Rafael Sierra Santoyo
Expediente 60/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 27/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rafael Sierra Santoyo
- Agente del Misniterio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Por este medio set tiene por notificada a la parte quejosa y le se notifica por medio de lista el proveído de veintisiete de enero de dos mil veintidós, que a la letra dice: Recepción de escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por el quejoso ***********, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Al efecto, se provee: Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según su numeral 62. El primer artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables. Entiéndase por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En tales condiciones, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprenden como antecedentes y acto: El quejoso es parte demandada en el juicio ordinario mercantil *********** del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, en el que la parte actora es ***********. En dicho sumario se dictó sentencia condenatoria. A fin de hacer efectivo el fallo, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno se remataron bienes inmuebles previamente embargados al quejoso y se adjudicaron en favor de la actora. En auto de once de octubre de dos mil veintiuno se requirió al quejoso para que dentro del término de tres días otorgara la escritura respectiva, sin que se hubiese interpuesto medio de impugnación alguna en contra de este proveído. En auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno se ordenó otorgar la escritura pública en rebeldía "respecto de los bienes adjudicados, sin que esto haya ocurrido" y sin que tampoco se haya interpuesto recurso. En proveído de catorce de enero de dos mil veintidós se ordenó poner en posesión real y material de los bienes adjudicados en favor de la actora. Éste es el acto reclamado. Clarificado el acto reclamado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, segundo y tercer párrafos, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el otro supuesto, es decir, en el de ejecución, hay que esperar a la última ahí dictada. Al respecto se invoca, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XIII, abril de 2001, tesis: P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma es aplicable en el mismo sentido, la Jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, de epígrafe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE." En ese orden se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia. Se explica: Como ya se dijo, la legislación prevé, en lo que interesa, dos procedimientos después de dictada la sentencia, uno que corresponde a la ejecución de ésta en términos amplios y, por otro lado, inmerso en ella, el procedimiento de remate. Se hace referencia a que se encuentra inmerso, porque la ejecución de una sentencia puede contener diversas series concatenadas de actos, como pueden ser de forma ejemplificativa, diversos remates que guardan independencia entre sí. De ahí que el legislador federal impuso la limitación antes reseñada: Si lo que se sigue es el remate, deberá estarse a la última ahí dictada. Si lo que se sigue es la ejecución (como el procedimiento mayor) también deberá estarse a la última ahí dictada. Ahora bien, ante la falta de claridad en la comprensión del texto de la ley, el Máximo Tribunal ha ido emitiendo criterios para clarificar qué debe entenderse como última resolución en el procedimiento de remate. La jurisprudencia hito es la siguiente: Tesis jurisprudencial 1a./J. 13/2016 (10a.), con registro 2011474, de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." De ésta se desprende que, a fin de evitar confusión entre dos conductas (orden de escrituración y entrega), basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. Bajo esa premisa, si se actualiza una de esas hipótesis, entonces las subsecuentes ya no formarán parte del procedimiento de remate en lo particular, sino que se integrarán al macro procedimiento de ejecución, en donde deberán esperar a la última ahí dictada. Lo anterior se corrobora con un criterio posterior de la misma Primera Sala que también se torna obligatorio para esta Potestad, que concretiza aquél e informa que la última resolución en el procedimiento de remate, es aquélla que ordena el otorgamiento de la escritura de forma voluntaria. Se transcribe: Jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 70, septiembre de 2019, tomo I, página 110, de rubro y texto: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. Lo anterior no sólo genera certeza jurídica en cuanto al acto jurídico que puede ser impugnado en la vía aquí propuesta, sino que también evita la posibilidad de generar en el peticionario una doble oportunidad temporal para instar, generando un desequilibrio o inequidad entre las partes contendientes. Luego, si acorde con la jurisprudencia transcrita, desde el once de octubre de dos mil veintiuno culminó el procedimiento de remate, con el requerimiento para que dentro del término de tres días otorgara la escritura respectiva y el quejoso comparece ahora a reclamar el proveído de catorce de enero de dos mil veintidós en el