Rafael Sandoval Ortiz
Expediente 152/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 152/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- Rafael Sandoval Ortiz
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cinco de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, por medio del cual remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el conflicto competencial 7/2021; por tanto, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en Iguala de la Independencia, Guerrero, y el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, con residencia en ciudad de Chilpancingo de los Bravo, también de esta Entidad Federativa. SEGUNDO. Es legalmente competente el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, para conocer del a demanda de amparo promovida por Rafael Sandoval Ortiz, contra actos que reclama del Gobernador, del Congreso y de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del propio Congreso, todos del Estado de Guerrero, por las consideraciones expresadas en el último considerando." En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el cuaderno de antecedentes en que se actúa carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso j), del capítulo octavo, relativo a los expedientes destruibles, se determina que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a diez de agosto de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que admitió a trámite el conflicto competencial entre jueces de distrito, relativo al suscitado entre este Juzgado Federal y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala, en el juicio de amparo ******************** y/o ******************** respectivamente, al que le correspondió el número de registro 7/2021. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo********************Guerrero********************a diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)********************signado electrónicamente por la ******************** ****************************************en el que obra inserto el auto de veinticuatro de mayo del presente año********************del que se aprecia que dicho órgano jurisdiccional insiste en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo promovida ********************por propio derecho********************que dio origen al juicio de amparo 152/2021********************del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. Asimismo********************informa que ordenó remitir los autos del juicio de amparo 152/2021 al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito********************que por turno corresponda********************con residencia en Acapulco********************para que resuelva el conflicto competencial que sobre el particular se suscitó entre el Juzgado de Distrito oficiante y este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo de mérito********************de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 1091-II-A, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Iguala, en el que obra inserto el auto de once de mayo del año en curso, del que se aprecia que dicho órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Rafael Sandoval Ortiz, por propio derecho, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y otras, remitiendo al efecto los autos originales del juicio de amparo 113/2021, de su índice, por los motivos que ahí expone. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 152/2021; fórmese expediente impreso y electrónico. Dígase al oficial administrativo encargado de la mesa a la que le corresponde el expediente, que queda a su cargo la digitalización diaria de todas las promociones, documentos y acuerdos que se elaboren, así como información relacionada con éste, misma que deberá de ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que al secretario le corresponderá cerciorarse de que el expediente electrónico coincida con el impreso en su totalidad. Ahora bien, el suscrito Juzgador no comparte el criterio adoptado por el juzgado declinante y por ende no se acepta la competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, por las razones que a continuación se precisan: La competencia es la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio; así, un tribunal es competente para conocer de un asunto cuando, hallándose éste dentro del ámbito de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. De este modo, la competencia por territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, al que se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. En el artículo 37 de la Ley de Amparo se establecen tres reglas fundamentales para determinar la competencia territorial de los jueces de distrito, atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman: Cuando el acto requiera ejecución material, la competencia para conocer del juicio de amparo recaerá en el juez que ejerza jurisdicción en el lugar (territorio) donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Del mismo modo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el juez competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esto es, resulta de gran importancia, a efecto de definir la competencia territorial de los jueces de distrito, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Si la tiene, el juez competente será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o bien, ha comenzado ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, la competencia recae en el juez ante el que se presenta la demanda. De igual manera, si el acto reclamado no requiere de ejecución material, la competencia se surte en favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En relación con este último supuesto, véase la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Ahora bien, a los actos que tienen ejecutividad se les conoce, doctrinaria y jurisprudencialmente, como positivos. Estos actos se traducen en un hacer de las autoridades, voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o un no hacer, y que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Se traducen, pues, en un hacer positivo de la autoridad. En cambio, cuando carecen de ejecución material se les conoce como negativos. Un acto es negativo cuando a través de él la autoridad se rehúsa expresamente a obrar en favor de la pretensión del gobernado. La negación se entiende como un no conceder o en decir que una cosa no es cierta. Esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niega lo que los gobernados les solicitan. También los hay negativos con efectos positivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia, ha señalado la existencia de los actos negativos con efectos positivos partiendo del conocimiento de los actos negativos; asimismo, los ha definido como: "aquellos actos aparentemente negativos, pero con efectos positivos". La limitación de estos actos estriba en los efectos que producen (que se identifican con los efectos producidos por los actos positivos) y que se traducen en actos efectivos de las autoridades que tienden a imponer