Ramiro Álvarez Vega
Expediente 502/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 502/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ramiro Álvarez Vega
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que el quejoso no interpuso recurso de queja en contra del auto de siete de junio de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Como resulta innecesario que obren en este Juzgado los autos originales del juicio oral ordinario F0303/2015 del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, los autos del toca de apelación 185/2016 de la estadística de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, capital, así como el sobre cerrado, que remitió la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, devuélvanse todos estos documentos a la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por ser la autoridad ante la cual se interpuso el juicio de amparo; solicítesele acuse de recibo. En ese sentido, se ordena extraer del resguardo de la secretaria que conoce del presente asunto, el sobre cerrado que remitió la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, a efecto de darle el destino citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que el quejoso omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese a sus autos el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Capital, al que anexa el original de la demanda de amparo promovida por **********, seis copias de la misma, los autos originales del juicio oral ordinario F0303/2015 del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, los autos del toca de apelación 185/2016 de la estadística de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, capital, con su respectivo informe justificado, constancia de emplazamiento de los terceros interesados, un escrito de alegatos suscrito por la tercera interesada, y un sobre cerrado, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 502/2016-II. b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, comuníquese a la Superioridad que el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. c) Acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de Alzada. d) A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En esta tesitura, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama: La resolución de trece de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca 185/2016, por la que se revocó la diversa resolución de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Civil de Parido Especializado en Materia Familiar con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, en el juicio oral ordinario F0303/2015, y se ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que por una parte, se rinda nuevamente el dictamen pericial en materia de trabajo social, para que en él se incluya el estudio sobre las necesidades de esparcimiento, recreación y diversión de los menores **********, ********** y **********, de apellidos **********, y por otra se efectúe el estudio socioeconómico relativo a sus padres, **********, y **********, aquí quejoso, hecho lo cual, se resuelva respecto de la modificación de pensión alimenticia, atendiendo al interés superior de dichos menores. En ese orden, respecto a dicho acto reclamado se estima que se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; hipótesis de procedencia en que se ubican, por ejemplo, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, la admisión de la prueba pericial contable ofrecida por la contraparte de quien se vaya a revisar la documentación, la pericial en genética, etcétera. Por ello, de no actualizarse ninguno de los supuestos antes contemplados, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. Esto, porque las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, siempre y cuando tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; y como excepción, se itera, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación. En este contexto, al consistir el acto reclamado en la resolución de trece de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca 185/2016, que se revocó la diversa resolución de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, pronunciada por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, en el juicio oral ordinario F0303/2015, y que ordenó la reposición del procedimiento para que se rinda nuevamente el dictamen pericial en materia de trabajo social, a efecto de que se incluya el estudio sobre las necesidades de esparcimiento, recreación y diversión de los menores **********, ********** y **********, de apellidos **********, y se efectuara el estudio socioeconómico relativo a sus padres, **********, y **********, se estima que dicha determinación no constituye un acto en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, pues sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales que afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio, si ésta es favorable a los intereses del accionante del amparo y, en caso contrario, de resultar opuesto a los mismos, puede reclamarlas en el juicio de amparo directo como violación procesal en términos del artículo 172 de la ley de la materia. Lo anterior es así, pues en la especie, como acto de imposible reparación no se le puede considerar, en virtud de que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal ni en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que la afectación podría repararse, se itera, si obtiene sentencia favorable en el juicio. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrado que en el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la indicada causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase al quejoso autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alfonso Herrera Ruelas, en virtud de que cuenta con sus cédula profesional número 2440448, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, en virtud de que el quejoso señalo los estrados para oír y recibir notificaciones, y que de la interpretación de los artículos 26, 28 y 29 de la Ley de Amparo, se establece que los estrados no son un domicilio procesal, sino que a falta de éste, las notificaciones personales se harán por medio de las listas que se fijen en los estrados del Órgano de Control Constitucional correspondiente, lo que faculta a las partes en el juicio de amparo para señalar expresamente (ante la falta de un domicilio en la ciudad en la que se lleve el juicio) los estrados del Tribunal o Juzgado que por turno conozca del asunto; se considera que el peticionario del amparo quiso señalar los estrados del órgano jurisdiccional que por turno conociera del asunto, empero, ello no significa que por haber recibido la demanda el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado, se deba tener como lugar para oír y recibir notificaciones los estrados de dicho Tribunal, sino los estrados del Órgano Jurisdiccional que haya de conocer de la demanda de amparo. En ese sentido, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, como en los cuadernos incidentales derivados del mismo si se solicita su apertura, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. De conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE". Con los autos originales del juicio oral ordinario F0303/2015 del índice del Juzgado de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, y los autos del toca de apelación 185/2016 de la estadística de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Guanajuato, capital, fórmese dos tomos de pruebas, para el mejor manejo del expediente. Finalmente, respecto al sobre cerrado, que remitió la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, se ordena su resguardo en la secretaría de este órgano jurisdiccional.
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