Rafael Rubio Guzmán

Expediente 478/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
478/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • Integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado
  • Rafael Rubio Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictada en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Uso de medios electrónicos. Agréguese a los autos el escrito que suscribe el quejoso Rafael Rubio Guzmán. En atención a su contenido, dígasele que en cumplimiento a la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano Jurisdiccional, no tiene inconveniente en permitir a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en el presente juicio de amparo, el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es vinculatoria para este juzgador, pues constituye una facultad discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, así como una economía procesal, se le autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente. Lo anterior es así, siempre y cuando el solicitante cumpla con los siguientes requisitos: Solicitarlo por escrito o por comparecencia. Señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico (cámaras, grabadoras o lectores ópticos) con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos para mantener una seguridad jurídica. En el entendido, que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el oficio que suscribe el quejoso Rafael Rubio Guzmán, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada en proveído de cuatro de junio de la presente anualidad. Desechamiento. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Rafael Rubio Guzmán, reclama de las autoridades que señala como responsables: La falta de notificación del auto de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, en el que se certifica el cierre de instrucción; así como todas y cada una de las actuaciones posteriores al referido proveído; La ilegal notificación del laudo emitido el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 1282/2010, realizada el doce de octubre del mismo año; y, La diligencia de embargo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Bajo esa premisa, por lo que respecta al primero de los actos precisados, este juzgador advierte que el quejoso es parte en el juicio laboral de origen, y compareció al mismo en defensa de sus intereses, máxime que así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de cumplimiento, en el sentido de que fue llamado a juicio y compareció a dar contestación a la demanda instaurada en su contra; lo cual es motivo suficiente para desvirtuar la calidad que aduce tener. Por tanto, no le asiste la calidad de tercero extraño por equiparación, y por ende, respecto de esos actos resulta improcedente el presente juicio de amparo indirecto en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Sustenta lo expuesto, por las razones jurídicas que expone la jurisprudencia 47/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627, libro V, febrero de dos mil doce, tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquel tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Por otra parte, por lo que hace al segundo de los actos reclamados, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de la Materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Lo anterior, en virtud de que el promovente, previo a su reclamo, no cumplió con el principio de definitividad, dado que no agotó el incidente de nulidad que prevé la ley laboral. En efecto, los numerales 735, 752 y 762 a 764 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." "Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo." "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas." "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." "Artículo 764. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." Ahora bien, de la interpretación de los numerales 735, 752 y 762 a 764, de la Ley Federal del Trabajo, se colige que el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la parte quejosa, con efectos similares a la revocación; además, que la ley supletoria señala un procedimiento para su resolución, al fijar un término para su interposición y un plazo para su resolución; y, por tanto constituye una actuación necesaria, que la parte quejosa debió agotar antes de incoar la acción constitucional; en virtud, de que refiere tuvo conocimiento de los actos reclamados, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, cuando recibió a la autoridad ejecutora, a fin de que llevara a cabo la diligencia de embargo ordenada el veintidós de mayo de la citada anualidad, por ende, resulta factible que intentara el incidente de nulidad previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, en la actuación posterior con motivo de las notificaciones que alega; de ahí que el ahora quejoso no procedió en este último sentido; por ende, es incuestionable la actualización de la causal de improcedencia, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, por que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer; y, sólo en caso de no obtener una resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el Juicio de Amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario o aquellas que intervienen de algún modo con posterioridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que esta agote su jurisdicción, el Juez de Amparo suplantaría las facultades del Juez o autoridad ordinaria. Es aplicable al caso, la Tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 106, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 127-132, Sexta Parte, Séptima Época, Materia(s): Laboral, que dice: "NOTIFICACION DEL LAUDO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO SI PREVIAMENTE NO SE IMPUGNA LA NULIDAD ANTE LA JUNTA RESPONSABLE. Cuando el acto reclamado se hace consistir en una incorrecta notificación del laudo, el juicio de amparo es improcedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, procediendo sobreseerlo con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la propia ley, porque el agraviado para cumplir con el principio de