Rafaela Herbert García
Expediente 613/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 613/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rafaela Herbert García
Actuaciones
- Principal
Mesa V-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil diecisiete. De la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintitrés de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Rafaela Herbert García, se realizó en términos de la certificación de cuenta; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, toda vez que se desechó la demanda de amparo, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se considera también que carece de relevancia documental, en virtud que por el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto Segundo fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto Décimo, fracción I, del referido Acuerdo, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.
- Principal
Mesa V-B * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por********************. De conformidad con los artículos 13, 14 y 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, además conforme a los lineamientos para su integración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Regístrese con el número ********** que le correspondió. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por las razones que se exponen a continuación En la demanda de amparo se reclama de los integrantes de la sección ciento cuarenta y tres del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Reclamó la autoridad responsable los siguientes actos: I).- EL INCONSTITUCIONAL ACTO DE AUTORIDAD DE LA ORDEN DE SUSPENSIÓN DE DERECHOS SINDICALES II).-LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GENERO POR PARTE DEL SÍNDICATO". Acto este último que más bien se trata de un argumento que debe analizarse como motivo de inconformidad contra el acto que se estima lesivo de derechos. La propia quejosa en su demanda, bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente: "manifiesta bajo protesta de decir verdad que con fecha siete de junio del año en curso aproximadamente a las diez horas, la suscrita, se presentó a las instalaciones de la empresa Telmex, pues como empleada jubilada, se me hace entrega de un cheque como apoyo para jubilación, sin embargo, al presentarme a solicitar la entrega física del mencionado, uno de los dirigentes sindicales que es el encargado de dicha entrega de nombre **************, me dice que no es posible realizar la entrega solicitada, toda vez que he sido suspendida de mis derechos sindicales, le pedí a mis representantes sindicales que me explicaran el motivo por el cual se había tomado tal decisión INCONSTITUCIONAL pues no existe una asamblea, ni mucho menos fui oída y vencida como lo marcan los estatutos que rigen la vida interna del Sindicato y Nuestra Carta Magna y como hasta la fecha nuestra representación sindical se ha negado a notificarme dicho auto de autoridad por la cual me fueron suspendidos mis derechos sindicales, ni mucho menos me han mostrado el acta de Asamblea, que de manera INCONSTITUCIONAL, se hubiese llevado a cabo, por la que se deriven la mencionada suspensión sindicales por lo que la autoridad responsable está violentando en todo momento el principio de Audiencia de legalidad, de seguridad jurídica, el principio de debida defensa, así como el principio consagrado en la Garantía de mandamiento escrito." En el caso se actualiza la causal de improcedencia que atiende el artículo 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por el diverso numeral 5, fracción II, ambos de la ley de la materia, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Ahora bien, del primer dispositivo preinserto, se advierte que la improcedencia de la instancia de amparo, puede actualizarse no sólo a partir de lo previsto expresamente en las concretas veintidós causales que se prevén en las respectivas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sino que dicha improcedencia puede devenir de cualquier otro precepto de la misma normatividad de la materia, o bien de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación a ello, el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, define que tiene el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, de una interpretación en sentido contrario del aludido precepto legal, se desprende una causa de improcedencia en la instancia de amparo, a saber, el que los actos reclamados a las autoridades responsables no puedan considerarse como autoritarios, en atención a que quien los emite lo hace sin atributos de autoridad y atendiendo a derechos que deriven de relaciones de naturaleza laboral o civil, es decir, no en un nivel de supra a subordinación con los particulares, sino en una relación de coordinación con estos últimos. En efecto, los actos que realizan los órganos del Estado se distinguen de los que efectúan como entidades jurídicas en una relación de coordinación con los particulares y aquéllos que llevan a cabo en un nivel de supra a subordinación con los gobernados, por lo que un órgano de Estado puede, en determinado momento, tener el carácter de persona de derecho público y de derecho privado. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, ha delimitado con precisión dicho concepto, tal y como se puede observar de la tesis consultable en la página 118, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente prevé: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De ahí que, atendiendo a las consideraciones contenidas en el criterio invocado, una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Lo anterior, válidamente permite estimar que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, por su idea jurídica la jurisprudencia 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 1089, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Con el propósito de corroborar tal postura, es necesario tener en consideración que las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, distinguiéndose de este tipo de relaciones que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de este tipo de relación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de derechos humanos y garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Cobra aplicación a lo antes expuesto, por su contenido y alcance, la tesis número 