Rafael Yañez Yañez
Expediente 1479/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1479/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 04/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Rafael Yañez Yañez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de julio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera revisión en contra de la resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibidos documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Finalmente, se advierte, que obra en el Juzgado el legajo de pruebas ?ANEXO I? exhibido por la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 28, con sede en esta ciudad; en consecuencia, remítase mediante oficio las documentales de referencia, por resultar innecesarias en el presente juicio. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera revisión en contra de la resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibidos documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Finalmente, se advierte, que obra en el Juzgado el legajo de pruebas ?ANEXO I? exhibido por la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 28, con sede en esta ciudad; en consecuencia, remítase mediante oficio las documentales de referencia, por resultar innecesarias en el presente juicio. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con diecinueve minutos del catorce de junio de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, auto admisorio, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y el informe con justificación rendido por la responsable; a lo que el juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias; asimismo, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvo por reconocido el carácter de tercero interesado a la asamblea de comuneros de la Comunidad Bajío de nuestra señora de Guadalupe, municipio de Bacoachi, Sonora; por lo que se ordenó emplazar; luego, mediante diligencia realizada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, de treinta de marzo de dos mil veintidós, llevó a cabo dicho emplazamiento. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales que exhibió la autoridad señalada como responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitido y desahogado por su especial naturaleza el aludido medio de convicción. Cerrada la etapa probatoria y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes omitieron realizar manifestaciones al respecto. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1479/2021; y, Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente, por razón de turno, a este juzgado, Rafael Yañez Yañez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 28, en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Por proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede y culmina con la sentencia que aquí se emite, bajo los siguientes: Considerandos I. Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La omisión de dar cumplimiento a la sentencia, emitida dentro del expediente agrario 42/2016; El retardo en la impartición de justicia en clara contravención a lo marcado en el artículo 17 Constitucional; y, La omisión de dar respuesta en base a lo pedido en el juicio agrario 42/2016. Existencia del acto reclamado No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 28, en el Estado de Sonora, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; además de las documentales que anexa a su informe se desprende dicha inexistencia. En efecto, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario número 28, en el Estado de Sonora, al rendir su informe justificado, informó que no eran ciertos los actos reclamados, en virtud de que la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil dieciocho, en autos del juicio agrario 42/2016, es meramente declarativa, de ahí que no contiene actos aparejados de ejecución. Por su parte, la impetrante de garantías, aduce que al haber quedado firme la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil dieciocho, dentro del juicio agrario 42/2016, solicitó ante la responsable en la vía incidental el cumplimiento de la sentencia, en la que se condenó a la asamblea de comuneros del poblado Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe, del municipio de Bacoachi, Sonora, aquí tercero interesados a que se le respete a Rafael Yáñez Yáñez -aquí quejoso-, su calidad de comunero y se le permita participar con derechos a voz y voto en las asambleas generales de comuneros que en adelante se lleven a cabo; asimismo, dijo, se condenó a la mencionada asamblea, para que respetara el derecho que tiene el hoy quejoso sobre la servidumbre de paso que está constituida sobre los terrenos comunales, mediante la cual accede al predio que tiene en posesión, dentro de los mismos terrenos comunales; argumentando, que la autoridad responsable, ha sido omisa en dar cumplimiento a la sentencia en mención; agregó también, que el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, se