Rafael Salas Hernández
Expediente 2044/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2044/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2019
Partes del expediente
- Rafael Salas Hernández
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al cual anexa, un testimonio certificado de la ejecutoria terminada de engrosar el uno de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro del expediente auxiliar 514/2019, por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región de Culiacán, Sinaloa, derivado del amparo en revisión administrativo 110/2019, relativo al juicio de amparo 169/2018. Ahora bien, de lo resuelto por el referido Tribunal Colegiado, se aprecia que, confirmó la sentencia recurrida y sobreseyó en el sumario constitucional en que se actúa; por ende, realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; de igual manera, acúsese el recibo de estilo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia Vigente, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se concluye que el presente expediente es destruible en la forma y términos indicados en el propio Acuerdo General, una vez que transcurra un término de cinco años contados a partir de la notificación de este proveído, de conformidad con su punto vigésimo primero, fracción II, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el dispositivo 11 del citado Acuerdo. Por otra parte, toda vez que existen documentos originales (fojas 12 a 14) exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el punto Vigésimo del Capítulo Quinto, segundo párrafo, dése vista a la misma para que dentro del término de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional con el objeto de recoger los que exhibió como pruebas dentro del presente sumario constitucional, previa copia certificada que de los mismos se dejen en autos; bajo apercibimiento que de hacer caso omiso dentro del plazo indicado, una vez que transcurran cinco años serán destruibles, acorde a lo establecido en el párrafo que precede. Con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, una vez transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, debido a que, en lo que al caso interesa, se concedió la suspensión de los actos reclamados, a excepción de la resolución relativa a su otorgamiento, la cual deberá conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
S E N T E N C I A: VISTOS, para resolver, los autos que integran el Juicio de Amparo Indirecto 971/2019, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de abril de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, Teófilo Trejo Sálazar, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES - CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. - GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT. - SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT. -SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. -DIRECTOR DEL PERIODICO OFICIAL, ORGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. - RECAUDADOR DE RENTAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT. - DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE NAYARIT ACTOS RECLAMADOS. "a).-Reclamo del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, la discusión, aprobación y expedición de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año 2019, la cual fue publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el día 22 de Diciembre de 2018, en particular el articulo 22 fracciones I, XVIII y XXXIX en relación con los artículos 11,12 y 13 de la Ley antes mencionada. b).-Del C. Gobernador del Estado de Nayarit, reclamo la expedición y orden de publicación del dispositivo legal señalado en el inciso a) que antecede. c).- Del C. Secretario General de Gobierno del Estado de Nayarit, el Refrendo del dispositivo reclamado en el inciso a) que antecede. d).-Del Director del Periódico Oficial del Estado, la Publicación en dicho órgano de difusión oficial, de la ley que se reclama en el inciso a) que antecede e).- Del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit, la aplicación en mi perjuicio de los preceptos que se reclaman en el inciso a) que antecede. f).- Del Secretario de Administración y Finanzas y C. Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, EL COBRO EN MI PERJUICIO DE LOS DERECHOS que se describen en los dispositivos de referencia, del inciso a) que antecede. g).-Reclamo y demando del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Nayarit y del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, la aplicación del artículo 22, fracciones I, XVIII y XXXIX en relación con los artículos 11,12 y 13 de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2019, y en vía de consecuencia el cobro de la cantidad indebida por el importe total de $20,375.77 (Veinte Mil Trescientos Setenta y Cinco Pesos 77/100 Moneda Nacional)." La parte quejosa indicó como derechos violados los contenidos en los ordinales 13 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil diecinueve, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por un lado desecho la demanda de amparo respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial, ambos del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, y por otra, admitió a trámite la demanda, la cual se registró con el número 971/2019; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los ordinales 94 y 103, fracción I, de la Constitución Federal; 1, 37 y 107, fracción I de la Ley de Amparo; asimismo, el 144, en relación con el 52, fracción III, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y Límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que se promueve en contra de normas administrativas emitidas por autoridades estatales, cuya ejecución se llevó a cabo dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en términos de los dispositivos y acuerdo de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004 y en la jurisprudencia P./J. 40/2000. Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda se observa que se reclama: Del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad: Los artículos 11, 12, 13 y 22, fracciones I, XVIII, y XXXIX que prevén lo relativo al pago de derechos por inscripción de documentos públicos y por inscripción -entre otros- de préstamos hipotecarios, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Asimismo, del Recaudador de Rentas, Secretario de Administración y Finanzas y, del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio ambos del Estado de Nayarit, reclama: El primer acto de aplicación de los preceptos descritos, consistente en el cobro de las contribuciones que éstos prevén. TERCERO. Sobreseimiento del juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado. El presente juicio de amparo debe sobreseerse respecto del acto reclamado al Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nayarit y Secretario de Administración y Finanzas, ambos con residencia en esta ciudad, en virtud de que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que es inexistente, además, la parte quejosa no desvirtuó la negativa de las responsables. En ese contexto, el dispositivo 63, fracción IV de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional.". El precepto trascrito contiene dos supuestos de sobreseimiento en los juicios de amparo: Cuando esté claramente demostrado que no existe el acto reclamado; y, b) Cuando no se demuestre su existencia. Así pues, la prueba de la no existencia del acto reclamado, al igual que la falta de prueba respecto de la existencia alegada por los quejosos, conduce al sobreseimiento. En el caso, el Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nayarit y Secretario de Administración y Finanzas, ambos con residencia en esta ciudad, negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado tal negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado a dicha autoridad, lo procedente es decretar el sobreseimiento, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo. Por analogía, sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia número PC.I.P. J/54 K, del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, perteneciente a la décima época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil diecinueve, con número de registro 2019326, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NIEGAN LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, CON INDEPENDENCIA DE QUE OTRAS TAMBIÉN SEÑALADAS COMO RESPONSABLES LO ACEPTEN. La causal de sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, en términos del precepto y fracción citados, se actualiza cuando las autoridades responsables, al rendir su informe justificado, lo niegan o cuando el quejoso no prueba su existencia en la audiencia constitucional, con independencia de que otras autoridades también señaladas como responsables lo admitan, pues la aceptación del acto reclamado por estas últimas, salvo casos de excepción, no desvirtúa la negativa de las autoridades a quienes de manera independiente y autónoma se les atribuyó por el quejoso, por lo que dicha causal de sobreseimiento es de estudio preferente a la diversa de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, relacionada con la actualización de alguna causal de improcedencia." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir informe con justificación el Congreso del Estado de Nayarit, por conducto del Presidente de la Comisión de Gobierno, con residencia en esta ciudad, admitió el acto que le fue reclamado; esto es, su intervención en el proceso legislativo de creación de las normas legales cuestionadas de inconstitucionales, por tanto, dicho acto resulta cierto. Por otra parte el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno en representación del Gobernador del Estado de Nayarit negó el acto que le fue reclamado; pese a esto, se advierte que aceptó la intervención en el procedimiento de creación de las normas combatidas, de ahí que resulte cierto. Aunado a lo anterior, el ordenamiento general reclamado, dada su notoria existencia no está sujeto a prueba de conformidad con lo dispuesto en los numerales 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2, de esta última. Fortalece la decisión que se adopta, la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a dos mil, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, número sesenta y cinco, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." También, la jurisprudencia 2ª./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos sesenta, del Tomo XII, agosto del año dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Por último, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas por conducto del Director General Jurídico, aceptó el acto que le fue reclamado (foja 81 y 82). QUINTO. Estudio relativo a las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, página 553, del texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, el Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Gobernador del Estado, aduce que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, de la Ley de Amparo, toda vez que, a su decir, la parte quejosa omitió exponer conceptos de violación respecto de los actos reclamados que le son atribuidos. El alegato anterior debe desestimarse en razón de lo siguiente. