Rafaela Adame Hernández
Expediente 352/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rafaela Adame Hernández y Otros.
- Rafaela Adame Hernández
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de tres de abril de dos mil dieciocho (foja 35 a 41), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la quejosa Rafaela Adame Hernández. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. ...
- Principal
SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de tres de abril de dos mil dieciocho (foja 35 a 41), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por la quejosa Rafaela Adame Hernández. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento del juicio en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. ...
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, tres de abril de dos mil dieciocho. Vista la demanda presentada por Rafaela Adame Hernández, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero, y Segundo Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 352/2018 y fórmese expediente. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dice: Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que respecto del auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura 42/2017-II, por el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, como se demostrará a continuación. Al respecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De lo anterior se advierte, que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que tratándose de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que conforme a la legislación reglamentaria actual, no existe margen de interpretación que permita considerar como susceptibles de reclamarse en amparo indirecto los actos cuya afectación no trascienda el plano meramente procesal pues, al definir lo que debe entenderse por actos en juicio con efectos de imposible reparación, el legislador estableció que era necesario que los mismos "afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones cometidas dentro de un juicio es excepcional, en tanto que los actos susceptibles de combatirse son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la propiedad, posesión, mas no contra actos de índole intraprocesal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la citada contradicción de tesis, sostuvo que los actos dentro de juicio, que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales, no pueden ser considerados de imposible reparación, toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales, las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia favorable. No pasó inadvertido para el Tribunal Pleno que existen casos en los que la afectación producida por un acto dentro de juicio puede, en su momento, estimarse como grave o de gran entidad; sin embargo, se concluyó que ese sólo hecho no hace procedente el juicio de amparo indirecto. Esto es así, pues si tal afectación desaparece por el hecho de obtener sentencia favorable, entonces es claro que aquélla no trascendió y, en consecuencia, no provocó un daño real y concreto en la esfera jurídica del justiciable. Expuesto lo anterior, es dable relatar los antecedentes del acto reclamado como fueron narrados bajo protesta de decir verdad por la aquí quejosa, de los cuales se aprecia que: Mediante escrito de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, Teresa Carreto Lorenzo y Antonio Dircio Gutiérrez, demandaron ante el Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero, de la aquí quejosa Rafaela Adame Hernández y de su esposo Melitón Salazar Guerrero, entre otras prestaciones el otorgamiento y firma de escritura respecto de un bien inmueble ubicado en el lote 7, manzana B de la Colonia Miguel Hidalgo en la ciudad de Chilapa de Álvarez, Guerrero; demanda que fue radicada bajo el número 42/2017-II. Se emplazó a juicio a la demandada aquí quejosa y seguido el trámite del juicio, en el auto admisorio de pruebas le admitió entre otras pruebas, la pericial en materia de grafoscopia y dio vista a la parte actora para que en un término de tres días designara perito de su parte y adicionara el cuestionario. Luego, mediante escrito de ocho de enero de dos mil dieciocho, la parte actora designó como perito de su parte en materia de grafoscopia al ingeniero Armando Hernández Hernández, sin adicionar preguntas al cuestionario; el citado perito aceptó y protestó el cargo conferido el quince de enero de dos mil dieciocho. El quince de febrero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos dentro de la cual al momento de desahogar la prueba pericial de la parte actora, al hacer el uso de la voz tocante a la exhibición de su peritaje señaló que estaba impedido para desahogar el peritaje, dado que en el punto cinco del cuestionario de la demandada, se precisó que el señor Melitón Salazar Guerrero, debía estampar su firma ante la presencia judicial y toda vez que eso no había ocurrido es que se encontraba imposibilitado para ello. En atención a lo expuesto por el perito de la parte actora, la abogada patrono de la demandada aquí quejosa solicitó se tuviera por perdido el derecho de la actora para emitir su dictamen, al no existir impedimento para que el perito rindiera su dictamen dado que en el punto siete del cuestionario a contestar, en la última parte se advertía que el dictamen se podía rendir con la credencial de elector de Melitón Salazar Guerrero, que se exhibió en sobre cerrado o bien sobre los ejercicios caligráficos que tuviera a bien realizar el demandado, por lo que los peritos ya contaban con elementos para poder emitir su dictamen. En la misma audiencia, el juez