apersonó ante la responsable, quien le manifestó de manera verbal que no le darían cumplimiento a la sentencia; y, que por la pasividad de la responsable nace por la omisión y obstruye la impartición de justicia en su perjuicio. Ahora bien, una vez que fueron a analizadas todas y cada una de las constancias que integran el expediente agrario 42/2016, y que fueron valoradas en párrafos que anteceden, claramente se advierte que la omisión reclamada al Tribunal responsable por la impetrante de garantías no existe. En efecto, de las constancias que integran el juicio agrario 42/2016, se desprende lo siguiente: Por escrito presentado ante el Tribunal responsable, el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, compareció Rafael Yáñez Yáñez, a demandar de la Comunidad Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe, Municipio de Bacoachi, Sonora, el respeto irrestricto de la calidad de comunero, se le permita asistir a las asambleas para participar con voz y voto. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda interpuesta por el hoy quejoso y se señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia jurisdiccional que previene el artículo 185 de la Ley Agraria. Desahogado el procedimiento en todas sus etapas procesales, el doce de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 392/2017, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, en la que este órgano jurisdiccional, resolvió que Rafael Yáñez Yáñez, probó los elementos constitutivos de su acción y se condenó a la asamblea de comuneros del poblado Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe, Municipio de Bacoachi, Sonora, a que respetara a Rafael Yáñez Yáñez, su calidad de comunero que tiene reconocida y se le permita participar con derechos a voz y voto en las asambleas generales de comuneros que se llevan a cabo en la comunidad; asimismo, se condenó a la asamblea general de comuneros a respetar en favor de Rafael Yáñez Yáñez, la servidumbre legal de paso que ya estaba constituida sobre terrenos comunales, mediante la cual accede al predio que tiene en posesión dentro de los mismos terrenos. El once de diciembre de dos mil dieciocho, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, declaró cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 392/2017. Mediante escrito de quince de marzo de dos mil diecinueve, presentado por la parte actora Rafael Yáñez Yáñez hoy quejoso, ante el Tribunal Agrario responsable, promovió incidente de ejecución forzosa de sentencia. Luego, por auto de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, dicho tribunal ordenó requerir a los integrantes del comisariado comunal, para que en un término de tres días informaran lo que habían hecho en cumplimiento a la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil dieciocho; apercibiéndolos que de no dar cumplimiento en el término que se les concede, se les impondría como medio de apremio multa equivalente al monto de cincuenta unidades de medida y actualización (UMA) a cada uno de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Bajío de nuestra señora de Guadalupe del municipio de Bacoachi, Sonora. Posteriormente, mediante proveído de siete de junio de dos mil diecinueve, el tribunal agrario, ordenó el archivo del expediente 42/2016, como asunto total y definitivamente concluido, en virtud de que la sentencia dictada en el asunto que nos ocupa no requiere la ejecución material por parte de ese Tribunal Unitario Agrario, al ser únicamente de naturaleza declarativa. Sin embargo, mediante escrito fechado el catorce de junio de dos mil diecinueve, nuevamente la parte actora aquí quejosa, promovió incidente de ejecución forzosa de sentencia. Asimismo, por auto de uno de julio de dos mil diecinueve, dictado por el tribunal responsable, ordenó correr traslado con el escrito a que se refiere el párrafo que antecede y ordenó requerir al Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Bajío de nuestra señora de Guadalupe del municipio de Bacoachi, Sonora, para que en el término de tres días informaran a ese tribunal lo que habían hecho en observancia de la sentencia emitida en el multicitado juicio agrario cumplimiento a la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil dieciocho; apercibiéndolos que de no hacerlo en el término señalado, se le impondrían los medios de apremio previstos por la ley, hasta la denuncia de hechos por desobediencia a un mandato de autoridad. Posteriormente, mediante escrito presentado por el apoderado legal de la parte demandada aquí tercero interesada, el veinte de agosto de dos mil diecinueve, en cumplimiento a lo ordenado en auto de uno de julio de dos mil diecinueve, informó que Rafael Yáñez Yáñez y su familia, siempre han tenido acceso a la superficie de la cual afirma ser titular como una parcela a su favor, realizando diversas labores de beneficio económico exclusivo y particular para él, sin que haya cumplido con sus deberes y obligaciones