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, respectivamente, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.] VIII. Los conceptos de violación." De conformidad con la fracción III del segundo numeral citado, un requisito esencial de la demanda es que en caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; en tanto, que la fracción VIII del referido precepto legal establece que uno de los requisitos de la demanda de amparo es que contenga conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, máxime que el asunto que nos ocupa, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que opere la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación. Ahora, de la demanda de amparo, se aprecia la existencia de argumentos que contienen razonamientos jurídicos concretos, la precisión del agravio o lesión, así como los motivos que los generan que incluyen causa de pedir respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables, consistentes en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, entre ellos los artículos 11, 12, 13 y 22, fracciones I y XVIII, aquí combatidos, los cuales no se reproducen en obvio de repeticiones innecesarias y que más adelante se resumen, lo que prueba para esta juzgadora constitucional que se le proveyó de argumentos jurídicos concretos, para razonar el sentido en que se resolverá. En consecuencia, se reitera, la causa de improcedencia en estudio es infundada, respecto de los artículos 11, 12, 13 y 22, fracciones I y XVIII reclamados. SEXTO. Sobreseimiento respecto de la fracción XXXIX del artículo 22, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, de la Ley de Amparo, toda vez que, la parte quejosa omitió exponer conceptos de violación respecto del acto reclamado consistente en la fracción XXXIX del artículo 22, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve. El quejoso reclama el artículo 22, fracción XXXIX de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que señala: "ARTÍCULO 22.- Los Derechos por los servicios prestados en materia de Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deberán ser pagados como sigue: (.) "XXXIX.- Cuando el mismo título o documento contenga dos o más actos a inscribir, los derechos se causarán por cada uno de ellos, calculándose y pagándose por separado." El quejoso argumenta que es inconstitucional. Dicho argumento no contiene causa de pedir. En principio, es necesario señalar que los conceptos de violación deben encontrarse dirigidos a controvertir el acto o resolución reclamado. En ellos, el quejoso debe señalar, en primer lugar, cuál es la pretensión, esto es, qué es lo que reclama. Luego, en segundo lugar, debe indicar la causa petendi o causa de pedir, que consiste en señalar el porqué de la pretensión, exponiendo fundamentos o razones encaminadas a poner en evidencia la lesión o agravio que el quejoso considera le origina el acto reclamado. En ese orden de ideas, si el quejoso no expone argumentos en los exponga las violaciones que le ocasiona el acto reclamado o se limita a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, de manera que no se exprese la razón por la que considera que la determinación reclamada ocasiona alguna lesión o agravio, es obvio que tales conceptos de violación no pueden ser analizados, al no contener la causa de pedir. Es sustento de lo argumentado, el criterio emitido por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Jurisprudencia I.4o.A. J/33, visible en la página 1406 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, agosto de dos mil cuatro, materia común, novena época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. SON INOPERANTES SI NO SE REFIEREN A LA PRETENSIÓN Y A LA CAUSA DE PEDIR. Los conceptos de violación o agravios deben indefectiblemente encontrarse vinculados y relacionados con el contexto litigioso que se sometió a la jurisdicción ordinaria. Como antecedente conviene puntualizar el contenido de la frase "pretensión deducida en el juicio" o petitum al tenor de lo siguiente: a) La causa puede ser una conducta omitida o realizada ilegalmente, o bien, el acto ilícito que desconoce o viola un derecho subjetivo que es motivo de la demanda y determina la condena que se solicita al Juez que declare en su sentencia, es decir, es la exigencia de subordinación del interés ajeno al propio; b) La pretensión o petitum es la manifestación de voluntad de quien afirma ser titular de un derecho y reclama su realización; c) El efecto jurídico perseguido o pretendido con la acción intentada y la tutela que se reclama; y, d) El porqué del petitum es la causa petendi consistente en la razón y hechos que fundan la demanda. Así las cosas, los conceptos de violación o agravios deben referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es, al qué se reclama y, en segundo lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las pruebas (que son la base de lo debatido). La conexión o relación de estas últimas sólo debe darse con los hechos, que son determinantes y relevantes para efectos de la pretensión, en virtud de ser el único extremo que amerita y exige ser probado para el éxito de la acción deducida, tal