Rafael Vázquez Cajas

Expediente 296/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
296/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Rafael Vázquez Cajas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta y toda vez que no se formuló manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. En sentencia dictada el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se concedió el amparo para el efecto de que el Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México: "a) El Juzgado responsable deje insubsistente lo actuado a partir del auto de veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que ordenó notificar al demandado incidentista en el domicilio procesal señalado en autos, actuación que dictó en el incidente de liquidación de sentencia (expediente 17/2015). b) Se cumpla con lo ordenado en auto de veintisiete de enero de dos mil veinte y sustancie el procedimiento incidental de origen hasta el dictado de la resolución que en derecho corresponda." Mediante proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia emitida en el presente asunto y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento dado a la concesión de amparo. El Juez responsable remitió copia certificada del auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, en el cual dejó insubsistente todo lo actuado a partir del auto de veintiocho de enero de dos mil veinte, esto es, en el que se había ordenado notificar al demandado incidentista en el domicilio procesal señalado en autos del incidente de liquidación de sentencia deducido de la controversia tramitada en el expediente 17/2015. Asimismo, ordenó que se acatara en sus términos lo ordenado en auto de veintisiete de enero de dos mil veinte, y se substanciara el procedimiento incidental de origen hasta el dictado de la resolución correspondiente. Del examen de las documentales que anexa la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que la responsable, atendió a los efectos esenciales del fallo protector. Por lo plasmado, debe concluirse en que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos. Una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, según lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. En acatamiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado, es depurable el presente expediente, pues se concedió el amparo y carece de relevancia documental y el incidente de suspensión depurable al concederse la medida cautelar. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio del Juez Décimo Civil de Nicolás Romero, Estado de México, por medio del cual informa las acciones tendentes a cumplir la sentencia. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de marzo de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que ésta ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere al Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación: a) El Juzgado responsable deje insubsistente lo actuado a partir del auto de veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que ordenó notificar al demandado incidentista en el domicilio procesal señalado en autos, actuación que dictó en el incidente de liquidación de sentencia (expediente 17/2015). b) Se cumpla con lo ordenado en auto de veintisiete de enero de dos mil veinte y sustancie el procedimiento incidental de origen hasta el dictado de la resolución que en derecho corresponda. En el entendido que si necesita alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentre en vías de cumplimiento, lo deberá solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tenga y tiempo requerido, para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerdo lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requiere prórroga alguna; incluso se le requiere para que en el mismo término, señale, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella vinculada con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informa, se entenderá que no existe. Con el fin de privilegiar el uso de medios electrónicos que permitan la continuación del juicio en línea, la información antes indicada deberán remitirla al correo electrónico 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx, pudiendo solicitar la confirmación de recepción en el teléfono 53870500 extensión 1232 o por el mismo medio. Se hace del conocimiento de la autoridad señalada que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento, el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestre que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifique la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Finalmente, devuélvanse al Juez responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en copia certificada del expediente 17/2015.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Agréguese la razón suscrita por el Actuario Judicial de la adscripción, en la que hace constar la imposibilidad de notificar personalmente a la tercera interesada María Susana Solano Galindo la sentencia terminada de engrosar el dieciséis de diciembre del presente año. En consecuencia realícese la notificación de dicha resolución a la tercera interesada por medio de lista, por haber sido señalado ese domicilio procesal. Notifíquese por lista a la tercera interesada la sentencia terminada de engrosar el dieciséis de diciembre actual. SENTENCIA CON ENGROSE DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 296/2020-I. R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, Rafael Vázquez Cajas por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite. Conforme al artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, se admitió a trámite la demanda y previo diferimiento, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, una vez que conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudó el procedimiento en este expediente. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución General de la República; 37, párrafo primero, 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse actos de autoridades jurisdiccionales con ejecución dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: 1. Jueza Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México: a. Acuerdos de veintisiete y veintiocho de enero de dos mil veinte, dictados en los autos del incidente de liquidación de pensión alimenticia, dentro del expediente 17/2015. b. Sentencia interlocutoria dictada en fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, en los autos del incidente de liquidación de pensión alimenticia dentro del expediente 17/2015. 2. Notificador adscrito al Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México: c. Las notificaciones personales de fechas veintinueve de enero y veintiséis de febrero de dos mil veinte, practicadas en los autos del incidente de liquidación de pensión alimenticia dentro del expediente 17/2015. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades Juez Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, así como el Notificador adscrito, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de los actos que se les imputan. Lo que también se corrobora con copia certificada del incidente de ejecución de sentencia -pensión alimenticia- derivado del procedimiento especial -divorcio incausado- número 17/2015 (anexo que obra por separado); documentales públicas con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se debe examinar si opera alguna causal de improcedencia, pues es una cuestión de orden público de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al analizar y valorar cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni alguna de las partes hizo valer argumento alguno en ese sentido, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y porque no abona a la claridad de la resolución. SEXTO. Estudio de fondo. La parte quejosa aduce esencialmente como motivos de disenso: ? Que en el procedimiento de donde emanan los actos reclamados no se cumplieron las formalidades esenciales, ya que se incumplió con lo establecido en los artículos 1.65 y 1.73, fracciones I y II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, derivado del acuerdo que sin fundamento legal alguno, ordena notificar en el domicilio procesal y no en el personal como inicialmente se había dispuesto. ? Se transgrede el derecho de audiencia ya que el juez responsable en sus consideraciones no tiene en cuenta que desde el dictado de la sentencia -diez de febrero de dos mil quince- al dictado del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veinte, han pasado más de cuatro año, lo que impone al juzgador ordenar que la notificación sea personal. Devienen fundados y suficientes para otorgar la protección constitucional los conceptos de violación resumidos, virtud a las razones que a continuación se establecen. La parte quejosa sostiene transgresión a su derecho fundamental de audiencia consagrado en el artículo 14 constitucional, ya que afirma, la autoridad responsable tramitó el incidente de liquidación, sin observar las formalidades esenciales del procedimiento; además, que la notificación del acuerdo que admite a trámite el incidente debió efectuarse de manera personal, pues se trata de la primer notificación y porque se dejó de actuar por más de dos meses, entre la fecha en que se dictó la sentencia y en la que se emitió el acuerdo de admisión incidental. Como lo reclamado tiene como origen la notificación practicada por lista y boletín judicial en fecha veintinueve de enero de dos mil veinte, es necesario establecer cuáles son los efectos jurídicos de la notificación. Toda notificación en derecho requiere necesariamente la demostración de que el destinatario tuvo conocimiento del acto de autoridad que debe cumplir, para que tenga oportunidad de dar eficaz respuesta en defensa de sus intereses. La legal notificación de las resoluciones de autoridad tiene fundamental importancia debido a que constituye un verdadero derecho de los gobernados y una garantía jurídica frente a la actividad procedimental de los órganos del Estado, siendo un mecanismo esencial para la seguridad jurídica de aquéllos. Tal derecho no es sino el resultado de la contrapartida de la obligación de notificar que tiene la autoridad, ya que esa actuación debe considerarse como un acto de responsabilidad y una carga para aquélla. Debido a esta indudable importancia, el régimen de las notificaciones se encuentra regido por distintas disposiciones que pretenden salvaguardar o garantizar los derechos de los particulares, principalmente el de defensa. En el caso concreto el artículo 1.173 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, es el dispositivo regulador de la diligencia cuya ilegalidad se hace valer en el juicio constitucional. Se advierte del contenido de las fracciones I y II del citado numeral, que toda notificación deberá practicarse de manera personal cuando se trate de la primera notificación en el negocio y cuando se deje de actuar por más de dos meses. En efecto, cuando se promueve incidente de liquidación de sentencia y el Juez ordena dar vista a la parte demandada para que manifieste lo que a su derecho corresponda respecto a la liquidación propuesta