Rafael Torres Laborín
Expediente 1338/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1338/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 25/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Rafael Torres Laborín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Destino de cuadernos del incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, de lo cual se advierte que en esta fecha causó ejecutoria el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido del que deriva el presente incidente; en consecuencia, se declara sin materia el presente asunto y se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedieron las medidas cautelares. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para hacerlo) interpusiera revisión en contra en la que se sobreseyó por una parte y negó por otra, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes concluido y provéase lo conducente en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Juan de Dios Velasco Romero, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme al artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el artículo transitorio tercero del "Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles", autorizado en términos del oficio CCJ/ST/0047/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 1338/2021 Audiencia y resolución constitucional En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las doce horas con dieciocho minutos del dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario de juzgado con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes y los informes con justificación rendidos por las autoridades responsables. Asimismo, se hace constar que revisado el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto al señalamiento de tercero interesado; a lo que el juez acuerda: atento al contenido de los informes justificados, se concluye que no existe tercero interesado, al no actualizarse alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se da cuenta con el contenido del proveído de diez de noviembre de la anualidad que transcurre, a virtud del cual se dio vista a la parte quejosa, respecto de la inexistencia de diversa autoridad señalada como responsable, denominada como director de la Policía Estatal de Seguridad Pública. Acto seguido, el juez acuerda: en virtud de que la parte quejosa nada manifestó respecto de la vista que por tres días se le concedió en el proveído de referencia, a pesar de haber sido notificado al respecto, por tanto, se declara inexistente la autoridad mencionada y se ordena suspender toda comunicación con ésta. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que las partes no las anunciaron; el juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para ofrecerlas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1338/2021; y Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito recibido el tres de noviembre de dos mil veintiuno, por la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Rafael Torres Laborín solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y otras autoridades. En la referida data, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite correspondiente, previo diferimiento, tuvo verificativo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, concluye con el dictado de esta sentencia, de acuerdo con los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de una autoridad con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, la orden de citación, comparecencia, aprehensión o detención. Inexistencia de los actos en reclamo No son ciertos los actos reclamados a las siguientes autoridades responsables, en su denominación correcta, por así haberlo manifestado al rendir informe justificado: Administradora del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Uno, con sede en esta ciudad. Comisario general de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal, de esta ciudad. Agente del Ministerio Público de la Cuarta Unidad Especializada en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, de esta ciudad. Ahora, la parte quejosa no aportó pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran las negativas formuladas por las autoridades; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia de los actos reclamados. En consecuencia, en el caso se actualiza la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por ende, se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por lo que hace a los actos reclamados a las citadas autoridades. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, del tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el apartado que antecede, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Certeza de los actos reclamados La autoridad responsable Agencia del Ministerio Público Especializada en Investigación de Homicidios, Feminicidios y Lesiones Graves Dolosas, con residencia en esta ciudad, fue omisa en rendir su respectivo informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificada mediante oficio 25074/2021, de tres de noviembre de dos mil veintiuno, como se advierte de la constancia que obra en autos; por lo tanto, en términos de los establecido en el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, en el caso se actualiza la presunción de certeza de los actos precisados en el apartado 5 del considerando II del presente fallo. Certeza que debe hacerse extensiva al acto de ejecución atribuido a las autoridades responsables agente Ministerial de Investigación Criminal, encargado del departamento de Órdenes de Aprehensión y jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado de la base operativa Hermosillo, ambas con sede en esta ciudad; no obstante haberlo negado; pues al haberse acreditado, aún en forma presunta, la existencia del acto reclamado a la autoridad ordenadora antes precisada, es claro que el consistente en la ejecución de aquel debe tenerse por cierto. Análisis de fondo Es infundado el concepto de violación expuesto por el quejoso en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, de la Ley de Amparo, dado la naturaleza de los actos en estudio. Sin que sea necesario para su estudio transcribir el concepto de violación esgrimido, pues no existe precepto legal que obligue al juzgador a ello; además, tal