Ramiro Alejandro Cázares Tinoco y Otros.
Expediente 381/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 05/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ramiro Alejandro Cázares Tinoco y Otros.
- Fredy Yair Acosta Cázares
- Ramiro Alejandro Cázares Tinoco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de diciembre de dos mil veintidós. SE DEVUELVEN DOCUMENTOS. Agréguese a los autos como corresponda el escrito de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado encargada del Despacho, mediante el cual solicita la devolución del toca de apelación número XI-9/2022. Por lo anterior y toda vez que en el acuerdo inmediato anterior la sentencia dictada ha causado ejecutoria, devuélvanse los documentos solicitados remitidos por la autoridad responsable junto con su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Visto el estado de los presentes autos de los que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa que es a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que se NEGÓ la protección de la Justicia Federal solicitada por Ramiro Alejandro Cázares Tinoco y Fredy Yair Acosta Cázares; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2° se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo y el original del incidente de suspensión, son SUSCEPTIBLES DE DEPURARSE, en razón de haberse negado el amparo y protección de la justicia federal; así como concedido la suspensión definitiva solicitada; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio principal y el original del incidente. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiéranse los expedientes a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo V-381/2022, promovido por RAMIRO ALEJANDRO CÁZARES TINOCO y FREDY YAIR ACOSTA CÁZAREZ, por conducto de su defensor, contra un acto del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el quince de marzo de dos mil veintidós ante la Sala responsable, recibido el dieciocho del mes y año en cita en la Oficialía de Partes del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito; RAMIRO ALEJANDRO CÁZARES TINOCO y FREDY YAIR ACOSTA CÁZAREZ, por conducto de su defensor, comparecieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra de un acto del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el que precisaron de la siguiente manera: "ACTO RECLAMADO: La resolución de data 24 veinticuatro de febrero del año en curso, dictada por la Magistrada de la Séptima Sala Penal dentro del toca registrado bajo el número XI-9/2022, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en la causa penal 162/2029 (sic), sobre DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES, en agravio de CARLOS EDUARDO ÁLVAREZ CHÁVEZ." En ese ocurso, los quejosos narraron los antecedentes del caso; formularon los conceptos de violación que estimaron pertinentes y señalaron las garantías constitucionales que consideraron vulneradas. SEGUNDO. Incompetencia legal. Mediante acuerdo de presidencia de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto, por lo que ordenó su remisión al Juez de Distrito en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad. Una vez que quedó firme el auto referido, el cuatro de abril de dos mil veintidós se envió el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de este Juzgado Federal. TERCERO. Avocamiento y prevención. Por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito se avocó al conocimiento del asunto y previno a la parte para que aclarara su escrito de demanda sobre determinado tópico. CUARTO. Admisión y trámite del juicio. En auto de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se tuvo a la parte quejosa dando cumplimiento a la prevención formulada; consecuentemente se admitió a trámite la demanda; se ordenó dar intervención a la representación social adscrita a este juzgado; sin que hubiera lugar a solicitar informe justificado a la autoridad responsable dado que ya obraba en constancias; se ordenó notificar la radicación del juicio a las víctimas indirectas tercero interesadas Manuel Ávalos Arrela y Dulce Yazmín Reyes Sánchez, por sí y en cuanto representantes del menor K.A.R., así como a las agentes del Ministerio Público que intervinieron en los procedimientos de donde emana el acto reclamado; se reconoció tal carácter a los asesores jurídicos victimales Alejandro Hernández Castillo y Heber Daría García Villaseñor, quienes fueron legalmente emplazados a juicio; se designó representante especial a fin de garantizar el interés superior de la víctima menor de edad, y se señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la que previo su diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Ello toda vez que se reclama un acto emitido por una autoridad con sede dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal ejerce jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y escrito aclaratorio se desprende que el acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad responsable consiste en: La resolución de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, emitida en el toca XI-9/2022, por el Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, a través de la cual, entre otras cosas: Ordenó dejar sin efectos la sentencia pronunciada por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia, dentro del proceso penal 162/2019; y Decretó la reposición parcial de la audiencia de juicio, a efecto de que el propio tribunal procediera a verificar si el obstáculo que dio origen a la prueba anticipada consistente en los testimonios de Mayra Salud Martínez García y Bernabé Saucedo Castro, persistía o no en esa etapa. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias que ésta adjuntó a su informe, consistentes en el original del toca penal XI-9/2022 y tres discos ópticos que de acuerdo al contenido del oficio 11718 que suscribe el Juez Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, contienen los registros para la tramitación del recurso de apelación, así como el índice cronológico de la causa penal 162/2019. Lo cual adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del tenor del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Asimismo, es conducente la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia 278, publicada en la página 231, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de título: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza del acto reclamado, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque su análisis es de orden público. En el caso concreto, quien aquí resuelve no advierte causa de improcedencia legal, constitucional o jurisprudencial que pueda actualizarse, ni las partes hicieron valer alguna; en consecuencia, no existe imposibilidad para analizar la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa, respecto de los actos que aquí reclama. QUINTO. Estudio de fondo. A manera de preámbulo, es necesario precisar que en este juicio de amparo, al tratarse de los encausados, opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado deriva de un proceso penal donde los éstos constituyen la parte acusada. Sin embargo, dicha figura se aplicará siempre y cuando le favorezca, es decir, si del análisis se advierte algún elemento por el que pueda concederse el amparo, por lo que no procede estudiar el acto reclamado bajo aquella complementariedad cuando dicho análisis, lejos de beneficiar, perjudica o no reporta utilidad alguna. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia de rubro y texto: Época: Décima Época Registro: 2014703 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 44, Julio de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 67/2017 (10a.) Página: 263 "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna.". Sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación formulados por la parte promovente, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Los conceptos de violación son infundados. Para justificar la postura adoptada, es menester realizar una breve descripción de las etapas del procedimiento penal adversarial y oral; referidos en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Etapa de investigación. Es un período preparatorio en el que el fiscal recaba datos de prueba a fin de esclarecer los hechos y conocer si existe fundamento para iniciar un juicio contra una persona, la que a su vez se divide en: Investigación inicial, que comienza con la noticia criminal a través de la presentación de la denuncia, querella o requisito equivalente y se encuentra a cargo del Ministerio Público y de los cuerpos policiacos a su cargo; e, Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de imputación y se agota hasta el cierre de investigación, la que tiene por objeto reunir todos los datos de prueba para que el fiscal se encuentre en aptitud de determinar si formula acusación contra el imputado o no. Etapa Intermedia o preparación del juicio. De conformidad con el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comprende dos fases: una escrita y una oral. El objeto de esta etapa se centra en la depuración de los hechos por medio de los acuerdos probatorios y la admisión de los medios de prueba, que también serán depurados por las partes a través de la exclusión de las pruebas. La primera fase iniciará con la presentación del escrito de acusación que formule el Ministerio Público y, la segunda, con la celebración de la audiencia intermedia y finalizará con el auto de apertura a juicio oral. Etapa de juicio oral. En términos de los artículos 348 a 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales, será presidida por jueces de juicio oral, que serán diversos a los jueces de control que intervinieron en las etapas de investigación e intermedia. Ellos, una vez escuchados los alegatos, expuestas las respectivas teorías del caso y el desahogo de todo el caudal probatorio, determinarán el fondo al emitir un fallo de culpabilidad o inocencia y determinar la sanción penal o medida de seguridad a aplicar. Establecidas las etapas en el proceso penal acusatorio, es necesario verificar cuál es la naturaleza de su cierre y si se pueden reabrir una vez concluidas, o cuáles serían las excepciones. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 669/2015, estableció que la trascendencia de cada etapa del proceso penal estribaba en los actos que se desarrollan y las atribuciones del juez de control de garantizar y resguardar los derechos fundamentales del imputado, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal. Cada etapa en la que está dividido el procedimiento penal tiene una función específica. Además, las etapas van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que, solo superándose una etapa, es que se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Esta lectura del sistema penal acusatorio se apoya en uno de sus principios fundamentales: la continuidad del proceso, previsto en el primer párrafo del artículo 20 Constitucional. El principio de continuidad (precisó la Sala) ordena que el procedimiento no tenga interrupciones, de tal forma que los actos se sigan unos a otros en el tiempo. En este orden de ideas, del señalado principio se advierte la necesidad de que cada una de las etapas en el procedimiento penal cumpla su función a cabalidad, sin comprender otras y una vez agotada, se avance a la siguiente, sin que sea posible regresar a la anterior. Del precedente indicado, derivó, por reiteración, la jurisprudencia 74/2018, con registro 2018868, de rubro "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL". La citada regla fue matizada por el propio alto tribunal, al considerarse que pueden analizarse violaciones originadas en etapas previas a la fase de juicio oral, siempre y cuando: a) sean objeto de debate, virtud a que alguna de las partes que intervienen las incorporen; y, b) en consecuencia, se genere contradicción entre las partes. Ello, en esencia, porque pueden existir algunos argumentos centrales de las partes vinculadas a violaciones cometidas en fases previas, que solo pueden manifestarse de manera problematizada y acabada en la etapa del juicio oral. Tales consideraciones fueron expuestas en la tesis 1a.XXIV/2022(11a.), con número de registro digital 2024866, de rubro "VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS EN ETAPAS PREVIAS A LA DEL JUICIO ORAL QUE PUEDEN SER MATERIA DE ANÁLISIS EN AMPARO DIRECTO. ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 173, APARTADO B, DE LA LEY DE AMPARO". Por otro lado, en el Apartado A, fracción III, del citado precepto constitucional, se reconoce el principio de inmediación, según el cual, para el dictado de la sentencia en los procesos penales de corte acusatorio y oral, sólo se considerarán como pruebas, aquellas que hayan sido desahogadas en el juicio oral. Sin embargo, como excepción a dicho principio existe la prueba anticipada, prevista en los artículos 304, 305 y 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 304. Prueba anticipada Hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio se podrá desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos: I. Que sea practicada ante el Juez de control; II. Que sea solicitada por alguna de las partes, quienes deberán expresar las razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio a la que se pretende desahogar y se torna indispensable en virtud de que se estime probable que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio, por vivir en el extranjero, por existir motivo que hiciere temer su muerte, o por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiese declarar; III. Que sea por motivos fundados y de extrema necesidad y para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio, y IV. Que se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio. Artículo 305. Procedimiento para prueba anticipada La solicitud de desahogo de prueba anticipada podrá plantearse desde que se presenta la denuncia, querella o equivalente y hasta antes de que dé inicio la audiencia de juicio oral. Cuando se solicite el desahogo de una prueba en forma