definitividad, tiene que promover el incidente de nulidad de la notificación ante la responsable, que es el medio ordinario de defensa que la ley laboral prevé, antes de ocurrir al juicio de garantías frente al Juez de Distrito, por tratarse de un acto dictado después de concluido el juicio y adolecer de vicios propios." Asimismo, la Tesis I.3o.T.68 L, que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 963, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil, Novena Época, Materia(s): Laboral, de rubro y texto siguiente: "LAUDO, ILEGAL NOTIFICACIÓN DEL. DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES ANTE LA RESPONSABLE. Por regla general, el incidente de nulidad de actuaciones procede hasta antes de dictarse el laudo contra las irregularidades cometidas por la autoridad responsable durante el procedimiento, sin embargo, cuando la irregularidad se da en torno a la notificación del laudo debe impugnarse ante la propia responsable a través de dicho incidente, sin que obste el hecho de que en él se hagan valer cuestiones de emplazamiento, pues en su caso sería improcedente sobre este aspecto." Máxime, que en el presente caso no estamos ante el supuesto de excepción que contempla el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, al quejoso no le resulta el carácter de tercero extraño por equiparación. Finalmente, por lo que respecta a la diligencia de embargo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio laboral 1282/2010, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu y la primera además de manera analógica en atención a la jurisprudencia que más adelante se citará. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora, resulta aplicable al caso en específico, la jurisprudencia 2ª./J 153/2017 (10a.) sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 643, del Libro 49 Diciembre de 20217, Tomo I, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015834, de rubro: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, este precepto, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución previsto en los artículos 950 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena, con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes". Del anterior criterio, se desprende que tratándose de la diligencia de embargo realizada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 1282/2010, en cumplimiento al laudo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, no es impugnable mediante juicio de amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución del procedimiento de ejecución, entendiéndose por tal, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa, a efecto de estar en aptitud de proveer el juicio de garantías, oportunidad en la que se pueden hacer valer todas y cada una de la violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Ahora, como en el caso específico se reclama la diligencia de embargo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, derivada del laudo condenatorio dictado dentro del expediente 1282/2010, se tiene que no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que con respecto al acto que se reclama no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que el embargo atacado es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última. De esta forma, aunque la diligencia de embargo trae consigo un acto de imposible reparación, ello se viene acarreando desde el dictado del laudo que puso fin al juicio laboral, por lo que su impugnación en esta etapa no alcanza para modificar la eficacia de la cosa juzgada. Por consiguiente, con el dictado del acto reclamado es inconcuso que no se afecta derecho sustantivo ajeno a los que se puedan vulnerar por la propia ejecución del laudo, lo que constituye un requisito sine qua non para la procedencia extraordinaria o de excepción del juicio de amparo indirecto respecto de actos en la etapa de ejecución. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Así mismo, por las razones que la sustentan es aplicable la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1721 del Tomo XVII enero de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable las causales de improcedencia analizadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. Notifíquese Personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de doce de junio de dos mil dieciocho que dice. Morelia, Michoacán, doce de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el oficio que suscribe el quejoso Rafael Rubio Guzmán, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada en proveído de cuatro de junio de la presente anualidad. Desechamiento. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso Rafael Rubio Guzmán, reclama de las autoridades que señala como responsables: La falta de notificación del auto de veinticinco de enero de dos mil diecisiete, en el que se certifica el cierre de instrucción; así como todas y cada una de las actuaciones posteriores al referido proveído; La ilegal notificación del laudo emitido el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 1282/2010, realizada el doce de octubre del mismo año; y, La diligencia de embargo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Bajo esa premisa, por lo que respecta al primero de los actos precisados, este juzgador advierte que el quejoso es parte en el juicio laboral de origen, y compareció al mismo en defensa de sus intereses, máxime que así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de cumplimiento, en el sentido de que fue llamado a juicio y compareció a dar contestación a la demanda instaurada en su contra; lo cual es motivo suficiente para desvirtuar la calidad que aduce tener. Por tanto, no le asiste la calidad de tercero extraño por equiparación, y por ende, respecto de esos actos resulta improcedente el presente juicio de amparo indirecto en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Sustenta lo expuesto, por las razones jurídicas que expone la jurisprudencia 47/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1627, libro V, febrero de dos mil doce, tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquel tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Por otra parte, por lo que hace al segundo de los actos reclamados, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de la Materia, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Lo anterior, en virtud de que el promovente, previo a su reclamo, no cumplió con el principio de definitividad, dado que no agotó el incidente de nulidad que prevé la ley laboral. En efecto, los numerales 735, 752 y 762 a 764 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." "Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo." "Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; II. Competencia; III. Personalidad; IV. Acumulación; y V. Excusas." "Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, continuándose el procedimiento. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta Ley se resolverán de plano oyendo a las partes." "Artículo 764. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano." Ahora bien, de la interpretación de los numerales 735, 752 y 762 a 764, de la Ley Federal del Trabajo, se colige que el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la parte quejosa, con efectos similares a la revocación; además, que la ley supletoria señala un procedimiento para su resolución, al fijar un término para su interposición y un plazo para su resolución; y, por tanto constituye una actuación necesaria, que la parte quejosa debió agotar antes de incoar la acción constitucional; en virtud, de que refiere tuvo conocimiento de los actos reclamados, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, cuando recibió a la autoridad ejecutora, a fin de que llevara a cabo la diligencia de embargo ordenada el veintidós de mayo de la citada anualidad, por ende, resulta factible que intentara el incidente de nulidad previsto en el artículo 762, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, en la actuación posterior con motivo de las notificaciones que alega; de ahí que el ahora quejoso no procedió en este último sentido; por ende, es incuestionable la actualización de la causal de improcedencia, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, por que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer; y, sólo en caso de no obtener una resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el Juicio de Amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario o aquellas que intervienen de algún modo con posterioridad no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que esta agote su jurisdicción, el Juez de Amparo suplantaría las facultades del Juez o autoridad ordinaria. Es aplicable al caso, la Tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 106, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 127-132, Sexta Parte, Séptima Época, Materia(s): Laboral, que dice: "NOTIFICACION DEL LAUDO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO SI PREVIAMENTE NO SE IMPUGNA LA NULIDAD ANTE LA JUNTA RESPONSABLE. Cuando el acto reclamado se hace consistir en una incorrecta notificación del laudo, el juicio de amparo es improcedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, procediendo sobreseerlo con apoyo en el artículo 74, fracción III, de la propia ley, porque el agraviado para cumplir con el principio de definitividad, tiene que promover el incidente de nulidad de la notificación ante la responsable, que es el medio ordinario de defensa que la ley laboral prevé, antes de ocurrir al juicio de garantías frente al Juez de Distrito, por tratarse de un acto dictado después de concluido el juicio y adolecer de vicios propios." Asimismo, la Tesis I.3o.T.68 L, que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 963, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil, Novena Época, Materia(s): Laboral, de rubro y texto siguiente: "LAUDO, ILEGAL NOTIFICACIÓN DEL. DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES ANTE LA RESPONSABLE. Por regla general, el incidente de nulidad de actuaciones procede hasta antes de dictarse el laudo contra las irregularidades cometidas por la autoridad responsable durante el procedimiento, sin embargo, cuando la irregularidad se da en torno a la notificación del laudo debe impugnarse ante la propia responsable a través de dicho incidente, sin que obste el hecho de que en él se hagan valer cuestiones de emplazamiento, pues en su caso sería improcedente sobre este aspecto." Máxime, que en el presente caso no estamos ante el supuesto de excepción que contempla el artículo 61 de la Ley de Amparo, pues como ya se dijo, al quejoso no le resulta el carácter de tercero extraño por equiparación. Finalmente, por lo que respecta a la diligencia de embargo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio laboral 1282/2010, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu y la primera además de manera analógica en atención a la jurisprudencia que más adelante se citará. De los numerales de referencia se desprende que tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia, por regla general, el juicio de amparo procede cuando se trate de la última resolución dictada en dicha etapa. Lo cual implica que las decisiones intermedias pronunciadas en la etapa de ejecución, no pueden ser impugnadas en la vía constitucional, puesto que las violaciones que pudieran cometerse durante el trámite de esa fase que causen una afectación en la esfera jurídica del gobernado pueden ser reclamadas en la misma demanda de amparo que, en todo caso, se llegue a promover contra la aludida última determinación que se dicte en ella. Conforme a lo que establece el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, la última resolución es la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; en el entendido de que en caso de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnar los actos por las partes exclusivamente cuando se den los siguientes supuestos: El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Lo anterior, con la condición de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Ahora bien, la regla genérica establece que la procedencia del amparo será hasta el momento en que se dicte la última