin que al efecto en la respuesta otorgada se advierta que se imponga sanción al quejoso, tampoco le genera alguna obligación o se le priva de algún derecho fundamental que ponga en peligro su vida, libertad o patrimonio, es decir, con la respuesta otorgada por la autoridad responsable, no se genera un perjuicio al quejoso que sea susceptible de traducirse en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, porque solamente se le informa de los medios de defensa que puede hacer valer para obtener la pretensión que busca, para lo cual, en su caso, deberá acreditar su interés legítimo. De ahí se colige que en el acto impugnado no se deriva alguna consecuencia jurídica inmediata cierta y específica en perjuicio de la parte quejosa, pues carece de medida de apremio o sanción alguna, no señala consecuencias jurídicas que ocasionen perjuicio a la esfera jurídica de la demandante, a quien sólo se le da noticia de los medios legales a su alcance para despojar lo que le fue otorgado a diversa persona moral. El oficio reclamado tampoco es un acto privativo o limitativo de algún derecho del quejoso, puesto que se insiste sólo se hace de su conocimiento de los medios legales para procurar el retiro de autorización de impacto ambiental que pretende respecto de una empresa gasolinera, sin que al efecto le sea impuesto algún apremio por cualquier circunstancia, menos aún se le resta algún derecho adquirido, por el contrario, se le asesora para que acuda a recurrir la autorización de que se duele, y que no constituye el acto aquí reclamado. En este sentido, cabe destacar que la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estimó que el "perjuicio" es la base para promover el juicio de amparo, como se desprende del criterio siguiente. PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia. (Registro: 237233, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, Tercera Parte, página 127) Asimismo, respecto del concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional, sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes o derechos legalmente amparados. Apoya lo anterior, la tesis que dispone: PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias. (Registro: 807072, Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXII, página 3490) Lo que permite concluir que la acción constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, esto es, se requiere la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular, pues éste es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, ya que sin él, la acción de control constitucional se torna improcedente. En las condiciones apuntadas, se estima colmada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio por el acto reclamado consistente en el oficio de contestación número ASEA/UAJ/DGCT/2C.13/037/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve, emitido por el Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, por los motivos que quedaron expuestos. A mayor abundamiento, este Juzgado Federal, de oficio, de igual forma advierte que por el oficio ASEA/UAJ/DGCT/2C.13/037/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa no realizó razonamiento alguno para demostrar su inconstitucionalidad. A efecto, conviene citar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) VIII. Los conceptos de violación. De los anteriores preceptos, se obtiene que uno de los requisitos del escrito de demanda lo constituye el señalamiento de los conceptos de violación que causen a la parte quejosa los actos impugnados. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que para que se tengan por vertidos conceptos de violación se requieren simples razonamientos aducidos en la demanda, en los que se exprese con claridad: a) La causa de pedir; b) La lesión o agravio con que el quejoso estima que se le vulneró su esfera jurídica con el acto, ley o resolución reclamada; c) Los motivos que originaron ese agravio; y, d) Cuando se reclame la inconstitucionalidad de una ley, se precisa especificar los derechos fundamentales que contraviene de la Carta Magna. Lo anterior, se corrobora con la jurisprudencia 68/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, página 323, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR." Así, los conceptos de violación constituyen un elemento esencial en el juicio de amparo, pues son el medio eficaz y único para establecer la violación o violaciones de los derechos fundamentales en perjuicio de quien promueve la acción constitucional, por ende, ante su ausencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de que se trate. En esta connotación, para tener por formulados los conceptos de violación es menester que se señale con claridad el perjuicio que le causa al gobernado, las causas que lo originaron y los preceptos constitucionales que contraviene; lo que en la especie no ocurrió, atendiendo a que el quejoso en la ampliación de demanda presentada el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, ni siquiera amplió la demanda por el oficio ASEA/UAJ/DGCT/2C.13/037/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve, menos aún formuló concepto de violación reales y concretos respecto de este último. En ese sentido, se reitera que fue el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien resolvió en la queja Q.A. 2/2020-4865, que se tuviera como acto reclamado la comunicación oficial de dos de octubre de dos mil diecinueve, a pesar de que el quejoso no lo señaló, obvio es que no formuló conceptos de violación en contra del oficio ASEA/UAJ/DGCT/2C.13/037/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve. En ese tenor, ante la ausencia de conceptos de violación, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto del oficio ASEA/UAJ/DGCT/2C.13/037/2019, de dos de octubre de dos mil diecinueve, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 73, 75, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que no obra la constancia de notificación al Director General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos relativa al proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual, se repuso el procedimiento, en acatamiento a lo ordenado en el recurso de revisión número 72/2021, del índice del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En obvio de mayores dilaciones; expídase el oficio correspondiente, para los efectos legales conducentes. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las DIEZ HORAS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, tres de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obra en autos la constancia de notificación a la parte quejosa relativa al proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, a través del cual, se repuso el procedimiento, en acatamiento a lo ordenado en el recurso de revisión número 72/2021, del índice del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
Quedan 32 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 14,085 expedientes
- Rafael Zavala Orozco1009/2020
- Rafaela Jiménez Guzmán387/2016
- Rafaela Landin Fernandez1509/2017
- Rafel Borrego Román1591/2023
- Rahimov Sherzod Rakhmatdjonovich968/2022
- Raiza Elena Linares Ángel1817/2019
- Ramiro Alejandro Bustamante Medina1682/2016
- Ramiro Alvarado Contreras278/2019
- Ramiro Chávez Nevares1334/2013
- Ramiro Cortez Montenegro1188/2020
- Ramiro Hernandez Toledo1104/2022
- Ramiro Izcoatl Pérez García2393/2014