Ramiro Álvarez Vega

Expediente 419/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 31 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
419/2020
Año
2020
Actuaciones
31
Última actuación
25/05/2022

Partes del expediente

  • Ramiro Álvarez Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis del mes y año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la sentencia dictada dentro del presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia engrosada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a ****************, contra los actos reclamados a la Jueza Interina Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato. Contra dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que por razón de turnó conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital. En ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión civil 168/2021 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida, dictada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Celaya, Guanajuato, en el juicio de amparo 419/2020-VI. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a *************, contra el acto que reclamó del Juez Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, consistente en la resolución dictada el diez de agosto de dos mil veinte en el expediente C-897/2012." La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente la resolución de diez de agosto de dos mil veinte y en su lugar emitiera otra en la que: Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, dejara intocada la parte que no fuera materia de concesión, hecho lo cual, estableciera que la legitimación de la madre de los menores E., R. y A., todos ellos de apellidos Á.M., Adriana Mandujano Mejía para solicitar la ejecución de lo resuelto en el incidente de ejecución de convenio, fuera en su calidad de representante de los intereses de ellos, a quienes corresponde la cantidad a la que fue condenado su pregenitor en el incidente referido y en términos de lo previsto por los artículos 467, 471, 479, 492, 494 y 495 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. En auto de once de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable, para que, dentro del plazo legal de tres días, diera cumplimiento a dicha determinación. Mediante auto de veinte de abril de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Único Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, remitiendo el oficio 877, al que adjuntó copia certificada de la resolución dictada dentro del expediente C-C897/2012; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora, por lo que en esa fecha se dio vista al quejoso y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. En proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso haciendo diversas manifestaciones, respecto del cumplimiento que la responsable adujo con relación a la ejecutoria dictada dentro del juicio en que se actúa, por lo que en esa fecha, se tuvo por no cumplida la ejecutoria y de nueva cuenta se requirió a la responsable, para los efectos legales conducentes. De nueva cuenta en providencia de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Único Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, remitiendo el oficio 1024, al que adjuntó copia certificada de la resolución dictada dentro del expediente C897/2012; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora, por lo que en esa fecha se dio vista al quejoso y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de la constancia remitida por la autoridad responsable, misma que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: El doce de mayo de dos mil veintidós, la responsable, dentro del expediente C897/2012, dejó insubsistente la resolución de diez de agosto de dos mil veinte y en su lugar dictó otra en la que determinó que la legitimación de la aquí tercera interesada, para solicitar la ejecución del incidente de ejecución de convenio, es en su calidad de representante de los intereses de sus menores hijos E., R. y A., todos ellos de apellidos Á.M.. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que se le restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, en virtud de que se dejó insubsistente la resolución de diez de agosto de dos mil veinte, dentro del expediente C897/2012, del índice del órgano jurisdiccional que representa la responsable y se determinó que la legitimación de la aquí tercera interesada, para solicitar la ejecución del incidente de ejecución de convenio, es en su calidad de representante de los intereses de sus menores hijos E., R. y A., todos ellos de apellidos Á.M., lo cual constituye el efecto para el que el tribunal de alzada concedió la protección constitucional; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. En cuanto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, deberá ser destruido, en el plazo de seis meses, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este juzgado hasta en tanto se destruya. En virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de dieciséis del mes y año en curso, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la sentencia dictada dentro del presente juicio, transcurrió sin que lo haya hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia engrosada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a ****************, contra los actos reclamados a la Jueza Interina Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato. Contra dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de revisión, del que por razón de turnó conoció el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital. En ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión civil 168/2021 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida, dictada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Celaya, Guanajuato, en el juicio de amparo 419/2020-VI. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a *************, contra el acto que reclamó del Juez Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, consistente en la resolución dictada el diez de agosto de dos mil veinte en el expediente C-897/2012." La protección constitucional se otorgó para el efecto de que la autoridad responsable: Dejara insubsistente la resolución de diez de agosto de dos mil veinte y en su lugar emitiera otra en la que: Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria, dejara intocada la parte que no fuera materia de concesión, hecho lo cual, estableciera que la legitimación de la madre de los menores E., R. y A., todos ellos de apellidos Á.M., Adriana Mandujano Mejía para solicitar la ejecución de lo resuelto en el incidente de ejecución de convenio, fuera en su calidad de representante de los intereses de ellos, a quienes corresponde la cantidad a la que fue condenado su pregenitor en el incidente referido y en términos de lo previsto por los artículos 467, 471, 479, 492, 494 y 495 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. En auto de once de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable, para que, dentro del plazo legal de tres días, diera cumplimiento a dicha determinación. Mediante auto de veinte de abril de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Único Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, remitiendo el oficio 877, al que adjuntó copia certificada de la resolución dictada dentro del expediente C-C897/2012; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora, por lo que en esa fecha se dio vista al quejoso y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. En proveído de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso haciendo diversas manifestaciones, respecto del cumplimiento que la responsable adujo con relación a la ejecutoria dictada dentro del juicio en que se actúa, por lo que en esa fecha, se tuvo por no cumplida la ejecutoria y de nueva