para con la comunidad en los trabajos colectivos acordados por la asamblea o los trabajos o labores comunitarios; de igual manera, afirmó que la parte actora aquí quejosa, no ha asistido a alguna asamblea general de la comunidad, misma que se realiza por usos y costumbres el primer domingo de cada mes, en el lugar acostumbrado para ello, lo cual es de su pleno conocimiento. Al respecto, el tribunal responsable, por auto de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, dio vista al actor aquí quejoso, con el informe realizado por el apoderado legal del comisariado de bienes comunales, y a que se refiere el párrafo que antecede. Después, la parte quejosa mediante escrito de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, desahogó la vista, en la que negó las aseveraciones de la parte demandada aquí tercero interesado, solicitando se dictaran las medidas necesarias para que se dé cumplimiento a la sentencia; aduciendo, que es ese tribunal quien tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias. Finalmente, por auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, el Tribunal responsable, determinó que no obstante de que la actora y vencedora en el juicio agrario, aquí quejosa, ratificara que no era verdad lo señalado por la comunidad, e insista en el bloqueo del camino; no había aportado medio de prueba alguna para demostrar que la comunidad de antecedentes, había incumplido con la condena de que fue objeto; por lo que declaró la imposibilidad de comisionar al actuario de su adscripción para que ejecute de manera forzosa la sentencia; máxime que al ser de naturaleza declarativa, no conlleva actos de ejecución material alguno; de igual forma, estableció, que de considerar, la parte actora y vencedora en el juicio agrario, que se le violenta su derecho a participar en las asambleas, contraviniendo la sentencia de mérito, así lo deberá demostrar ante ese tribunal, a efectos de proveer lo conducente; determinación, que le fue notificada el once de octubre de dos mil diecinueve, por conducto de su asesor legal autorizado Guillermo Rascón Muñoz. En esa virtud, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda, esto es, uno de diciembre de dos mil veintiuno, no existía la omisión reclamada, toda vez que el Tribunal Agrario responsable, atendió la solicitud hecha por el impetrante de garantías, al promover el incidente de ejecución forzosa de sentencia; ordenando requerir en dos ocasiones a la parte demandada Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Bajío de nuestra señora de Guadalupe del municipio de Bacoachi, Sonora -aquí tercero interesado- informara respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio agrario; y, previo el trámite correspondiente, emitió un auto -siete de octubre de dos mil diecinueve-, en el que determinó que la actora y vencedora en el juicio agrario, aquí quejosa, no había aportado medio de prueba alguna para demostrar el incumplimiento de la condena a la que fue objeto la asamblea de comuneros del poblado Bajío de Nuestra Señora de Guadalupe, municipio de Bacoachi, Sonora; consecuentemente, se declaró imposibilitado para comisionar al actuario de su adscripción a fin de que llevara a cabo la ejecución de manera forzosa de la sentencia; máxime de ser ésta de naturaleza declarativa, la cual no conlleva actos de ejecución material alguno; y, estableció, que de considerar, la parte actora y vencedora en el juicio agrario, que se le violenta su derecho a participar en las asambleas, contraviniendo la sentencia de mérito, lo debería demostrar ante ese tribunal, a efectos de proveer lo conducente; determinación, que le fue notificada a la impetrante de garantías el once de octubre de dos mil diecinueve, por conducto de su asesor legal autorizado Guillermo Rascón Muñoz; de ahí que no existe tal omisión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 99/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, del tenor: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo por lo que ve al acto reclamado precisado en el apartado de la presente sentencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." IV. Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Rafael Yáñez Yáñez, por las razones y fundamentos expuestas en el considerando III de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de mayo de dos mil veintidós. Integración de oficio. Visto el oficio de cuenta presentado por la secretaria de acuerdos adscrita al Tribunal Unitario Agrario Distrito Veintiocho en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, agréguese a los autos para que obre como corresponda y téngasele dando cumplimiento a lo requerido en auto de cuatro de mayo del año en curso; remitiendo para tal efecto copia certificada de las constancias que le fueron solicitadas; dese vista a las partes con su contenido. Prueba. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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