anticipada, el Órgano jurisdiccional citará a audiencia a todos aquellos que tuvieren derecho a asistir a la audiencia de juicio oral y luego de escucharlos valorará la posibilidad de que la prueba por anticipar no pueda ser desahogada en la audiencia de juicio oral, sin grave riesgo de pérdida por la demora y, en su caso, admitirá y desahogará la prueba en el mismo acto otorgando a las partes todas las facultades previstas para su participación en la audiencia de juicio oral. El imputado que estuviere detenido será trasladado a la sala de audiencias para que se imponga en forma personal, por teleconferencia o cualquier otro medio de comunicación, de la práctica de la diligencia. En caso de que todavía no exista imputado identificado se designará un Defensor público para que intervenga en la audiencia. Artículo 306. Registro y conservación de la prueba anticipada La audiencia en la que se desahogue la prueba anticipada deberá registrarse en su totalidad. Concluido el desahogo de la prueba anticipada, se entregará el registro correspondiente a las partes. Si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba no existiera para la fecha de la audiencia de juicio, se desahogará de nueva cuenta el medio de prueba correspondiente en la misma. Toda prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con las medidas dispuestas por el Juez de control." De tales numerales se advierte que el anticipo de la prueba se llevará ante un juez de control, a solicitud de parte interesada, a saber, la víctima, el fiscal o el defensor, quien deberá motivar debidamente por razones de extrema necesidad, encaminados a evitar que se pierda o altere un determinado medio de prueba, como podría ser el caso de un testigo que se encuentra en inminente peligro de muerte que hace poco probable que sobreviva hasta el juicio oral o que se va a ausentar del país, entre otros. En ese orden, una vez que el juez haya verificado que la prueba está orientada a probar aspectos relacionados con los hechos y que existen motivos fundados y de extrema necesidad para su práctica con antelación al juicio oral, como sería evitar su pérdida o alteración, realizará su desahogo. La práctica de la prueba será en los mismos términos en que se desahogan las pruebas en la audiencia de debate, es decir, bajo las reglas que rigen el interrogatorio y contrainterrogatorio, así como los principios y técnicas de litigación del sistema penal acusatorio. Una vez que la prueba se desahogue en sus términos, se deberá entregar a cada una de las partes copia del audio y video de la audiencia, para que tengan constancia de tal actuación y el órgano jurisdiccional la conserve. Es preciso señalar que la circunstancia de que se haya desahogado de manera anticipada la prueba, no asegura su incorporación al juicio de forma automática, sino que es indispensable que deba ser anunciada por alguna de las partes en la etapa intermedia, a fin de que sea materia del auto de apertura a juicio y, en consecuencia, sea reproducida en la audiencia de debate. Es por ello que tratándose de la acusación ministerial (acto procesal con el que comienza formalmente la etapa intermedia) el representante social debe hacer referencia a la prueba anticipada, de conformidad con lo dispuesto por la fracción VII del artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, el numeral 347, fracción VII, de dicho ordenamiento adjetivo señala que el auto de apertura a juicio debe indicar, entre otros, la prueba anticipada que deberá ser reproducida en la audiencia de juicio. Así, el tribunal de enjuiciamiento debe imponerse del contenido de dicha prueba a través del audio y video que se conservó para tal efecto, a fin de que esté en aptitud de valorarla al momento de dictar sentencia. Asimismo, el legislador hizo notar una cuestión importante respecto de la prueba anticipada, pues le dio la calidad de "prueba condicionada", es decir, que la prueba anticipada sigue activa siempre y cuando las condiciones que la crearon estén vigentes al momento de la audiencia de juicio, tal y como lo señala el artículo 306, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De la lectura de los ordenamientos procesales de que se trata, se hace notar que en la etapa de juicio oral, no es el momento oportuno para debatir sobre el desahogo de la prueba anticipada en etapas anteriores y su incorporación a juicio; sin embargo, lo que sí puede verificar el tribunal de enjuiciamiento, es lo relacionado con el segundo párrafo del artículo 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, si para la etapa de juicio subsisten las circunstancias que motivaron el desahogo anticipado de una prueba. Si las circunstancias no subsisten, entonces se desahogará de nueva cuenta el medio de prueba correspondiente, pero si subsisten, únicamente será materia de valoración al dictar sentencia. Lo anterior se advierte de las consideraciones expuestas en la ejecutoria que dio origen a la tesis cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "Registro digital: 2023577 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materia(s): Penal Tesis: 1a. XXXV/2021 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1929 Tipo: Aislada PRUEBA ANTICIPADA. EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ESTÁ FACULTADO PARA VERIFICAR SI LAS CONDICIONES QUE MOTIVARON EL DESAHOGO DE LA PRUEBA ANTICIPADA EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL CONTINÚAN VIGENTES. Hechos: En la etapa intermedia de un procedimiento penal se desahogaron como pruebas anticipadas testimonios de coimputados, pues éstos tenían el temor fundado de sufrir un daño a su persona. En la etapa de juicio oral se incorporaron esos testimonios, aunque en esa audiencia estuvieron presentes dichos testigos; después, el Tribunal de Enjuiciamiento los valoró y tomó en cuenta al dictar la sentencia definitiva. Esta determinación fue apelada. Al resolver el recurso, el Tribunal de Alzada determinó que el Tribunal de Enjuiciamiento vulneró las reglas del debido proceso ya que, previo a incorporar los testimonios, debía verificar si las condiciones que motivaron el desahogo de manera anticipada persistían al momento de celebrarse el juicio, pues los referidos coinculpados estuvieron presentes durante esa audiencia. Ante esa vulneración se absolvió a la persona sentenciada. Inconformes, las víctimas promovieron amparo directo, el cual fue atraído por esta Suprema Corte. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina procedente que el Tribunal de Enjuiciamiento verifique en la etapa de juicio oral si las condiciones que motivaron el desahogo de una prueba anticipada continúan vigentes al momento en que se celebre la audiencia de juicio, y en caso de que hayan cambiado esas condiciones, las pruebas se desahoguen materialmente en el juicio, siempre y cuando hayan sido ofrecidas y admitidas en la etapa intermedia. Justificación: En el artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, se reconoce el principio de inmediación, según el cual para el dictado de la sentencia en los procesos penales sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en el juicio oral; sin embargo, se prevé una excepción a dicho principio, pues establece que será posible desahogar pruebas de manera anticipada a la audiencia de juicio oral, cuando por su naturaleza así lo requieran, cuya excepción y requisitos de admisibilidad estarán previstos en la ley. En esa línea, el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua y el Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que la prueba anticipada tendrá la naturaleza de prueba "condicionada", pues limitan su procedencia a casos en los que se encuentre en peligro de ser alterada o de perderse la prueba, como podría ser el caso de un testigo que se encuentra en inminente peligro de muerte que hace poco probable que sobreviva hasta el juicio oral o que se va a ausentar del país o por su estado de salud o incapacidad física o mental que le impidiese declarar, esto es, la prueba anticipada será admitida, únicamente, frente a circunstancias especiales como las referidas, al tratarse de una excepción al principio de inmediación. Ahora, de conformidad con el artículo 268, último párrafo, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (cuya norma corresponde con lo dispuesto por el artículo 306, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales), se advierte que si la prueba anticipada es ofrecida y agregada al auto de apertura a juicio oral, entonces en la audiencia de juicio el Tribunal de Enjuiciamiento deberá verificar si las condiciones que motivaron el desahogo de la prueba anticipada en etapas previas continúan vigentes, si para ese momento las condiciones han cambiado, entonces deberán desahogarse, pero si continúan vigentes, únicamente deberán incorporarse al juicio. Todo ello previo debate entre las partes y verificación por parte de la autoridad judicial. Lo anterior se considera así, porque sólo a través del ejercicio de verificación referido, se asegura que únicamente ante circunstancias extraordinarias, actuales y reales, una prueba pueda ser valorada, a pesar de no ser desahogada frente al Tribunal de Enjuiciamiento, en términos de lo dispuesto en la fracción III del apartado A del artículo 20 constitucional." En la especie, de la reproducción de la audiencia de debate de juicio oral en su cuarta jornada, celebrada a las diecisiete horas del cinco de abril de dos mil veintiuno, se desprende que los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento cuestionaron a la fiscalía sobre si tenía más pruebas que ofertar (minuto 17:15), a lo que ésta manifestó que existía prueba anticipada, consistente en el testimonio a cargo de Bernabé Saucedo Castro y Mayra Salud Martínez García, la que ya se había admitido previamente, pero que en ese momento los atestes se encontraban presentes para que fuera desahogada; que si bien prevalecía el peligro que motivó la prueba anticipada, sí fue posible su localización, solicitando fueran recibidos sus testimonios, virtud a que fueron testigos presenciales de los hechos. Al respecto, los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento determinaron por mayoría (minuto 18:16), que no era procedente el desahogo de la prueba anticipada en etapa de juicio bajo los siguientes argumentos: Existe un auto de apertura de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, que tiene una función que dota de contenido al propósito de la etapa intermedia. La circunstancia de que en ese auto se hubiese especificado la prueba admitida para el Ministerio Público en la etapa de juicio, implica la posibilidad de que las partes estuvieron en condiciones de debatir en aquella audiencia, concretamente las circunstancias que llevaron a la admisión o en algunos casos a la inadmisión para el caso de que hubiese habido exclusión probatoria. En ese auto de apertura está incluido en el apartado relativo a la prueba admitida para la agente del Ministerio Público en la audiencia de juicio diferentes órganos de pruebas, dentro de ellos no se encuentran específicamente los de Bernabé Saucedo Castro y Mayra Salud Martínez García, en el auto de apertura están mencionados en un apartado diferente, concretamente en la parte que indica que sí existe prueba anticipada. Circunstancia que debió de ser preparada en un esquema técnico desde aquella etapa, es decir, pesaba sobre las partes la circunstancia de que la prueba que pretendían desahogar en juicio no solamente fuera mencionada en el auto de apertura sino que fuera específicamente sometida a una decisión judicial de admisión de la prueba y en el presente caso el tribunal entiende que el tema de que se hubiese mencionado como prueba anticipada no es propiamente una admisión de la prueba a desahogar en la audiencia de juicio oral. El hecho de que se permitiera desahogar este tipo de prueba implicaría desnaturalizar el propósito de la audiencia intermedia; lo que constituiría un error técnico que no podrían subsanar, porque partiendo de la información que muestra el auto de apertura, no advierte la circunstancias de que se hubiere admitido esa prueba para desahogo en juicio, concretamente la de los órganos de prueba referidos, sí existe la mención de la prueba anticipada pero en los términos que ya refirió y esa deficiencia o error técnico el tribunal no lo puede subsanar debido al esquema acusatorio en el que se inserta la actuación de las partes; y la presente decisión un procedimiento acusatorio donde el control se realiza por las partes y en este concreto punto, el tribunal no podría subsanar el error técnico por parte de uno de los operadores. Que el auto de apertura ha sido el producto de un debate generado en aquella audiencia entre las partes y el hecho de que simplemente se hubiese mencionado como que existe prueba anticipada no indica el interés que en su momento debió de tener la fiscalía de ofrecerlo como prueba y de someterlo a un tamiz de discusión para los efectos de que fuera admitido por medio de una decisión judicial, evidentemente que esta decisión está vinculada con el debido proceso o el derecho al debido proceso, porque al no permitir el desahogo de esta prueba podría interpretarse la circunstancia de que se está vulnerando el derecho a la prueba, lo que no es un derecho absoluto, sino que está sometido a reglas que deben de ser observadas durante el procedimiento y una de esas reglas es la circunstancia de que cada prueba que se vaya a desahogar en juicio es expresamente admitida en la etapa intermedia, lo que no existe en el caso concreto. No es relevante para la toma de la decisión que la defensa no se hubiere opuesto a la prueba en los términos planteados por el Ministerio Público, porque la observancia del debido proceso rebasa los límites del control horizontal, es decir, en cuanto al debido proceso sí hay un control vertical que debe ser ejercido por el tribunal. También, si partimos de entender que en el presente caso las características del ofrecimiento y de la admisión fueron trazadas por ese camino que se