cuenta se requirió a la responsable, para los efectos legales conducentes. De nueva cuenta en providencia de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Único Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, remitiendo el oficio 1024, al que adjuntó copia certificada de la resolución dictada dentro del expediente C897/2012; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora, por lo que en esa fecha se dio vista al quejoso y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de la constancia remitida por la autoridad responsable, misma que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: El doce de mayo de dos mil veintidós, la responsable, dentro del expediente C897/2012, dejó insubsistente la resolución de diez de agosto de dos mil veinte y en su lugar dictó otra en la que determinó que la legitimación de la aquí tercera interesada, para solicitar la ejecución del incidente de ejecución de convenio, es en su calidad de representante de los intereses de sus menores hijos E., R. y A., todos ellos de apellidos Á.M.. Bajo las consideraciones anteriores, el suscrito estima que se le restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho fundamental violado, en virtud de que se dejó insubsistente la resolución de diez de agosto de dos mil veinte, dentro del expediente C897/2012, del índice del órgano jurisdiccional que representa la responsable y se determinó que la legitimación de la aquí tercera interesada, para solicitar la ejecución del incidente de ejecución de convenio, es en su calidad de representante de los intereses de sus menores hijos E., R. y A., todos ellos de apellidos Á.M., lo cual constituye el efecto para el que el tribunal de alzada concedió la protección constitucional; por lo que, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. Hágase lo anterior del conocimiento de la autoridad responsable y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. En cuanto al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de inconformidad interpuesto por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, deberá ser destruido, en el plazo de seis meses, por lo que, se ordena mandarlo al lugar que le corresponde en el archivo de este juzgado hasta en tanto se destruya. En virtud que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguense a los autos, con su anexo, el oficio de cuenta que suscribe la Jueza Única Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio; con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito del quejoso, a través del cual hace diversas manifestaciones, respecto del cumplimiento que la autoridad responsable adujo con relación a la ejecutoria dictada dentro del juicio en que se actúa. En ese sentido, con apoyo en el numeral 196 -párrafo segundo- de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a ******************, en contra de la resolución de diez de agosto de dos mil veinte, emitida por la Juez Interina Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, dentro del juicio especial civil sobre disolución del vínculo matrimonial y otras prestaciones número C-897/2012, mediante el cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso, contra el proveído de veintitrés de julio de dos mil veinte; resolución contra la cual, el quejoso se inconformó mediante el recurso de revisión. Mediante proveído de once de febrero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio remitido por el actuario judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, a través del cual remitió el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión civil 168/2021 del índice de dicho órgano jurisdiccional, que en sus puntos resolutivos determinó: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida, dictada el veinticinco de junio de dos mil veintiuno por el Juez Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en Celaya, Guanajuato, en el juicio de amparo 419/2020-VI. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a *************, contra el acto que reclamó del Juez Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, consistente en la resolución dictada el diez de agosto de dos mil veinte en el expediente *************." Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la ley de la materia, se requirió a la responsable, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dentro de sus facultades, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remitiera las constancias que así lo acreditaran. Mediante oficio recibido el veinte de abril de dos mil veintidós, se tuvo a la responsable, aduciendo dar cumplimiento a la sentencia de amparo, en esa misma fecha se procedió a dar vista al quejoso y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida. Lo anterior es así, dado que en la determinación que al efecto dictó la Juez Único Civil de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, se advierte la misma ambigüedad que ocasionó la concesión del amparo dictada por la superioridad. Se explica. Al momento de requerir el cumplimiento de la sentencia, este órgano jurisdiccional precisó que: [.] Comuníquese a las partes, que la superioridad, determinó que la legitimación de la madre de los menores E.R. y A., todos ellos de apellidos A.M., ********************** para solicitar la ejecución de lo resuelto en el incidente de ejecución de convenio, es en su calidad de representante de los intereses de ellos, a quienes corresponde la cantidad a la que fue condenado su progenitor en el incidente referido, y en términos de lo previsto por los artículos 467, 471, 479, 492, 494 y 495 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. [.] Y en su determinación, la autoridad responsable, sostiene que: [.] Si bien, de la documental aportada por el ahora recurrente consistente en la copia certificada de la audiencia verificada en el Juzgado de Oralidad Familiar de este Partido Judicial dentro del juicio **************, se desprende el litigio de la custodia de los menores y que corresponde actualmente la custodia a ****************, esto no implica que lo cuantificado en la resolución de fecha cinco del mes de febrero del año dos mil diecinueve, no pueda ser reclamado por *****************, en representación de sus menores hijos, ya que del periodo comprendido del veintidós del mes de octubre del año dos mil doce, al ocho del mes de noviembre del año dos mil diecisiete, que es el tiempo que se cuantificó en la resolución en comento quien tenía la custodia de los menores fue ***************, y al tratarse la cuantificación estudiada en la resolución de fecha cinco del mes de febrero del año dos mil diecinueve, de alimentos caídos, estos deben de ser entregados a los referidos menores a través de quien en su momento tuvo su legítima custodia. [.] Lo anterior, se reitera, sigue presentando la ambigüedad señalada por el Tribunal Colegiado que concedió el amparo al aquí quejoso, de ahí que se estime necesario que en la resolución que se pronuncie en acatamiento a esa ejecutoria, de manera precisa, la autoridad responsable especifique que la legitimación de la madre de los menores E.R. y A., todos ellos de apellidos A.M., ************* para solicitar la ejecución de lo resuelto en el incidente de ejecución de convenio, es en su calidad de representante de los intereses de ellos, a quienes corresponde la cantidad a la que fue condenado su progenitor en el incidente referido, y en términos de lo previsto por los artículos 467, 471, 479, 492, 494 y 495 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a la responsable, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dentro de sus facultades, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se les podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma ley, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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