Rafael Valenzuela Mendoza
Expediente 305/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rafael Valenzuela Mendoza
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 97 fracción I inciso a) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que la citada sentencia ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. Vista la constancia de notificación de la actuaria de la adscripción de quince de mayo de dos mil dieciocho, de la misma se advierte que *****, manifiesta que ratifica la demanda pues su contenido fue redactado de su puño y letra, no obstante es evidente a simple vista que la letra plasmada ante la fedataria difiere totalmente de la anotada en la demanda, es decir, contrario a lo que afirma el escrito inicial no fue elaborado por sí mismo. Además, la demanda al final tiene el nombre del quejoso con una línea superior el cual no puede considerarse como su firma o rúbrica, en virtud de que en la constancia de notificación asentó la que es su rúbrica, esto es, un trazo ilegible; nombre y rúbrica que se insertan en seguida a fin de hacer notorias las circunstancias antes anotadas. Visto lo anterior, el que suscribe estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 6º del propio ordenamiento, los cuales establecen: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Se afirma lo anterior, dado que la demanda no se firmó por el promovente y ello se corroboró con la constancia de notificación de quince de mayo del año en curso, por lo que, al no tenerse la certeza de la voluntad del quejoso al momento de la presentación de la demanda para la promoción del amparo es que debe desecharse. No obstante que ***** manifestó su voluntad de accionar, dado que únicamente puede ratificarse aquello que inicialmente se firmó, lo que en el caso no ocurrió. En efecto, dado que el juicio de amparo únicamente puede iniciarse y seguirse a instancia de parte agraviada, cuando la demanda carece de firma debe desecharse pues no es susceptible de subsanarse ese requisito formal que evidencia la voluntad del accionante. Es aplicable al caso, por identidad de razón, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Administrativa y de Trabajo Del Décimo Sexto Circuito, en la tesis número XVI.1o.A.T.15 L, visible a foja 910 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Junio de 2010, Novena Época, Materia Laboral, registro 164479 que dice: DEMANDA LABORAL CARENTE DE FIRMA. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO, PORQUE TAL OMISIÓN NO ES SUSCEPTIBLE DE SER SUBSANADA POR LA JUNTA VÍA ACLARACIÓN.De conformidad con el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, el proceso laboral se iniciará a instancia de parte, lo que significa que cuando la demanda laboral carezca de firma, lo que procede es su desechamiento; empero, cuando por error u omisión la Junta la admite y el juicio llega a estado de resolución, el vicio de que adolece impide decidir sobre el fondo, porque tal procedimiento tiene como base una instancia inexistente. Esta omisión, conforme al referido artículo 685, en relación con los numerales 873 y 878 del citado ordenamiento, no es susceptible de subsanarse vía aclaración por las Juntas, ya que no es el caso de que la demanda sea incompleta, obscura, irregular o que en ella se ejerzan acciones contradictorias; más bien se está en el supuesto de incumplimiento a la regla general de instancia de parte; en consecuencia, en el supuesto de la admisión de la demanda sin firma, procede sobreseer en el juicio laboral. No obsta que esta figura jurídica procesal no se encuentre prevista en la ley de la materia, pues es imprescindible que concluya el juicio en forma extraordinaria cuando surge alguna causa que impide al juzgador dictar sentencia, como lo es la falta de instancia de parte. De igual manera, en el procedimiento escrito la voluntad de las partes de ejercitar un derecho se manifiesta a través de su firma, y toda vez que el escrito inicial de demanda carece de firma autógrafa, se desconoce si es voluntad del peticionario ejercitar la acción constitucional en contra de los actos de las autoridades que señala como responsables, motivo por el cual y, en virtud de que el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 107 constitucional, prescribe que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, debe considerarse que al carecer de la firma autógrafa de la parte quejosa, constituye sólo un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Cuarta Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 215, visible a foja 147 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, que dice: DEMANDA. FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 Constitucional no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio. En efecto, la demanda de amparo debe estar firmada por quien la formula, pues tal formalidad es indispensable por ser la firma lo que le da autenticidad, con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si dicha demanda no está suscrita por quien aparece como promovente en su texto, por no plasmarse su firma al pie de la demanda, esto es, en el espacio inferior inmediato a la conclusión de ésta, debe considerarse que no se ha promovido legalmente el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que si la demanda de amparo no fue firmada por el quejoso de manera autógrafa, debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo. En tal virtud al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con la fracción I, del artículo 107 constitucional y el 6° de la ley de la materia; se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Determinación lo anterior que no causa perjuicio al quejoso, en virtud de que puede presentar nueva demanda por las omisiones que en esta vía pretende reclamar. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *****, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****. Doy fe.
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