como lo establecen los artículos 81 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En tal orden de ideas, si la quejosa no señala la parte de las consideraciones de la sentencia que reclama, motivo de controversia, o se limita a realizar meras afirmaciones, bien sean generales e imprecisas o sin sustento o fundamento, es obvio que tales conceptos de violación son inoperantes y no pueden ser analizados bajo la premisa de que es menester que expresen la causa de pedir". En el caso, el quejoso reclama el artículo 22, fracción XXXIX de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; respecto a éste, se advierte que el peticionario expone como concepto de violación que dicho precepto es inconstitucional. Así, si bien es cierto que el quejoso señala que el objeto de su reclamo es la inconstitucionalidad del precepto citado, su argumento no contiene causa de pedir, pues no expresa las razones por la que hace esa aseveración, ni por qué le ocasionan alguna lesión o agravio. De ahí que, al no contener causa de pedir el concepto de violación en estudio, actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el diverso 108, de la Ley de Amparo, por lo tanto se sobresee el juicio de amparo en relación con el artículo 22, fracción XXXIX de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. SÉPTIMO. Estudio y resolución del asunto. Así, en primer término, se realizara el estudio de los conceptos de violación relativos al artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. En ellos, el quejoso reclama esencialmente la inconstitucionalidad del ordinal de previa cita, pues considera que se transgreden los principios de proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República. Lo anterior, argumenta la parte quejosa, porque para fijar el monto del derecho de inscripción de instrumentos públicos, el artículo 22 de la legislación reclamada establece un elemento ajeno al que debe tomarse en cuenta para cuantificar un contribución de esa naturaleza, pues establece que debe calcularse en función del 0.6 (fracción I, por inscripción de documentos públicos) y 3.0 (fracción XVIII, por inscripción de hipoteca) por ciento del valor de la operación, pero no atiende la relación proporcional entre el costo del servicio y la cuota misma, como establece la fracción IV del artículo 31 constitucional. Tales argumentos resultan fundados para conceder del amparo solicitado. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos. .IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". Dicho precepto revela que las contribuciones se clasifican en federales, estatales y municipales y que deben ser proporcionales y equitativas conforme lo dispongan las leyes respectivas. En concordancia con lo anterior, los artículos 3 y 4 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, clasifica las contribuciones y determina los derechos de la siguiente manera: "ARTICULO 3.- Los ingresos a que se refiere el artículo anterior se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Son ordinarios, las contribuciones, los productos, los aprovechamientos, las participaciones, así como las aportaciones y transferencias de recursos federalizados. Son Extraordinarios; los Empréstitos, los apoyos y subsidios federales así como aquellos cuya percepción se decrete excepcionalmente.". "ARTICULO 4.- Las Contribuciones se clasifican en Impuestos, Derechos y Contribuciones por Mejoras. I.- (.) II.- Derechos son las contraprestaciones establecidas en Ley con carácter obligatorio a cargo de quienes utilizan los servicios que presta el Estado en su función de Derecho Público, incluso cuando se presten por organismos descentralizados o por la regulación que realiza el Gobierno del Estado, así como por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Estado, y III.- (.)" Lo anterior permite establecer, que los derechos se encuentran inmersos dentro del ámbito de las contribuciones y que éstos se causan cuando se reciben servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado tal concepto en la Jurisprudencia 173, que establece: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU CONNOTACIÓN. Si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes, que reciben el nombre de "derechos." En ese sentido, es dable concluir que los derechos tienen las siguientes características: Son contribuciones; b) Deben encontrarse establecidos en una ley; y c) Por ser servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público, debe pagarse el tributo correspondiente. Se dice que son contribuciones, pues si bien es verdad al gobernado corresponde solicitar la prestación del servicio, el pago de su precio es obligatorio. Y al ser así, deben encontrarse consignadas en una ley, en congruencia con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Federal, en aras de observar el principio de legalidad. Por último, se afirma que corresponden a los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, pues lo contrario equivaldría a ubicarlas en la hipótesis de los productos. De ahí que se concluya que los derechos definidos por el anotado artículo 4 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, como los tributos establecidos en la ley por recibir los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, son aquellos que exigen una contraprestación de parte del Estado. Indicado lo anterior, es necesario señalar las características propias de dichas contribuciones a la luz de la Jurisprudencia 175, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en las páginas doscientos trece a doscientos catorce, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación en cita cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como "las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio", lo que implicó la supresión del vocablo "contraprestación"; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares". De acuerdo con el criterio establecido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia cuya trascripción antecede, es dable interpretar como aspectos distintivos de la contribución en estudio-derechos-, el costo del servicio que preste el Estado y el monto de la cuota del mismo, aspectos de los cuales emerge como preponderante, el atinente al costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio prestado al gobernado, pues el hecho generador de esta contribución, radica esencialmente en la prestación del servicio. Por ello, en la medida en que exista equilibrio entre los apuntados elementos, será proporcionado y equitativo el tributo que por concepto de derechos en el citado rubro se imponga al gobernado. Así pues, a propósito del principio del hecho generador, cabe tener presente que el mismo se refiere a que el sujeto pasivo de la relación jurídico tributaria, tendrá la obligación de pagar las contribuciones y sus accesorios, cuando se ubique en la situación jurídica o de hecho prevista en la norma impositiva de la cual se deriva la obligación fiscal. En ese orden, si bien es verdad que de la fracción IV del artículo 31 constitucional se deriva la obligación de todos los ciudadanos mexicanos de realizar las aportaciones por concepto de contribuciones para que sean aplicadas a la satisfacción de las necesidades sociales; también lo es, que tal contribución al gasto público debe entenderse en forma proporcional y equitativa, según el ámbito de su regulación y conforme a las leyes expedidas al efecto. Es así, toda vez que el fin del Estado corresponde a la medida del deber de contribuir, pues entre más recursos tenga, aunado a la mejor aplicación y administración de los mismos, el resultado será un servicio público de mayor satisfacción y calidad a la sociedad, pues el pago por concepto de derechos, entre otros, se traduce en los servicios recibidos en términos generales, sin perjuicio de aplicarlos a gastos destinados a actividades que no implican su devolución a través de algún servicio social directo. Sin embargo, es menester acotar que para el caso de las contribuciones habidas por el pago de "derechos", su proporcionalidad y equidad se rige por un sistema distinto del que marca la pauta para el pago de los impuestos, lo cual, como se sostuvo en párrafos precedentes, forman dentro del ámbito de las contribuciones una categoría distinta a la de los derechos. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 174, visible en las páginas doscientos doce a doscientos trece, del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación en consulta, que a la letra dice: "DERECHOS POR SERVICIOS. SU PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD SE RIGEN POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. Las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador trata de satisfacer en materia de derechos a través de una cuota o tarifa aplicable a una base, cuyos parámetros contienen elementos que reflejan la capacidad contributiva del gobernado, se traduce en un sistema que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico-fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo y sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos". Lo anterior, conduce al análisis de los principios de proporcionalidad y equidad, desde el punto de vista de su aplicación al cobro de derechos, cuyo principal efecto radica en controlar que el costo que representa para el estado la prestación del servicio y la cuota que fije por el otorgamiento de dicha prestación, sea justa y equitativa. En ese sentido, el principio de proporcionalidad que rige a los derechos fiscales, se funda en que el monto de las cuotas o tarifas de éstos guarden una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el Estado, la cual no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. De ahí que, para fijar los derechos de que se trata, como ya se indicó, no se ha de estar en concordancia con la capacidad contributiva del gobernado, ni con cualquier otro factor o elemento que no sea el costo del servicio que presta el Estado dentro de sus funciones de derecho público, con base en el cual, armónicamente, se habrá de fijar la cuota correspondiente. En el caso a estudio, la parte quejosa tilda de inconstitucional el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que señala: "Artículo 22. Los servicios que preste el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, deberán ser pagados como sigue: CONCEPTO TARIFA I. Por la inscripción de los instrumentos públicos o privados en que se transmita la propiedad del Inmueble, y la de otros contratos, títulos o documentos de cualquier clase, con excepción de los que tienen cuota especial, el derecho se causará sobre la tasa del 0.6 por ciento. Estas transmisiones de dominio se pagarán sobre el valor declarado para el pago del Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles." Asimismo, reclama la fracción XVIII del referido artículo 22, que establece: .XVIII.