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307, tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Expuestas las anteriores consideraciones en torno a los conceptos de autoridad responsable y actos de autoridad, así como respecto de la clasificación de las relaciones jurídicas que permiten entender la esencia y conformación de estos últimos y sus diferencias con los actos de particulares, cabe afirmar que, en el caso, la relación jurídica entablada con motivo del acto reclamado únicamente se ubica dentro de las denominadas de coordinación, que como se ha visto, excluye la idea de un "acto de autoridad" que es la que priva en las relaciones de supra a subordinación. Luego, debe decirse que la autoridad que la quejosa señala como responsable integrantes de la sección ciento cuarenta y tres del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, no puede ser considerada como tal para los efectos del presente juicio de amparo, ya que los actos que se le reclama, derivan de una relación de coordinación de naturaleza laboral, mas no de supra a subordinación, y por ende, pertenecen al ámbito de derecho privado, por tanto, bajo ninguna circunstancia pueden considerarse como actos de autoridad que hagan procedente el juicio de amparo. Por ello, si la orden de suspensión de derechos sindicales por parte de los integrantes de la sección ciento cuarenta y tres del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana que por esta vía se reclama se trata de un acto de coordinación entre particulares derivado de una relación laboral, luego, se mantiene en el ámbito privado, por ende, no existe una razón técnicamente jurídica para estimar que se trata de un acto de autoridad para efectos del presente juicio, pues como se observa se pretende controvertir un acto de particulares que no tienen determinadas sus funciones por alguna norma general, sino que derivan de disposiciones contenidas en los Estatutos que rigen su vida interna, es decir, que provienen del consenso de sus agremiados y no de la voluntad estatal. Luego, si bien la Ley Federal del Trabajo faculta a los sindicatos para emitir sus estatutos e impone establecer, entre los aspectos mínimos que deben satisfacer, los órganos de gobierno que velarán para su vida interna, los derechos y obligaciones de los asociados así como los motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias; se insiste, es la voluntad de sus miembros la fuente de las disposiciones normativas a las que se verán sometidos y no la potestad Estatal; de tal suerte que si la quejosa pretende controvertir la decisión adoptada por los órganos de gobierno del sindicato cuyas funciones están determinadas en sus estatutos y no en una norma general, no se constituye en un acto equivalente a los de autoridad en el contexto de una relación que surja de un mandato de la ley, susceptible de ser controvertido a través del juicio de amparo, sino que en todo caso, es factible acudir ante la autoridad laboral para ejercer la acción que corresponda. A mayor abundamiento, es menester señalar que los artículos 356, 357, 358 y 359, de la Ley Federal del Trabajo vigente, en relación con la figura del Sindicato establecen: "Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses." "Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa." "Artículo 358. A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá por no puesta." "Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción." Lo que confirma la determinación adoptada en relación al cuerpo gremial señalado como responsable, pues su relación con la aquí quejosa: a) No se trata es un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; ya que los miembros de un sindicato y dicho ente actúan en un plano de igualdad, aunque aquél tenga una división funcional orgánica estatutaria integrada por los propios trabajadores que laboran para una misma dependencia. b) Si bien, la relación entre el sindicato y sus agremiados tiene su nacimiento en una norma general, como es el caso de la Constitución Federal que reconoce el derecho de asociación en el artículo noveno, no menos cierto es que la facultad de un sindicato para destituir a un miembro en su cargo no se encuentra prevista en una norma general -incluida la Ley Federal del Trabajo-, sino en los Estatutos del propio sindicato. c) Si bien es cierto que con motivo de esa relación de igualdad, un sindicato emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del trabajador agremiado, como su destitución, no menos cierto es que su actuar se desarrolla en el ámbito de las relaciones de coordinación, por lo que para que se diriman las diferencias que surjan entre los miembros de un sindicato y dicho ente y, por lo tanto, se impida que hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, puesto que en los conflictos intersindicales que son del conocimiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las partes involucradas deben acudir ante dichos órganos para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XXVI.2 A (10a.) sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, publicada a página 3049, Libro 2, Enero de 2014, tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto disponen: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente." Por tanto, se advierte que el acto que reclama la quejosa, deriva de una relación de coordinación, la cual, como ya se anticipó, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano; es decir, de igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; y es por ello que las violaciones de que se duele la solicitante del amparo, deberá hacerlas valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizado únicamente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no así a nombre de los restantes. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mesa V-B * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por********************. De conformidad con los artículos 13, 14 y 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impresos y electrónicos, el acceso a este, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional para formar cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, además conforme a los lineamientos para su integración, publicados en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce. Regístrese con el número ********** que le correspondió. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda por las razones que se exponen a continuación En la demanda de amparo se reclama de los integrantes de la sección ciento cuarenta y tres del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: Reclamó la autoridad responsable los siguientes actos: I).- EL INCONSTITUCIONAL ACTO DE AUTORIDAD DE LA ORDEN DE SUSPENSIÓN DE DERECHOS SINDICALES II).-LA DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GENERO POR PARTE DEL SÍNDICATO". Acto este último que más bien se trata de un argumento que debe analizarse como motivo de inconformidad contra el acto que se estima lesivo de derechos. La propia quejosa en su demanda, bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente: "manifiesta bajo protesta de decir verdad que con fecha siete de junio del año en curso aproximadamente a las diez horas, la suscrita, se presentó a las instalaciones de la empresa Telmex, pues como empleada jubilada, se me hace entrega de un cheque como apoyo para jubilación, sin embargo, al presentarme a solicitar la entrega física del mencionado, uno de los dirigentes sindicales que es el encargado de dicha entrega de nombre **************, me dice que no es posible realizar la entrega solicitada, toda vez que he sido suspendida de mis derechos sindicales, le pedí a mis representantes sindicales que me explicaran el motivo por el cual se había tomado tal decisión INCONSTITUCIONAL pues no existe una asamblea, ni mucho menos fui oída y vencida como lo marcan los estatutos que rigen la vida interna del Sindicato y Nuestra Carta Magna y como hasta la fecha nuestra representación sindical se ha negado a notificarme dicho auto de autoridad por la cual me fueron suspendidos mis derechos sindicales, ni mucho menos me han mostrado el acta de Asamblea, que de manera INCONSTITUCIONAL, se hubiese llevado a cabo, por la que se deriven la mencionada suspensión sindicales por lo que la autoridad responsable está violentando en todo momento el principio de Audiencia de legalidad, de seguridad jurídica, el principio de debida defensa, así como el principio consagrado en la Garantía de mandamiento escrito." En el caso se actualiza la causal de improcedencia que atiende el artículo 61, fracción XXIII en concatenación con lo dispuesto por el diverso numeral 5, fracción II, ambos de la ley de la materia, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Ahora bien, del primer dispositivo preinserto, se advierte que la improcedencia de la instancia de amparo, puede actualizarse no sólo a partir de lo previsto expresamente en las concretas veintidós causales que se prevén en las respectivas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sino que dicha improcedencia puede devenir de cualquier otro precepto de la misma normatividad de la materia, o bien de lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación a ello, el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, define que tiene el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, de una interpretación en sentido contrario del aludido precepto legal, se desprende una causa de improcedencia en la instancia de amparo, a saber, el que los actos reclamados a las autoridades responsables no puedan considerarse como autoritarios, en atención a que quien los emite lo hace sin atributos de autoridad y atendiendo a derechos que deriven de relaciones de naturaleza laboral o civil, es decir, no en un nivel de supra a subordinación con los particulares, sino en una relación de coordinación con estos últimos. En efecto, los actos que realizan los órganos del Estado se distinguen de los que efectúan como entidades jurídicas en una relación de coordinación con los particulares y aquéllos que llevan a cabo en un nivel de supra a subordinación con los gobernados, por lo que un órgano de Estado puede, en determinado momento, tener el carácter de persona de derecho público y de derecho privado. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, ha delimitado con precisión dicho concepto, tal y como se puede observar de la tesis consultable en la página 118, tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente prevé: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De ahí que, atendiendo a las consideraciones contenidas en el criterio invocado, una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Lo anterior, válidamente permite estimar que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de apoyo a lo anterior, por su idea jurídica la jurisprudencia 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 1089, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Con el propósito de corroborar tal postura, es necesario tener en consideración que las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, distinguiéndose de este tipo de relaciones que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de este tipo de relación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de derechos humanos y garantías como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Cobra aplicación a lo antes expuesto, por su contenido y alcance, la tesis número 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307, tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Expuestas las anteriores consideraciones en torno a los conceptos de autoridad responsable y actos de autoridad, así como respecto de la clasificación de las relaciones jurídicas que permiten entender la esencia y conformación de estos últimos y sus diferencias con los actos de particulares, cabe afirmar que, en el caso, la relación jurídica entablada con motivo del acto reclamado únicamente se ubica dentro de las denominadas de coordinación, que como se ha visto, excluye la idea de un "acto de autoridad" que es la que priva en las relaciones de supra a subordinación. Luego, debe decirse que la autoridad que la quejosa señala como responsable integrantes de la sección ciento cuarenta y tres del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, no puede ser considerada como tal para los efectos del presente juicio de amparo, ya que los actos que se le reclama, derivan de una relación de coordinación de naturaleza laboral, mas no de supra a subordinación, y por ende, pertenecen al ámbito de derecho privado, por tanto, bajo ninguna circunstancia pueden considerarse como actos de autoridad que