resolución del procedimiento respectivo, esto es, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa. Mientras que, la excepción a la regla de procedencia del amparo contra actos dictados en el periodo de ejecución, será que no obstante que están relacionados con la ejecución, su fin primordial no sea la ejecución, supuesto en el que si será procedente el amparo indirecto sin esperar al dictado de la última resolución del procedimiento de ejecución. La jurisprudencia por contradicción P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 163152, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.", establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sin embargo, cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ahora, resulta aplicable al caso en específico, la jurisprudencia 2ª./J 153/2017 (10a.) sustentada por la Segunda Sala, visible en la página 643, del Libro 49 Diciembre de 20217, Tomo I, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2015834, de rubro: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, este precepto, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución previsto en los artículos 950 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena, con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes". Del anterior criterio, se desprende que tratándose de la diligencia de embargo realizada el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 1282/2010, en cumplimiento al laudo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, no es impugnable mediante juicio de amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución del procedimiento de ejecución, entendiéndose por tal, aquella en la que se aprueba o se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; momento en el cual, el gobernado podrá reclamar las violaciones que se hubieren cometido durante el procedimiento de ejecución y que ello lo haya dejado sin defensa, a efecto de estar en aptitud de proveer el juicio de garantías, oportunidad en la que se pueden hacer valer todas y cada una de la violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Ahora, como en el caso específico se reclama la diligencia de embargo de veintidós de mayo de dos mil dieciocho, derivada del laudo condenatorio dictado dentro del expediente 1282/2010, se tiene que no constituye la última resolución dentro del procedimiento de ejecución, ni se trata de una actuación autónoma que haga procedente el juicio de amparo. Por tanto, se concluye que con respecto al acto que se reclama no se satisfacen los supuestos condicionantes definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hacen procedente el juicio constitucional biinstancial respecto actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia. Esto es así, tomando en cuenta que si un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto promovido contra la última resolución emitida en esa etapa; entonces, resulta improcedente este juicio de amparo, ya que el embargo atacado es un acto intermedio dentro de esa etapa y no la última. De esta forma, aunque la diligencia de embargo trae consigo un acto de imposible reparación, ello se viene acarreando desde el dictado del laudo que puso fin al juicio laboral, por lo que su impugnación en esta etapa no alcanza para modificar la eficacia de la cosa juzgada. Por consiguiente, con el dictado del acto reclamado es inconcuso que no se afecta derecho sustantivo ajeno a los que se puedan vulnerar por la propia ejecución del laudo, lo que constituye un requisito sine qua non para la procedencia extraordinaria o de excepción del juicio de amparo indirecto respecto de actos en la etapa de ejecución. Así la regla de procedencia prevista en el actual artículo 107, fracción V, contrario sensu de la Ley de Amparo, en el caso no se actualiza, pues, se insiste, no se ve infringido derecho sustantivo distinto al que de manera lógica y natural debe afectarse por la propia ejecución de la sentencia, que es lo que haría procedente en este momento el juicio de amparo biinstancial sin necesidad de esperar hasta la última resolución, por lo que resulta evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, ambas contrario sensu. Así mismo, por las razones que la sustentan es aplicable la tesis que sostiene el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 1721 del Tomo XVII enero de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. RESULTA IMPROCEDENTE CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO ES LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE DICHA FASE PROCESAL Y CARECE DE AFECTACIÓN A DERECHOS SUSTANTIVOS DIVERSOS DE LOS QUE FUERON MATERIA DE LA SENTENCIA QUE SE CUMPLIMENTA. Si el acto combatido en el amparo indirecto consiste en la orden de lanzamiento decretada, incluso con la autorización para utilizar la fuerza pública, y recae exclusivamente sobre el bien inmueble que ya fue objeto de la controversia judicial resuelta en definitiva, pues no excede los límites de la ejecutoria que se manda cumplimentar, el juicio de garantías que promueva quien fue plenamente oído y vencido es improcedente, puesto que tal acto no constituye la última resolución dictada en ejecución de sentencia ni con él se afectan derechos de la inconforme que no se hubiesen discutido y decidido en el juicio. Caso distinto es aquel en el que con la orden de desalojo reclamada se pretendiera afectar un bien que no haya sido objeto de la litis ni de condena, pues, entonces, aunque no se trate de la última resolución dictada en el periodo de ejecución de sentencia, el amparo sí resulta procedente porque en ese supuesto puede agraviarse un derecho sustantivo de la quejosa a través de la ejecución de una sentencia que pretendiere alterar un legítimo interés no comprendido en la última". En ese orden de ideas, al ser manifiesta e indudable las causales de improcedencia analizadas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de garantías. Notifíquese Personalmente. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Erika Ivonne Carballal López, secretaria que autoriza y da fe.

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