Rafael Villaseñor Villaseñor

Expediente 94/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
94/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
10/06/2019

Partes del expediente

  • Rafael Villaseñor Villaseñor

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de junio de dos mil diecinueve. Cuenta con estado de autos; causa ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico la certificación secretarial que antecede, de los cuales se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinte de mayo pasado, en la que se sobreseyó en el presente asunto, promovido por Rafael Villaseñor Villaseñor; por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    veinte de mayo de dos mil diecinueve . V I S T O S para dictar sentencia definitiva los autos del juicio de amparo número VI-94/2019, promovido por Rafael Villaseñor Villaseñor, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el cinco de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, Rafael Villaseñor Villaseñor, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. El promovente del amparo señaló los antecedentes de los actos reclamados y estimó violatorios en perjuicio de su apoderado los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 133 y 134 de la Constitución General de la República. TERCERO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, por lo que, previa aclaración del escrito inicial de demanda, por auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se emplazó a la parte tercero interesada; y, finalmente, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en los términos que constan en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente para conocer y resolver del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades, en que se reclama la inconstitucionalidad de normas cuya aplicación se concreta en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En esa virtud, de acuerdo con los criterios resaltados y armonizados los elementos del presente expediente se advierte que la verdadera intención de la parte quejosa, consiste en reclamar del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado de Michoacán:  La omisión legislativa de adecuar el Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, a la Ley General de Responsabilidades. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables se advierte que aceptan la existencia de los actos reclamados. Certeza que se corrobora con la publicación de ambos ordenamientos legales en el Periódico Oficial del Estado, del que se advierte la participación de las autoridades responsables que intervinieron en el proceso de creación de la norma, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, máxime que la ley no es objeto de prueba. Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 191452, la cual es de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090, de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA.". Además, la falta de adecuación del Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, a las disposiciones de la Ley General de Responsabilidades, involucra el análisis de una cuestión íntimamente vinculada con el fondo del presente asunto, por lo que debe tenerse por cierta su existencia. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La improcedencia es una institución jurídica procesal que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado para analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, así como el numeral 107, fracción I, Constitucional, misma que hacen valer las autoridades responsables. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XII, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Por su parte, el diverso numeral 5º, fracción I, de la referida legislación, señala: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." A su vez, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" De los numerales trascritos se desprende, en lo conducente, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la Ley de Amparo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Persona quien estará legitimada para instar la acción constitucional. De la interpretación sistemática de los preceptos arriba citados se tiene que el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. Por perjuicio se entiende para efectos del amparo la preexistencia de un derecho legítimamente tutelado por la ley, o bien, de un interés legítimo individual o colectivo, que al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo para demandar el cese de esa violación. Tal afectación, se itera debe ser real y actual en la esfera jurídica del gobernado, ya sea de manera directa (a un derecho subjetivo), o bien, en virtud de la especial situación que tiene frente al orden jurídico (a un interés legítimo). Aunado a lo anterior, en términos de los artículos 107, fracción I Constitucional, el acceso al juicio de amparo, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica de la parte quejosa. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. Ello se estima así, pues no basta con el hecho que en el caso particular se reclame en sede constitucional una omisión legislativa, virtud a la falta de adecuación de las legislaciones locales a la federal; sin embargo, al margen de que resulte cierta la omisión reclamada, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a analizar si el juicio de amparo resulta procedente a la luz de las hipótesis que para tal efecto prevé la Ley de Amparo, como en el caso ocurre con la acreditación del interés del quejoso para impugnar la omisión reclamada. Lo expuesto con antelación incluso fue señalado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la queja 79/2018 de su orden cronológico, que revocó el desechamiento de la demanda planteada el quejoso, pues en la parte considerativa de dicha ejecutoria, precisamente en el punto 22, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, estableció que en los casos en que se reproche la abstención de legislar, el juzgador debe verificar, con toda exactitud, no sólo si la "omisión" reclamada es de aquellas que tiene origen en el incumplimiento a una norma que ordena a la autoridad legislativa a actuar legislando, sino también, 1. Si efectivamente se ha actualizado ya la obligación de emitir la regulación y, por tanto, es exigible, 2. Si es posible determinar que tal abstención existe, 3. Si el juicio resulta procedente a la luz de las hipótesis que para tal efecto prevé la Ley de Amparo o, incluso, 4. Si es posible imprimir efectos a la sentencia respectiva. Lo anterior se observa en la siguiente transcripción de la ejecutoria: "22. Si se toma en cuenta que en los casos en que se reproche la abstención de legislar, el juzgador debe verificar, con toda exactitud, no sólo si la "omisión" reclamada es de aquellas que tiene origen en el incumplimiento a una norma que ordena a la autoridad legislativa a actuar legislando, sino también, si efectivamente se ha actualizado ya la obligación de emitir la regulación y, por tanto, es exigible, si es posible determinar que tal abstención existe, si el juicio resulta procedente a la luz de las hipótesis que para tal efecto prevé la Ley de Amparo o, incluso, si es posible imprimir efectos a la sentencia respectiva, resulta claro que cuando se reclame este tipo de actos no es posible sostener contundentemente que estamos en presencia de una causa notoria y manifiesta de improcedencia." (foja 130). En ese contexto es que este órgano jurisdiccional estima actualizada la causa de improcedencia mencionada, relativa a la falta de interés legítimo por parte del quejoso para instar la acción constitucional en contra de la omisión legislativa atribuida a las autoridades responsables. A efecto de evidenciar lo anterior, debe destacarse que tratándose del interés legítimo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que su existencia requiere, como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En efecto, el interés legítimo para instar la acción constitucional consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero que tampoco se identifica con el interés genérico de la sociedad, como ocurre con el interés simple, es decir, que se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que está en aptitud de expresar un agravio diferenciado de los demás integrantes de la comunidad, al ser su interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que su anulación le producirá un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica como resultado inmediato y directo de la resolución que se pronuncie. Lo anterior encuentra sustento en la tesis P./J. 50/2014 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Décima Época Registro: 2007921 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Página: 60 INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas. Contradicción de tesis 111/2013. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 de junio de 2014. Mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votó en contra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Tesis y/o criterios contendientes: El sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 366/2012, y el diverso sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 553/2012, 684/2012 y 29/2013. El Tribunal Pleno, el seis de noviembre en curso, aprobó, con el número 50/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de noviembre de dos mil catorce. Esta tesis se publicó el viernes 14 de noviembre de 2014 a las 09:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de noviembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Ahora, en la especie el quejoso reclama la omisión legislativa de adecuar el Código de Justicia Administrativa para el Estado de Michoacán y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán de Ocampo, a la Ley General de Responsabilidades. Además, para la procedencia del juicio de amparo, el peticionario alega sustancialmente que cuenta con un interés legítimo en su carácter de abogado postulante; sin embargo, pese a que el quejoso acreditó ser abogado con la copia cotejada de su cédula profesional, no expuso los motivos por los cuales considera que la omisión reclamada afecta su interés jurídico o legítimo, y cómo la hipotética concesión del amparo repararía tal afectación, pues no debe perderse de vista que corresponde a la parte que se dice afectada por un acto u omisión de una autoridad acreditar ser titular de un interés jurídico o legítimo, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 57/2017 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Décima Época Registro: 2014433 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 57/2017 (10a.) Página: 1078 INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Contradicción de tesis 331/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y Vigésimo en Materia Administrativa del Primer Circuito. 26 de abril de 2017. Mayoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Disidente: Javier Laynez Potisek, quien manifestó que haría voto particular. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Iveth López Vergara. Criterios contendientes: El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver la queja 151/2016, y el diverso sustentado por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 53/2015. Tesis de jurisprudencia 57/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diez de mayo de dos mil diecisiete. Esta tesis se publicó el viernes 09 de junio de 2017 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de junio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Del mismo modo, resulta aplicable por su contenido la tesis II.1o.23 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que reza: Época: Décima Época Registro: 2012855 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 35, Octubre de 2016, Tomo IV Materia(s): Común Tesis: II.1o.23 K (10a.) Página: 2942 INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. De la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo se obtiene que el quejoso es quien aduce ser titular de algún derecho subjetivo o interés legítimo (individual o colectivo) y, a su vez, plantea que alguna norma de observancia general, acto u omisión conculca algún derecho fundamental tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los instrumentos internacionales suscritos por México en la materia, a condición de que se trate, desde luego, de alguna afectación real y actual en su esfera jurídica, sea de manera directa o indirecta con motivo de su especial situación frente al orden jurídico. Ahora, el concepto de interés legítimo, como medida para acceder al juicio de amparo (tanto en lo individual como en lo colectivo), se satisface cuando el quejoso alega ser titular de algún derecho subjetivo (en sentido amplio) y reclama normas, actos u omisiones autoritarios que afectan a su esfera jurídica, directa o indirectamente. Es decir, para justificar el interés legítimo tratándose del reclamo de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales jurisdiccionales, no se requiere del acreditamiento de alguna afectación personal y directa (lo cual se conoce tradicionalmente como interés jurídico), sino que basta con cierta afectación real y actual, aun de manera indirecta, según la situación especial del gobernado frente al orden jurídico. Sin embargo ¿cuál es la razón por la cual el surtimiento del interés legítimo (tratándose de la impugnación de normas, actos u omisiones no provenientes de tribunales) se requiere acreditar, necesariamente, que la materia reclamada produzca alguna afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso? La razón estriba en que, por un lado, el juicio de amparo es improcedente contra actos inexistentes, futuros o de realización incierta y, por otro, porque aunque exista la norma, acto u omisión materia del reclamo, no basta con tener un interés simple para acudir al amparo, por ser condición necesaria demostrar, objetivamente, alguna afectación real y actual (no futura o de realización incierta) en la esfera jurídica del quejoso, en tanto que si no es cierta, real y actual, el examen de constitucionalidad versaría sobre un análisis abstracto de constitucionalidad que es ajeno al objeto y fin del amparo, porque en éste se requiere acreditar, forzosamente, la afectación jurídica en función de la existencia de la materia reclamada, a causa de la cual se plantee el perjuicio cierto, real y actual en la esfera de derecho. En efecto, para la procedencia del juicio de amparo, el interés simple o jurídicamente irrelevante es el que se puede tener acerca de lo dispuesto en alguna norma, actuación u omisión reclamable en amparo, pero que en realidad no afecta a la esfera jurídica o alguna situación especial del particular frente al orden jurídico cuestionado. De ahí que contra normas, actos u omisiones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés legítimo para la procedencia del juicio de amparo, si bien no exige la existencia de algún agravio personal y directo, sí es condición el acreditamiento de cierta afectación real y actual en la esfera jurídica de quien lo promueve, aunque sea indirecta. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO. Amparo en revisión 390/2015. Juana Rivera y otros. 31 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Alberto Casasola Mendoza. Secretario: Pablo Andrei Zamudio Díaz. Esta tesis se publicó el viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Al margen de todo lo anterior, aun teniendo por acreditado el carácter de abogado postulante con que comparece a gestionar el aquí quejoso, ello no evidencia el interés legítimo que el promovente del amparo dice le asiste para acceder a esta instancia extraordinaria, pues no se atribuye a dicha omisión una afectación real, actual y objetivamente apreciable en su esfera jurídica, susceptible de ser reparada a través del fallo protector que eventualmente se obtuviere, ya que el hecho de que cuente con cédula profesional no implica que por su posición específica frente a la omisión reclamada se le irrogue un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, que justifique acudir al juicio de amparo a reclamar la omisión legislativa mencionada. Sin dejar de mencionar que los licenciados en derecho pueden dedicarse a diversas actividades dentro de la propia rama jurídica, como ser catedráticos, investigadores, notarios, corredores públicos, etcétera. Lo que permite evidenciar que no es suficiente dar por hecho se trata de un licenciado en derecho para diferenciarlo del resto de la población y asumir tiene un interés legítimo para reclamar en amparo la omisión de que se trata. Máxime que la omisión derivada de la falta de adecuación de las legislaciones locales a la federal, por sí misma no se