Rafael Moran Cuevas

Expediente 1769/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1769/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Rafael Moran Cuevas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído, HA CAUSADO ESTADO; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes; y con apoyo en el diverso 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en su artículo 21, inciso a), del capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes judiciales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído. Notifíquese. ¿

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a once de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Juez Unitario el Tribunal de Enjuiciamiento Penal, con sede en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de trece de abril del año en curso, informa que el dos de marzo del año en curso, se llevó a cabo la continuación de la audiencia. Asimismo, hace del conocimiento que el veintiuno de marzo de dos mil veintidós, en la carpeta judicial ******************** dictó sentencia definitiva absolutoria a ********************, al no haberse acreditado por insuficiencia de pruebas, el delito de abuso sexual de personas menores de edad, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales ********************, lo que corrobora con copia certificada de las constancias relativas. En tales circunstancias, se determina innecesario continuar con la tramitación del juicio de amparo, por las razones que se explican a continuación: Como se adelantó, de las constancias enviadas por la mencionada autoridad responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el veintiuno de marzo de dos mil veintidós, en la carpeta judicial ******************** dictó sentencia definitiva absolutoria a ********************, al no haberse acreditado por insuficiencia de pruebas el delito de abuso sexual de personas menores de edad, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales ******************** En consecuencia, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la referida resolución. En este contexto, previo a realizar el pronunciamiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar correctamente el acto reclamado, atendiendo en su integridad la demanda de amparo y sus anexos, en congruencia con todos sus elementos, incluso con el informe justificado y la totalidad de las constancias que obran en el sumario. Lo anterior, encuentra fundamento por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XI, abril de 2000, página 32, registro 192097, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De igual forma, es aplicable la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, abril de 2004, página 255, registro 181810 de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, de la lectura integra al escrito de demanda y del análisis de los elementos a que hacen referencia las tesis invocadas, atendiendo además la causa de pedir, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza, en la carpeta judicial ******************** en la que se desechó el recurso de revocación y se confirmó el auto de veintitrés de ese mismo mes y año, en el que se difirió la audiencia de debate de juicio oral. Sin que pase inadvertido para quien esto resuelve que el quejoso señaló como acto reclamado la resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, lo que resulta incorrecto, dado que lo correcto es resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, tal como se precisó en el párrafo anterior. En ese contexto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, en la especie sobreviene la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y.". Sobre el tema, cabe destacar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, que acude a él con el fin de restituirlo en el pleno goce de las prerrogativas que le hayan sido violadas, ya que tanto el legislador ordinario, como la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido e interpretado, respectivamente, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan éste a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse en cuanto a la ejecución de sus efectos y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. En ese tenor, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, lo cual se actualiza en el caso que se advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han materializado en la esfera jurídica del impetrante, ni se materializarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, como se precisó en párrafos anteriores, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria; lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector no cumpla con su finalidad. En ese sentido, de las constancias que remitió la autoridad oficiante, se aprecia que el treinta de noviembre de dos mil veintidós, en la carpeta judicial ******************** el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal, con sede en la ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza, dictó la resolución en la que se desechó el recurso de revocación y se confirmó el auto de veintitrés de ese mismo mes y año, en el que se difirió la audiencia de debate de juicio oral. Sin embargo, el veintiuno de marzo de dos mil veintidós, el Juez Unitario el Tribunal de Enjuiciamiento Penal, con sede en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza, dictó sentencia definitiva absolutoria a ********************, al no haberse acreditado por insuficiencia de pruebas el delito de abuso sexual de personas menores de edad, cometido en agravio de la víctima de identidad reservada con iniciales ******************** Bajo esta circunstancia, aun cuando subsiste la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, toda vez que el veintiuno de marzo de dos mil veintidós, el Juez Unitario el Tribunal de Enjuiciamiento Penal, con sede en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza, en la carpeta judicial ******************** dictó sentencia definitiva absolutoria a ********************. Lo que da como resultado que el acto tildado de inconstitucional quedó sin materia, dejando de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, actualizándose de esta manera de manera manifiesta e indubitable, la causal de improcedencia invocada. De este modo, es intrascendente que en el caso de que llegase a dictarse sentencia en la que se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, se obligue a la autoridad responsable a realizar algún tipo de conducta referente al acto aquí combatido, ya que ello a nada práctico conduciría, pues no tendría el alcance de modificar o alterar la situación jurídica en que actualmente se encuentra el juicio natural. Es aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, Registro digital 173858, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y nueve, tomo XXIV, diciembre de 2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." También sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón la tesis número VI.2o.T.38 L, Registro digital 187785, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página 829, del Tomo XV, Febrero de 2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE SURTE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SUBSISTE, PERO SU OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR POR HABERSE CELEBRADO Y CUMPLIDO ANTE LA AUTORIDAD DE INSTRUCCIÓN, UN CONVENIO ENTRE LAS PARTES. Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento citado, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional, señalada para las ONCE HORAS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS; comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales conducentes; y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el telegrama enviado por el Juez Coordinador del Juzgado de Control, Enjuiciamiento Penal y Ejecución Penal, con sede en la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en proveído de trece de abril del año en curso, informa que si se llevó a cabo la continuación de la audiencia fijada para las diez horas del dos de marzo del año en curso. Asimismo, indica que se dictó sentencia absolutoria a Rafael Moran Cuevas, al no haberse acreditado por insuficiencia de pruebas, el delito de abuso sexual de personas menores de edad, cometido en agravio de la victima de identidad reservada con iniciales C.R.M., por lo que se ordenó la libertad del aquí quejoso, dentro de la carpeta de juicio oral 17/2022, de su índice; en consecuencia, con fundamento en el numeral 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlas el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Finalmente, una vez que se reciban las documentales que remitió físicamente, se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a trece de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que es necesario tener a la vista el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Unitario del Tribunal de Enjuiciamiento Penal con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, dentro de la carpeta judicial JO-17/2022, asimismo, es necesario saber si se llevó a cabo la continuación de la audiencia fijada para las diez horas del dos de marzo del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75, de la Ley de la materia y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Juez Unitario del Tribunal de Enjuiciamiento Penal con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Morelos, la Montaña y Zaragoza, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, por conducto de su Titular Jorge Luis García Galán, para que en el término de tres días contados a partir del día siguiente al en que le surta efecto la notificación del presente proveído, remita copia certificada del auto de siete de octubre de dos mil veintidós, que emitió dentro de la carpeta judicial JO-17/2022, asimismo, para que informe si llevó a cabo la continuación de la audiencia fijada para las diez horas del día dos de marzo del año en curso. Se le apercibe que de no hacerlo en el plazo que para ello se le concede, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que, en su caso, se haga efectiva la medida de apremio; ello en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los artículo transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. Tiene aplicación al caso la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo V, Febrero de 1997, página 108, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199454, que es del rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia de mérito, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES. Notifíquese.

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