- Las inscripciones de compraventa mobiliaria, préstamos hipotecarios prendarios, refaccionarios o de habilitación o avío, sobre el valor de la operación 0.3 por ciento. El monto a pagar por los conceptos de esta fracción, no excederá de $76,760.00. Cuando el préstamo hipotecario este destinado a casa habitación del adquirente y su valor unitario no sea superior a $639,663.00, pagará el equivalente a $280.00 sin adicionales. Por la inscripción de créditos refaccionarios, sobre el valor de la operación 0.3 por ciento. Por la inscripción de créditos de habilitación o avío que se otorguen para actividades agropecuarias, se pagará: A) Personas morales; sobre el valor de la operación 0.3 por ciento. B) Personas físicas." De la lectura de la fracción I transcrita se advierte que los causantes deberán pagar el derecho por inscripción de instrumentos públicos o privados en los que se celebren contratos traslativos de dominio respecto de bienes inmuebles a la tasa del 0.6% (punto seis por ciento) sobre el valor de la operación; por su parte, la fracción XVIII, en lo conducente, establece que las inscripciones de compraventa mobiliaria, préstamos hipotecarios prendarios, refaccionarios o de habilitación o avío, sobre el valor de la operación 0.3 por ciento. Ahora bien, el hecho de que las fracciones transcritas establezcan una tasa del 0.6 % sobre el valor de la operación por la inscripción de contratos traslativos de bienes inmuebles, así como una de 0.3 % sobre el valor de la operación por inscripción de crédito hipotecario, implica que para determinar el monto por esos derechos se tome en cuenta un elemento ajeno y no el costo del servicio que presta el Estado a través de la administración pública, pues el valor de las operaciones de un contrato de compraventa inmobiliaria y el monto del préstamo hipotecario no tienen relación directa o indirecta con el costo que para el Estado tiene la ejecución del servicio. De tal manera, que los contribuyentes deberán pagar una mayor o menor cantidad dependiendo siempre del valor del contrato cuya inscripción soliciten en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (fracción I), así como el monto del préstamo hipotecario (fracción XVIII), lo que provoca que las personas que acudan a solicitar la prestación de dichos servicios, sean tratados en forma desigual frente a la norma tributaria, ya que, como se sostuvo, ésta establecen como base gravable para determinar el monto de los derechos, elementos completamente extraños al costo del servicio, ocasionando de esa manera que por un mismo servicio se paguen cuotas diferentes y, en consecuencia, que la tarifa se vuelva desproporcionada e inequitativa. Lo anterior, no obstante que tratándose de derechos por servicios que presta el Estado, para que éstos cumplan con los requisitos de proporcionalidad y equidad debe existir un razonable equilibrio entre el importe del derecho y el costo por la prestación del servicio por parte del ente público, como cuando se fija el mismo derecho por igual servicio recibido de éste, o un derecho diferente por un servicio distinto. En esas condiciones, dichas disposiciones resultan violatorias en perjuicio de la parte quejosa de los principios de proporcionalidad y de equidad tributaria, previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución General de la República, porque para el establecimiento de dichas cuotas, en realidad, se toman como parámetros el valor del inmueble y el valor del préstamo hipotecario, es decir, que el importe de los derechos por inscripción de actos de esa índole, están determinados por un elemento ajeno al costo del servicio registral, sin que atienda para la determinación de la tarifa correspondiente la relación entre el costo del servicio y la cuota, de tal manera que los contribuyentes enteran mayor o menor cantidad dependiendo siempre del monto del aumento o disminución de dicho parámetro. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P.J. 95/2009, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil cuatrocientos treinta y uno, Tomo XXX, Julio de dos mil nueve, Materias Constitucional y Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta., cuyo rubro y texto es: "DERECHOS REGISTRALES. LAS LEYES FEDERALES O LOCALES QUE ESTABLECEN LA TARIFA RESPECTIVA SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VIOLAN LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Acorde con la doctrina y la legislación tributaria, los derechos son las contraprestaciones que se pagan a la hacienda pública del Estado, como precios por servicios de carácter administrativo prestados por los órganos del poder público a las personas que los soliciten. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dichas contribuciones satisfacen los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando existe un equilibrio razonable entre la cuota y el servicio prestado, y cuando se da un trato igual a quienes reciben servicios análogos. En este contexto, las leyes federales o locales que regulan los derechos por la inscripción, anotación, cancelación o expedición de certificaciones de actos jurídicos o documentos en un registro público, estableciendo su cuantificación mediante un porcentaje o factor (sea por ejemplo, a la decena, a la centena o al millar), tomando en cuenta valores económicos o comerciales distintos al costo del servicio prestado por la administración pública, violan los indicados principios tributarios, pues se produce el efecto de que los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad dependiendo del