por la actora, el acuerdo que admite a trámite ese incidente debe notificarse en forma personal, puesto que en términos de lo establecido en la fracción I, del artículo 1.173 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, la primera notificación en el negocio se llevará a cabo de manera personal, lo que acorde con el precepto legal 2.17 del Código Civil para el Estado de México, significa que se debe practicar en su domicilio, es decir, en el lugar de su residencia habitual, y a falta de éste, en el lugar donde se encuentra el centro principal de sus negocios. Con mayor razón cuando la finalidad de la vista es correr traslado con la liquidación propuesta por la actora, para que estuviera en condiciones de impugnarla y aportar pruebas, pues de lo contrario se le dejaría en estado de indefensión. Ahora bien, en la especie se desprende que el aquí quejoso demandado incidentista en el procedimiento de origen, en fecha veintinueve de enero de este año fue notificado por lista y boletín judicial del auto de veintisiete de enero anterior, por el que se ordenó dar trámite al incidente de liquidación en los autos del procedimiento especial -divorcio incausado- que se radicó con número de expediente 17/2015 y se ordenó darle vista para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho correspondía (foja 11 vuelta del tomo de pruebas). Sustanciado que fue el procedimiento, por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, el órgano jurisdiccional responsable turnó los autos para el dictado de la resolución que en derecho corresponda (foja 20 vuelta del tomo de pruebas). Y hasta el veinticinco de febrero siguiente, pronunció la sentencia en la que condenó al aquí quejoso a pagar las pensiones alimenticias adeudadas y no pagadas, dentro del término de ocho días posteriores a que se notificara el fallo (fojas 21 a 27 del tomo de pruebas); lo que igual se le notificó por boletín judicial y lista, el veintiséis de febrero de dos mil veinte (foja 28 del tomo de pruebas). En esas condiciones, el juez responsable no obró de manera correcta al ordenar notificar el inicio del procedimiento incidental por lista y boletín judicial, pues además, como lo sostiene el quejoso se dejó de actuar por más de dos meses, entre la fecha en que se dictó sentencia -diez de febrero de dos mil quince- y en la que se emitió el acuerdo que dio trámite al incidente de liquidación -veintisiete de enero de dos mil veinte-; lo anterior al margen de que se le haya notificado en el domicilio procesal señalado en los autos del procedimiento principal. Esto, porque en el caso concreto se actualizaron las hipótesis que prevé el numeral 1.173, fracciones I y II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, primera notificación en el negocio (incidente de liquidación) y haber dejado de actuar durante más de dos meses. Por las razones que contiene, sirve de apoyo la tesis de la Décima Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de dos mil diecisiete Tomo IV, con el número I.3o.C.282 C (10a.) y en la página 2170, que establece: "DEUDOR ALIMENTISTA. SE ASEMEJA A UN TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO CUANDO EL INCIDENTE DEL QUE DERIVÓ LA MODIFICACIÓN A LA PENSIÓN RELATIVA, SE LLEVÓ A CABO SIN LA AUDIENCIA DE AQUÉL, PORQUE EL JUEZ OMITIÓ ORDENAR QUE SE LE NOTIFICARA PERSONALMENTE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO). Si en los antecedentes del acto reclamado el quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, que la controversia en materia de alimentos en la que se decretó una pensión alimenticia en su contra un procedimiento en el que se ha dejado de actuar por un tiempo considerable (más de seis meses), aquél se equipara a un tercero extraño. Lo anterior es así, porque aunque tiene la calidad de parte formal y material en el incidente de modificación de pensión alimenticia del que deriva el acto reclamado, lo trascendente es que se asemeja a un tercero extraño por equiparación, ya que se duele de la falta del derecho de audiencia al incidente citado. De ello se sigue que tal hipótesis se actualiza cuando el incidente del que derivó la modificación relativa se llevó a cabo sin audiencia del deudor alimentista, derivado de que el Juez omitió ordenar que se le notificara personalmente el inicio del procedimiento relativo como si se tratara de un emplazamiento a juicio, en términos del artículo 114, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que exige que deberá notificarse personalmente la primera resolución que se dicte cuando se dejare de actuar por más de seis meses por cualquier motivo, pues constituiría una carga excesiva para el deudor alimentista estar al pendiente de la lista cuando el procedimiento del que deriva el acto reclamado se había mandado al archivo por la falta de impulso procesal de las partes, por lo que tampoco estará obligado a agotar el incidente de nulidad de notificaciones contra el auto que da inicio a la modificación de la pensión alimenticia." Así como la tesis de la Novena Época del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Abril de mil novecientos noventa y siete, con el número II.2o.C.T.21 C y en la página 244, que dice: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, INICIACIÓN DEL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE SI DEJÓ DE ACTUARSE DURANTE MÁS DE TRES MESES. Si el acto reclamado consiste en la admisión a trámite de un incidente de liquidación de sentencia, y se notifica el acuerdo relativo mediante estrados, por instructivo, ordenándose dar vista con dicho incidente, promovido