hagan procedente el juicio de amparo. Por ello, si la orden de suspensión de derechos sindicales por parte de los integrantes de la sección ciento cuarenta y tres del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana que por esta vía se reclama se trata de un acto de coordinación entre particulares derivado de una relación laboral, luego, se mantiene en el ámbito privado, por ende, no existe una razón técnicamente jurídica para estimar que se trata de un acto de autoridad para efectos del presente juicio, pues como se observa se pretende controvertir un acto de particulares que no tienen determinadas sus funciones por alguna norma general, sino que derivan de disposiciones contenidas en los Estatutos que rigen su vida interna, es decir, que provienen del consenso de sus agremiados y no de la voluntad estatal. Luego, si bien la Ley Federal del Trabajo faculta a los sindicatos para emitir sus estatutos e impone establecer, entre los aspectos mínimos que deben satisfacer, los órganos de gobierno que velarán para su vida interna, los derechos y obligaciones de los asociados así como los motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias; se insiste, es la voluntad de sus miembros la fuente de las disposiciones normativas a las que se verán sometidos y no la potestad Estatal; de tal suerte que si la quejosa pretende controvertir la decisión adoptada por los órganos de gobierno del sindicato cuyas funciones están determinadas en sus estatutos y no en una norma general, no se constituye en un acto equivalente a los de autoridad en el contexto de una relación que surja de un mandato de la ley, susceptible de ser controvertido a través del juicio de amparo, sino que en todo caso, es factible acudir ante la autoridad laboral para ejercer la acción que corresponda. A mayor abundamiento, es menester señalar que los artículos 356, 357, 358 y 359, de la Ley Federal del Trabajo vigente, en relación con la figura del Sindicato establecen: "Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses." "Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir sindicatos, sin necesidad de autorización previa." "Artículo 358. A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato o a no formar parte de él. Cualquier estipulación que establezca multa convencional en caso de separación del sindicato o que desvirtúe de algún modo la disposición contenida en el párrafo anterior, se tendrá por no puesta." "Artículo 359. Los sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción." Lo que confirma la determinación adoptada en relación al cuerpo gremial señalado como responsable, pues su relación con la aquí quejosa: a) No se trata es un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; ya que los miembros de un sindicato y dicho ente actúan en un plano de igualdad, aunque aquél tenga una división funcional orgánica estatutaria integrada por los propios trabajadores que laboran para una misma dependencia. b) Si bien, la relación entre el sindicato y sus agremiados tiene su nacimiento en una norma general, como es el caso de la Constitución Federal que reconoce el derecho de asociación en el artículo noveno, no menos cierto es que la facultad de un sindicato para destituir a un miembro en su cargo no se encuentra prevista en una norma general -incluida la Ley Federal del Trabajo-, sino en los Estatutos del propio sindicato. c) Si bien es cierto que con motivo de esa relación de igualdad, un sindicato emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del trabajador agremiado, como su destitución, no menos cierto es que su actuar se desarrolla en el ámbito de las relaciones de coordinación, por lo que para que se diriman las diferencias que surjan entre los miembros de un sindicato y dicho ente y, por lo tanto, se impida que hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, puesto que en los conflictos intersindicales que son del conocimiento de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las partes involucradas deben acudir ante dichos órganos para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Apoya lo anterior, por las razones que la informan, la tesis XXVI.2 A (10a.) sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, publicada a página 3049, Libro 2, Enero de 2014, tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto disponen: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que en la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor a partir del día siguiente, se amplió la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares, en casos de excepción, de conformidad con sus artículos 1o., último párrafo y 5o., fracción II, segundo párrafo, también lo es que de tales disposiciones se aprecia, como aspecto fundamental para estar en aptitud de solicitar amparo contra actos de particulares equivalentes a los de autoridad, el que las funciones de éstos estén determinadas por una norma general. Consecuentemente, las determinaciones adoptadas por los órganos de gobierno de los sindicatos, a través de las cuales imponen sanciones a sus miembros, al derivar de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen su vida interna y provenir de la voluntad de sus integrantes, no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, a partir de la norma general respectiva que determinara las funciones a las que debían sujetarse; de ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, del citado ordenamiento, en relación con los numerales señalados inicialmente." Por tanto, se advierte que el acto que reclama la quejosa, deriva de una relación de coordinación, la cual, como ya se anticipó, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano; es decir, de igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación; y es por ello que las violaciones de que se duele la solicitante del amparo, deberá hacerlas valer por la vía ordinaria ante la autoridad correspondiente. En las relatadas condiciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizado únicamente en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ********************, quien cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no así a nombre de los restantes. Expedición de copias. Desde este momento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. Notifíquese personalmente
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