Rafael Rito Ramírez

Expediente 449/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
449/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • Rafael Rito Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo únicamente se realiza respecto de la parte quejosa, en virtud de que es a ella a quien afectó la negativa del amparo solicitado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es depurable en el plazo de tres años, ya que se negó el amparo solicitado, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) de esa normatividad.. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 449/2022-VII; R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado y recibido el veinte de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y turnado a este juzgado, el veintiuno posterior, Rafael ..., por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que se describirán en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. El veintidós de abril del presente año, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la parte quejosa reclama esencialmente de la autoridad responsable: La omisión de ejecutar el laudo emitido el diez de abril de dos mil diecisiete, en el expediente laboral J.7/506/2015, hacer uso de los medios de apremio para su cumplimiento en los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, aunado a que la parte actora -aquí quejosa- ha solicitado a la responsable que señale fecha para el embargo y ejecución del mismo. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, Estado de México (promoción 8123), al rendir su informe justificado adujo que el acto reclamado es falso; sin embargo, tal negativa se encuentra desvirtuada, pues no se advierte que el laudo dictado en el juicio natural haya sido cumplido. Lo que se corrobora con las constancias que remitió, relativas al legajo de copias certificadas de diversas constancias relativas al expediente laboral J.7/506/2015 de su índice, las cuales gozan de pleno valor probatorio, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el numeral 2 de la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos y certificados por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo; o bien, que de oficio se advierta que impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Consecuentemente, al no advertirse causal de improcedencia que las partes hubieren hecho valer, aunado a que oficiosamente no se aprecia alguna, es menester entrar al estudio de fondo al tenor de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que se haga necesario analizar todas y cada una de las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, por no existir obligación en ese sentido. Quinto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción; es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, Novena Época, con registro electrónico 164618, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, materia común, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante lo anterior, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso esencialmente argumenta: Que se viola en su perjuicio el derecho humano a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 constitucional, dado que aun y cuando ha solicitado la ejecución del laudo, la responsable no ha señalado fecha para la diligencia de embargo ni realizado actos tendientes a su ejecución, lo cual no se ha verificado por causas atribuibles a la junta, al no allegarse de los medios de apremio para su cumplimiento en los plazos y términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo para tal efecto; Que la dilación procesal en que ha incurrido la autoridad responsable, al no señalar día y hora para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación, así como para emitir el procedimiento de ejecución y hacer efectiva la multa decretada en autos de veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete y veinticuatro de junio de dos mil diecinueve a la parte demandada. Este órgano jurisdiccional estima que los precitados argumentos son infundados, los cuales se analizarán a través del análisis de tres temáticas: Marco legal y jurisprudencial relacionado con la ejecución de laudos. En principio, es pertinente mencionar que la Ley Federal del Trabajo (vigente al momento del inicio del procedimiento de origen, con antelación a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve), en el título quince "Procedimientos de ejecución", capítulo I, sección primera, "Disposiciones generales", que comprende del artículo 939 al numeral 946, en lo que aquí interesa, establecen: "Artículo 939. Las disposiciones de este título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas." "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. "Artículo 946. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo." La sección segunda del mismo título regula el procedimiento de requerimiento de pago y embargo mediante las siguientes disposiciones: "Artículo 954. El actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más fácil realización." "Artículo 955. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar donde se practique la diligencia, el actuario se trasladará al local donde manifieste la parte que obtuvo que (sic) se encuentran y previa identificación de los bienes, practicará el embargo." "Artículo 957. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo. El depositario debe informar al presidente ejecutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario." "Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo: I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y II. Cuando se promueva una tercería. El presidente ejecutor podrá decretar la ampliación si a su juicio concurren las circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado. De la interpretación sistemática de las normas suprainsertas se obtiene, para lo que al caso interesa, que la ejecución de los laudos, lato sensu (artículo 939), corresponde al presidente de la Junta a la sazón responsable, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término encontramos que el presidente, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo aplicable, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa pues, en esta etapa, la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. No obstante lo anterior, para la ejecución forzosa del laudo se requiere, en un segundo momento (inmediato posterior al transcurso de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación de aquél) la solicitud expresa de quien es titular del derecho a ejecutarlo. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que también en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución de laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, requiere no solamente la forzosa solicitud del ejecutante para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. Por esas razones es que no puede constreñirse al presidente de la Junta responsable para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 4, del Libro III, Tomo 4, de diciembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dispone: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." Aspectos fácticos que rodean al acto reclamado. De las constancias que envió la autoridad responsable se advierten diversas actuaciones procesales relevantes, que sirven de contexto para analizar el acto reclamado, consistentes en: 1. El diez de abril de dos mil diecisiete, la junta responsable dictó el laudo en el expediente laboral J.7/506/2015, promovido por Rafael Rito Ramírez, a través del cual condenó a los demandados Seglo Operaciones Logísticas, sociedad anónima de capital variable, Minerva Margarita Ramírez Sánchez y Raquel Molho Mondragón, al pago de diversas prestaciones y a la reinstalación de la parte actora en su fuente de trabajo. 2. El veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, a petición de la parte actora, se despachó auto de ejecución por la cantidad a que fue condenada la parte accionada, ordenando se procediera a requerir el pago y, en caso de que se negase a hacerlo, se le embarguen bienes suficientes de su propiedad que alcancen a garantizar el crédito laboral. 3. El veintisiete de septiembre siguiente, ante la solicitud de la parte actora, se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la diligencia de reinstalación del accionante a su trabajo, comisionando al efecto al Actuario de su adscripción para su realización; apercibiendo al efecto a la parte condenada, que en caso de negarse a reinstalar al actor, se haría efectiva la medida de apremio contenida en el artículo 731, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, consistente en una multa hasta de cien veces el salario mínimo vigente en la zona económica que se actúa. 4. El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete y el veintisiete de setiembre de dos mil dieciocho, el actuario adscrito a la junta responsable, asentó la imposibilidad para llevar a cabo la reinstalación del actor, la primera diligencia, dado que el fedatario mencionó que llevó a cabo diversas diligencias que le impidieron llegar en el horario señalado para tal efecto; y por cuanto hace a la segunda, porque al constituirse en el domicilio de la parte demandada, le fue informado que no es el domicilio de la empresa y que los demás accionados no trabajan ahí, por lo que de viva voz la parte actora solicitó se concediera un plazo para proporcionar otro. 5. El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, para la reinstalación de la parte actora, se señalaron las once horas del once de noviembre siguiente, apercibiendo al efecto a la parte condenada que en caso de negarse a reinstalar al actor, se haría efectiva la medida de apremio contenida en el artículo 731, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, consistente en una multa de cincuenta unidades de medida de actualización. 6. Llegada la hora y fecha señalada, el fedatario de la adscripción asentó la razón de imposibilidad para llevar a cabo la diligencia encomendada, dado que las accionadas no se encuentran en el domicilio al que fue comisionado, momento en el que la parte actora mencionó que se reservaba el derecho a proporcionar diverso domicilio y que lo haría mediante promoción correspondiente. 7. Mediante promoción recibida el treinta de marzo de dos mil veintidós, la parte actora solicitó esencialmente: -Se señale día y hora para la reinstalación del actor. -Se dicte auto de ejecución y/o requerimiento de pago y embargo contra la demandada. 