Rafael Torres Cordoba
Expediente 523/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 523/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rafael Torres Cordoba
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó, de conformidad con lo establecido en artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese por lista electrónica a las partes, por oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Lo proveyó y firma ****************, Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa ante *********************, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de agosto de dos mil veintitrés. VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 523/2023-VII, promovido por ******* contra actos del Director del Sistema de Justicia Cívica Municipal, Jueza Cívica Municipal, Tesorero Municipal y Coordinador General de Seguridad Vial, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades responsables. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante oficio *******, signado por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta localidad, remitió el cuaderno principal del juicio de amparo directo *******, de su índice, promovido por ******* contra las autoridades responsables y actos reclamados, señalados en el considerando segundo de la presente sentencia; escrito depositado el cuatro de abril de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al declinar la competencia para conocer de la misma. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. En auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se aceptó la competencia planteada y este juzgado se avocó al conocimiento de la misma y se registró bajo el número de juicio de amparo 523/2023, la cual previa aclaración se admitió a trámite el catorce de junio de dos mil veintitrés; se pidió a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el catorce de agosto de dos mil veintitrés. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, de aplicación en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral de la demanda de amparo, informe justificado y las pruebas que obran en el juicio de amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables: Director de Justicia Cívica, dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento de Ciudad Juárez, Chihuahua, la resolución de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el recurso de inconformidad en el expediente ******* en la cual confirma la resolución recurrida de dos de febrero del año en curso. Jueza Cívica; Tesorero municipal; *******, Agente adscrito a la Coordinación General de Seguridad Vial; y Coordinador General de Seguridad Vial, todos del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, la ejecución de la citada resolución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Coordinador General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Tesorera Municipal, Jueza Cívica Municipal, y *******, Policía Vial adscrito a la Coordinación General de Seguridad Vial de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal, todos del ayuntamiento de esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado negaron categóricamente el acto que les atribuye el accionante del amparo, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: ** IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y ** Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 804176, que estatuye: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.* CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, Director del Sistema de Justicia Cívica Municipal, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Se corrobora lo anterior, con la copia certificada del expediente administrativo *******, que adjuntó dicha autoridad responsable; constancias que cuenta con pleno valor probatorio, lo anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Examinada la existencia de los actos reclamados se impone analizar la procedencia del juicio constitucional por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, la suscrita advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la quejosa debió antes de acudir al juicio constitucional, agotar el principio de definitividad y promover el juicio contencioso administrativo en contra del acto reclamado. Dicho dispositivo legal establece: *Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior ***. La citada causa de improcedencia contempla el principio de definitividad que consiste en que el quejoso debe agotar los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, la quejosa reclama la resolución administrativa de catorce de marzo de dos mil veintitrés, que en lo conducente señala: * En consecuencia, una vez que han sido valorado las constancias del presente recurso, así como valorado las pruebas que se ofrecieron en el escrito inicial del inconforme y que por su naturaleza se tuvieron por desahogadas, lo anterior conforme a Ia sana critica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia y en términos del artículo 138 párrafo III del Reglamento de Justicia Cívica, Policía y Buen Gobierno del municipio de Juárez, se CONFIRMA la resolución recurrida de fecha dos de febrero del año dos mil veintitrés, dictada por la licenciada *******, Jueza Cívica, Municipal dependiente de la Dirección del Sistema de Justicia Cívica Municipal, en los autos del expediente administrativo *******, instaurado en contra del *******. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, esta Autoridad Cívica considera que es de resolverse, y se: R E S U E L V E PRIMERO.- NO HA PROCEDIDO el recurso de inconformidad interpuesto por el ******* en contra de la resolución de fecha dos de febrero del año dos mil veintitrés, dictada por la licenciada, *******, Jueza Cívica Municipal comisionada a la Coordinación General de Seguridad Vial dependiente de la Dirección del Sistema de Justicia Cívica Municipal por las razones expuestas en los considerandos de antecedentes. *** SEGUNDO.