Rafael Mendoza Pérez
Expediente 777/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 777/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Mendoza Pérez
- Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Zamora, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Morelia, Michoacán, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa, no impugnó dentro del plazo legal el sobreseimiento decretado fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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Morelia, Michoacán, primero de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Informe justificado. Agréguese a los autos, el informe justificado rendido por la autoridad que lo remite, de conformidad con lo dispuesto por en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Prueba documental. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, téngase por admitida y desahogada, en razón a su propia y especial naturaleza, las documentales que la responsable adjuntó a su informe. Sobreseimiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del expediente 504/2018, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán. Mas cierto es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, emplazó a la parte demandada, es decir a Saúl Chávez Castillo y al representante legal de "El Grano del Valle", S.A. de C.V., dentro del expediente 504/2018. Entonces, como ya se mencionó, el acto de autoridad que le causaba agravio a la parte quejosa, lo era precisamente la omisión de la autoridad responsable de no emplazar a la parte demandada dentro del expediente 504/2018, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán; y, como se advierte de las copias certificadas que acompaña al oficio de cuenta, dicho emplazamiento se realizó el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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por ESTE NMEDIO SE NOTIFIC A PARTE QUEJOSA Y SU APODERADO EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, primero de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Informe justificado. Agréguese a los autos, el informe justificado rendido por la autoridad que lo remite, de conformidad con lo dispuesto por en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Prueba documental. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, téngase por admitida y desahogada, en razón a su propia y especial naturaleza, las documentales que la responsable adjuntó a su informe. Sobreseimiento. En esas condiciones, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene hacer las siguientes precisiones: La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido la situación jurídica que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecido los efectos de dicho acto de autoridad, esto es, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de garantías individuales, nunca se hubiese realizado. Así, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, consiguiéndose la finalidad del artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio, debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del mismo. Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento, debiendo tomarse en consideración que en el caso la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable la omisión de emplazar a la parte demandada dentro del expediente 504/2018, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán. Mas cierto es que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, emplazó a la parte demandada, es decir a Saúl Chávez Castillo y al representante legal de "El Grano del Valle", S.A. de C.V., dentro del expediente 504/2018. Entonces, como ya se mencionó, el acto de autoridad que le causaba agravio a la parte quejosa, lo era precisamente la omisión de la autoridad responsable de no emplazar a la parte demandada dentro del expediente 504/2018, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán; y, como se advierte de las copias certificadas que acompaña al oficio de cuenta, dicho emplazamiento se realizó el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe
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Morelia, Michoacán, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 777/2018. Anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades que señala como responsables, lo siguiente: El señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia inicial dentro del expediente 504/2018, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán; y, Omisión de emplazar a la parte demandada dentro del expediente 504/2018, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán. DESECHAMIENTO. En ese sentido, por lo que hace al primer acto reclamado, el suscrito estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese contexto, este órgano de control constitucional considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación directa con el artículo 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos normativos de la Ley de la materia, que prescriben lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. En el particular, se considera que el acto reclamado no violenta derechos sustantivos; se trata del señalamiento de una fecha para el desahogo de la audiencia de ley, afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, por lo que, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14, 16 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Además, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción puedan ser sometidos a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Conforme a lo anterior, es evidente que el acto reclamado no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo producen una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. Como sustento a lo anterior se cita la tesis 2ª./J. 48/2016, visible en la página 1086, Libro 30, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011580, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFETA DERECHOS SUSTANTIVOS". De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Se insiste, el acto reclamado por la parte quejosa no afecta los derechos sustantivos, sino solo constituye una violación adjetiva de la cual no es susceptible de impugnarse en el amparo indirecto, por ende; con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario) de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Además, el señalamiento de la referida fecha fuera del plazo legal, no en todos los casos es violatorio de derechos. Sirve de ilustración, por analogía, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, materia Común, página: 519, que establece: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la Ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la Ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la presente demanda de amparo únicamente por lo que ve al acto reclamado consistente en el señalamiento de una fecha remota para la celebración de la audiencia inicial dentro del expediente 504/2018, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en Zamora, Michoacán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. SE ADMITE LA DEMANDA. Ahora bien, por lo que hace al segundo acto reclamado, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por Felipe de Jesús Treviño Arroyo, apoderado de Rafael Mendoza Pérez, carácter que se le reconoce en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, contra acto de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Zamora, Michoacán y otra autoridad. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, y déjese a su disposición copia de la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberse solicitado expresamente. INFORMES JUSTIFICADOS. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberá exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo; De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil dieciocho en el Diario Oficial de la Federación: I) En caso de ser omisa en proporcionar el domicilio de los terceros interesados; II) En el supuesto de que se niegue a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y III) Se abstenga o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Esta última sanción se aplicará al resolverse el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de sus informes se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitiere constancias equivocadas, podrá ser sancionada en los términos que señala el indicado artículo. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDAD INEXISTENTE. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. NO GIRAR COMUNICACIÓN DE NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Sin que sea necesario girar oficio a las autoridades responsables a fin de notificar el señalamiento de nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, pues dicha determinación carece de trascendencia y por tanto, no amerita la notificación personal a la que equivale una comunicación mediante oficio de ahí que, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la hora y fecha que nuevamente se señale para ese efecto, la podrán consultar en la página de internet http.//www.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp Es aplicable la jurisprudencia 2a./J, 176/2012 emitida por emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." PRUEBAS. Con apoyo en el precepto legal 119, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba de su parte las documentales que anexa a su escrito de demanda, mismas que por su propia naturaleza se tienen por rendidas y desahogadas, sin perjuicio relacionarlas en la audiencia constitucional y tenerlas por recibidas en ese acto. TERCERO INTERESADO. En ese orden, en términos de los normativos 5°, fracción III, inciso c), 26, fracción I, inciso b) y 116 de la Ley de Amparo, se reserva proveer respecto al llamamiento a juicio de los terceros interesados que pudieran surgir en el presente juicio de amparo, hasta en tanto se reciban los informes justificados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y c) acuses de recibo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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