Rafael Sierra Santoyo

Expediente 322/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 27 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
322/2017
Año
2017
Actuaciones
27
Última actuación
15/11/2017

Partes del expediente

  • Rafael Sierra Santoyo
  • Eduardo Murillo Diaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Visto el oficio firmado (con anexos), por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, agréguese únicamente para que obre como constancia, toda vez que en proveído de nueve de los actuales se declaró cumplida la sentencia y se ordenó el archivo del presente expediente. Visto el oficio firmado (con anexos), por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, agréguese únicamente para que obre como constancia, toda vez que en proveído de nueve de los actuales se declaró cumplida la sentencia y se ordenó el archivo del presente expediente.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se le concedió a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos, haciendo uso de ese derecho únicamente el autorizado de la parte quejosa, miente escrito registrado con el número 12054 [F. 138]. Consecuentemente, este Juzgado Federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, procede a determinar si se cumplió o no. De constancias se advierte que la sentencia que concedió a los quejosos ************, el amparo y protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez Tercero Penal de Partido en esta ciudad: "(.) deje insubsistente el acuerdo reclamado, y con plenitud de jurisdicción dicte otro en el mismo o diverso sentido -sin prejuzgar- pero purgando los vicios de inconstitucionalidad aquí vertidos, esto es: Atienda a lo expuesto en esta resolución, motivando correctamente la determinación en lo tocante a la asequibilidad de la caución, para garantizar las obligaciones procesales de los quejosos debiendo atender a la gravedad, circunstancias del delito imputado y sus circunstancias personales -emanadas del expediente y su declaración preparatoria- y el interés que se evidencie de que puedan sustraerse de la acción de la justicia. En la inteligencia de que en esa nueva fijación, no le será posible imponer montos superiores a los señalados en el auto que se constituye como acto reclamado, al margen de los motivos que para ello se pudieran tener, ya que en el amparo o con motivo de éste, no se pueden generar situaciones que perjudiquen o empeoren la condición que en principio tenían los disconformes. Todo lo cual deberá precisarse realizando las operaciones aritméticas correspondientes y su resultado, lo anterior a fin de que en su caso Eduardo Murillo Díaz y Rafael Sierra Santoyo, hagan uso de la libertad provisional bajo caución.". En el entendido que, acorde con lo descrito en las resoluciones de primero y segundo grado, lo relativo a la reparación del daño, debía quedar intocado, y por ende, debería reiterarlo (como inicialmente lo emitió) en el nuevo proveído que dictare. Asimismo, acorde con lo resuelto por la alzada, se precisa que no se pretende definir o establecer cuál es el monto de la reparación del daño, ni se analiza lo correcto o incorrecto de los pronunciamientos emitidos por la responsable en el fondo del asunto, y mucho menos si dicha reparación debe considerarse en moneda nacional o extranjera, únicamente se analizó la cifra fijada por el juez para garantizar el monto estimado, el cual puede variar en el proceso dependiendo de las pruebas que ahí se desahoguen. En cumplimiento de la ejecutoria de mérito el Juez responsable, remitió el oficio registrado con el número 11581 [F. 114], al que anexó la resolución de diecisiete de octubre pasado [F. 115-135], en la que dejó insubsistente la resolución reclamada de nueve de marzo del año en curso; documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Determinación en la que, atendiendo los lineamientos del fallo protector, el Juez Tercero Penal de Partido en esta ciudad, determinó: "De conformidad con lo dispuesto en el artículo 387 del Código de Procedimientos Penales, resulta procedente conceder a los inculpados la libertad provisional bajo caución que están solicitando, por lo que con fundamento además en lo dispuesto por el artículo 20 apartado A fracción I de la Constitución General del País, con la vigencia aplicable, al no encontrarnos en presencia de delito grave, puesto que el fraude no se encuentra dentro del catalogo del dispositivo 11 del Código Penal, se les concede, por lo que de acuerdo a la fracción I del artículo 387 del Código de Procedimientos Penales, debe garantizar cada uno de ellos, el monto estimado de la reparación del daño, que asciende a la suma de $7´971,264.10 siete millones novecientos setenta y un mil doscientos sesenta y cuatro pesos con diez centavos moneda nacional. Ahora bien, para fijar la caución que garantice la libertad personal de Rafael Sierra Santoyo y Eduardo Murillo Díaz, a que se refiere la fracción segunda del numeral 387 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, se toma en consideración lo dispuesto por el diverso 390 del mismo código procesal. .ello es así, porque de manera voluntaria decidieron someterse a proceso, proporcionaron domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, han estado cumpliendo en presentarse ante esta autoridad judicial cuando ha sido requerida su presencia; además de acuerdo a su declaración preparatoria, se