8. Respecto a dicha promoción, en acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintidós, la responsable proveyó "no ha lugar a acordar de conformidad, y deberá estarse a lo acordado en fecha veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, fecha en la que se dictó auto de ejecución." III. Conclusión. Una vez valorados los elementos legales, en relación con los aspectos fácticos que rodean al acto reclamado, este órgano jurisdiccional determina que no asiste razón al quejoso cuando atribuye a la autoridad responsable la omisión de ejecutar el laudo dictado en el proceso de origen, por las siguientes conclusiones: Primera. No existe controversia alguna en cuanto a que la ejecución forzosa del laudo, requiere necesariamente la intervención de la parte actora, pues a ella le corresponde la satisfacción de diversas cargas procesales. Segunda. De los autos del juicio natural se advierte que el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se despachó ejecución contra los codemandados. Tercera. Si bien es cierto a través del diverso escrito de treinta de marzo de dos mil veintidós, la parte actora en el juicio natural -ahora quejoso- solicitó que se despachara ejecución en contra de los codemandados y que se fijara fecha y hora para que tuviera la diligencia de reinstalación, a lo que la autoridad responsable se limitó únicamente a establecer que el solicitante debía estarse a lo acordado en el diverso auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, también cierto es que esa determinación per se no puede reputarse ilegal. Lo anterior se afirma, pues en los autos del juicio natural obran las razones actuariales de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho y once de noviembre de dos mil diecinueve, de las que se desprende la imposibilidad para llevar a cabo la reinstalación de la parte actora en su fuente de trabajo, debido a que el domicilio no correspondía al de la parte demandada, circunstancia a la que expresamente el aquí solicitante de amparo manifestó que, en su momento, proporcionaría el domicilio correspondiente, con el objeto de que se llevara a cabo el desahogo de tal diligencia, sin que de autos se advierta que haya cumplido con esa carga procesal. Por lo tanto, este juzgador considera que el hecho de que la parte actora en el juicio natural -ahora quejoso- no haya cumplido con la carga procesal de precisar el domicilio en el que debería llevarse a cabo la reinstalación en su fuente de trabajo y, en su caso, la diligencia de requerimiento de pago y embargo, implica que existe un impedimento legal para que la autoridad responsable de manera oficiosa despache ejecución en contra de las codemandados y señale fecha para el desahogo de tales diligencias. En efecto, si la autoridad responsable ordenara la verificación de aquellas actuaciones en el domicilio que obra en los autos del juicio natural, originaría únicamente que se estableciera -nuevamente- la imposibilidad para desahogarlas, dada la inexactitud del domicilio señalado como de la parte demandada. Cabe precisar que no se soslaya que si la parte actora pretende que se indague respecto de las cuentas bancarias que, en su caso, pudieran corresponder a la parte demanda, o bien, que se impongan las medidas de apremio correspondientes, ante la contumacia de los codemandados para cumplir con el laudo, tiene expedito su derecho para realizar las peticiones que estime necesarias en ese sentido, a las cuales, evidentemente deberá recaer una determinación por parte de la autoridad responsable, sin embargo, de la promoción presentada el treinta de marzo de dos mil veintidós, no se advierte alguna solicitud en ese sentido. En consecuencia, si la parte actora no cumplió con la obligación procesal "mínima" de señalar el domicilio en el que habría de llevarse a cabo las diligencias de reinstalación y de requerimiento de pago y embargo, se estima que en estricto sentido la omisión reclamada no es ilegal, debido a que ante la ausencia en la satisfacción de aquella carga procesal por parte del aquí quejoso, no resulta procedente que la autoridad responsable despliegue oficiosamente el uso de sus facultades para indagar, en su caso, un domicilio cierto y actual para ordenar el desahogo de aquellas actuaciones, pues se insiste, la carga procesal de satisfacer ese requisito -proporcionar el domicilio- recae en el actor o, en su defecto, debe precisar la imposibilidad en la que se encuentre para realizarlo, con el objeto de que la responsable acuerde lo que corresponda. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 2771, del Libro III, Tomo 2, de diciembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En las relatadas circunstancias al resultar infundados los conceptos de violación, propuestos por el quejoso, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 217 y demás relativos, de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO ampara NI protege al quejoso Rafael..., por derecho propio, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso quinto de esta resolución. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa, personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; de igual forma, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese el informe justificado rendido por la Presidenta de La Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continúo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de parte de la responsable, así como del quejoso las documentales que se adjuntan al oficio de cuenta; sin perjuicio de hacer nueva relación en la audiencia constitucional. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    "...Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días para que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco, rinda su informe justificado. Por ello, se difiere la audiencia constitucional fijada para el día de hoy y en su lugar se señalan las nueve horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de junio de dos mil veintidós. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa..."

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