monto de la operación que dé lugar a tales actos registrales, provocando que una misma función estatal, que tiene el mismo costo, cause distintas contraprestaciones en dinero." En ese orden de ideas, resulta inconstitucional el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, pues toman en consideración el valor del inmueble a inscribir, así como el valor del préstamo hipotecario respectivo, pero no el costo del servicio prestado; cuando en realidad lo que debe tomarse en cuenta es este último factor. En suma, se concluye la inconstitucionalidad de las contribuciones consistentes en el derecho de inscripción de instrumentos públicos y derecho de inscripción de préstamo hipotecario, previstos en el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve. En el caso, los quejosos reclaman el cobro realizado con fundamento en los preceptos anteriores. En efecto, conjuntamente con su demanda, la parte quejosa allegó la impresión de determinación de pago expedida por la Secretaría de Administración y Finanzas (foja 19), en el cual, se advierte el desglose de diversos conceptos, entre ellos, por inscripción de documento, por la cantidad de ********************pesos, así como por inscripción de préstamo hipotecario, por el monto de ********************pesos; ambas, suman la cantidad de ********************pesos. Asimismo, como se explicó, dicho pago quedó acreditado con la impresión de pago expedido por la institución bancaria ya mencionada la cual consta al reverso de la deteminación de pago expedida por la Secretaría de Administración y Finanzas, en copia certificada. Con lo anterior, se actualizan las erogaciones que la parte promovente realizó por el pago de los derechos contenidos en los preceptos tributarios analizados. No obstante, los cobros reclamados tienen sustento legal en preceptos que resultan inconstitucionales, según se analizó, por lo que es evidente que no resulta justificada la realización de aquél. Por tanto, asiste razón a la parte quejosa en cuanto a que la aplicación de las referidas disposiciones le causa perjuicio en su patrimonio. En consecuencia, al resultar inconstitucional el artículo 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, por violar los principios de equidad y proporcionalidad tributaria, por tanto, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus garantías individuales violadas, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, para los efectos que más adelante se precisarán. Enseguida, se realizará el estudio de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit, para el ejercicio Fiscal de dos mil diecinueve. Respecto al cobro de los impuestos por fomento a la educación, para la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, previstos en los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Los artículos impugnados establecen: "Artículo 11. El Impuesto para el fomento de la educación se causa con una tasa del 25 por ciento, de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit". "Artículo 12. El impuesto para la asistencia social se causa con una tasa del 15 por ciento, de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit". "Artículo 13. El impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, se causa con una tasa del 12 por ciento, de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit." De la lectura de las disposiciones transcritas, se advierten los impuestos especiales, consistentes en el impuesto para el fomento de la educación, el cual se causa con una tasa de veinticinco por ciento (25%); el impuesto para la asistencia social se causa con una tasa del quince por ciento (15%) y el impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit, se causa con una tasa del doce por ciento (12%) de acuerdo con la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit. Tales impuestos se encuentran contemplados por la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, en los artículos 80, 81 y 82, en el capítulo III, denominado "De los Impuestos Adicionales". En ese contexto, el artículo 78 de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, establece: "Artículo 78. La base de los impuestos adicionales, será el monto de lo que pague por concepto de impuestos, derechos y productos". En lo que interesa, el anterior precepto establece que para determinar el monto de los impuestos adicionales, se tomará como base la cantidad determinada al pagar otros derechos. Luego, si los impuestos para el fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit son adicionales, en este caso, su base es el monto determinado por concepto de derechos por inscripción de documentos previsto en el precepto 22, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve y se determinan aplicando tasas previstas en los artículos 11, 12 y 13 de esa misma legislación. No obstante, al ser inconstitucional el arábigo 22, fracciones I y XVIII, de la referida ley ingresos, igual pronunciamiento debe hacerse respecto de los numerales 11, 12 y 13 en estudio, que establecen los impuestos especiales destinados al fomento a la educación, a la asistencia social y a la Universidad Autónoma de Nayarit, pues dichos preceptos legales forman parte del sistema de impuestos especiales que se determinan con base en el monto que corresponde a la inscripción de documentos (de escritura y préstamo hipotecario) el cual, como se analizó, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria. En el caso, el promovente del amparo reclama las