* Se CONFIRMA la resolución recurrida, en los términos de los considerandos quinto y sexto. ** TERCERO.- Notifíquese en la misma audiencia el sentido de la presente resolución a las partes intervinientes en el procedimiento administrativo, objeto de la presente impugnación. *** CUARTO.- Se notifica que la presente resolución es recurrible en términos de los artículos 198, 199, 203 Y demás relativos y aplicables de Código Municipal para el Estado de Chihuahua. *** Así lo resolvió y firma el LIC. *******, Director del Sistema de Justicia Cívica de este Municipio, Estado de Chihuahua quien actúa en presencia de la jueza cívica LIC. ******* de conformidad con lo establecido en el artículo 9 fracción XIV del Reglamento de justicia Cívica, Policía y buen Gobierno del Municipio de Juárez, Chihuahua. ** Lo subrayado es propio. Del contenido de lo anterior, se aprecia que la resolución reclamada resolvió el recurso de inconformidad ******* donde confirmó la diversa resolución de dictada el dos de febrero de dos mil veintitrés, por la Junta Cívica Municipal en el procedimiento administrativo *******, en cual determinó la validez de la infracción vial impuesta al quejoso *******; asimismo, se le indico que dicha resolución es recurrible en términos de los artículos 198, 199, 203 y demás relativos y aplicables de Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Al respecto, los artículos 198, 199 y 204 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, establecen lo siguiente: *ARTÍCULO 198. Los actos que dicten las autoridades municipales, pueden impugnarse mediante los recursos de revisión y reconsideración. La resolución que se dicte en los recursos administrativos será también impugnable por medio del juicio de oposición cuando se trata de actos en materia fiscal municipal o de controversias que se susciten sobre interpretación y cumplimiento de concesiones y demás contratos administrativos celebrados por los Ayuntamientos. En estos casos, no es necesario que el quejoso agote previamente los recursos administrativos, pues podrá combatir directamente los actos en juicio de oposición, teniéndose por renunciado su derecho a intentar los medios de impugnación administrativa*. *ARTÍCULO 199. El recurso será de reconsideración, cuando el propio Ayuntamiento resuelva inconformidades de particulares respecto de actos dictados por el mismo; será de revisión cuando resuelva inconformidades de los particulares por actos dictados por cualquiera otra de las autoridades municipales*. *ARTÍCULO 204. A los juicios de oposición que se promuevan en relación a los asuntos municipales, se aplicarán en lo conducente, las disposiciones que sobre la materia establece el Código Fiscal del Estado". De igual manera, no debe perderse de vista que el trece de marzo de dos mil diecinueve, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, en cuyos artículos transitorios, se dispuso lo siguiente: *PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día en que se emita la declaratoria de instalación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa*. "SEGUNDO.- Hasta la fecha en que entre en vigor el presente Decreto, el Poder Judicial del Estado, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, conocerá de los asuntos en la materia, debiendo concluir los que se encuentren en trámite, conforme a las disposiciones del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 30 de diciembre de 1970". *TERCERO.* Todas las referencias contenidas en los ordenamientos legales, a la Sala de lo Contencioso Administrativo y Fiscal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se entenderán hechas al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Así como las relativas al Juicio de Oposición, habrá de entenderse al Juicio Contencioso Administrativo". Entonces, conforme a los artículos transcritos, la resolución combatida está sujeta a los recursos y procedimientos contemplados en el Código Municipal, y que conforme a este último ordenamiento procedía el recurso de revisión, por tratarse de una resolución que afecta a particulares, dictada por una autoridad municipal; sin embargo, no estaba obligada la parte promovente de la demanda a agotarlo por ser optativa su interposición; pero, sí debió en términos del artículo 198 interponer el juicio de oposición, ahora juicio contencioso administrativo. En efecto, la resolución reclamada emitida en el expediente ******* que confirmó la interlocutoria de dos de febrero de dos mil veintitrés, donde se determinó la validez de la infracción vial impuesta al quejoso, es un acto administrativo en contra del cual, previo al ejercicio de la acción constitucional, el justiciable debió agotar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Ello es así, pues el numeral 1*, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua establece, que el referido Tribunal es el órgano jurisdiccional dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública, Estatal y Municipal, y particulares. Por su parte, el ordinal 3, fracciones IV, X y XI, de la referida legislación, prevé que ese órgano jurisdiccional conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones administrativas que decidan sobre una instancia, como en el caso en particular el recurso de inconformidad reclamado. De ahí que, resulta incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, toda vez que ese acto lo emitió una autoridad municipal dentro de un procedimiento administrativo instaurado en contra de la parte quejosa, por lo que es competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, en términos del artículo 3°, fracciones IV, X y XI, de su ley orgánica. Sobre esta premisa, en contra del acto reclamado previamente procedía el juicio contencioso administrativo; medio de defensa que como no tiene la característica de ser optativo, debía agotarse antes de acudir al presente juicio de amparo. Por otro lado, debe señalarse que la ley que rige el procedimiento contencioso administrativo a que se ha hecho referencia, establece la posibilidad de suspender los actos reclamados y no exige mayores requisitos de los que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna para conceder la suspensión definitiva. En efecto, el artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, establece: Artículo 36. La solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, presentado por la parte actora o su representante legal, se tramitará y resolverá, de conformidad con las reglas siguientes: I. Se concederá siempre que: a) No se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. II. Para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los siguientes requisitos: a) Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la cual surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: 1. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica de la parte solicitante, y 2. Si se tratara de tercera persona distinta a quien tenga la obligación de manera directa o solidaria al pago del crédito. b) En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceras personas se concederá, si quien lo solicite otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause, si este no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. c) En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. d) El monto de la garantía y contragarantía será fijado por la o el magistrado instructor o quien le supla. III. El procedimiento será el siguiente: a* La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante el Tribunal en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia definitiva. b) Se tramitará por cuerda separada bajo la responsabilidad de la o el magistrado instructor. c) La o el magistrado instructor deberá proveer sobre la suspensión provisional de la ejecución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la presentación de la solicitud. d) La o el magistrado instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo respectivo. Llegado el término, con el informe o sin él, la o el magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los cinco días siguientes. IV. Mientras no se dicte sentencia definitiva en el juicio, la o el magistrado instructor podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. V. Cuando la parte solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, la o el magistrado instructor ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso de la tercera persona, y previa acreditación de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, el Tribunal ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad." Por su parte, en los artículos 128, 135, 136 y 139 de la Ley de Amparo, se dispone: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aun cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional. De la confrontación entre los artículos 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, y 128, 135, 136 y 139 de la Ley de Amparo, se desprende que el precepto citado en primer término, no exige mayores requisitos para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, que los que se establecen en la Ley de Amparo. En efecto, en ambas legislaciones la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, se concederá siempre que no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al solicitante con la ejecución del acto impugnado. Asimismo, la medida suspensional en el juicio contencioso podrá solicitarse en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia firme; por su parte, la Ley de Amparo dispone que la suspensión podrá solicitarse con la presentación de la demanda o en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. En la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, se establece que la garantía podrá ofrecerse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, pudiendo inclusive reducirse el monto de la garantía, cuando el total de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante, y si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. Respecto al plazo para otorgar suspensión en el juicio contencioso no se desprende que sea mayor, pues en ambos casos es de veinticuatro horas, de conformidad con lo establecido en los artículos 112 de la Ley de Amparo, y el diverso 36, fracción III, inciso c), de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, respectivamente. De manera que si en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua se establecen igualdad de requisitos que en la Ley de Amparo para que sea procedente la suspensión definitiva del acto reclamado, es evidente que no exige mayores requisitos para la procedencia de la suspensión de éstos, que los que se establecen en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión provisional. Incluso, el Pleno de este Decimoséptimo Circuito Judicial al resolver la contradicción de tesis 9/2019, en sesión de diez de noviembre de dos mil veinte, así lo sostuvo que en materia de suspensión, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, no prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo, pues la sujeta a la solicitud del actor, que no se afecta el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, tal cual lo prevé la Ley de Amparo, tampoco exige plazos más largos para la suspensión del acto que los establecidos en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. El criterio referido con antelación, dio lugar a la jurisprudencia por contradicción PC.XVII. J***, del Pleno del Decimoséptimo Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo II, página 1098, con registro digital 2022713, que dice: *BOLETA DE INFRACCIÓN A LA LEY DE VIALIDAD Y TRÁNSITO PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA. AL NO SER UN ACTO DEFINITIVO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA SU EMISIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos en relación con la emisión de la boleta de infracción de tránsito en términos de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, esto es, si procede el juicio de amparo indirecto en su contra, o bien, se actualiza una causal de improcedencia. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito establece que conforme al artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, contra la emisión de la boleta de infracción de tránsito no procede el juicio de amparo indirecto, por no tratarse de un acto definitivo. Justificación: Lo anterior es así, dado que se trata de una notificación, mediante la cual se hace saber al particular la infracción a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua que cometió, según el oficial de tránsito, así como las posibles sanciones aplicables, con la finalidad de que acuda a defender sus derechos ante el oficial calificador, quien resolverá en definitiva, de conformidad con los artículos 92 y 99, párrafo primero, de dicho ordenamiento; de ahí que es la determinación de este último, en cuanto a la sanción a imponer, la que puede causarle perjuicio, no así la notificación de la infracción por parte del oficial de tránsito, materializada en la boleta correspondiente; por tanto, en contra de la determinación administrativa que impone sanciones, procede el juicio de amparo, siempre y cuando se observe el principio de definitividad, pues si bien no hay obligación de agotar el recurso en sede administrativa, indiscutiblemente deberá promoverse el juicio contencioso previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Chihuahua, al no exigir mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para la suspensión, regulada por la Ley de Amparo." Lo subrayado y resaltado es nuestro. Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia 2a.***, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro 2008807, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD *LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013*** También, debe puntualizarse que aun cuando juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, lo cierto es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XX, último párrafo, del artículo 61 de la Ley de Amparo, presupone que en la demanda de amparo exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Constitución por falta de fundamentación; sin embargo, en el caso, además de las violaciones esgrimidas a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución, también se alegan cuestiones de legalidad que tienen que ver con la fundamentación y motivación del acto reclamado, lo que hace que no se actualice la mencionada excepción. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio, en términos del precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Situación que imposibilita abordar el análisis del fondo del asunto, pues dicho proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Se cita como apoyo la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, de la Séptima Época, Materia Común, Registro 239006, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, fracción XX, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 523/2023-VII, promovido por *******, contra las autoridades señaladas en los considerandos tercero y cuarto de la presente sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente, por oficio a las autoridades responsables y al agente del ministerio público de la federación de la adscripción. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ***, quien actúa ante el Secretario que autoriza y da fe, ***, hoy treinta de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
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Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, agréguense a los autos para que conste como legalmente corresponda. Se tiene al apoderado legal del quejoso, ofreciendo la prueba documental pública consistente en la resolución de catorce de marzo del presente año, dictada en el expediente ******************** y remitida por la autoridad responsable, Director del Sistema de Justicia Cívica del Municipio de Juárez, misma que se tiene por desahogada, ya que así lo permite su naturaleza; de igual manera, ofrece la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las cuales se tienen por admitidas. En el entendido, que la instrumental de actuaciones se constituye con las constancias que obran en el sumario; mientras que la presuncional legal y humana es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo, sin perjuicio de hacer relación de ésta en la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con los artículos 119, 123 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.lavh
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Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el informe justificado, rendido por el Policía Vial adscrito a la Coordinación General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Delegados y domicilio Ahora bien, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Pruebas En las relatadas circunstancias, se le tiene por ofrecida la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, que se admiten y desahogan, toda vez que la primera se constituye con las constancias que obran en el sumario, mientras que la segunda es la consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos y probados al momento de hacer la deducción respectiva; probanzas que de cualquier forma el juzgador tomará en consideración, al emitir la resolución correspondiente, pues no tienen entidad propia, al ser medios de convicción que se obtienen del seguimiento del juicio respectivo. Diferimiento Finalmente, considerando que para el presente día se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa, se difiere y se señalan las diez horas del catorce de agosto de dos mil veintitrés, para su desahogo, con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlos. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con apoyo en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **********. Doy fe.lavh
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