Rafael Rodarte Álvarez
Expediente 385/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 385/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Rafael Rodarte Álvarez
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, once de junio de dos mil veintiuno. VISTO; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja, contra el auto dictado el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos exhibidos por las partes, que deben ser devueltos al interesado y, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Mauricio Santillán Breceda, en su calidad de asesor jurídico de Rafael Rodarte Álvarez, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Juez acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El acuerdo de cinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que se acordó la negativa de reconocimiento de personalidad por parte de la autoridad responsable dentro del expediente 670/IV/2016, esto es, no se le autorizó ser el asesor jurídico de Rafael Rodarte Álvarez. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Este Juzgador advierte que se actualiza una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo indirecto. Pues bien, en relación al acto reclamado ya precisado, se actualiza la causa de improcedencia prevista por los numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu. Luego, el acto reclamado emitido dentro del juicio laboral de origen tiene efectos puramente intraprocesales, que no vulnera ni restringe de manera directa derechos sustantivos, pues tales perjuicios se causarán únicamente si se dicta laudo en perjuicio de las pretensiones de la parte quejosa. En efecto, si la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo emitido el cinco de mayo de dos mil veintiuno, en el que se acordó la negativa de reconocimiento de personalidad por parte de la autoridad responsable dentro del expediente 670/IV/2016, como asesor jurídico de Rafael Rodarte Álvarez, éste no constituye actos de imposible reparación, ya que solo inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Así pues, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos cometidos durante el procedimiento laboral, únicamente se actualiza cuando la violación afecta de manera material algún derecho sustantivo o fundamental. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia de derechos fundamentales solamente produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos), de igual forma, tampoco implica una violación procesal que produzca una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque como se dijo, solo influye en las posiciones que las partes van tomando en el procedimiento. Lo que se traduce en que, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga un laudo favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que el laudo fuese contrario, afectando de esta manera sus derechos sustantivos y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla en su caso mediante el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto en los numerales 170 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo. Asimismo, que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictado en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; y, la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- si no que dependen de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Bajo ese tenor, es inconcuso que los actos relacionados contra las cuestiones de personalidad, no constituyen un acto de imposible reparación en el juicio de amparo indirecto iniciado conforme la vigente Ley de Amparo, debido a que no afecta materialmente derechos sustantivos, pues únicamente producen una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Por tanto, ante la actualización, notoria e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, como se anticipó, se desecha la demanda en estudio. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Mauricio Santillán Breceda, Armando Baca, José Antonio Rivas, Verónica Salas Fernández, María de Jesús Rodríguez Pérez y Elena Karina Veliz Ávila, ello, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciados en Derecho o Abogados, tal como exige el artículo 12 de la Ley de Amparo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones a la parte quejosa por listas, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones. En cuanto a que señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico sambrema75@gmail.com y fdespachojuridico@gmail.com, así como el teléfono 618-151-97-95, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que dicho medios no se encuentran dentro de los contemplados para practicarse notificaciones, ello de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Amparo. Sin embargo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se tiene como medios de comunicación el correo y número telefónico que menciona, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). Ahora, como lo solicita de este juzgado le proporcione un número de teléfono y/o correo electrónico, para que entable comunicación con el personal de esta órgano jurisdiccional, ya sea para solicitar fechas de notificación, consultar el expediente, y solicitar cita con los actuarios, lo puede hacer al teléfono oficial de este juzgado 4924914800 ext. 1204. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021.
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