obligaciones a los individuos. Se distinguen también los actos declarativos. Dichos actos solamente se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero no implican modificación alguna de derechos o de situaciones existentes. En ese contexto, el quejoso en el apartado correspondiente a los actos reclamados, señaló: "IV. Actos reclamos: Los siguientes: a) Del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, le reclamamos lo siguiente: La aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. La designación para el cargo de Magistrados a favor de Benjamín Gallegos Segura y Mariana Conteras Soto, quienes no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Al Congreso del Estado de Guerrero, le reclamamos: La inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. La aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. La ratificación, el día 28 de abril de 2021, de los nombramientos de Magistrados hechos por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero a favor de Benjamín Gallegos Segura y Mariana Conteras Soto, quienes no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. c) A la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso del Estado de Guerrero, le reclamamos: La aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. El dictamen en virtud del cual se aprobó la elegibilidad para la ratificación de los nombramientos de Magistrados hechos por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero a favor de Benjamín Gallegos Segura y Mariana Conteras Soto, quienes no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (.)" Como se ve, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, así como el procedimiento de designación para el cargo de magistrados a favor de Benjamín Gallegos Segura y Mariana Conteras Soto. De lo que se sigue que el acto reclamado en esta instancia constitucional es declarativo, el cual es atribuido a autoridades que en efecto se encuentran dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, como lo son el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, Congreso del Estado de Guerrero y la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del órgano legislativo, residentes en esta ciudad; sin embargo, esto último es insuficiente para decretar la incompetencia que el juzgador oficiante plantea. Es decir, en el caso particular dada la naturaleza del acto reclamado, este Juzgador Federal considera que carece de ejecución material, pues su dictado no conlleva una acción, una orden, una privación, una molestia o alguna otra situación que implique un hacer positivo por parte de alguna autoridad, sino que sus efectos son meramente declarativos, se reducen a poner de manifiesto una situación jurídica particular, y aun considerando que los actos combatidos tuvieran una ejecución material, en todo caso no recae en la jurisdicción en donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción, tomando en consideración que el aquí quejoso se ostenta en el organigrama del ente oficial en el cual se designaron a los magistrados que refiere con el cargo de Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Distrito Judicial de Hidalgo, residente en Iguala, Guerrero, lugar en que reside y ejerce jurisdicción el Juzgado oficiante. Ello se explica en el sentido de que, si bien las autoridades señaladas como responsables residen en esta ciudad, lugar en donde se ejerce jurisdicción; sin embargo, se reitera que ello es insuficiente para determinar la competencia del suscrito juzgador para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, toda vez que el domicilio en el particular como se dijo no es determinante, pues de ser así, se llevaría al extremo de que al residir en esta ciudad todas las secretarías del Ejecutivo, del poder legislativo y judicial del Estado, este último en su mayoría, todos los juicios de amparo los tendrían que conocer los Juzgados de Distrito que residen en esta ciudad. Lo anterior, en virtud que el hecho que las autoridades responsables residan en el lugar en que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal no es una regla que prevea el artículo 37 de la citada Ley, más bien es una regla para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio para conocer del juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Amparo, no así, para los Juzgados de Distrito (que conocen del amparo indirecto), por lo que en el caso particular se estima que debe ser el Juez Federal que previno el competente para conocer la demanda, por las razones apuntadas. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 141/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, Décima Época, bajo el registro: 2010273, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, visible en la página 1681, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO REQUIERA DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Del artículo 34 de la Ley de Amparo se advierte la existencia de 2 reglas para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo directo: una general y otra especial. En efecto, en su párrafo segundo, establece que la competencia de dichos órganos jurisdiccionales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado (regla general), mientras que su párrafo último dispone que, en materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, el competente será el que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (regla especial). Así, cuando la sentencia o resolución recurrida dictada por un tribunal agrario no requiera de ejecución material, como por ejemplo, cuando en tal decisión se desechó un recurso, no se actualiza el supuesto normativo previsto en el párrafo último del mencionado numeral 34, sino el del segundo, en razón de que sólo se trata de una resolución de segunda instancia que produce consecuencias y efectos meramente declarativos; por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo directo contra esa decisión, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable." En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia declinada; por ende, se ordena devolver al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Iguala, Guerrero, el juicio 113/2021, de su índice, promovido por Rafael Sandoval Ortiz, por propio derecho, que dio origen al presente asunto; solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y demás constancias que se consideren necesarias. Sin que sea necesario ordenar la notificación personal de la parte quejosa en relación a este acuerdo, toda vez que al no haberse aceptado la competencia del juicio de amparo, es indudable que este juzgado federal no se vinculó con el procedimiento de la contienda constitucional. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página 55, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION, EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE", que en lo conducente establece: "... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado." Notifíquese.
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