sabe que Eduardo Murillo Díaz tiene su residencia en esta ciudad y Rafael Sierra Santoyo en la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, lo que nos da indicio de arraigo, en relación a sus lugares de residencia. .en cuanto a la capacidad económica de los inculpados, como ya se mencionó, Eduardo Murillo Díaz tiene ingresos aproximados a los veintiocho mil pesos mensuales y tres dependientes económicos y Rafael Sierra Santoyo tiene ingresos aproximados a los quince mil pesos y cinco dependientes económicos; lo que hace evidente, una diferencia notable en su capacidad económica, porque mientras que el primero cuenta con mayores ingresos y menos dependientes económicos, el segundo a la inversa tiene menos percepciones económicas y mayor número de dependientes; por tanto, la asequibilidad es diferente, puesto que Eduardo Murillo Díaz tiene Mayor capacidad económica, por lo que es justo y prudente fijarle una caución para garantizar las obligaciones procesales ante este Juzgado de $50,000.00 cincuenta mil pesos en moneda nacional, en cualquiera de las formas que admite la ley, y a Rafael Sierra Santoyo la cantidad de $30,000.00 treinta mil pesos en moneda nacional, dado que como quedó demostrado, cuenta con la capacidad económica menor a la de su coautor. .así como una caución, cada uno de ellos, por la cantidad de $7´971,264.10 siete millones novecientos setenta y un mil doscientos sesenta y cuatro pesos , con diez centavos en moneda nacional, para garantizar el posible pago de la reparación del daño." Luego, si la protección federal se otorgó para ese preciso efecto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Lo anterior, dado que la responsable, tras dejar insubsistente el proveído declarado inconstitucional, emitió uno nuevo, en el que, con la libertad de jurisdicción otorgada, estableció los montos que los impetrantes debían cubrir para gozar del beneficio de la libertad provisional bajo caución, bajo los lineamientos del amparo concedido, pues: Motivó y fundo su nueva determinación; Consideró y ponderó las condiciones particulares de cada uno de los impetrantes (antecedentes de los inculpados, su condición económica, demás cuestiones como la gravedad y circunstancias del delito, y el interés que tengan los procesados en sustraerse o no de la acción de la justicia) para establecer el monto relativo a las obligaciones procesales; Citó los datos objetivos en que basó su determinación; Individualizó el monto relativo a las obligaciones procesales por cuanto a cada inculpado, sin exceder a los anteriormente decretados; y, Dejó intocado lo relativo a la reparación del daño. No empece lo anterior, los argumentos vertidos por el autorizado de la parte quejosa en su ocurso registrado con el número 12054, en el sentido de que se debe requerir a la responsable para que informara si se verificaron con posterioridad a la emisión del proveído declarado inconstitucional, diversos medios de prueba relacionados con la reparación del daño, para así, emitir una nueva resolución valorándolos y determinando un nuevo monto al respecto; sin embargo, dicho argumento deviene inatendible, pues como se asentó en el fallo de primer y segundo grado, el tópico relativo a la reparación del daño, debía quedar intocado, y únicamente se concedió el amparo en lo inherente a las obligaciones procesales de los activos, lo que como se dijo, fue cabalmente cumplida por la responsable. Por otra parte, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral antes referido de la Ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente y el original de cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, concediéndose la medida cautelar provisional y definitiva, debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Finalmente, ya que resulta innecesaria la retención de los catorce tomos de pruebas que adjuntó el Juez Tercero Penal de Partido en esta ciudad a su informe justificado, devuélvansele; sin que sea el caso que remita el acuse de recibo relativo, virtud a que el mismo lo recabará al momento de la entrega, el fedatario que entregue la misiva correspondiente.

  3. Incidental

    Por recibido el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, mediante el cual devuelve el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, así como testimonio de la resolución pronunciada en el incidente en revisión penal 209/2017, en la que determinó: "ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente en revisión." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y glósense únicamente las actuaciones originales que obren en el cuaderno de antecedentes formado.

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta, signado por **********, autorizado de la parte quejosa, téngase realizando diversas manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; las que se tomarán en cuenta en el momento procesal oportuno. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que no se giró el oficio para notificar al Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado Tercero Penal de Partido en esta ciudad, respecto del auto de diecinueve de los corrientes, en el que se dio vista a las partes para que se manifestaran respecto del cumplimiento dado al fallo protector; consecuentemente, en obvio de dilaciones procesales, gírese la comunicación correspondiente.

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