traduce en una denegación de justicia en perjuicio de la parte quejosa, ni de un recurso judicial efectivo. Aunado a lo anterior, si bien es cierto que el quejoso allegó al sumario copia de los acuerdos de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictados por el Magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, mismos que refirió fueron dictados dentro de los juicios de amparo números 40/2019 y 61/2019, dichas documentales no son suficientes para acreditar los extremos destacados, en razón de que al margen de que son actuaciones dictadas dentro de juicios de amparo, lo cierto es que fueron exhibidas en copia simple, además de que aparentemente fueron promovidos por el aquí quejoso en cuanto apoderado de diversas personas, esto es, que no actuó en los mismos por su propio derecho ni como abogado postulante, siendo que el interés en el juicio de amparo debe acreditarse fehacientemente y no inferirse en base a presunciones o meros indicios. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Novena Época Registro: 192109 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 32/2000 Página: 127 COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. Amparo en revisión 1066/95. Mario Hernández Garduño. 19 de enero de 1996. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 602/97. Amador Salceda Rodríguez. 20 de junio de 1997. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Amparo en revisión 2645/97. Autobuses México, Toluca, Zinacantepec y Ramales, S.A. de C.V. 20 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Fortunata F. Silva Vásquez. Amparo en revisión 874/98. Antonio Castro Vázquez. 28 de agosto de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. Amparo en revisión 143/99. Derivados de Gasa, S.A. de C.V. 11 de febrero del año 2000. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Tesis de jurisprudencia 32/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veinticuatro de marzo del año dos mil. Nota: La tesis 533 a que se hace mención, aparece publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, página 916. En tales condiciones, al resultar evidente que no acreditó que la omisión reclamada ocasione afectación alguna en la esfera jurídica del promovente del amparo, al no advertirse que cuente con un interés jurídico o legítimo, se actualiza la hipótesis de improcedencia anunciada. Esto es así, en virtud de que, si bien el juicio constitucional constituye un recurso efectivo en términos de lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en forma alguna conlleva a su procedencia en todos los casos, a fin de que se realice el estudio de fondo del asunto, toda vez que por razones de seguridad jurídica para la correcta y funcional administración de justicia y, para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados tienen el deber de establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, ya sea de carácter judicial o de cualquier otra índole, resultando aplicable al respecto los siguientes criterios: Jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, registro 2005717, de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, registro 2005917, de rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Sin que resulten aplicables los criterios sostenidos en las tesis aisladas 1a. XIX/2018, 1a. XX/2018 y 1a. XXII/2018, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación el pasado dieciséis de marzo, con números de registro 2016423, 2016424 y 2016420, de rubros "OMISIONES LEGISLATIVAS. LOS TRIBUNALES DE AMPARO TIENEN FACULTADES PARA ORDENAR LA RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS QUEJOSOS CUANDO ÉSTOS HAYAN SIDO VIOLADOS POR", "OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO"; y "DIFERENCIAS ENTRE LAS LAGUNAS NORMATIVAS Y LAS OMISIONES LEGISLATIVAS", respectivamente, toda vez que no se contraponen a las consideraciones vertidas en esta sentencia, puesto que en ninguna de ellas se indica que la parte quejosa se encuentre exenta de acreditar su interés legítimo cuando se reclaman vía amparo omisiones legislativas. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, de la ley de la materia; así como el dispositivo 107, fracción I, Constitucional, el juicio reclamado por esta vía resulta improcedente y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio de derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por el resultado obtenido, resulta innecesario estudiar alguna otra causa de improcedencia que para el caso se actualice, ya que su examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de la resolución; asimismo, al configurarse la causa de improcedencia antes mencionada, no resulta posible analizar el fondo del asunto. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73 a 77 y 79 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rafael Villaseñor Villaseñor, en contra del acto reclamado al Congreso y al Gobernador, ambos del Estado de Michoacán, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese personalmente Así, lo resolvió y firma el licenciado Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe hasta hoy veinte de mayo de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy Fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a que las partes se impongan del contenido del informe acordado en el párrafo que antecede, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy FeMach

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de marzo de dos mil diecinueve. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.Mach

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