responsable acordó que no era posible declarar desierta la prueba pericial de la parte actora. Inconforme con esa determinación, el juez de origen, la demandada aquí quejosa interpuso apelación, el cual en auto de ocho de marzo de dos mil dieciocho no fue admitido. Expuesto lo anterior, en estricto apego a lo establecido con anterioridad, es claro que el acto que por esta vía combate la parte quejosa, constituye una violación de índole procesal, porque en el acuerdo de ocho de marzo de dos mil dieciocho, no se admitió el recurso de apelación que la demandada aquí quejosa interpuso contra la negativa de tener perdido el derecho de la parte actora de rendir su dictamen pericial, al haber manifestado el perito de esa parte procesal el impedimento que tenía para ello, en el juicio 42/2017-II, del índice del juez responsable. Tales cuestiones, no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, porque sólo implica que en su caso el perito de la parte actora rinda su dictamen pericial; en ese orden, resulta inconcuso que el motivo de inconformidad expuesto en la demanda de amparo por la demandada del juicio de origen aquí quejosa, es una cuestión de índole procesal, porque como se vio el recurso que no le fue admitió versa sobre la negativa de no tener por perdido el derecho de la parte actora de desahogar su prueba pericial. Además, no se advierte que se haya dictado alguna medida cautelar que afecte materialmente derechos sustantivos de la aquí quejosa Rafaela Adame Hernández; aunado a que el desahogo de la prueba pericial de la parte actora en el juicio de origen no puede considerarse un acto que cause un perjuicio a la parte demandada aquí quejosa, porque no se conoce como trascenderá en la sentencia definitiva que se dicte y si ésta afectará o no a esa parte procesal. En consecuencia, es procedente desechar la demanda de amparo respecto del acto reclamado al Juez de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Ahora bien, por lo que toca al acto reclamado al Segundo Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero, analizada la demanda de mérito en su integridad, resulta que la misma es improcedente respecto de ese servidor público, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 1 y 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, que en su orden disponen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Atento al marco normativo citado y del caso concreto se conoce que los secretarios de acuerdos no tienen facultades de decisión o de ejecución, pues sus actos se circunscriben a la organización interna y de mero trámite del órgano judicial al cual se encuentran adscritos, como encargados de dar fe de las resoluciones pronunciadas por el titular; es inconcuso, que no pueden ser considerados como autoridades responsables para los efectos del juicio constitucional los aludidos funcionarios, toda vez que sus funciones no pueden incluirse en las previstas por el citado numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al estar desprovistas de imperio y decisión. Por no anteponerse a la Ley de Amparo, es aplicable la tesis Aislada, emitido por Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en el tomo III, segunda parte-1, enero-junio de 1989, página 159, Octava Época, registro: 228098 del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE, EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUEZ RESPONSABLE QUE AUTORIZÓ LA RESOLUCIÓN RECLAMADA NO TIENE EL CARÁCTER DE. Si se reclama del secretario de acuerdos de la autoridad jurisdiccional responsable, el haber autorizado con su firma la resolución reclamada, el amparo es improcedente y debe sobreseerse con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 10, fracción I y 11 de la propia ley, en virtud de que el citado secretario no tiene en este caso el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues al autorizar con su firma la resolución impugnada sólo se limita a dar fe del acto pronunciado por el juez responsable, actuación que carece de las características de decisión e imperio que distinguen a los actos de autoridad." Por tanto, lo procedente también es desechar la demanda de amparo respecto del acto reclamado al Segundo Secretario de Acuerdos adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en Chilapa de Álvarez, Guerrero, con base en lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción II y 63, fracción IV, del propio ordenamiento legal. Motivo por los cuales, se actualizan las causales de improcedencia antes analizadas; por ende, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Por otra parte, téngase a Ulises Contreras Meléndez y Adriana Miranda Bello, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las facultades amplias dado que en el escrito de cuenta, donde les otorga dicha autorización, el quejoso no proporcionó los datos correspondientes o documentos que acrediten que están legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, como lo prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, que dice: "El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." En consecuencia, téngase a las citadas personas únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las demás facultades que prevé el numeral antes citado y para los mismos efectos a las demás personas que señaló en su ocurso de cuenta por así solicitarlo expresamente la quejosa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Estela Platero Salado, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante la Secretaria Bianca Sayuri Mora Peralta, que autoriza y da fe.
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