indicó se podría entender la circunstancia de que el tribunal haga un control vertical de esta circunstancia, y no permitir la entrada de esa prueba a juicio. En esencia, la prueba no se consideró dentro del auto de apertura como prueba admitida que hubiese pasado por un debate entre las partes para los efectos de lograr su admisión o exclusión y al no haber pasado por ese control evidentemente que el tribunal considera que de desahogar prueba en esos términos implica desahogar prueba no contenida en el auto de apertura, por esa razón aun y cuando hubiese sido mencionada como que existe en cuanto prueba anticipada no le podríamos dar el alcance pretendido de prueba admitida, no habría condiciones para desahogarla en los términos en que la admitió. De igual manera, el Magistrado responsable consideró para la emisión de la resolución reclamada, el contenido de la audiencia de debate de juicio oral en su quinta jornada, celebrada el siete de mayo de dos mil veintiuno, a las diecisiete horas, en la que luego de que los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento cuestionaron a la fiscalía sobre si tenía más pruebas que ofertar (minuto 17:07), ésta manifestó que contaba con el testimonio de Bernabé Saucedo Castro y Mayra Salud Martínez García, a quienes solicitó se les diera intervención vía incidental de conformidad con el artículo 392 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Incidencia cuyo propósito era, según lo manifestado por la fiscalía, que los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento se impusiera del contenido de la audiencia intermedia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, donde constaba el anuncio de la prueba anticipada en esa etapa. No obstante, el tribunal deliberó que no era procedente el incidente planteado, por tratarse de un mecanismo cuyo fin es resolver cuestiones accesorias al juicio principal; aunado a que sobre el tema ya existía una decisión previa que se encontraba firme al no haberse recurrido. Determinaciones anteriores que a criterio del Magistrado responsable tornaron incongruente el sentido de la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento, en lo referente a la absolución del aquí quejoso RAMIRO ALEJADRO CÁZAREZ TINOCO, respecto de su participación en la comisión del delito de desaparición cometida por particulares, previsto y sancionado por el artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, por los motivos siguientes: El tribunal negó la oportunidad del desahogo de dichos testimonios, no obstante que los atestes estuvieron presentes en dos de las jornadas de juicio, sin que se hubiese advertido contaminación debido a su presencia en el desahogo de diversos órganos de prueba, por lo que no se presume su inducción. Si bien es cierto que, como lo consideró el tribunal, a fin de garantizar el debido proceso en la etapa de juicio únicamente se debían desahogar las pruebas admitidas en etapa intermedia, y que conforme al auto de apertura a juicio oral, los testimonios que se pretendían desahogar no fueron admitidos en esos términos, sino como prueba anticipada. También lo es que soslayó que el legislador dio a la prueba anticipada la calidad de "prueba condicionada", es decir, que sigue activa, siempre y cuando las condiciones que motivaron su desahogo como tal, se encuentren vigentes al momento de la audiencia de juicio, como lo señala el artículo 306, segundo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Resulta incorrecto lo determinado por el Tribunal de enjuiciamiento al considerar que el hecho de desahogar el testimonio en audiencia de juicio se desnaturalizaría la etapa intermedia, que es donde se depuran los medios de prueba, ya que se trata de una prueba que fue recibida en etapa previa debido a una cuestión extraordinaria que admite excepción al principio de inmediación, además que ya pasó por un tamiz de ponderación, por ende, se estimó procedente su desahogo previo. El fin de la prueba anticipada se fundamenta en la extrema necesidad de evitar la pérdida o alteración del medio probatorio, pues con ella se pretende preservar elementos de juicio relacionados con los hechos materia de investigación criminal que puedan ser valiosos al momento de emitir la decisión judicial; circunstancia que de conformidad con la parte final del artículo 306 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es susceptible de ser verificada por el Tribunal de Enjuiciamiento al momento de la audiencia de juicio. Por lo antes expuesto, con la oposición del Tribunal de Enjuiciamiento a debatir en la audiencia de juicio sobre la procedencia del desahogo del testimonio que previamente fue materia de prueba anticipada, se trastocó la certeza y seguridad jurídica de las víctimas, así como el debido proceso, ya que la propia norma lo faculta para ello. Es por lo anterior, que de manera alguna el desahogo de la testimonial, conlleve a dejar insubsistente el auto de apertura a juicio oral o se desnaturalice la etapa intermedia como erróneamente lo consideró el Tribunal de Enjuiciamiento. Ello porque se trata de una prueba que fue admitida como anticipada, pero bajo las condiciones de que la circunstancia que motivó su desahogo en esa vía ya no subsisten en etapa de juicio oral, bajo ese supuesto ésta deberá llevarse a cabo respecto de esa prueba y no otra, pero si subsisten, únicamente será materia de valoración. Tal vulneración de derechos fue reiterada por el Tribunal de Enjuiciamiento en la audiencia de debate de juicio oral en su quinta jornada, celebrada el siete mayo de dos mil veintiuno, al determinar que el incidente a través del cual la fiscalía pretendió precisar los alcances que sobre la prueba anticipada en la audiencia intermedia señaló la Jueza de Control y la incorporación del registro de la diligencia, resultaba improcedente bajo el argumento de que no se trataba de una cuestión accesoria, son que tenía que ver con la suerte principal del resultado del juicio. Lo anterior porque el Tribunal de Enjuiciamiento pudo enderezar su postura de acuerdo a lo que en esos momentos le expuso la fiscalía en el sentido de que en la audiencia intermedia la Jueza de Control refirió que había dos pruebas anticipadas, consistentes en las testimoniales de Bernabé Saucedo Castro y Mayra Salud Martínez García. Manifestación a partir de la cual, dado que la propia norma lo faculta para verificar la subsistencia de los obstáculos que dieron lugar a la prueba anticipada, legalmente pudo haber llevado a cabo ese análisis, máxime que los atestes comparecieron a dos jornadas de la audiencia de juicio y, para el caso de subsistir, entonces debió imponerse del registro de la prueba anticipada y proceder a su valoración; lo que no llevó a cabo, tanto es así que luego de pronunciarse sobre la incidencia planteada, cuestionó sobre el desahogo de diverso órgano de prueba. El yerro cometido por el Tribunal de Enjuiciamiento trascendió al resultado del fallo, pues el no permitir el desahogo de los testimonios a cargo de personas