Rafael Ramírez Betancur
Expediente 854/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 854/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Daniel Ramírez Betancur
- Rafael Ramírez Betancur
Actuaciones
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Visto; agréguese sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta que suscribe la actuaria judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en el Estado de Zacatecas, mediante el cual transcribe el proveído del catorce de julio anterior, emitido en los autos del juicio de amparo directo penal 434/2022, del que se desprende que acusa recibo del oficio por el cual le fue remitido el juicio amparo 854/2022-IV del índice de este juzgado, acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda que dio origen a dicho juicio. En consecuencia, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que no existen diligencias pendientes de practicar, ni documentos originales o copia certificada que deban ser devueltos a las partes; y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa; en consecuencia se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1,12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de junio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Rafael Ramírez Betancur y Daniel Ramírez Betancur, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 854/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 47, primer párrafo y 170, fracción I ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, cabe precisar que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de garantías. Para ello, el Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de manera integral, para desprender los datos que de manera razonable hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. El artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; Por su parte, los artículos 34 primero y segundo párrafos, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." Los preceptos transcritos contienen los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo, y la competencia del órgano de control constitucional al cual corresponde conocer y resolver de asuntos en esa vía uniinstancial. En ese sentido, es preciso exponer lo previamente transcrito en el ordinal 170, fracción I, segundo párrafo, de la ley de la materia, donde se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide solo en la improcedencia del juicio de amparo directo, mas no en la competencia del órgano colegiado para conocer del asunto, ya que en el tercer párrafo del precepto mencionado, se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Al respecto, de un estudio integral efectuado al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, la resolución dictada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro toca 17/2021, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, dentro de la causa penal 549/2018, de su índice. Como se aprecia, la determinación reclamada se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de una resolución que confirmó la diversa que puso fin al juicio, y debe ser combatida a través del juicio de amparo uniinstancial (amparo directo), cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo ya expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, primer párrafo y 170, fracción I ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara carecer legalmente de competencia para conocer y resolver la demanda de garantías promovida por la parte quejosa, contra el acto reclamado a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; en consecuencia, una vez que obren las constancias de notificación a las partes, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a fin de que dicha Superioridad resuelva lo que estime procedente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Jorge Luis Flores Veloz y Gustavo Veloz Aguilar; a Guillermo Aurelio Longoria Mendoza, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que lo faculta a ejercer la profesión de licenciado en Derecho o Abogado, tal como exige el mencionado precepto legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Mineros, local cinco (5), Colonia Tres Cruces, en Zacatecas, Zacatecas. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a la secretaria a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso trámite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, modificado por el diverso Acuerdo General 7/2022, del propio Pleno.
- Principal
SE PUBLICA AUTO CON EFECTOS DE NOTIFICACION PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de junio de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Rafael Ramírez Betancur y Daniel Ramírez Betancur, por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 854/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 47, primer párrafo y 170, fracción I ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, cabe precisar que la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de análisis preferente, por tratarse de una condición de validez en la sustanciación del presente juicio de garantías. Para ello, el Juez de Distrito debe atender al planteamiento hecho en la demanda de manera integral, para desprender los datos que de manera razonable hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. El artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; Por su parte, los artículos 34 primero y segundo párrafos, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." Los preceptos transcritos contienen los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo, y la competencia del órgano de control constitucional al cual corresponde conocer y resolver de asuntos en esa vía uniinstancial. En ese sentido, es preciso exponer lo previamente transcrito en el ordinal 170, fracción I, segundo párrafo, de la ley de la materia, donde se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide solo en la improcedencia del juicio de amparo directo, mas no en la competencia del órgano colegiado para conocer del asunto, ya que en el tercer párrafo del precepto mencionado, se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Al respecto, de un estudio integral efectuado al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, la resolución dictada el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dentro toca 17/2021, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, dentro de la causa penal 549/2018, de su índice. Como se aprecia, la determinación reclamada se encuentra contemplada dentro de los supuestos a que se refiere el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, esto es, se trata de una resolución que confirmó la diversa que puso fin al juicio, y debe ser combatida a través del juicio de amparo uniinstancial (amparo directo), cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo ya expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, primer párrafo y 170, fracción I ambos de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara carecer legalmente de competencia para conocer y resolver la demanda de garantías promovida por la parte quejosa, contra el acto reclamado a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; en consecuencia, una vez que obren las constancias de notificación a las partes, se ordena remitir al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, a fin de que dicha Superioridad resuelva lo que estime procedente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Jorge Luis Flores Veloz y Gustavo Veloz Aguilar; a Guillermo Aurelio Longoria Mendoza, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que lo faculta a ejercer la profesión de licenciado en Derecho o Abogado, tal como exige el mencionado precepto legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Mineros, local cinco (5), Colonia Tres Cruces, en Zacatecas, Zacatecas. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a la secretaria a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso trámite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, modificado por el diverso Acuerdo General 7/2022, del propio Pleno.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · 7,805 expedientes
- Rafael Guerrero Félix910/2018
- Rafael Montoya Morales697/2010
- Rafael Ornelas Ramos690/2023
- Rafael Oswaldo Casas Estrada378/2019
- Rafael Quezada Lozano898/2019
- Rafael Quiñones Salazar23/2022
- Rafael Ramírez Gasca178/2016
- Rafael Ramírez Ríos1207/2023
- Rafael Robles Hernández676/2018
- Rafael Rodarte Álvarez218/2021
- Rafael Rodarte Álvarez383/2021
- Rafael Rodarte Álvarez385/2021