que se ordenó poner en posesión real y material de los bienes adjudicados en favor de la actora, debe entenderse como un acto posterior al procedimiento de remate, pero dentro del procedimiento de ejecución, para lo cual deberá esperar hasta la última resolución dictada en éste y ahí hacer valer lo que a su interés convenga. Es orientadora la tesis I.4o.C.77 C (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5131, de rubro y texto: "REMATE. CONTRA ACTOS POSTERIORES A LA ÚLTIMA DETERMINACIÓN, NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate, el juicio de amparo indirecto procede exclusivamente contra la última resolución, precepto que ya ha sido interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), para determinar que por última resolución debe entenderse la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. En ese contexto, contra actos posteriores a la última resolución no procede el juicio de amparo indirecto, en razón de que se trata de actos tendentes a la materialización de una determinación judicial con categoría de cosa juzgada, en la cual han quedado decididos de manera definitiva los derechos sustantivos de propiedad y de posesión relativos al inmueble rematado a favor del adjudicatario, de modo tal que dichos actos deben considerarse como parte inescindible del procedimiento de remate ya concluido." No pasa inadvertido que el acto implica la entrega material del inmueble, lo que podría traducirse en la afectación a derechos sustantivos, tal como se refiere el siguiente criterio. Tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." No obstante, la condición para hacer procedente el juicio en caso de afectación a derechos sustantivos en ejecución de sentencia, es que el acto sea ajeno a la cosa juzgada, lo que en el caso no acontece, pues precisamente se trata de ejecutar la cosa juzgada directamente. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que trascurrió el término para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto en el que se desechó su demanda, sin que lo haya hecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara firme dicho proveído. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por la parte promovente.
- Principal
A sus autos la constancia asentada por el actuario adscrito, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de veintisiete de enero del año en curso; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese dicho acuerdo, el presente auto y los subsecuentes, aun los de carácter personal, por medio de lista.
- Principal
Recepción de escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el escrito presentado por el quejoso ***********, mediante el cual cumple con el requerimiento que le fue realizado en auto de veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Al efecto, se provee: Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según su numeral 62. El primer artículo señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables. Entiéndase por lo primero, lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. En tales condiciones, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo, de la cual se desprenden como antecedentes y acto: El quejoso es parte demandada en el juicio ordinario mercantil *********** del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido, con sede en esta ciudad, en el que la parte actora es ***********. En dicho sumario se dictó sentencia condenatoria. A fin de hacer efectivo el fallo, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno se remataron bienes inmuebles previamente embargados al quejoso y se adjudicaron en favor de la actora. En auto de once de octubre de dos mil veintiuno se requirió al quejoso para que dentro del término de tres días otorgara la escritura respectiva, sin que se hubiese interpuesto medio de impugnación alguna en contra de este proveído. En auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno se ordenó otorgar la escritura pública en rebeldía "respecto de los bienes adjudicados, sin que esto haya ocurrido" y sin que tampoco se haya interpuesto recurso. En proveído de catorce de enero de dos mil veintidós se ordenó poner en posesión real y material de los bienes adjudicados en favor de la actora. Éste es el acto reclamado. Clarificado el acto reclamado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos en el periodo de ejecución sentencia, solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. La finalidad de esta disposición, es permitir el respeto al derecho fundamental de seguridad jurídica y evitar que se entorpezca el procedimiento de ejecución respectivo, pues si se autorizara la promoción del amparo en contra de cualquier otra resolución dictada con el propósito de efectuar la venta judicial, se obstaculizaría y demoraría injustificadamente el curso del procedimiento de ejecución. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, segundo y tercer párrafos, de la ley de la materia, es necesario para recurrir los actos emanados de un procedimiento de remate, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En el otro supuesto, es decir, en el de ejecución, hay que esperar a la última ahí dictada. Al respecto se invoca, por analogía, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XIII, abril de 2001, tesis: P./J. 