presenciales de los hechos, redundó en una insuficiencia probatoria, lo que a su vez dio lugar a la parte absolutoria del fallo recurrido. Ello al haber perdido de vista la manifestación de la fiscalía en el sentido de que en la audiencia intermedia se hizo constar que la prueba anticipada sería incorporada de manera excepcional, una vez verificadas las condiciones que motivaron su desahogo anticipado y, de estimarse que éstas desaparecieron, podría recepcionar los testimonios bajo las reglas y principio del sistema, máxime que estos estuvieron presentes en el momento que se pretendía fueran desahogadas sus declaraciones. Consideraciones anteriores que motivaron al Magistrado responsable dejar sin efectos la sentencia emitida por el Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, dentro de la causa penal número 162/2019; y, decretar la reposición parcial de la audiencia de juicio, para el efecto de que el propio tribunal procediera a verificar si el obstáculo que dio origen a la prueba anticipada de los testimonios de Mayra Salud Martínez García y Bernabé Sauceda Castro, persistía o no en esa etapa. Ahora, de la lectura del primer concepto de violación y parte del segundo, se desprende que los quejosos alegan que la Sala responsable, al emitir su resolución, no realizó un adecuado análisis lógico jurídico del agravio expuesto (sic), ya que atendiendo al principio de continuidad, para el dictado de la sentencia sólo se consideran los medios de convicción desahogados en audiencia de juicio oral; de lo contrario, el tribunal de enjuiciamiento no podría imponerse de éstos, ni contradecirlos; salvo las excepciones previstas por la ley, como es el caso de la prueba anticipada, la que en el caso no fue admitida. Asimismo, agregó si bien se desahogó la prueba de manera anticipada, su incorporación a juicio se encuentra condicionada a que se anuncie por alguna de las partes en audiencia intermedia a fin de que sea materia del auto de apertura a juicio oral y, por ende, sea reproducida o incorporada en la audiencia de debate para que el tribunal de enjuiciamiento se imponga de la prueba. Lo anterior es infundado. En primer lugar, cabe hacer la aclaración que el principio al que hacen alusión los quejosos y que establece que para el dictado de la sentencia sólo se consideran los medios de convicción desahogados en audiencia de juicio oral, no es el de continuidad, sino el de inmediación. Es así, pues dicho principio, el cual se encuentra inmerso en la fracción III, Apartado A, fracción III, Constitucional, exige la relación directa del juez con las partes y los elementos de prueba que debe valorar para formar su convicción. Hecha la aclaración, de la resolución materia de reclamo en esta instancia constitucional se desprende que la autoridad responsable consideró correcto lo señalado por el Tribunal de Enjuiciamiento en audiencia de juicio oral de cinco de abril de dos mil veintiuno, celebrada en su cuarta jornada, en el sentido de que atendiendo al principio de sucesividad, los aspectos relacionados con los elementos de prueba que serán materia del contradictorio en el juicio oral, deben dilucidarse en la etapa intermedia. Sin embargo, como lo refirió la sala responsable, el Tribunal de Enjuiciamiento debió considerar que la prueba anticipada constituye una excepción al principio de sucesividad, lo que hace posible su desahogo en etapa de juicio oral, como se lo solicitó la fiscalía en dicha audiencia. Pues si bien es cierto que el objeto del debate durante la etapa intermedia y de juicio oral es distinto, ya que en la primera se discute sobre los hechos que serán objeto de debate y si los medios de convicción ofertados por las partes deben admitirse o no, en tanto que en la segunda se lleva a cabo el desahogo y valoración de los medios de prueba que fueron admitidos acorde con los hechos controvertidos. También lo es que el camino de la prueba anticipada en el proceso penal acusatorio es distinto al de las pruebas ofrecidas y admitidas en la etapa intermedia y que forman parte del auto de apertura al juicio oral. Se considera de esa manera, ya que el desahogo de la prueba anticipada se fundamenta en la extrema necesidad de evitar la pérdida o la alteración del material probatorio, a fin de preservar elementos relacionados con los hechos materia de la investigación que puedan ser valiosos al momento de emitir una decisión judicial. Sin embargo, como lo expuso la Sala responsable, el Tribunal de Enjuiciamiento perdió de vista que a través de su solicitud, la fiscalía no pretendía que se desahogara una prueba nueva o que no hubiese sido admitida, sino que se trataba de una prueba que había sido desahogada anticipadamente en una etapa previa a la de juicio debido a una cuestión extraordinaria y que pasó por un tamiz de ponderación, por ende, se estimó procedente su desahogo previo. Asimismo, al tratarse la prueba anticipada de una "prueba condicionada", es decir, que ésta sigue activa siempre y cuando las condiciones que la crearon estén vigentes al momento de la audiencia de juicio, el Tribunal de Enjuiciamiento debió verificar dicha circunstancia en la audiencia de juicio y, en caso de que éstas hubiesen cambiado, la prueba anticipada debió desahogarse materialmente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 306, segundo párrafo, del Código Nacional de procedimientos Penales; de lo contrario, únicamente debía incorporarse a juicio. En el caso, la determinación del Tribunal de Enjuiciamiento de no desahogar la prueba anticipada en audiencia de juicio obedeció a que ésta no se consideró dentro del auto de apertura a juicio. Empero, como también lo sostuvo la Sala responsable, el tribunal estuvo en aptitud de enderezar tal postura de acuerdo a lo expuesto por la fiscalía, en el sentido de que la Jueza de Control determinó en audiencia intermedia: "Hay dos pruebas anticipadas que son las testimoniales de Bernabé Saucedo Castro y Mayra Salud Martínez García, la condicionante es que prevalezcan las condiciones que generaron su anticipo, de lo contrario, los agentes del Ministerio Público estarán obligados a hacer comparecer a los testigos ante el Tribunal de Enjuiciamiento"; manifestación a partir de la cual, en términos de lo dispuesto en el precepto legal antes citado, debió verificar si las condiciones que motivaron la prueba anticipada subsistían o no, máxime que los atestes estuvieron disponibles en dos jornadas de la audiencia de juicio y que además los imputados conocieron de la prueba al haberse ofrecido como anticipada. Consideración anterior que encuentra sustento en el criterio plasmado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. XXXV/2021 /(10a.), de rubro "PRUEBA ANTICIPADA. EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO ESTÁ FACULTADO PARA VERIFICAR SI LAS CONDICIONES QUE MOTIVARON EL DESAHOGO DE LA PRUEBA ANTICIPADA EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL CONTINÚAN VIGENTES", cuyo texto fue transcrito en líneas anteriores. Cabe mencionar que para el caso de