disposiciones legales en referencia, para lo cual allegó, entre otros, copia certificada del formato de pago y del pago que constan en el mismo documento (foja 19), que contiene el desglose de las cantidades que los quejosos pagaron por impuestos adiciones al pago de derechos por inscripción de documento y préstamo hipotecario. En efecto, en la constancia descrita se estableció que la parte quejosa debía pagar diversas cantidades por los siguientes conceptos: Fomento a la educación. Asistencia social. Universidad Autónoma de Nayarit. Con lo anterior, se actualizan las erogaciones que la parte quejosa realizó por el pago de los derechos contenidos en los preceptos tributarios analizados. No obstante, como se expuso, los mecanismos tributarios respectivos se encuentran viciados, en lo concerniente a la base gravable, porque se determinó que el mecanismo por el que se emite el costo por inscripción de documento (base) es inconstitucional, por lo que tampoco es posible que incidan dichos impuestos adicionales en la esfera jurídica de la parte quejosa. Luego, los cobros reclamados tienen sustento en normativos que resultan violatorios de los derechos tributarios previstos en el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo que impide que puedan fundamentar las contribuciones en comento. Efectos de la concesión En suma de lo hasta aquí expuesto y en acatamiento a las disposiciones contenidas en los artículos 74, fracción V, y 77, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se determinan con precisión los efectos de la concesión de amparo, especificando las medidas que la responsable debe adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los ordinales 11, 12, 13 y 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén el costo por inscripción de documentos y préstamo hipotecario, así como el cálculo de cómo se pagaran esos derechos, asimismo, los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, con sustento en el artículo 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante la impresión del formato y recibo de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, en favor del aquí quejoso. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a los quejosos lo que pagaron por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago de inscripción de documento público y préstamo hipotecario. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de inscripción de documento público o privado y de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), por el concepto de la inscripción de préstamo hipotecario, cantidades que se establecieron en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el artículo 22, en sus fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, localizable en el libro VIII, mayo de 2012, tomo 2, materia común, página 1244, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: 'SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA." 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. Apoya dicha determinación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 13/2008, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, mayo de 2012, tomo 2, página 1244, del contenido siguiente: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL). El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." Sin que sea necesario requerir a las autoridades responsables por la devolución del concepto "cancelación de inscripción", en razón de que éste, así como el precepto normativo que lo sustenta no fue señalado como acto reclamado por la parte quejosa. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el Amparo en Revisión ********************, relacionado con el juicio de amparo indirecto ********************del índice de este Órgano Jurisdiccional. Así, por lo expuesto y con apoyo en los dispositivos 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado consistente en la aplicación del artículo 22, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, atribuido a las autoridades denominadas Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Nayarit y Secretario de Administración y Finanzas, ambos con residencia en esta ciudad, por los motivos expresados en los considerandos tercero de la presente sentencia. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado consistente en la aplicación del artículo 22, específicamente el artículo 22, fracción XXXIX, por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del proceso legislativo relativo al ordinal 22, fracciones I y XVIII, en relación con el 11, 12 y 13, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, así como del acto de aplicación vinculado con dichos preceptos, atribuidos a las autoridades denominadas Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, Congreso del Estado de Nayarit y Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, todas con sede en esta ciudad. El amparo se concede por las razones expuestas y para los efectos precisados en el considerando séptimo de esta sentencia de control constitucional. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que el Magistrado Presidente de dicho Órgano, desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica, en representación del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, contra la resolución pronunciada el diez de julio del año en curso, en el juicio de amparo 1252/2019, del índice de este Juzgado; revisión que se registró con el número 644/2019. **
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