circunstancia no deja en estado de indefensión al quejoso, al no privarle de la oportunidad para recurrir esta sentencia y alegar lo que estimare pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Así, el quejoso aduce esencialmente respecto de los actos reclamados que los mismos violan en su perjuicio los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no ha cometido ninguna conducta que se ubique en algún delito. Ahora, previo a examinar el aludido concepto de violación, analizado aún en suplencia de la queja, se impone acudir a ciertos aspectos generales que giran en torno a la interpretación del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. Así, cabe destacar que lo relativo a la obligación oficiosa del Juez de Distrito de recabar pruebas o actuaciones procesales que no obren en el expediente, para demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, prevista en el diverso numeral 75, párrafo tercero, del mismo cuerpo legal, no emerge en el caso justiciable, merced a que, esta hipótesis únicamente surge cuando la autoridad responsable ya rindió su informe con justificación y sí se estiman necesarias para la emisión de la sentencia constitucional; sin embargo, cuando la autoridad es omisa y el acto reclamado a ella, no es en sí mismo violatorio de derechos fundamentales, no tiene aplicación el precitado dispositivo legal, pues en esos casos debe aplicarse el numeral 117, conforme al cual, corresponde a la parte quejosa demostrar que el acto reclamado es inconstitucional. Retomando el análisis del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, atinente a la presunción de certeza del acto reclamado, se advierten dos hipótesis distintas, a saber: a) El acto reclamado sea inconstitucional en sí mismo, en cuyo caso, la parte quejosa queda relevada de probar lo que resulta evidente: su inconstitucionalidad; y b) El acto reclamado no sea inconstitucional en sí mismo; y, en este supuesto, la parte impetrante se encuentra obligada a demostrar que el actuar de la autoridad es contrario a las normas elementales constitucionales, por lo que tal actuar le depara un daño o perjuicio judicial tutelado. Para entender cuándo se está en alguno de los supuestos antes destacados se hace necesario precisar que la inconstitucionalidad o no, a la que el artículo analizado alude, entraña entender, si la autoridad señalada como responsable, conforme a la legislación a ella aplicable, puede o no actuar en los términos que se le reclaman; es decir, sopesar si la emisión de la actuación controvertida cumple el principio elemental de legalidad, el cual, en tratándose de órganos gubernamentales, se traduce en la posibilidad de hacer únicamente lo que la ley les permite hacer. De tal suerte que ante la presunción de certeza de un acto reclamado, a una potestad que no rindió su informe, para determinar si aquél tiene la calidad de inconstitucional (en sí mismo), deberá analizarse si la legislación que regula a esa autoridad, le faculta o no para actuar en los términos que lo hizo. Así, en el supuesto de que la normatividad aplicable no le permita actuar como lo hizo, la inconstitucionalidad del acto reclamado será manifiesta; y, en caso contrario, esto es, de tener facultades para actuar en los términos reclamados, será necesario que el quejoso aporte elementos de prueba para evidenciar que el ejercicio de la facultad concedida por la ley es contraria a los principios mínimos de legalidad, y así estar en posibilidad de concederle la protección constitucional. En el caso concreto, los actos reclamados consisten en una orden de citación, comparecencia, aprehensión o detención, que se tuvieron por presuntamente ciertos, ante la omisión de la autoridad responsable que ha quedado precisada con anterioridad, en rendir su informe justificado, son actos que la legislación le permite realizar a la autoridad ministerial, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que la propia legislación le exige; en el caso concreto, conforme a lo previsto por los artículos 16, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 129, párrafo cuarto, 131, fracciones X, XI y XIX, 141, 142, 150 y 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden argumentativo, los actos reclamados de trato, constituyen una actuación que válidamente puede efectuar la autoridad ministerial investigadora, como en el caso acontece; de ahí que su actuar no pueda ser catalogado como inconstitucional en sí mismo (en los términos del artículo 117, párrafo tercero, ya analizado en los párrafos precedentes). Decisión En consecuencia, no puede estimarse que los actos reclamados sean en sí mismos, violatorios de derechos fundamentales, porque: i) la legislación aplicable, esto es, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén la posibilidad de que la responsable actúe en los términos reclamados; y ii) el quejoso no probó y/o preparó pruebas, a efecto de que este órgano jurisdiccional pudiera obtenerlas, para poder realizar el estudio de su constitucionalidad o no, aún en suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal instado. Negativa que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras agente Ministerial de Investigación Criminal, encargado del departamento de Órdenes de Aprehensión y jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado de la base operativa Hermosillo, ambas con sede en esta ciudad, en identidad argumentativa, al haber sido impugnados como consecuencia del acto primigenio y no por vicios propios. Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rafael Torres Laborín, respecto de los actos precisados en el apartado II del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado III de la presente resolución. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rafael Torres Laborín, contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando V de este fallo, por las razones expuestas en el diverso VI. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. SENTENCIA ANALISTA JURÍDICO SISE LIBRO DE GOBIERNO CONTROL INTERNO
- Incidental
Primero. Se niega al quejoso Rafael Torres Laborín, la suspensión definitiva Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por el quejoso Rafael Torres Laborín
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