que el Tribunal de enjuiciamiento determine procedente el desahogo de la prueba anticipada en audiencia de juicio, ésta se verificará en audiencia pública en la que se deberán cumplir, a cabalidad, los principios del proceso penal y las reglas definidas para la práctica de las pruebas en el juicio, con lo que se garantiza el respeto a los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad que rigen el procedimiento penal adversarial. Lo antes expuesto pone de manifiesto que la Sala responsable, contrario a lo que adujo la parte quejosa, si realizó un adecuado análisis lógico y jurídico respecto a la naturaleza de la prueba anticipada, así como las condiciones que ésta debe reunir para que ésta sea desahogada por el Tribunal de Enjuiciamiento en audiencia de juicio o bien, para que únicamente se incorpore a éste para su valoración en sentencia; de ahí lo infundado del concepto de violación que se analiza. Por otro lado, en la primera parte de su segundo concepto de violación, los quejosos refieren que contrario a lo resuelto por la sala responsable, se encuentra acreditado que los testimonios de los atestes Mayra Salud Martínez García y Bernabé Saucedo Castro se encuentran contaminados, toda vez que la propia fiscal refirió que éstos estuvieron presentes en dos audiencias consecutivas; por tanto, en el desahogo de dos órganos de prueba. Agregan los quejosos que en audiencia cinco de abril de dos mil veintiuno, la fiscalía manifestó que se encontraban presentes los atestes, sin que se hubiese verificado su identidad; y si bien la defensa no se opuso al respecto, lo fue porque sus testimonio no fue admitido en el auto de apertura a juicio, por ende, el Tribunal de Enjuiciamiento no podía imponerse de éste, ni contradecirlo. Lo anterior es infundado. Para estimarlo de esta manera fue necesario acudir a los registros de audio y video contenidos en los discos ópticos marcados con los número 1/3 y 2/3, que remitió la autoridad responsable como sustento de su informe justificado y que contienen las audiencias de debate celebradas dentro del juicio oral en su cuarta y quinta jornadas, de las que se desprende: Audiencia de debate en su cuarta jornada celebrada el cinco de abril de dos mil veintiuno: Minuto 17:13. Los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento preguntaron a la Agente del Ministerio Público sobre los órganos de prueba que presentaría, a lo que respondió que estaban presentes los testigos Bernabé Saucedo Castro y Mayra Salud Martínez García quienes junto con diverso ateste se encontraban disponibles. Luego de preguntar a la oferente el orden en el que los atestes rendirían su testimonio, se le cuestionó al asesor jurídico victimal, así como a la defensa si tenían alguna objeción, a lo que respondieron en sentido negativo. Minuto 17:14:41. uno de los jueces integrantes del tribunal preguntó a la fiscal si los órganos de prueba se encontraban disponibles fuera de la sala de audiencias, a lo que la agente del ministerio público respondió que se estaban registrando, por lo que el juez ponente instruyó a una persona de nombre "Jorge", verificara esa circunstancia. Enseguida (minuto 17:15) el juez ponente preguntó a la fiscalía sobre los testigos Mayra y Bernabé, aduciendo ésta el motivo del ofrecimiento de sus testimonios. Con las manifestaciones vertidas por la fiscal, el juez dio el uso de la voz al asesor jurídico y a la defensa, quienes no realizaron manifestación alguna. Minuto 17:16. Los integrantes del tribunal enjuiciamiento decretaron un receso para discutir sobre el medio de prueba. Minuto 18:15. Los Integrantes del Tribunal de enjuiciamiento se pronunciaron sobre el testimonio de Mayra y Bernabé. Minuto 18:23:50, el juez ponente preguntó a quien se refirió con el nombre de "Jorge", si ya tenía la credencial de los "otros testigos", al tiempo que preguntó a la fiscal si quería regresárselas para que les comentara las circunstancias por las cuales no se iba a reproducir información de ellos en la audiencia, decretando un receso para ese efecto, pidiendo que se integrara diverso ateste de nombre "Ángel", a la sala para recibir su testimonio. Audiencia de debate en su quinta jornada celebrada el siete de mayo de dos mil veintiuno: Minuto 17:07. Al cuestionar el Juez ponente a la fiscal sobre los órganos de prueba que presentaría, ésta le manifestó que recibió una llamada telefónica por parte del policía encargado de llevar a los testigos, que se le había averiado la camioneta cerca de Tiripetío, pero que otro policía ya había ido por ellos y llegarían en diez minutos, siendo dichos testigos Bernabé Saucedo Castro y Mayra Salud Martínez García, respecto de quienes solicitó se les tomara su declaración mediante la promoción de un incidente. Minuto 17:12. Los Jueces integrantes del Tribunal de enjuiciamiento discutieron sobre el medio de prueba y emitieron su determinación. Minuto 17:34. La fiscalía insistió en el desahogo de los testimonios de los atestes Bernabé Saucedo Castro y Mayra Salud Martínez García, a efecto de que fueran valorados e incorporados a juicio; solicitud que los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento desecharon por notoriamente improcedente. Lo anterior evidencia que los atestes Bernabé Saucedo Castro y Mayra Salud Martínez García, contrariamente a lo manifestado por los quejosos, en ningún momento estuvieron materialmente presentes y dentro de la sala de audiencias, durante el desahogo de las celebradas el cinco de abril y siete de mayo de dos mil veintiuno, por lo que sus testimonios, tal y como lo refirió el Magistrado responsable, no fueron contaminados. De ahí que sea infundado el motivo de disenso en análisis. En su tercer concepto de violación los quejosos refieren, por una parte, que la autoridad responsable al emitir su resolución viola en su perjuicio el principio de igualdad entre las partes en el proceso, que establece que el órgano resolutor debe ser imparcial, esto es, no debe sustituir a alguna de las partes en conflicto, ni suplir con argumentos el sustento de la acción ejercitada o el de las excepciones y defensas opuestas. De igual manera, aducen que la resolución reclamada vulnera en su detrimento el principio de congruencia externa, el cual señala que el órgano jurisdiccional no puede abordar el análisis de cuestiones que no le fueron planteadas por las partes, ni omitir aquellas que sí lo fueron. Lo anterior es infundado por los motivos que a continuación se expondrán: En efecto, el principio de igualdad procesal en el procedimiento penal acusatorio y oral, inmerso en la fracción V, apartado A, del artículo 20 de la Constitución Federal, así como en los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consiste en que las partes que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán similares oportunidades para sostener la acusación y la defensa, según sea el caso. En ese tenor, corresponde a las autoridades que intervengan en el procedimiento penal, emprender las acciones y verificar que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar la igualdad de las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanen. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 141/2011 (9a.), de rubro y texto: "Registro digital: 160513 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 141/2011 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2103 Tipo: Jurisprudencia PRINCIPIO DE IGUALDAD EN EL PROCESO PENAL. SU ALCANCE. En el proceso penal, el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues deben concedérseles iguales condiciones, de manera que ninguno quede en estado de indefensión; y si bien es cierto que este principio no está previsto expresamente en algún numeral concreto del Código Federal de Procedimientos Penales, también lo es que se consigna implícitamente en su artículo 206, en cuanto prevé que todo aquello que se ofrezca como prueba -en términos del artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008- debe admitirse, siempre y cuando sea conducente y no vaya contra el derecho a juicio del juez o del tribunal, lo que significa que los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales deben valorarse con el mismo estándar o idénticas exigencias de juicio para generar convicción. Así, cuando la información que brinda un medio probatorio es imprecisa, parcial o genera duda porque adolece de claridad y da lugar a que el juez le reste valor, no es válido que tal estándar sólo aplique para una de las partes, ya que el mérito o valor de convicción del medio probatorio está sujeto a la libre apreciación del juez, pero es inadmisible que los medios de prueba de la misma índole -ofrecidos por ambas partes- tengan un estándar de valoración distinto, según se trate del actor o del demandado, del órgano ministerial o del acusado, pues ello atentaría contra las garantías de justicia imparcial, de equidad procesal y de correcta fundamentación y motivación." Por su parte, la congruencia externa, como principio rector de toda sentencia, consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto en un juicio o recurso, con la Litis planteada por las partes en la demanda, o bien en su escrito de impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia sujeta a su consideración. Cobra aplicación en lo conducente el criterio sustentado por Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito que reza: "Registro digital: 198165 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Común Tesis: XXI.2o.12 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo VI, Agosto de 1997, página 813 Tipo: Aislada SENTENCIA. CONGRUENCIA INTERNA Y EXTERNA. El principio de congruencia que debe regir en toda sentencia estriba en que ésta debe dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo, la interna. En la especie, la incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna, puesto que se señalan concretamente las partes de la sentencia de segunda instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmándose que mientras en una parte se tuvo por no acreditada la personalidad del demandado y, por consiguiente, se declararon insubsistentes todas las promociones presentadas en el procedimiento por dicha parte, en otro aspecto de la propia sentencia se analiza y concede valor probatorio a pruebas que específicamente fueron ofrecidas y, por ende, presentadas por dicha persona; luego, esto constituye una infracción al principio de congruencia que debe regir en toda sentencia." Establecido lo anterior, quien aquí resuelve considera que en el dictado de la resolución que en esta instancia constitucional se reclama, no se infringieron los principios anteriormente precisados. En primer lugar, porque el sentido de aquella obedeció a que, como lo sostuvo la Sala responsable y se expuso en líneas anteriores, la oposición por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, de verificar la procedencia del desahogo de la prueba anticipada en etapa de juicio oral, trastocó en perjuicio de una de las partes en el proceso, en este caso de las víctimas, las garantías de certeza y seguridad jurídica, así como el debido proceso a las que, al igual que los sentenciados, tienen derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 20, Apartado A, fracción V, de Constitución Federal. Máxime si se considera que tanto los enjuiciados como las víctimas, tienen el mismo derecho de ofertar y que les sean admitidos medios de prueba para justificar su teoría del caso, en términos del artículo 20, Apartado C, fracción IV, Constitucional. De ahí que, de manera adversa a lo alegado por la parte quejosa, al emitir la resolución reclamada, la responsable sí observó el principio de igualdad procesal contenido en el precepto constitucional mencionado. En segundo lugar, porque contrario a lo expuesto por la parte quejosa, la resolución reclamada sí cumple con el principio de congruencia externa, ya que su sentido obedeció a los argumentos planteados por la representación social a través de sus agravios, de cuya trascripción que se hizo en la resolución reclamada, se desprende que guardan relación con la Litis, pues tienden a combatir los aspectos tomados en consideración por el Tribunal de Enjuiciamiento para absolver al aquí quejoso RAMIRO ALEJANDRO ACOSTA CÁZAREZ, respecto de su participación en los hechos materia de su acusación ante la insuficiencia probatoria; sin que de la propia resolución se advierta que la responsable hubiese omitido o introducido aspectos ajenos a lo alegado por la fiscalía. Lo anterior pone de manifiesto lo infundado del concepto de violación que se analiza. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación planteados, lo que procede es NEGAR el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Sin que este juzgador advierta motivo para suplir la queja deficiente a favor de la parte quejosa en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. No se soslaya que tanto la representante especial del menor tercero interesado como el Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción, rindieron los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones, no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, a más de que lo aquí resuelto converge con lo solicitado; por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RAMIRO ALEJANDRO CÁZARES TINOCO y FREDY YAIR ACOSTA CÁZAREZ, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-
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POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo V-381/2022, promovido por RAMIRO ALEJANDRO CÁZARES TINOCO y FREDY YAIR ACOSTA CÁZAREZ, por conducto de su defensor, contra un acto del Magistrado de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; y... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RAMIRO ALEJANDRO CÁZARES TINOCO y FREDY YAIR ACOSTA CÁZAREZ, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando sexto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza, el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.-
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