Rafael Salas Hernández

Expediente 228/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
228/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
20/09/2021

Partes del expediente

  • Rafael Salas Hernández
  • Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta signado Elías Moisés Rosas Ríos, quien dice ser delegado de las autoridades Tesorero Municipal y Jefe de Catastro, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual, informa el impedimento que tienen para dar cumplimiento a la sentencia amparadora, por las razones que expone y solicita se deje sin efectos el apercibimiento dictado en autos; luego, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y dígase que no ha lugar, toda vez que carecen de personalidad para promover en este juicio de amparo, el compareciente, así como los entes que dice representar, toda vez que no figuran como parte procesal. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis IV.1o.A.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable a página dos mil doscientos sesenta y ocho, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE ELLA QUIEN NO REÚNA ALGUNA DE LAS CALIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY DE LA MATERIA Y, POR TANTO, DEBEN DESESTIMARSE LAS PROMOCIONES, RECURSOS O INCIDENTES QUE PROMUEVA. De conformidad con el artículo 5o. de la Ley de Amparo, las partes en el juicio de garantías son: el agraviado o agraviados; la o las autoridades responsables; el o los terceros perjudicados, pudiendo tener tal carácter, enunciativamente, la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando sea promovido por persona extraña al procedimiento; el ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstas afecten dicha reparación o responsabilidad; la persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide amparo, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado y el Ministerio Público Federal, los cuales por disposición expresa de la ley pueden intervenir en el procedimiento, sin más limitaciones que las que en la misma se señalan. En esa tesitura, se concluye que aquella persona física o moral que intente oficiosamente introducirse a la relación procesal sin tener previamente reconocida por el juzgador la calidad de parte, formal o accidentalmente, carece de legitimación procesal y, por ende, la autoridad que conozca del juicio deberá desestimar las promociones, recursos o incidentes que promueva, con la salvedad prevista en el diverso 96 del ordenamiento en consulta, más aún cuando de su contenido se advierta la pretensión de afectar a las partes en el conflicto." Finalmente, sin que pase inadvertido, que en proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se ordenó archivar el juicio de amparo en que se actúa como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el sobre devuelto por el Administrador Postal de esta ciudad, mismo que contiene el oficio número 37879, de tres de septiembre del año en curso (foja 71), a consignación del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, por la razón que se expone; sin embargo, agréguese a sus autos sin mayor acuerdo, en virtud de que por auto de dieciocho de abril del año actual (foja 33), se tuvo como inexistente a la citada autoridad que señaló la parte quejosa como responsable.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el sobre devuelto por el Administrador Postal de esta ciudad, mismo que contiene el oficio número 34240, de tres de agosto del año en curso (fojas 65 a 67), a consignación del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, por la razón que se expone; sin embargo, agréguese a sus autos sin mayor acuerdo, en virtud de que por auto de dieciocho de abril del año actual (foja 33), se tuvo como inexistente a la citada autoridad que señaló la parte quejosa como responsable.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la ley de amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de tres de agosto del año en curso (fojas 60 a 64); en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la ley en comento, aplicado contrario sensu, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; en cuyo punto Vigésimo Primero, del capítulo Quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto Vigésimo Primero del capítulo Quinto, pues se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es destruible, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno. Finalmente, devuélvase las constancias a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Nayarit, con sede en esta ciudad.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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