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." De igual forma es aplicable en el mismo sentido, la Jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, de epígrafe: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE." En ese orden se estima que el acto reclamado en forma destacada, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia. Se explica: Como ya se dijo, la legislación prevé, en lo que interesa, dos procedimientos después de dictada la sentencia, uno que corresponde a la ejecución de ésta en términos amplios y, por otro lado, inmerso en ella, el procedimiento de remate. Se hace referencia a que se encuentra inmerso, porque la ejecución de una sentencia puede contener diversas series concatenadas de actos, como pueden ser de forma ejemplificativa, diversos remates que guardan independencia entre sí. De ahí que el legislador federal impuso la limitación antes reseñada: Si lo que se sigue es el remate, deberá estarse a la última ahí dictada. Si lo que se sigue es la ejecución (como el procedimiento mayor) también deberá estarse a la última ahí dictada. Ahora bien, ante la falta de claridad en la comprensión del texto de la ley, el Máximo Tribunal ha ido emitiendo criterios para clarificar qué debe entenderse como última resolución en el procedimiento de remate. La jurisprudencia hito es la siguiente: Tesis jurisprudencial 1a./J. 13/2016 (10a.), con registro 2011474, de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." De ésta se desprende que, a fin de evitar confusión entre dos conductas (orden de escrituración y entrega), basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. Bajo esa premisa, si se actualiza una de esas hipótesis, entonces las subsecuentes ya no formarán parte del procedimiento de remate en lo particular, sino que se integrarán al macro procedimiento de ejecución, en donde deberán esperar a la última ahí dictada. Lo anterior se corrobora con un criterio posterior de la misma Primera Sala que también se torna obligatorio para esta Potestad, que concretiza aquél e informa que la última resolución en el procedimiento de remate, es aquélla que ordena el otorgamiento de la escritura de forma voluntaria. Se transcribe: Jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 70, septiembre de 2019, tomo I, página 110, de rubro y texto: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo. Lo anterior no sólo genera certeza jurídica en cuanto al acto jurídico que puede ser impugnado en la vía aquí propuesta, sino que también evita la posibilidad de generar en el peticionario una doble oportunidad temporal para instar, generando un desequilibrio o inequidad entre las partes contendientes. Luego, si acorde con la jurisprudencia transcrita, desde el once de octubre de dos mil veintiuno culminó el procedimiento de remate, con el requerimiento para que dentro del término de tres días otorgara la escritura respectiva y el quejoso comparece ahora a reclamar el proveído de catorce de enero de dos mil veintidós en el que se ordenó poner en posesión real y material de los bienes adjudicados en favor de la actora, debe entenderse como un acto posterior al procedimiento de remate, pero dentro del procedimiento de ejecución, para lo cual deberá esperar hasta la última resolución dictada en éste y ahí hacer valer lo que a su interés convenga. Es orientadora la tesis I.4o.C.77 C (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 5131, de rubro y texto: "REMATE. CONTRA ACTOS POSTERIORES A LA ÚLTIMA DETERMINACIÓN, NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate, el juicio de amparo indirecto procede exclusivamente contra la última resolución, precepto que ya ha sido interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), para determinar que por última resolución debe entenderse la que indistintamente ordena otorgar la escritura de adjudicación, o bien, entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados. En ese contexto, contra actos posteriores a la última resolución no procede el juicio de amparo indirecto, en razón de que se trata de actos tendentes a la materialización de una determinación judicial con categoría de cosa juzgada, en la cual han quedado decididos de manera definitiva los derechos sustantivos de propiedad y de posesión relativos al inmueble rematado a favor del adjudicatario, de modo tal que dichos actos deben considerarse como parte inescindible del procedimiento de remate ya concluido." No pasa inadvertido que el acto implica la entrega material del inmueble, lo que podría traducirse en la afectación a derechos sustantivos, tal como se refiere el siguiente criterio. Tesis jurisprudencial con número de registro 163152, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible en la página 6, tomo XXIII, enero de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." No obstante, la condición para hacer procedente el juicio en caso de afectación a derechos sustantivos en ejecución de sentencia, es que el acto sea ajeno a la cosa juzgada, lo que en el caso no acontece, pues precisamente se trata de ejecutar la cosa juzgada directamente. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia.
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