Rafal Gómez Robles

Expediente 689/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 35 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
689/2019
Año
2019
Actuaciones
35
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Rafal Gómez Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el expediente principal del que emana el presente incidente se ordenó su archivo definitivo; asimismo, que en interlocutoria dictada en este cuaderno incidental, se negó la suspensión definitiva solicitada. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y que se negó la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General. Por otra parte, se estima que este incidente carece de relevancia documental, debido a que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. Transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del acuerdo de siete de noviembre de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplido el fallo protector, sin que a la fecha aparezca que hiciera valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara consentido el proveído en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en este juicio de amparo se otorgó la protección constitucional a la justiciable en relación con los actos reclamados, en términos de lo estatuido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del citado Acuerdo este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del arábigo 18 del propio Acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes se procederá a su depuración, por lo que deberán conservarse únicamente la demanda de amparo y su ampliación, la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veintidós, la ejecutoria de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito dictó en el toca del recurso de revisión ********************, el acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, en donde causó ejecutoria por ministerio de ley la resolución de la Superioridad y se requirió el cumplimiento, el auto de siete de noviembre de dos mil veintidós, en donde se decretó cumplido el fallo protector, y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración este órgano jurisdiccional solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierteque el plazo concedido a la parte quejosa para que expresara lo que a sus intereses conviniera respecto del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios rindió y de la constancia que exhibió transcurrió del veintiocho de octubre de dos mil veintidós al cuatro de noviembre del dos mil veintidós, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. I. Efectos de la concesión del amparo. En la ejecutoria de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito dictó en toca del recurso de revisión 407/2021 fallo que confirmó la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veinte, pronunciada en este asunto, en donde por una parte se sobreseyó en este juicio de amparo respecto de unos actos reclamados y, por otra, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa en cuanto a la diversa actuación atacada. En ese sentido, en el auto de tres de octubre de dos mil veintidós, se estableció que conforme a lo dispuesto por los normativos 356, fracción I, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito dictó en el recurso de revisión 407/2021 causó ejecutoria por ministerio de ley. Ahora, es necesario precisar que la protección constitucional se otorgó a Rafael Gómez Robles para que el Comisionado Federal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por sí o por conducto del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, realice lo siguiente: "[.] a) Deje sin efecto el oficio 183301EL352273, de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, emitido como respuesta negativa a la petición del quejoso. b) Emita un acto en que conceda al quejoso la autorización sanitaria para realizar las actividades necesarias vinculadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol), los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como marihuana, así como las actividades relacionadas tales como adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar dichas sustancias y adquirir la semilla, siempre y cuando sea mayor de edad. 101.En el entendido de que corresponderá a la autoridad mencionada establecer los lineamientos y modalidades que resulten indispensables para dar cauce al derecho reconocido, así como a hacer efectiva la adquisición de las semillas y establecer los términos y condiciones bajo las cuales pueden ser sembradas, la forma de cultivarlas, cosechar y transportar los productos. [.]" II. Acciones que la autoridad responsable realizo para acatar la ejecutoria de amparo. En el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, se recibió el informe de cumplimiento a la ejecutoria protectora que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, rindió, al que anexó copia certificada del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-14384- 2022 de doce de octubre de dos mil veintidós. A ese instrumento se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación1 , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Estudio del cumplimiento. Del análisis del informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de la constancia que la responsable exhibió se advierten los aspectos siguientes: Que mediante oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-14384-2022 de doce de octubre de dos mil veintidós la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, dejó sin efecto el diverso 183301EL352273, de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Se emitió por tiempo indeterminado la autorización sanitaria para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol) y de los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como marihuana, así como las actividades relacionadas tales como adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar dichas sustancias y adquirir la semilla. En ese sentido, con las actuaciones descritas que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, realizó en consideración de este órgano jurisdiccional acató la sentencia protectora, por lo que con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, 1 Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, Materia Común, página 153 tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional, sin excesos ni defectos. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2 , que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. ( SE NOTIFICÓ POR LISTA DE ACUERDOS)

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