Rafaela Simón Rosales
Expediente 582/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 33 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rafaela Simón Rosales
- Rafaela Simón Rosales y Otros.
- Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Visto el estado de los autos que guarda el juicio de amparo en que se actúa y en atención a la certificación secretarial que antecede, se desprende que la parte quejosa no realizó manifestación acerca del cumplimiento e imposibilidad decretados por la autoridad responsable. Se DECLARA CUMPLIDO EL EFECTO [2], pues la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, acreditó que se cobró a ******************** la multa impuesta en acuerdo de primero de julio de dos mil veintiuno. SE DECLARA QUE NO EXISTE MATERIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL EFECTO [1], toda vez que en cumplimiento a un diverso juicio de amparo, se determinó dejar sin efectos la multa impuesta a ******************** en auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve. En relación al efecto marcado con el número [3] EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL PARA CUMPLIR CON LA EJECUTORIA DE AMPARO, al haberse emitido el dictamen de insolvencia económica respecto de ********************. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos signados por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite copias certificadas de diversas constancias relativas al juicio laboral 494/2010, de las que se advierte el auto de dos de octubre de dos mil veintitrés y el dictamen de insolvencia veintidós de septiembre del presente año, emitido por la Directora General de Cobro Coactivo y Vigilancia Como se advierte del contenido del proveído de dos de octubre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, ante el dictamen de insolvencia, determinó decretar la imposibilidad jurídica y material para ejecutar la multa impuesta a Mirella Niño Gallardo ex síndica del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, la cual se le impuso mediante auto de primero de julio de dos mil veintiuno dentro del expediente laboral 494/2010. Sentado lo anterior, es menester precisar los efectos de la ejecutoria de amparo dictada en autos, la cual obliga a la autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, a realizar lo siguiente: Deberá constatar que se hagan efectivas las multas impuestas al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, Guerrero, mediante autos de [1] doce de noviembre de dos mil diecinueve y [2] primero de julio de dos mil veintiuno (dos multas) y remita a este órgano jurisdiccional las constancias con las cuales acredite dicho cumplimiento. Para mayor ilustración, se precisan las multas impuestas a continuación: [1] Multa de doscientos días de salario impuesta a Henos Roque Ramírez mediante auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, que asciende a la cantidad de $42,245.00 (cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). [2] Multa de doscientos días de salario impuesta a Henos Roque Ramírez mediante auto de primero de julio de dos mil veintiuno, que asciende a la cantidad de $16,898.00 (dieciséis mil ochocientos noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional). [3] Multa de quinientos días de salario impuesta a Mireya Niño Gallardo mediante auto de primero de julio de dos mil veintiuno, que asciende a la cantidad de $42,245.00 (cuarenta y dos mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). Por lo que respecta a la multa marcada con el número [1], se advierte que la autoridad responsable remitió en copias certificadas el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós; a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 1735/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, dejó sin efectos la multa consistente en quinientos días de salario, impuesta a Mirella Niño Gallardo mediante auto de doce de noviembre dos mil diecinueve en el juicio laboral 494/2010 -constancias recibidas en auto de uno de junio de dos mil veintitrés-. (Fojas 391-393) En relación a la multa señalada con el número [2] la autoridad responsable remitió el auto de diez de agosto de dos mil veintitrés y el comprobante de pago 670193-140723, documentales con las cuales acreditó que hizo efectiva la multa a Henos Roque Ramírez documentales recibidas en auto de catorce de agosto de dos mil veintitrés. (Fojas 473-475). Finalmente, por lo que corresponde a la multa marcada con el número [3], en esta data la autoridad responsable remitió el proveído de dos de octubre de dos mil veintitrés, en el cual decretó la imposibilidad jurídica y material para ejecutar dicha medida de apremio. En virtud a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa con el contenido de las constancias recibidas en proveídos de uno de junio, catorce de agosto y esta data, todos de dos mil veintitrés, por el término de TRES DÍAS para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con el desahogo de la vista o sin él, esta juzgadora se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo. Asimismo, se instruye a la persona fedataria adscrita a este órgano jurisdiccional y encargado del presente asunto, que la notificación realizada a la parte quejosa debe cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Amparo, asimismo, deberá precisar las constancias con las cuales corre traslado a dicha parte procesal. Finalmente, toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción a este juzgado federal de la licenciada Maribel Castillo Moreno, a partir del uno de octubre de dos mil veintitrés; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos conducentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida de la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos signados por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, y al efecto remite el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés y copias certificadas de diversas constancias, de las que se advierte que requirió a la Directora General de Cobro Coactivo las constancias con la que acrediten hacer efectiva la multa impuesta a Mirella Niño Gallardo ex síndica del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, consistente en doscientos días de salario mínimo, impuesta mediante auto de primero de julio de dos mil veintiuno dentro del expediente laboral de origen ************. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero para que dentro del término de QUINCE DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional lo siguiente: Remita las constancias con las cuales acredite que se hizo efectiva la multa impuesta a Mirella Niño Gallardo ex síndica del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, consistente en doscientos días de salario mínimo, impuesta mediante auto de primero de julio de dos mil veintiuno dentro del expediente laboral de origen *************. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos signados por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, y al efecto remite el auto de diez de agosto de dos mil veintitrés y copias certificadas de diversas constancias, de las que se advierte lo siguiente: Que hizo efectiva la multa a *****************************, misma que fue impuesta mediante auto de primero de julio de dos mil veintiuno dentro del expediente laboral de origen *******************, acreditándolo con copia certificada del comprobante de pago *****************. Una vez sentado lo anterior, es menester precisar los efectos de la ejecutoria de amparo dictada en autos, la cual se concedió para los siguientes efectos: Deberá constatar que se hagan efectivas las multas impuestas al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, Guerrero, mediante autos de [1] doce de noviembre de dos mil diecinueve y [2] primero de julio de dos mil veintiuno (dos multas) y remita a este órgano jurisdiccional las constancias con las cuales acredite dicho cumplimiento. Precisado lo anterior, se reserva ordenar vista a la parte quejosa, hasta en tanto obre en autos las constancias que acrediten el cumplimiento completo a la ejecutoria dictada en autos, dado a que no obra en autos las constancias con la que acrediten hacer efectiva la multa impuesta a Mirella Niño Gallardo ex síndica del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, consistente en doscientos días de salario mínimo, impuesta mediante auto de primero de julio de dos mil veintiuno dentro del expediente laboral de origen ***************. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero para que dentro del término de QUINCE DÍAS HABILES, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita a este órgano jurisdiccional lo siguiente: Remita las constancias con las cuales acredite que se hizo efectiva la multa impuesta a Mirella Niño Gallardo ex síndica del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tecoanapa, consistente en doscientos días de salario mínimo, impuesta mediante auto de primero de julio de dos mil veintiuno dentro del expediente laboral de origen 494/2010. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento a los artículos 238, 258 y 193 de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. 1 Apoya a lo anterior, la tesis: 2a./J.36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro IV, enero de 2012, Décima Época, tomo 4, página 3515, con registro 2000099, de rubro y texto siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Notifíquese.
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