después de tres meses, sin actuación alguna en el juicio, es incuestionable que de acuerdo con lo dispuesto por la fracción II del artículo 188 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, debió notificarse personalmente, por haberse dejado de actuar en el juicio durante más de tres meses, para que el afectado estuviera en condiciones de ser oído y aportar las pruebas correspondientes en tal incidente; no hacerlo así genera indefensión." Por lo tanto, en la especie el órgano jurisdiccional responsable al ordenar notificar el inicio del procedimiento por lista y boletín judicial, dejó de atender a que no existiría certeza jurídica de que el demandado tendría conocimiento pleno de la acción incidental seguida en su contra, pues no habría constancia de que se le notificara de manera personal con los anexos del caso, de ahí que conforme al análisis anterior, no están cumplidos los extremos previstos en el artículo 14 Constitucional. Así, se concluye que al actuar el Juez responsable de esa forma, transgredió los derechos fundamentales de audiencia y seguridad jurídica del hoy quejoso, pues no es dable atender a que, designó como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados, las listas o el boletín judicial, pues eso hubiese sido válido si en la reanudación del procedimiento, no hubiera transcurrido el tiempo que pasó desde el dictado de la sentencia y el acuerdo que admitió el incidente, así como que no se tratará de la primera notificación en el procedimiento incidental instaurado. Por todo lo hasta aquí expuesto, es que devienen fundados los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa, pues con el material probatorio que obra en autos, se acredita de manera plena que fue contraria a derecho la tramitación incidental de liquidación en los autos del expediente 17/2015. Por ende, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a Rafael Vázquez Cajas. Concesión de amparo que se hace extensiva a la autoridad Notificador adscrito al Juzgado Décimo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, Estado de México, al no impugnarse sus actos por vicios propios SÉPTIMO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: a) El Juzgado responsable deje insubsistente lo actuado a partir del auto de veintiocho de enero de dos mil veinte, en el que ordenó notificar al demandado incidentista en el domicilio procesal señalado en autos, actuación que dictó en el incidente de liquidación de sentencia expediente 15/2015. b) Se cumpla con lo ordenado en auto de veintisiete de enero de dos mil veinte y sustancie el procedimiento incidental de origen hasta el dictado de la resolución que en derecho corresponda. Es importante señalar que el aquí quejoso no podrá acudir por segunda vez al juicio de amparo con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación, ya que al declararse la nulidad de todo lo actuado, el inconforme adquiere conocimiento de la existencia del juicio natural; es decir, que con la reposición del procedimiento, el quejoso se integra a la relación procesal y puede hacer valer los recursos y medios ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Resulta aplicable la Jurisprudencia de la Décima Época del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de dos mil dieciocho Tomo I, con el número P./J. 20/2018 (10a.), en la página 332, que dice: "TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA. PIERDE ESE CARÁCTER PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUIEN IMPUGNA EL PRIMER EMPLAZAMIENTO O LLAMAMIENTO A JUICIO, MEDIANTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES O UN JUICIO DE AMPARO PREVIO. Carece del carácter de tercero extraño equiparado a persona extraña para efectos de la procedencia del amparo indirecto, quien se ostenta como tal no obstante haber impugnado previamente el primer emplazamiento al mismo juicio por medio de un incidente de nulidad de actuaciones ante el tribunal responsable, o bien mediante un diverso juicio de amparo, porque con dicha impugnación demuestra fehacientemente que tiene conocimiento de la acción judicial instaurada en su contra, al conocer de forma precisa el número y tipo de juicio respectivo, el juzgado o tribunal ante el cual se ventila, e incluso el nombre de quien le demanda, lo que le permite preparar actos de defensa a través de los medios y recursos ordinarios, o vigilar la caducidad procesal de la instancia, máxime que por efectos de la impugnación que le resultó favorable, está a la espera de un segundo emplazamiento o notificación con motivo de la reposición del procedimiento por la nulidad de actuaciones o del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que evidencia que en esas circunstancias no debe prevalecer la ficción equivalente a una ignorancia total de la demanda judicial instaurada en su contra, porque lo relevante para la procedencia del juicio de amparo indirecto y la defensa del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la situación de completo desconocimiento de un juicio en contra del justiciable, lo que sugiere la vulnerabilidad respecto al derecho fundamental referido, por lo que es inconcuso que al impugnarse el primer emplazamiento a juicio, ya tiene conocimiento de una acción o pretensión instaurada en su contra por lo que no puede ostentar el carácter de tercero extraño a juicio dado que éste se configura tratándose del mismo juicio o procedimiento, en una primera y única ocasión." Por lo antes expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ...

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